La Corte de Apelaciones de Antofagasta ha dictado una sentencia clave en un caso de malversación de caudales públicos, al condenar a los exfuncionarios municipales Misael Antonio Cortés Olivares, Richard Phillip Swaneck Ramírez y María Angélica Rojas Gutiérrez a indemnizar, de manera solidaria, a la Ilustre Municipalidad de Antofagasta con la suma de $421.809.510. Esta indemnización corresponde al daño emergente causado por la venta irregular de derechos sobre terrenos en el cementerio de la ciudad entre 2015 y 2017. El tribunal, en un fallo unánime de la Segunda Sala, confirmó la sentencia del Primer Juzgado Civil de Antofagasta, pero revocó parcialmente la decisión que había acogido la excepción de prescripción presentada por la exfuncionaria María Angélica Rojas. El caso, que también incluye una condena penal por el delito de malversación de caudales públicos, demuestra cómo los exfuncionarios abusaron de su cargo para realizar transacciones ilegales, afectando gravemente las finanzas de la municipalidad. Asimismo, la Corte determinó que Rojas Gutiérrez, quien ocupaba funciones clave en el proceso administrativo del cementerio, tuvo una participación activa en los ilícitos, lo que llevó a desestimar la prescripción y confirmar su responsabilidad en el pago de la indemnización. De este modo, los tres exfuncionarios deberán pagar en conjunto los $421.809.510 a la municipalidad, cifra que será reajustada conforme a los intereses establecidos en la sentencia. Este fallo refuerza el principio de responsabilidad administrativa y penal, subrayando la obligación de los funcionarios públicos de velar por el correcto manejo de los recursos del Estado. La resolución también marca un precedente en cuanto a la forma en que se manejan los plazos de prescripción en delitos vinculados a la administración pública, resaltando la importancia de las admisiones de hechos en los procedimientos judiciales. El proceso comenzó con la denuncia de irregularidades en el manejo de los terrenos en el cementerio, donde se descubrió que los exfuncionarios habían vendido derechos de manera ilegal, causando un perjuicio económico significativo a la municipalidad. Las acciones se enmarcaron en un periodo crítico, entre 2015 y 2017, cuando las transacciones fraudulentas afectaron gravemente el patrimonio público. Finalmente, esta sentencia reafirma el compromiso de la justicia chilena de perseguir los actos de corrupción y garantizar que los responsables rindan cuentas por los daños causados.
La Municipalidad de Antofagasta ha lanzado un proyecto para el Cementerio General de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la seguridad. Este proyecto, anunciado por el alcalde Jonathan Velásquez, contempla diversas medidas que buscan mitigar que han afectado el recinto histórico. El alcalde Velásquez expresó su preocupación por aquellos que irrespetan el lugar de descanso de los difuntos, afectando profundamente a las familias que visitan el cementerio. Es por esto que estamos trabajando en nuevas medidas para mejorar la seguridad en el recinto , afirmó. Los trabajos consisten en levantar muros en las áreas estratégicas de Mutilla, Circunvalación, Libertad y Ecuador, con la instalación de concertinas y el mantenimiento de sectores con muros de menor altura. Estas acciones tienen como objetivo proteger todo el cierre perimetral del Cementerio General, utilizando recursos y personal especializado contratado para obras menores y mantenimiento. Además, se contempla un incremento en la dotación de personal de seguridad y la adquisición de un dron en los próximos meses. Este dron jugará un papel crucial en el control y vigilancia del cementerio, asegurando tanto a los visitantes como a las pertenencias y arreglos dejados en las lápidas. Entre otras medidas, el proyecto incluye la instalación de cámaras de seguridad en la entrada principal y el refuerzo del cierre perimetral del Cementerio #2.
En los últimos días, el cementerio minero del campamento Chuquicamata, ubicado en la Región de Antofagasta, ha sido escenario de un repudiable acto de vandalismo. Más de 60 lápidas han sido sustraídas. La situación fue descubierta el pasado domingo por el personal de seguridad de la minera estatal Codelco, encargada del cuidado del cementerio, quienes observaron la presencia irregular de individuos y vehículos en el lugar. Tras una inspección detallada, se confirmó que diversas lápidas, compuestas de bronce, cobre y mármol, habían sido arrancadas de sus lugares. Miguel Véliz, tesorero del sindicato de Chuquicamata, expresó su indignación ante estos actos de vandalismo: El cementerio ha sido víctima de una muestra de irracionalidad y vandalismo que supera cualquier acto aceptable de la sociedad . Véliz destacó la complejidad y la magnitud del robo, señalando que el peso y la forma en que están instaladas las lápidas hacen improbable su sustracción sin un esfuerzo organizado y prolongado. Ante este grave incidente, Codelco ha presentado una denuncia formal a Carabineros y al Consejo de Monumentos Nacionales para iniciar los procedimientos legales correspondientes. Además, se ha iniciado un proceso de comunicación con los familiares de los ex habitantes del campamento para identificar las sepulturas afectadas y evaluar las medidas de reparación necesarias. Familiares de los difuntos han comenzado a visitar el cementerio con el fin de reparar las tumbas de sus seres queridos y han hecho un llamado a todas las empresas de la zona dedicadas a la compra y venta de chatarra para que denuncien cualquier intento de venta de material proveniente del cementerio minero.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta ha dictado una sentencia clave en un caso de malversación de caudales públicos, al condenar a los exfuncionarios municipales Misael Antonio Cortés Olivares, Richard Phillip Swaneck Ramírez y María Angélica Rojas Gutiérrez a indemnizar, de manera solidaria, a la Ilustre Municipalidad de Antofagasta con la suma de $421.809.510. Esta indemnización corresponde al daño emergente causado por la venta irregular de derechos sobre terrenos en el cementerio de la ciudad entre 2015 y 2017. El tribunal, en un fallo unánime de la Segunda Sala, confirmó la sentencia del Primer Juzgado Civil de Antofagasta, pero revocó parcialmente la decisión que había acogido la excepción de prescripción presentada por la exfuncionaria María Angélica Rojas. El caso, que también incluye una condena penal por el delito de malversación de caudales públicos, demuestra cómo los exfuncionarios abusaron de su cargo para realizar transacciones ilegales, afectando gravemente las finanzas de la municipalidad. Asimismo, la Corte determinó que Rojas Gutiérrez, quien ocupaba funciones clave en el proceso administrativo del cementerio, tuvo una participación activa en los ilícitos, lo que llevó a desestimar la prescripción y confirmar su responsabilidad en el pago de la indemnización. De este modo, los tres exfuncionarios deberán pagar en conjunto los $421.809.510 a la municipalidad, cifra que será reajustada conforme a los intereses establecidos en la sentencia. Este fallo refuerza el principio de responsabilidad administrativa y penal, subrayando la obligación de los funcionarios públicos de velar por el correcto manejo de los recursos del Estado. La resolución también marca un precedente en cuanto a la forma en que se manejan los plazos de prescripción en delitos vinculados a la administración pública, resaltando la importancia de las admisiones de hechos en los procedimientos judiciales. El proceso comenzó con la denuncia de irregularidades en el manejo de los terrenos en el cementerio, donde se descubrió que los exfuncionarios habían vendido derechos de manera ilegal, causando un perjuicio económico significativo a la municipalidad. Las acciones se enmarcaron en un periodo crítico, entre 2015 y 2017, cuando las transacciones fraudulentas afectaron gravemente el patrimonio público. Finalmente, esta sentencia reafirma el compromiso de la justicia chilena de perseguir los actos de corrupción y garantizar que los responsables rindan cuentas por los daños causados.
La Municipalidad de Antofagasta ha lanzado un proyecto para el Cementerio General de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la seguridad. Este proyecto, anunciado por el alcalde Jonathan Velásquez, contempla diversas medidas que buscan mitigar que han afectado el recinto histórico. El alcalde Velásquez expresó su preocupación por aquellos que irrespetan el lugar de descanso de los difuntos, afectando profundamente a las familias que visitan el cementerio. Es por esto que estamos trabajando en nuevas medidas para mejorar la seguridad en el recinto , afirmó. Los trabajos consisten en levantar muros en las áreas estratégicas de Mutilla, Circunvalación, Libertad y Ecuador, con la instalación de concertinas y el mantenimiento de sectores con muros de menor altura. Estas acciones tienen como objetivo proteger todo el cierre perimetral del Cementerio General, utilizando recursos y personal especializado contratado para obras menores y mantenimiento. Además, se contempla un incremento en la dotación de personal de seguridad y la adquisición de un dron en los próximos meses. Este dron jugará un papel crucial en el control y vigilancia del cementerio, asegurando tanto a los visitantes como a las pertenencias y arreglos dejados en las lápidas. Entre otras medidas, el proyecto incluye la instalación de cámaras de seguridad en la entrada principal y el refuerzo del cierre perimetral del Cementerio #2.
En los últimos días, el cementerio minero del campamento Chuquicamata, ubicado en la Región de Antofagasta, ha sido escenario de un repudiable acto de vandalismo. Más de 60 lápidas han sido sustraídas. La situación fue descubierta el pasado domingo por el personal de seguridad de la minera estatal Codelco, encargada del cuidado del cementerio, quienes observaron la presencia irregular de individuos y vehículos en el lugar. Tras una inspección detallada, se confirmó que diversas lápidas, compuestas de bronce, cobre y mármol, habían sido arrancadas de sus lugares. Miguel Véliz, tesorero del sindicato de Chuquicamata, expresó su indignación ante estos actos de vandalismo: El cementerio ha sido víctima de una muestra de irracionalidad y vandalismo que supera cualquier acto aceptable de la sociedad . Véliz destacó la complejidad y la magnitud del robo, señalando que el peso y la forma en que están instaladas las lápidas hacen improbable su sustracción sin un esfuerzo organizado y prolongado. Ante este grave incidente, Codelco ha presentado una denuncia formal a Carabineros y al Consejo de Monumentos Nacionales para iniciar los procedimientos legales correspondientes. Además, se ha iniciado un proceso de comunicación con los familiares de los ex habitantes del campamento para identificar las sepulturas afectadas y evaluar las medidas de reparación necesarias. Familiares de los difuntos han comenzado a visitar el cementerio con el fin de reparar las tumbas de sus seres queridos y han hecho un llamado a todas las empresas de la zona dedicadas a la compra y venta de chatarra para que denuncien cualquier intento de venta de material proveniente del cementerio minero.
