En el marco de la tramitación de la Ley de Presupuesto 2025 y la discusión de la partida del Ministerio de Educación, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó que los estudiantes que cursen 3ro y 4to medio y hayan sido sancionados bajo la Ley Aula Segura no puedan optar al beneficio de gratuidad durante su eventual llegada a la educación superior. Cabe recordar que la Ley Aula Segura establece el deber de los directores de los establecimientos de iniciar los procesos sancionatorios contra cualquier miembro de la comunidad escolar, sean menores o adultos, por conductas graves o gravísimas, según su reglamento y la respectiva acreditación de los hechos. ¿Qué detalla el proyecto? Los estudiantes que hayan sido sancionados por conductas gravísimas de violencia durante los dos últimos años de educación media, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones que produzcan lesiones; uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, no tendrán derecho al beneficio de gratuidad universitaria durante el año siguiente a su egreso, menciona la indicación aprobada. Reacciones parlamentarias Para los diputados gremialistas, Sergio Bobadilla y Eduardo Cornejo, es “fundamental” poder prohibir beneficios para la educación superior a los estudiantes sancionados por la denominada Aula Segura.“Es absolutamente inaceptable e incoherente que un estudiante que ha sido sancionado por cometer este tipo de actos durante la etapa escolar, al siguiente año pueda acceder a la gratuidad en la educación superior, siendo financiada con los impuestos de todos los chilenos”, indicaron. Por su cuenta, el congresal del Partido Comunista (PC) Boris Barrera, se manifestó en contra de la indicación que ya había sido aprobada en la comisión mixta especial. “Esto plantea serias preocupaciones, ya que no sólo es contraproducente, sino que profundiza los problemas que ya enfrentan estos jóvenes, en lugar de ofrecer soluciones efectivas [...] es un castigo desproporcionado'', fustigó. Con todo, la propuesta fue aprobada con 76 votos a favor, 3 abstenciones y 53 en contra, avanzando a su segundo trámite constitucional en el Senado.
Este lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la segunda acusación constitucional contra Ángela Vivanco, exministra de la Corte Suprema, quien ya había sido destituida por el pleno del máximo tribunal chileno. Con 131 votos a favor, una abstención y sin votos en contra, el libelo aprobado busca inhabilitar a Vivanco de ejercer cargos públicos por un periodo de cinco años. Este es el segundo proceso que enfrenta Vivanco en el Congreso. La semana pasada, el mismo cuerpo legislativo había aprobado una primera acusación, impulsada por el oficialismo, que también involucraba al juez Sergio Muñoz. Aunque ambas acusaciones podrían tener consecuencias similares, la reciente remoción de Vivanco por parte de la Corte Suprema deja como única sanción la prohibición de ocupar cargos públicos en el futuro. El caso ha generado gran polémica, particularmente por las revelaciones que la vinculan con el abogado Hermosilla. Según los diputados, Vivanco habría compartido información sensible sobre casos relacionados con Carabineros y las Fuerzas Armadas, cuando Hermosilla trabajaba en el Ministerio del Interior. Además, se le acusa de haber colaborado con él para influir en el nombramiento de miembros de la Corte Suprema y de recibir recomendaciones para la organización de una sala en la corte. Asimismo, está siendo investigada por presuntas irregularidades en la denominada trama Muñeca Bielorrusa, un conflicto que involucra a Codelco y una empresa extranjera.
En el marco de la tramitación de la Ley de Presupuesto 2025 y la discusión de la partida del Ministerio de Educación, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó que los estudiantes que cursen 3ro y 4to medio y hayan sido sancionados bajo la Ley Aula Segura no puedan optar al beneficio de gratuidad durante su eventual llegada a la educación superior. Cabe recordar que la Ley Aula Segura establece el deber de los directores de los establecimientos de iniciar los procesos sancionatorios contra cualquier miembro de la comunidad escolar, sean menores o adultos, por conductas graves o gravísimas, según su reglamento y la respectiva acreditación de los hechos. ¿Qué detalla el proyecto? Los estudiantes que hayan sido sancionados por conductas gravísimas de violencia durante los dos últimos años de educación media, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones que produzcan lesiones; uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, no tendrán derecho al beneficio de gratuidad universitaria durante el año siguiente a su egreso, menciona la indicación aprobada. Reacciones parlamentarias Para los diputados gremialistas, Sergio Bobadilla y Eduardo Cornejo, es “fundamental” poder prohibir beneficios para la educación superior a los estudiantes sancionados por la denominada Aula Segura.“Es absolutamente inaceptable e incoherente que un estudiante que ha sido sancionado por cometer este tipo de actos durante la etapa escolar, al siguiente año pueda acceder a la gratuidad en la educación superior, siendo financiada con los impuestos de todos los chilenos”, indicaron. Por su cuenta, el congresal del Partido Comunista (PC) Boris Barrera, se manifestó en contra de la indicación que ya había sido aprobada en la comisión mixta especial. “Esto plantea serias preocupaciones, ya que no sólo es contraproducente, sino que profundiza los problemas que ya enfrentan estos jóvenes, en lugar de ofrecer soluciones efectivas [...] es un castigo desproporcionado'', fustigó. Con todo, la propuesta fue aprobada con 76 votos a favor, 3 abstenciones y 53 en contra, avanzando a su segundo trámite constitucional en el Senado.
Este lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la segunda acusación constitucional contra Ángela Vivanco, exministra de la Corte Suprema, quien ya había sido destituida por el pleno del máximo tribunal chileno. Con 131 votos a favor, una abstención y sin votos en contra, el libelo aprobado busca inhabilitar a Vivanco de ejercer cargos públicos por un periodo de cinco años. Este es el segundo proceso que enfrenta Vivanco en el Congreso. La semana pasada, el mismo cuerpo legislativo había aprobado una primera acusación, impulsada por el oficialismo, que también involucraba al juez Sergio Muñoz. Aunque ambas acusaciones podrían tener consecuencias similares, la reciente remoción de Vivanco por parte de la Corte Suprema deja como única sanción la prohibición de ocupar cargos públicos en el futuro. El caso ha generado gran polémica, particularmente por las revelaciones que la vinculan con el abogado Hermosilla. Según los diputados, Vivanco habría compartido información sensible sobre casos relacionados con Carabineros y las Fuerzas Armadas, cuando Hermosilla trabajaba en el Ministerio del Interior. Además, se le acusa de haber colaborado con él para influir en el nombramiento de miembros de la Corte Suprema y de recibir recomendaciones para la organización de una sala en la corte. Asimismo, está siendo investigada por presuntas irregularidades en la denominada trama Muñeca Bielorrusa, un conflicto que involucra a Codelco y una empresa extranjera.
