La abogada Ana María Watkins ha interpuesto un recurso de protección contra 99 diputados en un intento de anular la acusación constitucional que llevó a la destitución del exministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. La acusación, que se fundamenta en un presunto notable abandono de deberes, fue aprobada por el Senado, impidiendo que Muñoz ocupe cargos públicos durante los próximos cinco años. Ante esto, la controversia se origina en el caso “Fundamenta”, donde se investiga la posible entrega de información privilegiada sobre un fallo judicial a su hija, Graciel Muñoz, jueza del Duodécimo Juzgado de Garantía de Santiago. La abogada sostiene que la acusación es arbitraria e ilegal, vulnerando garantías constitucionales y pidiendo que se restablezca el estado anterior a su presentación. Finalmente, Watkins solicita también la emisión de una orden de no innovar para mantener la situación en el mismo estado mientras se tramita el recurso, y exige que se condene en costas a quienes interpusieron la acusación. Este conflicto legal subraya las tensiones en el ámbito político y judicial del país, y pone de relieve la relevancia de los mecanismos de control y fiscalización en la función pública. El recurso se interpuso en contra de los siguientes diputados/as: Eric Aedo, Yovana Ahumada, Jorge Alessandri, René Alinco, Cristián Araya, Jaime Araya, Mónica Arce, Roberto Arroyo, Danisa Astudillo, Chiara Barchiesi, Miguel Ángel Becker, Juan Carlos Beltrán, Gustavo Benavente, Bernardo Berger, Alejandro Bernales, Carlos Bianchi, Sergio Bobadilla, Fernando Bórquez, Marta Bravo, Miguel Ángel Calisto, Karol Cariola, Álvaro Carter, José Miguel Castro, Andrés Celis, Daniella Cicardini, Sofía Cid, Juan Antonio Coloma, Sara Concha, María Luisa Cordero, Eduardo Cornejo, Gonzalo de la Carrera, Catalina del Real, Viviana Delgado, Felipe Donoso, Eduardo Durán, Jorge Durán, Camila Flores, Juan Manuel Fuenzalida, Mauro González, Jorge Guzmán, Marcos Ilabaca, Juan Eduardo Irarrazával, Andrés Jouannet, Harry Jürgensen, Johannes Kaiser, Crisian Labbé, Tomás Lagomarsino, Joaquín Lavín, Henry Leal, Enrique Lee, Daniel Lilayu, Andrés Longton, Luis Malla, Daniel Manouchehri, Cristóbal Martínez, Carolina Marzán, Christian Matheson, Karen Medina, Cosme Mellado, Miguel Mellado, José Carlos Meza, Helia Molina, Carla Morales, Cristian Moreira, Benjamín Moreno, Francesca Muñoz, Camila Musante, María Gloria Naveillán, Erika Olivera, Ximena Ossandón, Rubén Oyarzo, Joanna Pérez, Marlene Pérez, Guillermo Ramírez, Marcia Raphael, Jorge Rathgeb, Hugo Rey, Gaspar Rivas, Agustín Romero, Leonidas Romero, Natalia Romero, Jorge Saffirio, Luis Fernando Sánchez, Marisela Santibáñez, Frank Sauerbaum, Diego Schalper, Stephan Schubert, Alexis Sepúlveda, Raúl Soto, Marco Antonio Sulantay, Cristian Tapia, Hotuiti Teao, Renzo Trisotti, Héctor Ulloa, Francisco Undurraga, Cristóbal Urruticoechea, Sebastián Videla, Gastón Von Mühlenbrock y Flor Weisse.
Este martes, el Senado se prepara para votar la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, tras la aprobación del libelo en la Cámara de Diputadas y Diputados. La acción fue impulsada por el conglomerado Chile Vamos, y también incluyó a la exmagistrada Ángela Vivanco, aunque el foco se ha concentrado en Muñoz. Ante esto, el fundamento principal de la acusación es un notable abandono de deberes, vinculado a un episodio que involucra a su hija, Graciel Muñoz Tapia, jueza del 12° Juzgado de Garantía de Santiago. Según la denuncia, la jueza desistió de participar en un negocio inmobiliario luego de ser alertada por su padre, quien conocía una causa judicial relacionada que fue resuelta por la Corte Suprema. Asimismo, de ser aprobada la acusación, Sergio Muñoz sería destituido de su cargo y quedaría inhabilitado para ejercer cualquier función pública por un período de cinco años, un escenario que marcaría un hito en la historia judicial del país. Finalmente, la votación se realizará sin el quórum completo, faltarán dos senadoras: Loreto Carvajal, actualmente en Suiza junto a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y Paulina Núñez, quien se encuentra en postnatal hasta finales de octubre. Esto reduce el quórum para la votación, lo que podría influir en el resultado.
Este martes, la Cámara de Diputados se reunió para debatir la acusación constitucional presentada contra el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus. La polémica surgió a raíz de la revelación de conversaciones entre Matus y el abogado Luis Hermosilla, a pesar de que el ministro había negado haber mantenido dichos diálogos. Ante esto, la acusación se centraba en tres aspectos principales: la inhabilidad de Matus al tener vínculos con Hermosilla y el exministro Andrés Chadwick, así como su falta de veracidad y pérdida de imparcialidad. Sin embargo, tras más de dos horas de discusión en el Hemiciclo, la iniciativa fue rechazada con un resultado de 66 votos a favor, 54 en contra y 14 abstenciones. Asimismo, durante la sesión Matus defendió su postura, aclarando que nunca negó haber conversado con Hermosilla. Afirmó que la confusión se debía a un error de su parte sobre la existencia de ciertos chats, y subrayó:No tengo íntima amistad con el abogado Hermosilla. La íntima amistad implica una relación de cercanía familiar, que no existe entre nosotros. Finalmente, el debate sobre la acusación constitucional se torna relevante en un contexto donde la transparencia y la imparcialidad judicial son temas candentes en la política chilena, destacando las tensiones entre el poder judicial y el legislativo.
La Cámara de Diputadas y Diputados votará este lunes la segunda acusación constitucional contra Ángela Vivanco, exministra de la Corte Suprema, tras ser impulsada por las bancadas del oficialismo junto a la Democracia Cristiana (DC). El documento, compuesto por cuatro capítulos, señala a Vivanco por un presuntonotable abandono de deberes y por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla, actualmente imputado por delitos tributarios. Ante esto, el primer capítulo de la acusación sostiene que la exministra habría entregado información sobre causas relacionadas con Carabineros y Fuerzas Armadas antes de la firma y notificación de las sentencias. El segundo capítulo profundiza en la relación con Hermosilla, a quien Vivanco habría acudido para facilitar su nombramiento en la Corte Suprema, algo que el libelo califica de sumamente grave. Asimismo, la conexión entre Vivanco y Hermosilla se extiende al tercer capítulo, donde se la acusa de haber dado consejos y recomendaciones al abogado para la instalación de una segunda sala penal. Finalmente, el cuarto capítulo apunta a irregularidades en la tramitación de un caso relacionado con el consorcio Belaz Movitec Spa y Codelco. Esta es la segunda acusación que enfrenta Vivanco en menos de una semana, luego de que la Cámara aprobara otro libelo impulsado por la oposición. A su vez, el oficialismo y la DC presentarán este martes 15 de octubre una acusación similar contra el ministro Jean Pierre Matus, acusándolo de notable abandono de deberes, inhabilidades y pérdida de imparcialidad.
En una jornada marcada por la tensión y el debate, la Cámara de Diputados decidió rechazar la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá. La votación resultó en 67 votos a favor, 76 en contra y 7 abstenciones, poniendo fin a la ofensiva presentada por el Partido Republicano, que buscaba destituir a Tohá e inhabilitarla para ejercer cargos políticos durante cinco años. Ante esto, la sesión se vio envuelta en polémicas, especialmente durante la presentación del jefe de la bancada republicana, diputado Luis Fernando Sánchez. Este criticó el desarrollo de la comisión revisora del libelo, argumentando que la mayoría de sus integrantes eran oficialistas y que el proceso había sido apresurado, dado que el libelo solo estuvo un día en la comisión, a pesar de contar con más de 15 expositores propuestos por su bancada. Asimismo, la defensa de Tohá, representada por el abogado Juan Ignacio Piña, argumentó que las discrepancias sobre el proceso no deberían influir en la decisión sobre la acusación. Además, hizo hincapié en que las intenciones del Partido Republicano parecían dirigirse a inhabilitar a una figura política con proyección, en lugar de centrarse en argumentos jurídicos. Finalmente, el respaldo a la ministra fue reafirmado por el general (R) de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien manifestó su apoyo durante la sesión de la comisión revisora, reflejando un amplio respaldo a Tohá dentro del gobierno de Gabriel Boric. La resolución de la Cámara se considera un triunfo para la ministra y el ejecutivo en medio de un ambiente político tenso.
La abogada Ana María Watkins ha interpuesto un recurso de protección contra 99 diputados en un intento de anular la acusación constitucional que llevó a la destitución del exministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. La acusación, que se fundamenta en un presunto notable abandono de deberes, fue aprobada por el Senado, impidiendo que Muñoz ocupe cargos públicos durante los próximos cinco años. Ante esto, la controversia se origina en el caso “Fundamenta”, donde se investiga la posible entrega de información privilegiada sobre un fallo judicial a su hija, Graciel Muñoz, jueza del Duodécimo Juzgado de Garantía de Santiago. La abogada sostiene que la acusación es arbitraria e ilegal, vulnerando garantías constitucionales y pidiendo que se restablezca el estado anterior a su presentación. Finalmente, Watkins solicita también la emisión de una orden de no innovar para mantener la situación en el mismo estado mientras se tramita el recurso, y exige que se condene en costas a quienes interpusieron la acusación. Este conflicto legal subraya las tensiones en el ámbito político y judicial del país, y pone de relieve la relevancia de los mecanismos de control y fiscalización en la función pública. El recurso se interpuso en contra de los siguientes diputados/as: Eric Aedo, Yovana Ahumada, Jorge Alessandri, René Alinco, Cristián Araya, Jaime Araya, Mónica Arce, Roberto Arroyo, Danisa Astudillo, Chiara Barchiesi, Miguel Ángel Becker, Juan Carlos Beltrán, Gustavo Benavente, Bernardo Berger, Alejandro Bernales, Carlos Bianchi, Sergio Bobadilla, Fernando Bórquez, Marta Bravo, Miguel Ángel Calisto, Karol Cariola, Álvaro Carter, José Miguel Castro, Andrés Celis, Daniella Cicardini, Sofía Cid, Juan Antonio Coloma, Sara Concha, María Luisa Cordero, Eduardo Cornejo, Gonzalo de la Carrera, Catalina del Real, Viviana Delgado, Felipe Donoso, Eduardo Durán, Jorge Durán, Camila Flores, Juan Manuel Fuenzalida, Mauro González, Jorge Guzmán, Marcos Ilabaca, Juan Eduardo Irarrazával, Andrés Jouannet, Harry Jürgensen, Johannes Kaiser, Crisian Labbé, Tomás Lagomarsino, Joaquín Lavín, Henry Leal, Enrique Lee, Daniel Lilayu, Andrés Longton, Luis Malla, Daniel Manouchehri, Cristóbal Martínez, Carolina Marzán, Christian Matheson, Karen Medina, Cosme Mellado, Miguel Mellado, José Carlos Meza, Helia Molina, Carla Morales, Cristian Moreira, Benjamín Moreno, Francesca Muñoz, Camila Musante, María Gloria Naveillán, Erika Olivera, Ximena Ossandón, Rubén Oyarzo, Joanna Pérez, Marlene Pérez, Guillermo Ramírez, Marcia Raphael, Jorge Rathgeb, Hugo Rey, Gaspar Rivas, Agustín Romero, Leonidas Romero, Natalia Romero, Jorge Saffirio, Luis Fernando Sánchez, Marisela Santibáñez, Frank Sauerbaum, Diego Schalper, Stephan Schubert, Alexis Sepúlveda, Raúl Soto, Marco Antonio Sulantay, Cristian Tapia, Hotuiti Teao, Renzo Trisotti, Héctor Ulloa, Francisco Undurraga, Cristóbal Urruticoechea, Sebastián Videla, Gastón Von Mühlenbrock y Flor Weisse.
Este martes, el Senado se prepara para votar la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, tras la aprobación del libelo en la Cámara de Diputadas y Diputados. La acción fue impulsada por el conglomerado Chile Vamos, y también incluyó a la exmagistrada Ángela Vivanco, aunque el foco se ha concentrado en Muñoz. Ante esto, el fundamento principal de la acusación es un notable abandono de deberes, vinculado a un episodio que involucra a su hija, Graciel Muñoz Tapia, jueza del 12° Juzgado de Garantía de Santiago. Según la denuncia, la jueza desistió de participar en un negocio inmobiliario luego de ser alertada por su padre, quien conocía una causa judicial relacionada que fue resuelta por la Corte Suprema. Asimismo, de ser aprobada la acusación, Sergio Muñoz sería destituido de su cargo y quedaría inhabilitado para ejercer cualquier función pública por un período de cinco años, un escenario que marcaría un hito en la historia judicial del país. Finalmente, la votación se realizará sin el quórum completo, faltarán dos senadoras: Loreto Carvajal, actualmente en Suiza junto a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y Paulina Núñez, quien se encuentra en postnatal hasta finales de octubre. Esto reduce el quórum para la votación, lo que podría influir en el resultado.
Este martes, la Cámara de Diputados se reunió para debatir la acusación constitucional presentada contra el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus. La polémica surgió a raíz de la revelación de conversaciones entre Matus y el abogado Luis Hermosilla, a pesar de que el ministro había negado haber mantenido dichos diálogos. Ante esto, la acusación se centraba en tres aspectos principales: la inhabilidad de Matus al tener vínculos con Hermosilla y el exministro Andrés Chadwick, así como su falta de veracidad y pérdida de imparcialidad. Sin embargo, tras más de dos horas de discusión en el Hemiciclo, la iniciativa fue rechazada con un resultado de 66 votos a favor, 54 en contra y 14 abstenciones. Asimismo, durante la sesión Matus defendió su postura, aclarando que nunca negó haber conversado con Hermosilla. Afirmó que la confusión se debía a un error de su parte sobre la existencia de ciertos chats, y subrayó:No tengo íntima amistad con el abogado Hermosilla. La íntima amistad implica una relación de cercanía familiar, que no existe entre nosotros. Finalmente, el debate sobre la acusación constitucional se torna relevante en un contexto donde la transparencia y la imparcialidad judicial son temas candentes en la política chilena, destacando las tensiones entre el poder judicial y el legislativo.
La Cámara de Diputadas y Diputados votará este lunes la segunda acusación constitucional contra Ángela Vivanco, exministra de la Corte Suprema, tras ser impulsada por las bancadas del oficialismo junto a la Democracia Cristiana (DC). El documento, compuesto por cuatro capítulos, señala a Vivanco por un presuntonotable abandono de deberes y por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla, actualmente imputado por delitos tributarios. Ante esto, el primer capítulo de la acusación sostiene que la exministra habría entregado información sobre causas relacionadas con Carabineros y Fuerzas Armadas antes de la firma y notificación de las sentencias. El segundo capítulo profundiza en la relación con Hermosilla, a quien Vivanco habría acudido para facilitar su nombramiento en la Corte Suprema, algo que el libelo califica de sumamente grave. Asimismo, la conexión entre Vivanco y Hermosilla se extiende al tercer capítulo, donde se la acusa de haber dado consejos y recomendaciones al abogado para la instalación de una segunda sala penal. Finalmente, el cuarto capítulo apunta a irregularidades en la tramitación de un caso relacionado con el consorcio Belaz Movitec Spa y Codelco. Esta es la segunda acusación que enfrenta Vivanco en menos de una semana, luego de que la Cámara aprobara otro libelo impulsado por la oposición. A su vez, el oficialismo y la DC presentarán este martes 15 de octubre una acusación similar contra el ministro Jean Pierre Matus, acusándolo de notable abandono de deberes, inhabilidades y pérdida de imparcialidad.
En una jornada marcada por la tensión y el debate, la Cámara de Diputados decidió rechazar la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá. La votación resultó en 67 votos a favor, 76 en contra y 7 abstenciones, poniendo fin a la ofensiva presentada por el Partido Republicano, que buscaba destituir a Tohá e inhabilitarla para ejercer cargos políticos durante cinco años. Ante esto, la sesión se vio envuelta en polémicas, especialmente durante la presentación del jefe de la bancada republicana, diputado Luis Fernando Sánchez. Este criticó el desarrollo de la comisión revisora del libelo, argumentando que la mayoría de sus integrantes eran oficialistas y que el proceso había sido apresurado, dado que el libelo solo estuvo un día en la comisión, a pesar de contar con más de 15 expositores propuestos por su bancada. Asimismo, la defensa de Tohá, representada por el abogado Juan Ignacio Piña, argumentó que las discrepancias sobre el proceso no deberían influir en la decisión sobre la acusación. Además, hizo hincapié en que las intenciones del Partido Republicano parecían dirigirse a inhabilitar a una figura política con proyección, en lugar de centrarse en argumentos jurídicos. Finalmente, el respaldo a la ministra fue reafirmado por el general (R) de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien manifestó su apoyo durante la sesión de la comisión revisora, reflejando un amplio respaldo a Tohá dentro del gobierno de Gabriel Boric. La resolución de la Cámara se considera un triunfo para la ministra y el ejecutivo en medio de un ambiente político tenso.
