El Ministerio Público ha suspendido al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, mientras se llevan a cabo investigaciones en su contra relacionadas con el llamadocaso Audio. Palma enfrenta dos causas: una por omisión de denuncia y otra por violación de secreto, debido a conversaciones que mantenía con el abogado imputado, Luis Hermosilla, quien se encuentra bajo prisión preventiva. Los cargos provienen de una serie de chats entre Palma y Hermosilla, en los que se discutían posibles favores políticos y la filtración de información sensible. Entre las acusaciones, destaca un pantallazo que Palma habría enviado a Hermosilla, en el cual se revelaría que Gonzalo Migueles Oteíza, pareja de la suspendida ministra Ángela Vivanco, le ofreció beneficios a cambio de apoyar a José Morales como candidato a fiscal nacional. Asimismo, se investiga a Palma por el envío de un archivo de audio, supuestamente confidencial, a Hermosilla. Sin embargo, la defensa de Palma argumenta que dicho archivo ya era público al haberse presentado en una audiencia de formalización. A pesar de los intentos de su abogado por sobreseer las causas, las investigaciones siguen en curso.
Antonio Jalaff, exaccionista del Grupo Patio, se presentó esta mañana en la Fiscalía Local de Las Condes para declarar en calidad de imputado en el marco de las investigaciones por los casos Factop y Audio. La comparecencia del empresario fue solicitada por su propio equipo de abogados y por él mismo, con el fin de esclarecer su situación en los procesos legales en curso. Ante esto, Jalaff arribó a la Fiscalía Oriente a las 10 de la mañana, acompañado de su equipo legal. Después de casi cinco horas de declaración, alrededor de las tres de la tarde, abandonó el lugar sin emitir declaraciones a los medios de comunicación que aguardaban en las afueras de la sede fiscal. Asimismo, el nombre de Antonio Jalaff, junto con el de su hermano Álvaro Jalaff, ha sido mencionado en diversas oportunidades en el contexto del esquema delictual de los hermanos Ariel y Daniel Sauer, así como de Rodrigo Topelberg, relacionado con el caso Factop. Ambos hermanos Jalaff han sido apuntados como los principales beneficiarios de estas operaciones fraudulentas. Así también, los Jalaff fueron mencionados en un polémico audio grabado por la abogada Leonarda Villalobos, actualmente en prisión preventiva, al igual que el abogado Luis Hermosilla. Villalobos, en su declaración, implicó a diversas personas en las operaciones irregulares investigadas, lo que ha generado un mayor interés en la figura de los hermanos Jalaff en este entramado judicial. Finalmente, el silencio de Antonio Jalaff al abandonar la Fiscalía deja en suspenso su postura ante los cargos que se le imputan, mientras las investigaciones siguen su curso en el ámbito judicial.
Ángela Vivanco, la suspendida ministra de la Corte Suprema, ha optado por entregar de manera voluntaria su teléfono celular y su computador personal a la Fiscalía de Los Lagos. Esta decisión se enmarca en la investigación sobre el caso Audio, que involucra al penalista Luis Hermosilla como figura central. A través de su abogado defensor, Juan Carlos Manríquez, Vivanco ha solicitado que la diligencia de entrega se lleve a cabo en su domicilio este miércoles. En un correo electrónico dirigido a la fiscal Carmen Gloria Wittwer, Manríquez explicó que debido a la urgencia del asunto, la entrega se realizará en la residencia de la ministra para evitar la especulación pública y proteger los derechos de otras personas involucradas. Ante esto, Manríquez también expresó que el equipo legal de Vivanco ha solicitado copias completas de los chats atribuidos a ella y Hermosilla para su revisión. Este paso es crucial para verificar la integridad y el contexto de las conversaciones en cuestión. Finalmente, el abogado reiteró el compromiso de Vivanco y su equipo con una investigación transparente y justa, enfatizando la disposición de la ministra para colaborar con todas las diligencias que se consideren necesarias. Esta medida busca avanzar en el esclarecimiento de los hechos que han generado gran preocupación en el ámbito judicial y político del país.
El Ministerio Público ha suspendido al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, mientras se llevan a cabo investigaciones en su contra relacionadas con el llamadocaso Audio. Palma enfrenta dos causas: una por omisión de denuncia y otra por violación de secreto, debido a conversaciones que mantenía con el abogado imputado, Luis Hermosilla, quien se encuentra bajo prisión preventiva. Los cargos provienen de una serie de chats entre Palma y Hermosilla, en los que se discutían posibles favores políticos y la filtración de información sensible. Entre las acusaciones, destaca un pantallazo que Palma habría enviado a Hermosilla, en el cual se revelaría que Gonzalo Migueles Oteíza, pareja de la suspendida ministra Ángela Vivanco, le ofreció beneficios a cambio de apoyar a José Morales como candidato a fiscal nacional. Asimismo, se investiga a Palma por el envío de un archivo de audio, supuestamente confidencial, a Hermosilla. Sin embargo, la defensa de Palma argumenta que dicho archivo ya era público al haberse presentado en una audiencia de formalización. A pesar de los intentos de su abogado por sobreseer las causas, las investigaciones siguen en curso.
Antonio Jalaff, exaccionista del Grupo Patio, se presentó esta mañana en la Fiscalía Local de Las Condes para declarar en calidad de imputado en el marco de las investigaciones por los casos Factop y Audio. La comparecencia del empresario fue solicitada por su propio equipo de abogados y por él mismo, con el fin de esclarecer su situación en los procesos legales en curso. Ante esto, Jalaff arribó a la Fiscalía Oriente a las 10 de la mañana, acompañado de su equipo legal. Después de casi cinco horas de declaración, alrededor de las tres de la tarde, abandonó el lugar sin emitir declaraciones a los medios de comunicación que aguardaban en las afueras de la sede fiscal. Asimismo, el nombre de Antonio Jalaff, junto con el de su hermano Álvaro Jalaff, ha sido mencionado en diversas oportunidades en el contexto del esquema delictual de los hermanos Ariel y Daniel Sauer, así como de Rodrigo Topelberg, relacionado con el caso Factop. Ambos hermanos Jalaff han sido apuntados como los principales beneficiarios de estas operaciones fraudulentas. Así también, los Jalaff fueron mencionados en un polémico audio grabado por la abogada Leonarda Villalobos, actualmente en prisión preventiva, al igual que el abogado Luis Hermosilla. Villalobos, en su declaración, implicó a diversas personas en las operaciones irregulares investigadas, lo que ha generado un mayor interés en la figura de los hermanos Jalaff en este entramado judicial. Finalmente, el silencio de Antonio Jalaff al abandonar la Fiscalía deja en suspenso su postura ante los cargos que se le imputan, mientras las investigaciones siguen su curso en el ámbito judicial.
Ángela Vivanco, la suspendida ministra de la Corte Suprema, ha optado por entregar de manera voluntaria su teléfono celular y su computador personal a la Fiscalía de Los Lagos. Esta decisión se enmarca en la investigación sobre el caso Audio, que involucra al penalista Luis Hermosilla como figura central. A través de su abogado defensor, Juan Carlos Manríquez, Vivanco ha solicitado que la diligencia de entrega se lleve a cabo en su domicilio este miércoles. En un correo electrónico dirigido a la fiscal Carmen Gloria Wittwer, Manríquez explicó que debido a la urgencia del asunto, la entrega se realizará en la residencia de la ministra para evitar la especulación pública y proteger los derechos de otras personas involucradas. Ante esto, Manríquez también expresó que el equipo legal de Vivanco ha solicitado copias completas de los chats atribuidos a ella y Hermosilla para su revisión. Este paso es crucial para verificar la integridad y el contexto de las conversaciones en cuestión. Finalmente, el abogado reiteró el compromiso de Vivanco y su equipo con una investigación transparente y justa, enfatizando la disposición de la ministra para colaborar con todas las diligencias que se consideren necesarias. Esta medida busca avanzar en el esclarecimiento de los hechos que han generado gran preocupación en el ámbito judicial y político del país.
