La Contraloría General de la República emitió un informe que identifica una serie de irregularidades en la administración de recursos por parte de la Municipalidad de Antofagasta entre enero y septiembre de 2024. Las principales observaciones se centran en el manejo de transferencias al sector privado, adquisiciones directas, y el uso de recursos municipales con fines ajenos a los institucionales. Entre los hallazgos, destaca que 12 transferencias al sector privado, por un total de $2.218.691.811, no han sido debidamente justificadas desde 2008, incumpliendo la normativa vigente. La municipalidad deberá diseñar un plan de acción con cronogramas específicos para resolver estas observaciones en un plazo máximo de seis meses. Adicionalmente, se identificaron 10 egresos por $14.917.126 bajo el subtítulo Bienes y servicios de consumo que carecen de la documentación necesaria para acreditar la recepción de los bienes y servicios contratados. Contraloría exige que la documentación faltante sea entregada en un plazo de 30 días hábiles, advirtiendo la formulación de reparos en caso de incumplimiento. También se detectó que en cuatro contrataciones mediante trato directo, por un monto de $12.596.661, no se acreditaron las causales que justificaban esta modalidad, vulnerando la Ley N° 19.886. La municipalidad deberá asegurar que en futuras contrataciones se cumpla con las normativas legales, fundamentando y documentando todas las excepciones que invoque. Finalmente, el informe constató que desde las redes sociales institucionales se difundieron contenidos que promovían la figura del alcalde en lugar de enaltecer las labores de la entidad municipal, violando la normativa sobre el uso de recursos públicos. Contraloría exige la adopción medidas para evitar que esta práctica se repita. La municipalidad deberá informar los avances sus acciones correctivas en un plazo máximo 30 días hábiles desde recepción del informe.
Una reciente encuesta presentada por la Contraloría General de la República reveló que el 72,22% de los chilenos considera que el país es “ bastante o totalmente corrupto ”. Este es uno de los principales resultados de la tercera edición de la encuesta “¿Qué piensas de la corrupción en Chile?”, dada a conocer por la contralora general Dorothy Pérez en el seminario “Percepción de la corrupción y confianza en Chile: Un desafío pendiente”. Ante esto, la encuesta también mostró que un 71% de los encuestados afirma tener un buen o muy buen conocimiento sobre temas relacionados con la corrupción. Entre los sectores más vulnerables, según la percepción de los ciudadanos, destacan los municipios ( 91,1%), los gobiernos regionales ( 47,8%) y las Fuerzas Armadas y de Orden ( 47,2%). Asimismo, al presentar los resultados, la contralora Pérez subrayó la importancia de la confianza en las instituciones como base de la legitimidad democrática. “La confianza es uno de los elementos más importantes donde descansa la legitimidad del sistema democrático de cualquier país, y por eso es alarmante cuando se ve vulnerada”, afirmó. Además, destacó que la tarea de recuperar la seguridad y confianza en las instituciones es un desafío colectivo, tanto para los ciudadanos como para los funcionarios públicos. Ahora bien, J , presidenta del directorio de l a Fundación Generación Empresarial, complementó estas declaraciones destacando que existen oportunidades relevantes tanto en el sector público como en el privado para fortalecer l a institucionalidad e n e n paísl>. Po r su parte, e Valeria Lübbert, presidenta d e l e, rreflexionól>sobre l e corrupcióne n Chil, A pesarl>drlas críticas,Lübbertdestacólquelas institucionesschilenassson sólidasy poseen altos estándares,llo qudeldberíacontrarrestarlend partelal percepción negativa.En ellmismol sentido,Lorena Piñeiro,vvicepresidentd A pesardldelaltapercepcióndedcorrupcióne,PiñeirolconcluyólquChile está avanzandoldn lammejoradeltransparenciay endlacreaciódnde institucionessmás fuertesyconfiables,aunquelcamino aún sea largo.
La bancada de parlamentarios de Renovación Nacional envió esta semana una solicitud de oficio a la Contraloría General de la República y la Dirección del Trabajo en relación a una serie de prácticas laborales “indebidas” detectadas al interior de Corporación Nacional Forestal (Conaf) a propósito de los incendios que afectaron a Viña del Mar en febrero de este año. La preocupación respecto a este tema apareció luego de que la investigación de las causas del megaincendio en la Región de Valparaíso arrojara como principal sospechoso a un ex brigadista de Conaf. Asimismo, la investigación detectó la existencia de una presunta organización criminal compuesta por funcionarios y exfuncionarios de Conaf y bomberos, quienes habrían provocado los incendios para obtener beneficios económicos a través de horas de trabajo extraordinarias. Como ejemplo, Franco Pinto, el ex brigadista acusado de liderar la organización, habría acumulado 319 horas extras entre octubre de 2023 y abril de 2024, llegando a recibir más de $420.000 en el mes que ocurrieron los incendios. En particular, el grupo compuesto por los diputados Andrés Longton, Paula Labra y Jorge Rathgeb busca que exista un pronunciamiento y auditoría de Contraloría, con el objetivo de “garantizar un uso eficiente y ético de los recursos públicos, priorizando la seguridad de las personas y la transparencia en la administración de Conaf ”. Además del cobro de horas de extra, la bancada de parlamentarios comunicó el hallazgo de otras irregularidades al interior de Conaf, tales como “el exceso de las 40 horas mensuales máximas permitidas según la normativa” y “ contradicciones en los pagos, donde trabajadores con menos horas recibieron mayores montos que quienes registraron más horas”. En base a aquellos antecedentes, los parlamentarios advirtieron la “ausencia de un sistema efectivo de control para evitar la generación de incentivos perversos que propicien incendios intencionales”. La bancada también presentó una serie de propuestas para realizar cambios estructurales al interior de Conaf, que permitirían evitar la repetición de situaciones similares.Los puntos más importantes de la iniciativa de los parlamentarios tiene relación con implementar un sistema de bonos por eficiencia al controlar incendios y de compensación de horas extras a través de días libres en vez de pagos. En esa misma línea, los diputados propusieron la implementación de medidas especiales para la temporada alta de incendios que incluyen la contratación de personal extra y crear un plan de asignación de recursos para minimizar las horas extraordinarias en esta época del año. El diputado de la Región de Valparaíso, Andrés Longton (RN), señaló que esta propuesta está dirigida “al ministro de Agricultura y, especialmente, a la directora de Conaf porque no podemos pasar otro verano con las mismas condiciones en las que se enfrentó el incendio anterior, es decir, con incentivos perversos relacionados a las horas extras”.“Por otro lado, vamos a ir a Contraloría porque aparentemente se han mal utilizado las horas extras, lo que le ha costado cientos de millones al fisco y a todos los chilenos, ya que se estaría excediendo el límite permitido por la ley”, agregó. En tanto, el diputado y presidente de la comisión de Agricultura, Jorge Rathgeb (RN) añadió que “nuevamente vemos a una Conaf inactiva, sin preparación para enfrentar de buena manera la próxima época estival”.“En el tema de su personal hay una propuesta que hemos entregado a fin de darle mayor eficiencia al combate de incendios y que el personal pueda realizar un trabajo acorde a la situación que se está viviendo en el país al momento de la emergencia”, sentenció. Por último, la diputada Paula Labra (RN) concluyó que, si bien “el gobierno debía hacerse responsable de regular el uso de las horas extra con suma urgencia, es algo que vemos totalmente lejano, razón por la cual presentamos esta propuesta para evitar que se vuelva a poner en riesgo la vida de miles de personas”. Fuente: La Tercera Nacional
La Contraloría General de la República realizó una auditoría a los fondos reservados de la Subsecretaría del Interior el pasado miércoles, en una diligencia que apuntó específicamente a los gastos realizados por Manuel Monsalve durante su gestión. Según informó La Tercera, esta acción se enmarca en el sumario administrativo solicitado por el subsecretario Luis Cordero a la contralora Dorothy Pérez, con el objetivo de esclarecer si hubo mal uso de estos recursos. Ante esto, desde el organismo fiscalizador explicaron que la revisión incluyó un arqueo de los fondos asignados a gastos reservados para identificar posibles diferencias entre los montos recibidos en enero y los disponibles actualmente. Este procedimiento busca verificar la correspondencia entre los registros y la caja de fondos. Asimismo, la Contraloría ha llevado a cabo esta diligencia en dos ocasiones, como parte de las acciones derivadas de la solicitud del Ejecutivo del 23 de octubre para investigar responsabilidades administrativas en el caso Monsalve. A esto se suma el envío de antecedentes por parte de Luis Cordero el pasado 30 de octubre a la Fiscalía y Contraloría para reforzar la indagatoria. Finalmente, fuentes cercanas al caso subrayan que, aunque el organismo contralor ya revisa este ítem como parte de sus diligencias habituales, sus facultades no son intrusivas como las del Ministerio Público. Por lo tanto, las conclusiones de esta auditoría serán clave para determinar si se detectaron irregularidades en el uso de los fondos reservados.
Este jueves, Dorothy Pérez asumió oficialmente el cargo de Contralora General de la República, tras haber desempeñado funciones como contralora subrogante durante los últimos diez meses. En su intervención, destacó una serie de reformas que impulsará en su gestión, que se extenderá por los próximos ocho años, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la transparencia del organismo. Ante esto, entre los principales anuncios, Pérez hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la fiscalización de los recursos públicos mediante la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas y un sistema de reportes consolidados, lo que permitirá incrementar la cantidad de revisiones y auditorías realizadas. Además, subrayó su compromiso por entregar resultados más oportunos y ajustados a las expectativas de los ciudadanos. Asimismo, en un ámbito más jurídico, la nueva contralora destacó la implementación de una revisión previa de admisibilidad para los reclamos, con el fin de optimizar los tiempos y recursos en la atención de consultas, y aseguró que reducirá los plazos de respuesta, garantizando el cumplimiento de la ley de plazos administrativos. Sin embargo, su nombramiento no ha estado exento de críticas. Su pronunciamiento sobre laconfianza legítima en los funcionarios a contrata del sector público ha generado preocupación entre algunos sindicatos, como la Anef y la CUT, que consideran que la medida limita la flexibilidad para el despido de empleados. Pérez también aprovechó la ocasión para agradecer a los funcionarios de la Contraloría, comprometiéndose a trabajar de la mano con ellos y a escuchar sus sugerencias e ideas para mejorar el funcionamiento interno. “Quiero ser humilde y estar abierta a recibir todos los consejos y apoyos bien intencionados de cada funcionario”, expresó. Con estas medidas, Pérez busca impulsar un proceso de modernización dentro del organismo, consolidando una Contraloría más eficiente, transparente y comprometida con la rendición de cuentas.
La Contraloría General de la República emitió un informe que identifica una serie de irregularidades en la administración de recursos por parte de la Municipalidad de Antofagasta entre enero y septiembre de 2024. Las principales observaciones se centran en el manejo de transferencias al sector privado, adquisiciones directas, y el uso de recursos municipales con fines ajenos a los institucionales. Entre los hallazgos, destaca que 12 transferencias al sector privado, por un total de $2.218.691.811, no han sido debidamente justificadas desde 2008, incumpliendo la normativa vigente. La municipalidad deberá diseñar un plan de acción con cronogramas específicos para resolver estas observaciones en un plazo máximo de seis meses. Adicionalmente, se identificaron 10 egresos por $14.917.126 bajo el subtítulo Bienes y servicios de consumo que carecen de la documentación necesaria para acreditar la recepción de los bienes y servicios contratados. Contraloría exige que la documentación faltante sea entregada en un plazo de 30 días hábiles, advirtiendo la formulación de reparos en caso de incumplimiento. También se detectó que en cuatro contrataciones mediante trato directo, por un monto de $12.596.661, no se acreditaron las causales que justificaban esta modalidad, vulnerando la Ley N° 19.886. La municipalidad deberá asegurar que en futuras contrataciones se cumpla con las normativas legales, fundamentando y documentando todas las excepciones que invoque. Finalmente, el informe constató que desde las redes sociales institucionales se difundieron contenidos que promovían la figura del alcalde en lugar de enaltecer las labores de la entidad municipal, violando la normativa sobre el uso de recursos públicos. Contraloría exige la adopción medidas para evitar que esta práctica se repita. La municipalidad deberá informar los avances sus acciones correctivas en un plazo máximo 30 días hábiles desde recepción del informe.
Una reciente encuesta presentada por la Contraloría General de la República reveló que el 72,22% de los chilenos considera que el país es “ bastante o totalmente corrupto ”. Este es uno de los principales resultados de la tercera edición de la encuesta “¿Qué piensas de la corrupción en Chile?”, dada a conocer por la contralora general Dorothy Pérez en el seminario “Percepción de la corrupción y confianza en Chile: Un desafío pendiente”. Ante esto, la encuesta también mostró que un 71% de los encuestados afirma tener un buen o muy buen conocimiento sobre temas relacionados con la corrupción. Entre los sectores más vulnerables, según la percepción de los ciudadanos, destacan los municipios ( 91,1%), los gobiernos regionales ( 47,8%) y las Fuerzas Armadas y de Orden ( 47,2%). Asimismo, al presentar los resultados, la contralora Pérez subrayó la importancia de la confianza en las instituciones como base de la legitimidad democrática. “La confianza es uno de los elementos más importantes donde descansa la legitimidad del sistema democrático de cualquier país, y por eso es alarmante cuando se ve vulnerada”, afirmó. Además, destacó que la tarea de recuperar la seguridad y confianza en las instituciones es un desafío colectivo, tanto para los ciudadanos como para los funcionarios públicos. Ahora bien, J , presidenta del directorio de l a Fundación Generación Empresarial, complementó estas declaraciones destacando que existen oportunidades relevantes tanto en el sector público como en el privado para fortalecer l a institucionalidad e n e n paísl>. Po r su parte, e Valeria Lübbert, presidenta d e l e, rreflexionól>sobre l e corrupcióne n Chil, A pesarl>drlas críticas,Lübbertdestacólquelas institucionesschilenassson sólidasy poseen altos estándares,llo qudeldberíacontrarrestarlend partelal percepción negativa.En ellmismol sentido,Lorena Piñeiro,vvicepresidentd A pesardldelaltapercepcióndedcorrupcióne,PiñeirolconcluyólquChile está avanzandoldn lammejoradeltransparenciay endlacreaciódnde institucionessmás fuertesyconfiables,aunquelcamino aún sea largo.
La bancada de parlamentarios de Renovación Nacional envió esta semana una solicitud de oficio a la Contraloría General de la República y la Dirección del Trabajo en relación a una serie de prácticas laborales “indebidas” detectadas al interior de Corporación Nacional Forestal (Conaf) a propósito de los incendios que afectaron a Viña del Mar en febrero de este año. La preocupación respecto a este tema apareció luego de que la investigación de las causas del megaincendio en la Región de Valparaíso arrojara como principal sospechoso a un ex brigadista de Conaf. Asimismo, la investigación detectó la existencia de una presunta organización criminal compuesta por funcionarios y exfuncionarios de Conaf y bomberos, quienes habrían provocado los incendios para obtener beneficios económicos a través de horas de trabajo extraordinarias. Como ejemplo, Franco Pinto, el ex brigadista acusado de liderar la organización, habría acumulado 319 horas extras entre octubre de 2023 y abril de 2024, llegando a recibir más de $420.000 en el mes que ocurrieron los incendios. En particular, el grupo compuesto por los diputados Andrés Longton, Paula Labra y Jorge Rathgeb busca que exista un pronunciamiento y auditoría de Contraloría, con el objetivo de “garantizar un uso eficiente y ético de los recursos públicos, priorizando la seguridad de las personas y la transparencia en la administración de Conaf ”. Además del cobro de horas de extra, la bancada de parlamentarios comunicó el hallazgo de otras irregularidades al interior de Conaf, tales como “el exceso de las 40 horas mensuales máximas permitidas según la normativa” y “ contradicciones en los pagos, donde trabajadores con menos horas recibieron mayores montos que quienes registraron más horas”. En base a aquellos antecedentes, los parlamentarios advirtieron la “ausencia de un sistema efectivo de control para evitar la generación de incentivos perversos que propicien incendios intencionales”. La bancada también presentó una serie de propuestas para realizar cambios estructurales al interior de Conaf, que permitirían evitar la repetición de situaciones similares.Los puntos más importantes de la iniciativa de los parlamentarios tiene relación con implementar un sistema de bonos por eficiencia al controlar incendios y de compensación de horas extras a través de días libres en vez de pagos. En esa misma línea, los diputados propusieron la implementación de medidas especiales para la temporada alta de incendios que incluyen la contratación de personal extra y crear un plan de asignación de recursos para minimizar las horas extraordinarias en esta época del año. El diputado de la Región de Valparaíso, Andrés Longton (RN), señaló que esta propuesta está dirigida “al ministro de Agricultura y, especialmente, a la directora de Conaf porque no podemos pasar otro verano con las mismas condiciones en las que se enfrentó el incendio anterior, es decir, con incentivos perversos relacionados a las horas extras”.“Por otro lado, vamos a ir a Contraloría porque aparentemente se han mal utilizado las horas extras, lo que le ha costado cientos de millones al fisco y a todos los chilenos, ya que se estaría excediendo el límite permitido por la ley”, agregó. En tanto, el diputado y presidente de la comisión de Agricultura, Jorge Rathgeb (RN) añadió que “nuevamente vemos a una Conaf inactiva, sin preparación para enfrentar de buena manera la próxima época estival”.“En el tema de su personal hay una propuesta que hemos entregado a fin de darle mayor eficiencia al combate de incendios y que el personal pueda realizar un trabajo acorde a la situación que se está viviendo en el país al momento de la emergencia”, sentenció. Por último, la diputada Paula Labra (RN) concluyó que, si bien “el gobierno debía hacerse responsable de regular el uso de las horas extra con suma urgencia, es algo que vemos totalmente lejano, razón por la cual presentamos esta propuesta para evitar que se vuelva a poner en riesgo la vida de miles de personas”. Fuente: La Tercera Nacional
La Contraloría General de la República realizó una auditoría a los fondos reservados de la Subsecretaría del Interior el pasado miércoles, en una diligencia que apuntó específicamente a los gastos realizados por Manuel Monsalve durante su gestión. Según informó La Tercera, esta acción se enmarca en el sumario administrativo solicitado por el subsecretario Luis Cordero a la contralora Dorothy Pérez, con el objetivo de esclarecer si hubo mal uso de estos recursos. Ante esto, desde el organismo fiscalizador explicaron que la revisión incluyó un arqueo de los fondos asignados a gastos reservados para identificar posibles diferencias entre los montos recibidos en enero y los disponibles actualmente. Este procedimiento busca verificar la correspondencia entre los registros y la caja de fondos. Asimismo, la Contraloría ha llevado a cabo esta diligencia en dos ocasiones, como parte de las acciones derivadas de la solicitud del Ejecutivo del 23 de octubre para investigar responsabilidades administrativas en el caso Monsalve. A esto se suma el envío de antecedentes por parte de Luis Cordero el pasado 30 de octubre a la Fiscalía y Contraloría para reforzar la indagatoria. Finalmente, fuentes cercanas al caso subrayan que, aunque el organismo contralor ya revisa este ítem como parte de sus diligencias habituales, sus facultades no son intrusivas como las del Ministerio Público. Por lo tanto, las conclusiones de esta auditoría serán clave para determinar si se detectaron irregularidades en el uso de los fondos reservados.
Este jueves, Dorothy Pérez asumió oficialmente el cargo de Contralora General de la República, tras haber desempeñado funciones como contralora subrogante durante los últimos diez meses. En su intervención, destacó una serie de reformas que impulsará en su gestión, que se extenderá por los próximos ocho años, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la transparencia del organismo. Ante esto, entre los principales anuncios, Pérez hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la fiscalización de los recursos públicos mediante la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas y un sistema de reportes consolidados, lo que permitirá incrementar la cantidad de revisiones y auditorías realizadas. Además, subrayó su compromiso por entregar resultados más oportunos y ajustados a las expectativas de los ciudadanos. Asimismo, en un ámbito más jurídico, la nueva contralora destacó la implementación de una revisión previa de admisibilidad para los reclamos, con el fin de optimizar los tiempos y recursos en la atención de consultas, y aseguró que reducirá los plazos de respuesta, garantizando el cumplimiento de la ley de plazos administrativos. Sin embargo, su nombramiento no ha estado exento de críticas. Su pronunciamiento sobre laconfianza legítima en los funcionarios a contrata del sector público ha generado preocupación entre algunos sindicatos, como la Anef y la CUT, que consideran que la medida limita la flexibilidad para el despido de empleados. Pérez también aprovechó la ocasión para agradecer a los funcionarios de la Contraloría, comprometiéndose a trabajar de la mano con ellos y a escuchar sus sugerencias e ideas para mejorar el funcionamiento interno. “Quiero ser humilde y estar abierta a recibir todos los consejos y apoyos bien intencionados de cada funcionario”, expresó. Con estas medidas, Pérez busca impulsar un proceso de modernización dentro del organismo, consolidando una Contraloría más eficiente, transparente y comprometida con la rendición de cuentas.
