El 4° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió este viernes mantener la prisión preventiva de María Leonarda Villalobos, negando la solicitud de su defensa, que argumentaba falta de seguridad para la imputada en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, donde cumple la medida cautelar desde el 27 de agosto. La defensa, encabezada por la abogada Alejandra Borda, presentó un escrito señalando que su clienta había sido amenazada de muerte, y que el sistema penitenciario no podía garantizar su integridad física y emocional. “Nos consta que Gendarmería ha hecho todo lo posible, pero el sistema carece de las herramientas necesarias para asegurar su protección total”, sostuvo Borda. A pesar de estas denuncias, la fiscal Lorena Parra informó que el tribunal, presidido por la magistrada Estefanía Asenjo, decidió mantener la prisión preventiva, aunque ordenó reforzar las medidas de seguridad para Villalobos dentro del penal. Asimismo, sugirió su traslado al Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, en un intento de mejorar las condiciones de seguridad para la imputada. Por su parte, la defensa consideró que, si bien no lograron el cambio de medida cautelar, el reconocimiento de discriminación en los recintos penitenciarios por parte de la magistrada es un avance importante en su lucha. Villalobos está acusada de soborno, delitos tributarios y lavado de activos, delitos por los cuales también fue imputado el abogado Luis Hermosilla. La magistrada Mariana Leyton, en la audiencia de formalización, sostuvo que su libertad representaba un peligro para la sociedad, por lo que ordenó su ingreso a prisión. Finalmente, el caso sigue generando controversia, y la defensa de Villalobos adelantó que seguirán buscando un cambio en las medidas cautelares impuestas.
Este viernes 27 de septiembre se llevará a cabo la audiencia de revisión de la medida cautelar de Leonarda Villalobos, imputada en el mediático caso Audio por delitos de soborno y económicos. La audiencia tendrá lugar en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, a las 11:00 horas, en la sala 803. La solicitud de esta instancia fue realizada por la defensa de Villalobos, encabezada por la abogada Alejandra Borda, luego de que su clienta recibiera una amenaza de muerte dentro de la cárcel de San Miguel, donde cumple prisión preventiva. Según el relato de Borda, el pasado 14 de septiembre se encontró una nota en la celda de Villalobos en la que se advertía que sería masacrada. Ante esto, la defensa sostiene que el sistema penitenciario no ha garantizado la seguridad de Villalobos, subrayando las vulnerabilidades a las que ha estado expuesta desde el inicio del proceso. “Nuestros temores no eran infundados”, afirmó Borda, haciendo referencia a las condiciones adversas de su clienta en comparación con su co-imputado, Luis Hermosilla, quien se encuentra en el Anexo Capitán Yáber, un recinto especializado para personas acusadas de delitos económicos. Borda enfatizó que no existe un penal similar para mujeres, lo que ha incrementado los riesgos para Villalobos. Asimismo, este incidente ha reavivado el debate sobre las diferencias en las condiciones de reclusión para los imputados en el mismo caso. Mientras Hermosilla está recluido en un espacio con medidas de seguridad especializadas, Villalobos ha permanecido en la cárcel común de San Miguel, lo que según su defensa, ha puesto en peligro su integridad física. Borda recalcó que la Corte de Apelaciones de Santiago ya había solicitado medidas de resguardo para Villalobos, pero estas no han sido suficientes. Finalmente, el tribunal deberá decidir si modifica las medidas cautelares actuales de Villalobos y si se adoptan mayores medidas de seguridad en favor de la imputada, mientras sigue avanzando el proceso judicial en su contra.
Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de Antofagasta han detenido a dos menores de edad tras ser acusados de realizar amenazas de muerte a sus compañeros de curso en un liceo de la ciudad. Las detenciones se realizaron en el marco de una investigación que comenzó la semana pasada, después de que se presentaran denuncias por amenazas simples tanto contra personas como contra propiedades. Según la información proporcionada, el conflicto se originó después de un entrenamiento de fútbol en el establecimiento educativo, donde surgió una riña entre alumnos de 16 y 17 años. En respuesta, dos de los estudiantes involucrados amenazaron de muerte a otros compañeros, tanto en persona como a través de mensajes de texto y redes sociales, en los cuales mostraban armas de fuego para reforzar sus amenazas. Las investigaciones llevaron a los detectives a identificar a los sospechosos y a obtener una orden de detención, gestionada por la Fiscal de Responsabilidad Penal Adolescente. También se solicitó una orden de entrada y registro para sus residencias. La acción policial culminó el viernes, cuando se efectuaron las detenciones y se incautaron armas en los domicilios de los adolescentes. En el primer inmueble se encontró un cargador de pistola sin municiones, mientras que en el segundo se halló un revólver, también sin municiones, que será sometido a peritaje por el Laboratorio de Criminalística Regional para verificar su operatividad y funcionamiento. Los menores detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Garantía, donde enfrentaran la correspondiente audiencia de formalización de cargos.
Personal de Gendarmería recibió diferentes amenazas, ante la instalación de inhibidores de señal telefónica en algunas cárceles del país. Debido a esta situación, se dictó una alerta en la que se prohibía a los gendarmes salir de su radio de jurisdicción, por el posible riesgo que implicaba la advertencia de los reos. Sin embargo, el director regional metropolitano de Gendarmería, Hernán Villarroel, dio de baja la alerta el pasado viernes. Puesto que, la Contraloría General de la República se encuentra realizando una investigación tras una denuncia interpuesta por parlamentarios de oposición, acusando que los inhibidores de seña telefónica solo estarían activos en horario de almuerzo. Finalmente y tras esta decisión, el exdirector nacional de la institución, Claudio Martinez mencionó queno significa que el riesgo se haya extinguido. Probablemente, la evaluación que se hizo ante esa posibilidad es remota.
El 4° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió este viernes mantener la prisión preventiva de María Leonarda Villalobos, negando la solicitud de su defensa, que argumentaba falta de seguridad para la imputada en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, donde cumple la medida cautelar desde el 27 de agosto. La defensa, encabezada por la abogada Alejandra Borda, presentó un escrito señalando que su clienta había sido amenazada de muerte, y que el sistema penitenciario no podía garantizar su integridad física y emocional. “Nos consta que Gendarmería ha hecho todo lo posible, pero el sistema carece de las herramientas necesarias para asegurar su protección total”, sostuvo Borda. A pesar de estas denuncias, la fiscal Lorena Parra informó que el tribunal, presidido por la magistrada Estefanía Asenjo, decidió mantener la prisión preventiva, aunque ordenó reforzar las medidas de seguridad para Villalobos dentro del penal. Asimismo, sugirió su traslado al Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, en un intento de mejorar las condiciones de seguridad para la imputada. Por su parte, la defensa consideró que, si bien no lograron el cambio de medida cautelar, el reconocimiento de discriminación en los recintos penitenciarios por parte de la magistrada es un avance importante en su lucha. Villalobos está acusada de soborno, delitos tributarios y lavado de activos, delitos por los cuales también fue imputado el abogado Luis Hermosilla. La magistrada Mariana Leyton, en la audiencia de formalización, sostuvo que su libertad representaba un peligro para la sociedad, por lo que ordenó su ingreso a prisión. Finalmente, el caso sigue generando controversia, y la defensa de Villalobos adelantó que seguirán buscando un cambio en las medidas cautelares impuestas.
Este viernes 27 de septiembre se llevará a cabo la audiencia de revisión de la medida cautelar de Leonarda Villalobos, imputada en el mediático caso Audio por delitos de soborno y económicos. La audiencia tendrá lugar en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, a las 11:00 horas, en la sala 803. La solicitud de esta instancia fue realizada por la defensa de Villalobos, encabezada por la abogada Alejandra Borda, luego de que su clienta recibiera una amenaza de muerte dentro de la cárcel de San Miguel, donde cumple prisión preventiva. Según el relato de Borda, el pasado 14 de septiembre se encontró una nota en la celda de Villalobos en la que se advertía que sería masacrada. Ante esto, la defensa sostiene que el sistema penitenciario no ha garantizado la seguridad de Villalobos, subrayando las vulnerabilidades a las que ha estado expuesta desde el inicio del proceso. “Nuestros temores no eran infundados”, afirmó Borda, haciendo referencia a las condiciones adversas de su clienta en comparación con su co-imputado, Luis Hermosilla, quien se encuentra en el Anexo Capitán Yáber, un recinto especializado para personas acusadas de delitos económicos. Borda enfatizó que no existe un penal similar para mujeres, lo que ha incrementado los riesgos para Villalobos. Asimismo, este incidente ha reavivado el debate sobre las diferencias en las condiciones de reclusión para los imputados en el mismo caso. Mientras Hermosilla está recluido en un espacio con medidas de seguridad especializadas, Villalobos ha permanecido en la cárcel común de San Miguel, lo que según su defensa, ha puesto en peligro su integridad física. Borda recalcó que la Corte de Apelaciones de Santiago ya había solicitado medidas de resguardo para Villalobos, pero estas no han sido suficientes. Finalmente, el tribunal deberá decidir si modifica las medidas cautelares actuales de Villalobos y si se adoptan mayores medidas de seguridad en favor de la imputada, mientras sigue avanzando el proceso judicial en su contra.
Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de Antofagasta han detenido a dos menores de edad tras ser acusados de realizar amenazas de muerte a sus compañeros de curso en un liceo de la ciudad. Las detenciones se realizaron en el marco de una investigación que comenzó la semana pasada, después de que se presentaran denuncias por amenazas simples tanto contra personas como contra propiedades. Según la información proporcionada, el conflicto se originó después de un entrenamiento de fútbol en el establecimiento educativo, donde surgió una riña entre alumnos de 16 y 17 años. En respuesta, dos de los estudiantes involucrados amenazaron de muerte a otros compañeros, tanto en persona como a través de mensajes de texto y redes sociales, en los cuales mostraban armas de fuego para reforzar sus amenazas. Las investigaciones llevaron a los detectives a identificar a los sospechosos y a obtener una orden de detención, gestionada por la Fiscal de Responsabilidad Penal Adolescente. También se solicitó una orden de entrada y registro para sus residencias. La acción policial culminó el viernes, cuando se efectuaron las detenciones y se incautaron armas en los domicilios de los adolescentes. En el primer inmueble se encontró un cargador de pistola sin municiones, mientras que en el segundo se halló un revólver, también sin municiones, que será sometido a peritaje por el Laboratorio de Criminalística Regional para verificar su operatividad y funcionamiento. Los menores detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Garantía, donde enfrentaran la correspondiente audiencia de formalización de cargos.
Personal de Gendarmería recibió diferentes amenazas, ante la instalación de inhibidores de señal telefónica en algunas cárceles del país. Debido a esta situación, se dictó una alerta en la que se prohibía a los gendarmes salir de su radio de jurisdicción, por el posible riesgo que implicaba la advertencia de los reos. Sin embargo, el director regional metropolitano de Gendarmería, Hernán Villarroel, dio de baja la alerta el pasado viernes. Puesto que, la Contraloría General de la República se encuentra realizando una investigación tras una denuncia interpuesta por parlamentarios de oposición, acusando que los inhibidores de seña telefónica solo estarían activos en horario de almuerzo. Finalmente y tras esta decisión, el exdirector nacional de la institución, Claudio Martinez mencionó queno significa que el riesgo se haya extinguido. Probablemente, la evaluación que se hizo ante esa posibilidad es remota.
