Durante la jornada de este viernes, la Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, confirmó la medida de prisión preventiva para Luis Hermosilla, tras revisar el recurso presentado por la defensa del abogado, que buscaba revertir la cautelar supliéndola por una menos gravosa. No existen nuevos antecedentes que hagan variar las circunstancias tomadas en consideración al momento de decretar la medida cautelar cuya modificación se solicita, motivo por el cual se confirmará la decisión apelada, indicó la resolución. Así, el jurista continuará en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber -donde está recluido desde el pasado 27 de agosto de 2024- mientras avanza la investigación, en donde se le imputan delitos tributarios, soborno y lavado de activos en el marco del Caso Audios. Nosotros no compartimos, respetamos, pero obviamente no compartimos la decisión de la Corte, pero en esto consiste el trabajo de la defensa. Vamos a seguir insistiendo en nuestras posiciones, sostuvo al respecto Juan Pablo Hermosilla, abogado defensor y hermano del imputado. Con todo, el exasesor del Ministerio Público volverá a comparecer ante la justicia el lunes 6 de enero, cuando se realice una audiencia de cautela de garantías que solicitó su defensa, que acusa presuntas vulneraciones a derechos de su cliente. En tanto, el 13 de enero será reformalizado por nuevos antecedentes recabados por el Ministerio Público.
Luis Hermosilla, abogado en prisión preventiva en el marco del Caso Audios, ha denunciado a los fiscales encargados de la investigación por la filtración de sus chats personales a la prensa. La denuncia fue presentada por su hermano y defensor, Juan Pablo Hermosilla, quien ha criticado repetidamente las divulgaciones no autorizadas, argumentando que muchas de las conversaciones son de carácter privado y no tienen relación directa con la causa. Ante esto, según información de La Tercera, la denuncia abarca un extenso documento de 25 páginas, en el cual se detallan las publicaciones que han expuesto los chats de Hermosilla. Esta acción legal se dirige específicamente contra los fiscales Mario Carrera, Carmen Gloria Winter y Lorena Parra, quienes, de comprobarse su responsabilidad, podrían enfrentar cargos por revelación de secretos y obstrucción a la justicia. Finalmente, la defensa de Hermosilla sostiene que los mensajes estaban protegidos por el secreto de la investigación, dado que fueron obtenidos de su teléfono celular incautado. La controversia resalta las tensiones entre el derecho a la privacidad y la transparencia en las investigaciones judiciales, planteando interrogantes sobre el manejo de la información sensible en el sistema penal.
Este martes, el exministro del Interior, Andrés Chadwick, interpuso una querella en la Corte de Apelaciones de Valparaíso contra diez diputados del oficialismo, acusándolos deinjurias graves y calumnias. Chadwick afirma que las declaraciones hechas en su contra en el escrito de la acusación constitucional contra la ministra suspendida de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, afectan su imagen y honor. Ante esto, la querella está dirigida a los diputados Daniel Melo (PS), Lorena Pizarro (PC), Mónica Arce (IND), Jaime Araya (IND-PPD), Luis Malla (LIB), Lorena Fries (FA), Jaime Sáez (FA), Ana María Gazmuri (PAH), Nathalie Castillo (PC) y Nelson Venegas (PS). El exministro sostiene que, aunque la acusación debía centrarse en Vivanco, los parlamentarios desviaron su enfoque hacia su persona, imputándole delitos graves y difamando su reputación pública. Asimismo, en el documento, Chadwick destaca que las declaraciones realizadas por los diputados son falsas y que jamás solicitó a terceros que influyeran en casos de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, como se le acusa. Asimismo, niega cualquier implicación en los casos Exalmar, Dominga y en relación con el Director de la Policía de Investigaciones. Finalmente, la exautoridad solicitó el desafuero de los diputados para poder llevarlos a juicio, argumentando que han instrumentalizado su poder legislativo para llevar a cabo un ataque mediático con el objetivo de destruir su imagen y reputación.
Durante la jornada de este viernes, la Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, confirmó la medida de prisión preventiva para Luis Hermosilla, tras revisar el recurso presentado por la defensa del abogado, que buscaba revertir la cautelar supliéndola por una menos gravosa. No existen nuevos antecedentes que hagan variar las circunstancias tomadas en consideración al momento de decretar la medida cautelar cuya modificación se solicita, motivo por el cual se confirmará la decisión apelada, indicó la resolución. Así, el jurista continuará en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber -donde está recluido desde el pasado 27 de agosto de 2024- mientras avanza la investigación, en donde se le imputan delitos tributarios, soborno y lavado de activos en el marco del Caso Audios. Nosotros no compartimos, respetamos, pero obviamente no compartimos la decisión de la Corte, pero en esto consiste el trabajo de la defensa. Vamos a seguir insistiendo en nuestras posiciones, sostuvo al respecto Juan Pablo Hermosilla, abogado defensor y hermano del imputado. Con todo, el exasesor del Ministerio Público volverá a comparecer ante la justicia el lunes 6 de enero, cuando se realice una audiencia de cautela de garantías que solicitó su defensa, que acusa presuntas vulneraciones a derechos de su cliente. En tanto, el 13 de enero será reformalizado por nuevos antecedentes recabados por el Ministerio Público.
Luis Hermosilla, abogado en prisión preventiva en el marco del Caso Audios, ha denunciado a los fiscales encargados de la investigación por la filtración de sus chats personales a la prensa. La denuncia fue presentada por su hermano y defensor, Juan Pablo Hermosilla, quien ha criticado repetidamente las divulgaciones no autorizadas, argumentando que muchas de las conversaciones son de carácter privado y no tienen relación directa con la causa. Ante esto, según información de La Tercera, la denuncia abarca un extenso documento de 25 páginas, en el cual se detallan las publicaciones que han expuesto los chats de Hermosilla. Esta acción legal se dirige específicamente contra los fiscales Mario Carrera, Carmen Gloria Winter y Lorena Parra, quienes, de comprobarse su responsabilidad, podrían enfrentar cargos por revelación de secretos y obstrucción a la justicia. Finalmente, la defensa de Hermosilla sostiene que los mensajes estaban protegidos por el secreto de la investigación, dado que fueron obtenidos de su teléfono celular incautado. La controversia resalta las tensiones entre el derecho a la privacidad y la transparencia en las investigaciones judiciales, planteando interrogantes sobre el manejo de la información sensible en el sistema penal.
Este martes, el exministro del Interior, Andrés Chadwick, interpuso una querella en la Corte de Apelaciones de Valparaíso contra diez diputados del oficialismo, acusándolos deinjurias graves y calumnias. Chadwick afirma que las declaraciones hechas en su contra en el escrito de la acusación constitucional contra la ministra suspendida de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, afectan su imagen y honor. Ante esto, la querella está dirigida a los diputados Daniel Melo (PS), Lorena Pizarro (PC), Mónica Arce (IND), Jaime Araya (IND-PPD), Luis Malla (LIB), Lorena Fries (FA), Jaime Sáez (FA), Ana María Gazmuri (PAH), Nathalie Castillo (PC) y Nelson Venegas (PS). El exministro sostiene que, aunque la acusación debía centrarse en Vivanco, los parlamentarios desviaron su enfoque hacia su persona, imputándole delitos graves y difamando su reputación pública. Asimismo, en el documento, Chadwick destaca que las declaraciones realizadas por los diputados son falsas y que jamás solicitó a terceros que influyeran en casos de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, como se le acusa. Asimismo, niega cualquier implicación en los casos Exalmar, Dominga y en relación con el Director de la Policía de Investigaciones. Finalmente, la exautoridad solicitó el desafuero de los diputados para poder llevarlos a juicio, argumentando que han instrumentalizado su poder legislativo para llevar a cabo un ataque mediático con el objetivo de destruir su imagen y reputación.
