Este viernes y a poco menos de un mes para el juramento de un nuevo mandato, Nicolás Maduro anunció la implementación de una reforma constitucional con el objetivo de “consolidar la soberanía popular” en Venezuela. La medida fue presentada en un acto político transmitido por televisión, como parte de los preparativos para la toma de posesión programada para el 10 de enero. En la instancia, el líder chavista declaró: “he conformado un equipo con grandes asesores internacionales y nacionales para pensar junto a nuestro pueblo en una gran reforma constitucional que democratice aún más la sociedad venezolana ”. No obstante lo anterior, los detalles específicos de esta iniciativa aún no han sido revelados, dejando a la oposición y a analistas internacionales especulando sobre sus posibles implicaciones. Cabe recordar, que este movimiento político no es nuevo para su sector, que ya utilizó estrategias similares en el pasado para enfrentar crisis de popularidad y consolidar su permanencia en el poder. En 2017, el Mandatario convocó a una Asamblea Constituyente con el argumento de pacificar el país, que en ese entonces enfrentaba intensas protestas que exigían su salida y denunciaban la persecución de fuerzas opositoras. La Asamblea Constituyente, que se autodeclaró plenipotenciaria, cesó sus actividades en 2020 sin haber modificado la Constitución, aunque sí aprobó normativas como la ley contra el odio, utilizadas para consolidar el control político. Según analistas, la maniobra buscaba contrarrestar al Parlamento, que contaba con mayoría opositora tras las elecciones. Con todo, el anuncio de Maduro ocurre en un contexto marcado por la incertidumbre sobre su continuidad, la proclamación de Edmundo González Urrutia como candidato opositor y el inicio de una nueva etapa en el prolongado conflicto político venezolano.
La abogada Ana María Watkins ha interpuesto un recurso de protección contra 99 diputados en un intento de anular la acusación constitucional que llevó a la destitución del exministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. La acusación, que se fundamenta en un presunto notable abandono de deberes, fue aprobada por el Senado, impidiendo que Muñoz ocupe cargos públicos durante los próximos cinco años. Ante esto, la controversia se origina en el caso “Fundamenta”, donde se investiga la posible entrega de información privilegiada sobre un fallo judicial a su hija, Graciel Muñoz, jueza del Duodécimo Juzgado de Garantía de Santiago. La abogada sostiene que la acusación es arbitraria e ilegal, vulnerando garantías constitucionales y pidiendo que se restablezca el estado anterior a su presentación. Finalmente, Watkins solicita también la emisión de una orden de no innovar para mantener la situación en el mismo estado mientras se tramita el recurso, y exige que se condene en costas a quienes interpusieron la acusación. Este conflicto legal subraya las tensiones en el ámbito político y judicial del país, y pone de relieve la relevancia de los mecanismos de control y fiscalización en la función pública. El recurso se interpuso en contra de los siguientes diputados/as: Eric Aedo, Yovana Ahumada, Jorge Alessandri, René Alinco, Cristián Araya, Jaime Araya, Mónica Arce, Roberto Arroyo, Danisa Astudillo, Chiara Barchiesi, Miguel Ángel Becker, Juan Carlos Beltrán, Gustavo Benavente, Bernardo Berger, Alejandro Bernales, Carlos Bianchi, Sergio Bobadilla, Fernando Bórquez, Marta Bravo, Miguel Ángel Calisto, Karol Cariola, Álvaro Carter, José Miguel Castro, Andrés Celis, Daniella Cicardini, Sofía Cid, Juan Antonio Coloma, Sara Concha, María Luisa Cordero, Eduardo Cornejo, Gonzalo de la Carrera, Catalina del Real, Viviana Delgado, Felipe Donoso, Eduardo Durán, Jorge Durán, Camila Flores, Juan Manuel Fuenzalida, Mauro González, Jorge Guzmán, Marcos Ilabaca, Juan Eduardo Irarrazával, Andrés Jouannet, Harry Jürgensen, Johannes Kaiser, Crisian Labbé, Tomás Lagomarsino, Joaquín Lavín, Henry Leal, Enrique Lee, Daniel Lilayu, Andrés Longton, Luis Malla, Daniel Manouchehri, Cristóbal Martínez, Carolina Marzán, Christian Matheson, Karen Medina, Cosme Mellado, Miguel Mellado, José Carlos Meza, Helia Molina, Carla Morales, Cristian Moreira, Benjamín Moreno, Francesca Muñoz, Camila Musante, María Gloria Naveillán, Erika Olivera, Ximena Ossandón, Rubén Oyarzo, Joanna Pérez, Marlene Pérez, Guillermo Ramírez, Marcia Raphael, Jorge Rathgeb, Hugo Rey, Gaspar Rivas, Agustín Romero, Leonidas Romero, Natalia Romero, Jorge Saffirio, Luis Fernando Sánchez, Marisela Santibáñez, Frank Sauerbaum, Diego Schalper, Stephan Schubert, Alexis Sepúlveda, Raúl Soto, Marco Antonio Sulantay, Cristian Tapia, Hotuiti Teao, Renzo Trisotti, Héctor Ulloa, Francisco Undurraga, Cristóbal Urruticoechea, Sebastián Videla, Gastón Von Mühlenbrock y Flor Weisse.
En una extensa jornada, la Sala del Senado aprobó la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, destituyéndolo de su cargo y sancionándolo con una inhabilitación de cinco años para ejercer cualquier función pública. El proceso comenzó pasadas las 10:00 horas, con un debate marcado por los cruces políticos entre oficialismo y oposición. Cada senador contó con un máximo de 10 minutos para justificar su votación respecto a los dos capítulos que componían el libelo, los cuales fueron aprobados en su totalidad. El foco del debate estuvo en las intenciones políticas detrás de la acusación, dado que también se vinculaba a la exministra Ángela Vivanco, pese a que sus situaciones no guardaban relación directa. Esto generó tensión entre las bancadas, especialmente desde el sector progresista, que acusó a la derecha de buscar un empate político. El magistrado Muñoz fue acusado por irregularidades en un caso inmobiliario relacionado con la empresa Fundamenta, donde su hija, la jueza Graciela Muñoz, habría sido favorecida. Además, se le imputó haber permitido que su hija realizara teletrabajo desde Italia durante la pandemia, lo que estaba prohibido. Con 25 votos a favor, luego de que la senadora Paulina Núñez (RN) presentara un permiso constitucional que redujo el quorum, la acusación fue aprobada. La votación generó expectación, especialmente entre independientes y sectores de centro, cuya posición era incierta hasta el último momento. Tras la aprobación, Muñoz, quien ya se encontraba suspendido de sus funciones, queda oficialmente destituido y no podrá ejercer ningún cargo público, ya sea por elección popular o designación, durante los próximos cinco años.
Este martes, el Senado se prepara para votar la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, tras la aprobación del libelo en la Cámara de Diputadas y Diputados. La acción fue impulsada por el conglomerado Chile Vamos, y también incluyó a la exmagistrada Ángela Vivanco, aunque el foco se ha concentrado en Muñoz. Ante esto, el fundamento principal de la acusación es un notable abandono de deberes, vinculado a un episodio que involucra a su hija, Graciel Muñoz Tapia, jueza del 12° Juzgado de Garantía de Santiago. Según la denuncia, la jueza desistió de participar en un negocio inmobiliario luego de ser alertada por su padre, quien conocía una causa judicial relacionada que fue resuelta por la Corte Suprema. Asimismo, de ser aprobada la acusación, Sergio Muñoz sería destituido de su cargo y quedaría inhabilitado para ejercer cualquier función pública por un período de cinco años, un escenario que marcaría un hito en la historia judicial del país. Finalmente, la votación se realizará sin el quórum completo, faltarán dos senadoras: Loreto Carvajal, actualmente en Suiza junto a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y Paulina Núñez, quien se encuentra en postnatal hasta finales de octubre. Esto reduce el quórum para la votación, lo que podría influir en el resultado.
Este martes, la Cámara de Diputados se reunió para debatir la acusación constitucional presentada contra el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus. La polémica surgió a raíz de la revelación de conversaciones entre Matus y el abogado Luis Hermosilla, a pesar de que el ministro había negado haber mantenido dichos diálogos. Ante esto, la acusación se centraba en tres aspectos principales: la inhabilidad de Matus al tener vínculos con Hermosilla y el exministro Andrés Chadwick, así como su falta de veracidad y pérdida de imparcialidad. Sin embargo, tras más de dos horas de discusión en el Hemiciclo, la iniciativa fue rechazada con un resultado de 66 votos a favor, 54 en contra y 14 abstenciones. Asimismo, durante la sesión Matus defendió su postura, aclarando que nunca negó haber conversado con Hermosilla. Afirmó que la confusión se debía a un error de su parte sobre la existencia de ciertos chats, y subrayó:No tengo íntima amistad con el abogado Hermosilla. La íntima amistad implica una relación de cercanía familiar, que no existe entre nosotros. Finalmente, el debate sobre la acusación constitucional se torna relevante en un contexto donde la transparencia y la imparcialidad judicial son temas candentes en la política chilena, destacando las tensiones entre el poder judicial y el legislativo.
Este viernes y a poco menos de un mes para el juramento de un nuevo mandato, Nicolás Maduro anunció la implementación de una reforma constitucional con el objetivo de “consolidar la soberanía popular” en Venezuela. La medida fue presentada en un acto político transmitido por televisión, como parte de los preparativos para la toma de posesión programada para el 10 de enero. En la instancia, el líder chavista declaró: “he conformado un equipo con grandes asesores internacionales y nacionales para pensar junto a nuestro pueblo en una gran reforma constitucional que democratice aún más la sociedad venezolana ”. No obstante lo anterior, los detalles específicos de esta iniciativa aún no han sido revelados, dejando a la oposición y a analistas internacionales especulando sobre sus posibles implicaciones. Cabe recordar, que este movimiento político no es nuevo para su sector, que ya utilizó estrategias similares en el pasado para enfrentar crisis de popularidad y consolidar su permanencia en el poder. En 2017, el Mandatario convocó a una Asamblea Constituyente con el argumento de pacificar el país, que en ese entonces enfrentaba intensas protestas que exigían su salida y denunciaban la persecución de fuerzas opositoras. La Asamblea Constituyente, que se autodeclaró plenipotenciaria, cesó sus actividades en 2020 sin haber modificado la Constitución, aunque sí aprobó normativas como la ley contra el odio, utilizadas para consolidar el control político. Según analistas, la maniobra buscaba contrarrestar al Parlamento, que contaba con mayoría opositora tras las elecciones. Con todo, el anuncio de Maduro ocurre en un contexto marcado por la incertidumbre sobre su continuidad, la proclamación de Edmundo González Urrutia como candidato opositor y el inicio de una nueva etapa en el prolongado conflicto político venezolano.
La abogada Ana María Watkins ha interpuesto un recurso de protección contra 99 diputados en un intento de anular la acusación constitucional que llevó a la destitución del exministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. La acusación, que se fundamenta en un presunto notable abandono de deberes, fue aprobada por el Senado, impidiendo que Muñoz ocupe cargos públicos durante los próximos cinco años. Ante esto, la controversia se origina en el caso “Fundamenta”, donde se investiga la posible entrega de información privilegiada sobre un fallo judicial a su hija, Graciel Muñoz, jueza del Duodécimo Juzgado de Garantía de Santiago. La abogada sostiene que la acusación es arbitraria e ilegal, vulnerando garantías constitucionales y pidiendo que se restablezca el estado anterior a su presentación. Finalmente, Watkins solicita también la emisión de una orden de no innovar para mantener la situación en el mismo estado mientras se tramita el recurso, y exige que se condene en costas a quienes interpusieron la acusación. Este conflicto legal subraya las tensiones en el ámbito político y judicial del país, y pone de relieve la relevancia de los mecanismos de control y fiscalización en la función pública. El recurso se interpuso en contra de los siguientes diputados/as: Eric Aedo, Yovana Ahumada, Jorge Alessandri, René Alinco, Cristián Araya, Jaime Araya, Mónica Arce, Roberto Arroyo, Danisa Astudillo, Chiara Barchiesi, Miguel Ángel Becker, Juan Carlos Beltrán, Gustavo Benavente, Bernardo Berger, Alejandro Bernales, Carlos Bianchi, Sergio Bobadilla, Fernando Bórquez, Marta Bravo, Miguel Ángel Calisto, Karol Cariola, Álvaro Carter, José Miguel Castro, Andrés Celis, Daniella Cicardini, Sofía Cid, Juan Antonio Coloma, Sara Concha, María Luisa Cordero, Eduardo Cornejo, Gonzalo de la Carrera, Catalina del Real, Viviana Delgado, Felipe Donoso, Eduardo Durán, Jorge Durán, Camila Flores, Juan Manuel Fuenzalida, Mauro González, Jorge Guzmán, Marcos Ilabaca, Juan Eduardo Irarrazával, Andrés Jouannet, Harry Jürgensen, Johannes Kaiser, Crisian Labbé, Tomás Lagomarsino, Joaquín Lavín, Henry Leal, Enrique Lee, Daniel Lilayu, Andrés Longton, Luis Malla, Daniel Manouchehri, Cristóbal Martínez, Carolina Marzán, Christian Matheson, Karen Medina, Cosme Mellado, Miguel Mellado, José Carlos Meza, Helia Molina, Carla Morales, Cristian Moreira, Benjamín Moreno, Francesca Muñoz, Camila Musante, María Gloria Naveillán, Erika Olivera, Ximena Ossandón, Rubén Oyarzo, Joanna Pérez, Marlene Pérez, Guillermo Ramírez, Marcia Raphael, Jorge Rathgeb, Hugo Rey, Gaspar Rivas, Agustín Romero, Leonidas Romero, Natalia Romero, Jorge Saffirio, Luis Fernando Sánchez, Marisela Santibáñez, Frank Sauerbaum, Diego Schalper, Stephan Schubert, Alexis Sepúlveda, Raúl Soto, Marco Antonio Sulantay, Cristian Tapia, Hotuiti Teao, Renzo Trisotti, Héctor Ulloa, Francisco Undurraga, Cristóbal Urruticoechea, Sebastián Videla, Gastón Von Mühlenbrock y Flor Weisse.
En una extensa jornada, la Sala del Senado aprobó la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, destituyéndolo de su cargo y sancionándolo con una inhabilitación de cinco años para ejercer cualquier función pública. El proceso comenzó pasadas las 10:00 horas, con un debate marcado por los cruces políticos entre oficialismo y oposición. Cada senador contó con un máximo de 10 minutos para justificar su votación respecto a los dos capítulos que componían el libelo, los cuales fueron aprobados en su totalidad. El foco del debate estuvo en las intenciones políticas detrás de la acusación, dado que también se vinculaba a la exministra Ángela Vivanco, pese a que sus situaciones no guardaban relación directa. Esto generó tensión entre las bancadas, especialmente desde el sector progresista, que acusó a la derecha de buscar un empate político. El magistrado Muñoz fue acusado por irregularidades en un caso inmobiliario relacionado con la empresa Fundamenta, donde su hija, la jueza Graciela Muñoz, habría sido favorecida. Además, se le imputó haber permitido que su hija realizara teletrabajo desde Italia durante la pandemia, lo que estaba prohibido. Con 25 votos a favor, luego de que la senadora Paulina Núñez (RN) presentara un permiso constitucional que redujo el quorum, la acusación fue aprobada. La votación generó expectación, especialmente entre independientes y sectores de centro, cuya posición era incierta hasta el último momento. Tras la aprobación, Muñoz, quien ya se encontraba suspendido de sus funciones, queda oficialmente destituido y no podrá ejercer ningún cargo público, ya sea por elección popular o designación, durante los próximos cinco años.
Este martes, el Senado se prepara para votar la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, tras la aprobación del libelo en la Cámara de Diputadas y Diputados. La acción fue impulsada por el conglomerado Chile Vamos, y también incluyó a la exmagistrada Ángela Vivanco, aunque el foco se ha concentrado en Muñoz. Ante esto, el fundamento principal de la acusación es un notable abandono de deberes, vinculado a un episodio que involucra a su hija, Graciel Muñoz Tapia, jueza del 12° Juzgado de Garantía de Santiago. Según la denuncia, la jueza desistió de participar en un negocio inmobiliario luego de ser alertada por su padre, quien conocía una causa judicial relacionada que fue resuelta por la Corte Suprema. Asimismo, de ser aprobada la acusación, Sergio Muñoz sería destituido de su cargo y quedaría inhabilitado para ejercer cualquier función pública por un período de cinco años, un escenario que marcaría un hito en la historia judicial del país. Finalmente, la votación se realizará sin el quórum completo, faltarán dos senadoras: Loreto Carvajal, actualmente en Suiza junto a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y Paulina Núñez, quien se encuentra en postnatal hasta finales de octubre. Esto reduce el quórum para la votación, lo que podría influir en el resultado.
Este martes, la Cámara de Diputados se reunió para debatir la acusación constitucional presentada contra el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus. La polémica surgió a raíz de la revelación de conversaciones entre Matus y el abogado Luis Hermosilla, a pesar de que el ministro había negado haber mantenido dichos diálogos. Ante esto, la acusación se centraba en tres aspectos principales: la inhabilidad de Matus al tener vínculos con Hermosilla y el exministro Andrés Chadwick, así como su falta de veracidad y pérdida de imparcialidad. Sin embargo, tras más de dos horas de discusión en el Hemiciclo, la iniciativa fue rechazada con un resultado de 66 votos a favor, 54 en contra y 14 abstenciones. Asimismo, durante la sesión Matus defendió su postura, aclarando que nunca negó haber conversado con Hermosilla. Afirmó que la confusión se debía a un error de su parte sobre la existencia de ciertos chats, y subrayó:No tengo íntima amistad con el abogado Hermosilla. La íntima amistad implica una relación de cercanía familiar, que no existe entre nosotros. Finalmente, el debate sobre la acusación constitucional se torna relevante en un contexto donde la transparencia y la imparcialidad judicial son temas candentes en la política chilena, destacando las tensiones entre el poder judicial y el legislativo.
