Este martes, el exministro del Interior, Andrés Chadwick, interpuso una querella en la Corte de Apelaciones de Valparaíso contra diez diputados del oficialismo, acusándolos deinjurias graves y calumnias. Chadwick afirma que las declaraciones hechas en su contra en el escrito de la acusación constitucional contra la ministra suspendida de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, afectan su imagen y honor. Ante esto, la querella está dirigida a los diputados Daniel Melo (PS), Lorena Pizarro (PC), Mónica Arce (IND), Jaime Araya (IND-PPD), Luis Malla (LIB), Lorena Fries (FA), Jaime Sáez (FA), Ana María Gazmuri (PAH), Nathalie Castillo (PC) y Nelson Venegas (PS). El exministro sostiene que, aunque la acusación debía centrarse en Vivanco, los parlamentarios desviaron su enfoque hacia su persona, imputándole delitos graves y difamando su reputación pública. Asimismo, en el documento, Chadwick destaca que las declaraciones realizadas por los diputados son falsas y que jamás solicitó a terceros que influyeran en casos de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, como se le acusa. Asimismo, niega cualquier implicación en los casos Exalmar, Dominga y en relación con el Director de la Policía de Investigaciones. Finalmente, la exautoridad solicitó el desafuero de los diputados para poder llevarlos a juicio, argumentando que han instrumentalizado su poder legislativo para llevar a cabo un ataque mediático con el objetivo de destruir su imagen y reputación.
La Fiscalía Nacional decidió rechazar la solicitud presentada por la defensa de Luis Hermosilla para inhabilitar a la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, en el marco del caso audios. La defensa del abogado basó su petición en una serie de chats entre Parra y Hermosilla, que, según ellos, comprometerían laobjetividad e imparcialidad de la persecutora. El hermano de Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, señaló que dichos mensajes mostraban que Parra había enviado su currículum a Luis Hermosilla mientras se encontraba en campaña para ser fiscal regional. Además, la defensa acusó que Parra solicitó apoyo para Marta Herrera, su amiga personal, en su postulación a fiscal nacional en diciembre de 2022. Pese a los argumentos presentados, el fiscal nacional subrogante, Héctor Barros, rechazó la solicitud, afirmando que, por el momento, no existen antecedentes suficientes que fundamenten una inhabilidad. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de reconsiderar la decisión si la defensa presenta nuevas pruebas que respalden sus alegaciones bajo los términos del artículo 55 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. El debate sobre la relación entre Parra y Hermosilla cobró mayor relevancia tras la emisión de un reportaje en Chilevisión, en el cual se detallaron conversaciones entre ambos desde 2019 hasta 2022. Dicho reportaje reveló solicitudes de la fiscal Parra a Hermosilla para influir en ministros de la Corte de Apelaciones en favor de su candidatura a fiscal regional. Por su parte, Parra defendió sus acciones en una entrevista previa con TVN, argumentando queel sistema funciona así, y que era común que los postulantes a cargos judiciales enviaran sus currículums y pidieran respaldo para ser considerados. Finalmente, el caso sigue en desarrollo, mientras la defensa de Hermosilla evalúa los próximos pasos a seguir.
Ángela Vivanco, la suspendida ministra de la Corte Suprema, ha optado por entregar de manera voluntaria su teléfono celular y su computador personal a la Fiscalía de Los Lagos. Esta decisión se enmarca en la investigación sobre el caso Audio, que involucra al penalista Luis Hermosilla como figura central. A través de su abogado defensor, Juan Carlos Manríquez, Vivanco ha solicitado que la diligencia de entrega se lleve a cabo en su domicilio este miércoles. En un correo electrónico dirigido a la fiscal Carmen Gloria Wittwer, Manríquez explicó que debido a la urgencia del asunto, la entrega se realizará en la residencia de la ministra para evitar la especulación pública y proteger los derechos de otras personas involucradas. Ante esto, Manríquez también expresó que el equipo legal de Vivanco ha solicitado copias completas de los chats atribuidos a ella y Hermosilla para su revisión. Este paso es crucial para verificar la integridad y el contexto de las conversaciones en cuestión. Finalmente, el abogado reiteró el compromiso de Vivanco y su equipo con una investigación transparente y justa, enfatizando la disposición de la ministra para colaborar con todas las diligencias que se consideren necesarias. Esta medida busca avanzar en el esclarecimiento de los hechos que han generado gran preocupación en el ámbito judicial y político del país.
En una operación coordinada entre la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) de Antofagasta y oficiales de Punta Arenas, se realizaron dos detenciones vinculadas a un caso de fraude al fisco y organismos del estado. Las detenciones responden a una orden emitida por el Juzgado de Garantía de Antofagasta. Las personas detenidas son la expresidenta de la Fundación Fibra y una contratista de la misma organización. La primera, quien se encontraba en Punta Arenas al momento de su arresto, fue trasladada a Antofagasta para enfrentar la audiencia de formalización de cargos, la cual se llevó a cabo este lunes en la capital de la Región de Antofagasta. La segunda detenida, la contratista, fue aprehendida en su domicilio en Antofagasta. Ambas mujeres enfrentan acusaciones de fraude al fisco por la presunta malversación de fondos. El Subprefecto Néctor Rojas, jefe de la BRIDEC, explicó que las diligencias buscan esclarecer el destino de 430 millones de pesos que fueron asignados a la Fundación Fibra para la ejecución de diversos proyectos en campamentos de la región.
En una serie de audiencias extensas que se extendieron por más de cinco horas, la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja de Antofagasta formalizó al ex seremi de Vivienda, Carlos Contreras Gutiérrez, por dos delitos de fraude al fisco y dos delitos de cohecho, en el marco de la arista Fusupo del Caso Convenios. Posteriormente, en una segunda audiencia, se formalizó a M.D.O., arista Fibra del mismo caso. El fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, detalló que el 1 de julio de 2022, el Ministerio de Vivienda (Minvu) suscribió dos convenios con la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza (Fusupo) por montos de $148.154.096 y $135.884.000, destinados a ejecutar un Plan de Acompañamiento Social y Comunitario en campamentos de la ciudad. Sin embargo, el ex seremi Carlos Contreras habría solicitado de manera arbitraria y sin autorización la contratación de dos personas con fondos de los convenios, incluyendo a la psicóloga Paz Fuica Contreras, quien también está formalizada en la arista Democracia Viva del Caso Convenios. El Juzgado de Garantía de Antofagasta accedió a diferir la discusión de las medidas cautelares para Contreras hasta el 18 de octubre. La investigación para esta arista se extendió a un plazo de 75 días. En la segunda audiencia, se formalizó a M.D.O. y a L.C.M. por su implicación en la arista Fibra. En septiembre de 2022, el Minvu firmó tres convenios con el Movimiento Fibra para obras básicas en varios campamentos, por un total de $430 millones. Según la Fiscalía, Contreras intervino directamente en el proceso de adjudicación, favoreciendo a Fibra y reasignando proyectos sin justificación. Posteriormente, Fibra contrató a Triángulo Spa, representada por L.C.M., quien obtuvo un lucro ilegítimo de $36.474.704 mediante facturas emitidas entre enero y diciembre de 2023. Durante la audiencia, el fiscal Aguilar subrayó que Fibra no contaba con la experiencia necesaria para llevar a cabo las obras, y que el ex seremi favoreció a M.D.O. por razones de amistad y vínculos políticos. La Fiscalía solicitó prisión preventiva para L.C.M., medida que fue concedida, mientras que M.D.O. quedó bajo arraigo nacional. El plazo de investigación para esta arista se estableció en 45 días. Con estas formalizaciones, suman cuatro las aristas judicializadas por la Fiscalía en el Caso Convenios, tras las formalizaciones en las aristas Democracia Viva (diciembre), TomArte (abril) y Fibra (la semana pasada).
Este martes, el exministro del Interior, Andrés Chadwick, interpuso una querella en la Corte de Apelaciones de Valparaíso contra diez diputados del oficialismo, acusándolos deinjurias graves y calumnias. Chadwick afirma que las declaraciones hechas en su contra en el escrito de la acusación constitucional contra la ministra suspendida de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, afectan su imagen y honor. Ante esto, la querella está dirigida a los diputados Daniel Melo (PS), Lorena Pizarro (PC), Mónica Arce (IND), Jaime Araya (IND-PPD), Luis Malla (LIB), Lorena Fries (FA), Jaime Sáez (FA), Ana María Gazmuri (PAH), Nathalie Castillo (PC) y Nelson Venegas (PS). El exministro sostiene que, aunque la acusación debía centrarse en Vivanco, los parlamentarios desviaron su enfoque hacia su persona, imputándole delitos graves y difamando su reputación pública. Asimismo, en el documento, Chadwick destaca que las declaraciones realizadas por los diputados son falsas y que jamás solicitó a terceros que influyeran en casos de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, como se le acusa. Asimismo, niega cualquier implicación en los casos Exalmar, Dominga y en relación con el Director de la Policía de Investigaciones. Finalmente, la exautoridad solicitó el desafuero de los diputados para poder llevarlos a juicio, argumentando que han instrumentalizado su poder legislativo para llevar a cabo un ataque mediático con el objetivo de destruir su imagen y reputación.
La Fiscalía Nacional decidió rechazar la solicitud presentada por la defensa de Luis Hermosilla para inhabilitar a la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, en el marco del caso audios. La defensa del abogado basó su petición en una serie de chats entre Parra y Hermosilla, que, según ellos, comprometerían laobjetividad e imparcialidad de la persecutora. El hermano de Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, señaló que dichos mensajes mostraban que Parra había enviado su currículum a Luis Hermosilla mientras se encontraba en campaña para ser fiscal regional. Además, la defensa acusó que Parra solicitó apoyo para Marta Herrera, su amiga personal, en su postulación a fiscal nacional en diciembre de 2022. Pese a los argumentos presentados, el fiscal nacional subrogante, Héctor Barros, rechazó la solicitud, afirmando que, por el momento, no existen antecedentes suficientes que fundamenten una inhabilidad. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de reconsiderar la decisión si la defensa presenta nuevas pruebas que respalden sus alegaciones bajo los términos del artículo 55 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. El debate sobre la relación entre Parra y Hermosilla cobró mayor relevancia tras la emisión de un reportaje en Chilevisión, en el cual se detallaron conversaciones entre ambos desde 2019 hasta 2022. Dicho reportaje reveló solicitudes de la fiscal Parra a Hermosilla para influir en ministros de la Corte de Apelaciones en favor de su candidatura a fiscal regional. Por su parte, Parra defendió sus acciones en una entrevista previa con TVN, argumentando queel sistema funciona así, y que era común que los postulantes a cargos judiciales enviaran sus currículums y pidieran respaldo para ser considerados. Finalmente, el caso sigue en desarrollo, mientras la defensa de Hermosilla evalúa los próximos pasos a seguir.
Ángela Vivanco, la suspendida ministra de la Corte Suprema, ha optado por entregar de manera voluntaria su teléfono celular y su computador personal a la Fiscalía de Los Lagos. Esta decisión se enmarca en la investigación sobre el caso Audio, que involucra al penalista Luis Hermosilla como figura central. A través de su abogado defensor, Juan Carlos Manríquez, Vivanco ha solicitado que la diligencia de entrega se lleve a cabo en su domicilio este miércoles. En un correo electrónico dirigido a la fiscal Carmen Gloria Wittwer, Manríquez explicó que debido a la urgencia del asunto, la entrega se realizará en la residencia de la ministra para evitar la especulación pública y proteger los derechos de otras personas involucradas. Ante esto, Manríquez también expresó que el equipo legal de Vivanco ha solicitado copias completas de los chats atribuidos a ella y Hermosilla para su revisión. Este paso es crucial para verificar la integridad y el contexto de las conversaciones en cuestión. Finalmente, el abogado reiteró el compromiso de Vivanco y su equipo con una investigación transparente y justa, enfatizando la disposición de la ministra para colaborar con todas las diligencias que se consideren necesarias. Esta medida busca avanzar en el esclarecimiento de los hechos que han generado gran preocupación en el ámbito judicial y político del país.
En una operación coordinada entre la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) de Antofagasta y oficiales de Punta Arenas, se realizaron dos detenciones vinculadas a un caso de fraude al fisco y organismos del estado. Las detenciones responden a una orden emitida por el Juzgado de Garantía de Antofagasta. Las personas detenidas son la expresidenta de la Fundación Fibra y una contratista de la misma organización. La primera, quien se encontraba en Punta Arenas al momento de su arresto, fue trasladada a Antofagasta para enfrentar la audiencia de formalización de cargos, la cual se llevó a cabo este lunes en la capital de la Región de Antofagasta. La segunda detenida, la contratista, fue aprehendida en su domicilio en Antofagasta. Ambas mujeres enfrentan acusaciones de fraude al fisco por la presunta malversación de fondos. El Subprefecto Néctor Rojas, jefe de la BRIDEC, explicó que las diligencias buscan esclarecer el destino de 430 millones de pesos que fueron asignados a la Fundación Fibra para la ejecución de diversos proyectos en campamentos de la región.
En una serie de audiencias extensas que se extendieron por más de cinco horas, la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja de Antofagasta formalizó al ex seremi de Vivienda, Carlos Contreras Gutiérrez, por dos delitos de fraude al fisco y dos delitos de cohecho, en el marco de la arista Fusupo del Caso Convenios. Posteriormente, en una segunda audiencia, se formalizó a M.D.O., arista Fibra del mismo caso. El fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, detalló que el 1 de julio de 2022, el Ministerio de Vivienda (Minvu) suscribió dos convenios con la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza (Fusupo) por montos de $148.154.096 y $135.884.000, destinados a ejecutar un Plan de Acompañamiento Social y Comunitario en campamentos de la ciudad. Sin embargo, el ex seremi Carlos Contreras habría solicitado de manera arbitraria y sin autorización la contratación de dos personas con fondos de los convenios, incluyendo a la psicóloga Paz Fuica Contreras, quien también está formalizada en la arista Democracia Viva del Caso Convenios. El Juzgado de Garantía de Antofagasta accedió a diferir la discusión de las medidas cautelares para Contreras hasta el 18 de octubre. La investigación para esta arista se extendió a un plazo de 75 días. En la segunda audiencia, se formalizó a M.D.O. y a L.C.M. por su implicación en la arista Fibra. En septiembre de 2022, el Minvu firmó tres convenios con el Movimiento Fibra para obras básicas en varios campamentos, por un total de $430 millones. Según la Fiscalía, Contreras intervino directamente en el proceso de adjudicación, favoreciendo a Fibra y reasignando proyectos sin justificación. Posteriormente, Fibra contrató a Triángulo Spa, representada por L.C.M., quien obtuvo un lucro ilegítimo de $36.474.704 mediante facturas emitidas entre enero y diciembre de 2023. Durante la audiencia, el fiscal Aguilar subrayó que Fibra no contaba con la experiencia necesaria para llevar a cabo las obras, y que el ex seremi favoreció a M.D.O. por razones de amistad y vínculos políticos. La Fiscalía solicitó prisión preventiva para L.C.M., medida que fue concedida, mientras que M.D.O. quedó bajo arraigo nacional. El plazo de investigación para esta arista se estableció en 45 días. Con estas formalizaciones, suman cuatro las aristas judicializadas por la Fiscalía en el Caso Convenios, tras las formalizaciones en las aristas Democracia Viva (diciembre), TomArte (abril) y Fibra (la semana pasada).
