Visiblemente incómodo, Javier Milei presentó una versión autoindulgente sobre el episodio que derivó en un escándalo internacional a partir de la difusión en su cuenta de X de la criptomoneda $LIBRA, que el viernes pasado se lanzó, aumentó exponencialmente su valor a raíz del apoyo presidencial y se desmoronó en cuestión de minutos cuando un grupo de traders anónimos retiró ganancias multimillonarias. El Presidente argentino hizo su defensa en una conversación con el periodista Jonatan Viale que no se difundió en vivo y fue interrumpida por los asesores de Milei, según se pudo ver en el video publicado por el propio canal emisor de la entrevista (TN), que luego fue borrado. En el diálogo, el Mandatario buscó negar que él hubiera obtenido beneficios económicos por el proyecto, desligó a sus funcionarios de cualquier error -en especial a su hermana Karina- y fue muy cuidadoso en el trato con los traders detrás del negocio que terminó mal, con denuncias presentadas en Argentina y en Estados Unidos. En ningún momento definió el caso como una estafa, a diferencia de lo que sostienen políticos opositores y especialistas en finanzas. La primera gran respuesta que tuvo que dar Milei es por qué decidió promover en sus redes un negocio de esas características, algo de lo que previenen a los presidentes varios artículos del Código Penal y de la Ley de Ética Pública.
Este viernes, los abogados Lino Disi y Cristián Arias renunciaron a la defensa del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el anexo Capitán Yáber tras ser formalizado por violación y abuso sexual. Cabe recordar que ambos penalistas estaban desde el inicio de su defensa junto a María Inés Horvitz, sin embargo, el 27 de noviembre pasado, dicha jurista decidió dar un paso al costado argumentando disparidad de criterios estratégico-jurídicos dentro del equipo. “Éramos tres abogados con prácticas profesionales separadas y con distinta orientación”, aseguró en dicha oportunidad la profesional. De momento, se desconoce quién o quiénes serán los que asuman la defensa del exsubsecretario del Interior. Con todo, mencionar que el otrora autoridad de Gobierno debía declarar este 23 de diciembre por primera vez ante la Fiscalía. Sin embargo, dicha acción judicial se postergó hasta los primeros días del 2025, por problemas de salud del formalizado.
El abogado Jonatan Valenzuela, quien lidera la defensa del presidente Gabriel Boric, reafirmó que las acciones de su equipo legal en torno a la denuncia presentada en contra del mandatario fueron completamente transparentes y ajustadas a derecho. Ante esto, la investigación en curso se origina en una acusación de una mujer que señala que Boric habría divulgado imágenes íntimas de ella, obtenidas hace una década mientras ambos realizaban su práctica en la Corporación de Asistencia Judicial. Por su parte, la defensa de Boric sostiene que la denunciante lo acosaba, presentando como prueba una serie de correos electrónicos. Asimismo, en un punto de prensa realizado este miércoles, Valenzuela aclaró detalles sobre una diligencia voluntaria llevada a cabo el día anterior, donde Boric entregó correos electrónicos relacionados con el caso. Según el abogado, esta acción fue coordinada con la Fiscalía de Magallanes como parte de un esfuerzo por esclarecer los hechos. “ La diligencia fue completamente voluntaria, coordinada con la Fiscalía y realizada con prontitud, como muestra de esta actitud de esclarecimiento que hemos impreso a la defensa”, señaló Valenzuela. Sin embargo, las preguntas se centraron en cómo los abogados de Boric accedieron a la denuncia antes de que la Fiscalía contactara formalmente a la defensa. Valenzuela explicó que el colega Miguel Schürmann, quien también representa al presidente, utilizó métodos legales y públicos para obtener información relevante. “El procedimiento que se utilizó para detectar la existencia de la denuncia es legítimo y totalmente transparente”, afirmó. Agregó que el acceso a causas judiciales mediante RUT es una práctica permitida para abogados. Finalmente, pese a estas declaraciones, persisten interrogantes sobre una posible filtración desde el Ministerio Público, tema sobre el cual Valenzuela evitó pronunciarse directamente. Por ahora, la causa original permanece en reserva mientras avanzan las investigaciones.
Visiblemente incómodo, Javier Milei presentó una versión autoindulgente sobre el episodio que derivó en un escándalo internacional a partir de la difusión en su cuenta de X de la criptomoneda $LIBRA, que el viernes pasado se lanzó, aumentó exponencialmente su valor a raíz del apoyo presidencial y se desmoronó en cuestión de minutos cuando un grupo de traders anónimos retiró ganancias multimillonarias. El Presidente argentino hizo su defensa en una conversación con el periodista Jonatan Viale que no se difundió en vivo y fue interrumpida por los asesores de Milei, según se pudo ver en el video publicado por el propio canal emisor de la entrevista (TN), que luego fue borrado. En el diálogo, el Mandatario buscó negar que él hubiera obtenido beneficios económicos por el proyecto, desligó a sus funcionarios de cualquier error -en especial a su hermana Karina- y fue muy cuidadoso en el trato con los traders detrás del negocio que terminó mal, con denuncias presentadas en Argentina y en Estados Unidos. En ningún momento definió el caso como una estafa, a diferencia de lo que sostienen políticos opositores y especialistas en finanzas. La primera gran respuesta que tuvo que dar Milei es por qué decidió promover en sus redes un negocio de esas características, algo de lo que previenen a los presidentes varios artículos del Código Penal y de la Ley de Ética Pública.
Este viernes, los abogados Lino Disi y Cristián Arias renunciaron a la defensa del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el anexo Capitán Yáber tras ser formalizado por violación y abuso sexual. Cabe recordar que ambos penalistas estaban desde el inicio de su defensa junto a María Inés Horvitz, sin embargo, el 27 de noviembre pasado, dicha jurista decidió dar un paso al costado argumentando disparidad de criterios estratégico-jurídicos dentro del equipo. “Éramos tres abogados con prácticas profesionales separadas y con distinta orientación”, aseguró en dicha oportunidad la profesional. De momento, se desconoce quién o quiénes serán los que asuman la defensa del exsubsecretario del Interior. Con todo, mencionar que el otrora autoridad de Gobierno debía declarar este 23 de diciembre por primera vez ante la Fiscalía. Sin embargo, dicha acción judicial se postergó hasta los primeros días del 2025, por problemas de salud del formalizado.
El abogado Jonatan Valenzuela, quien lidera la defensa del presidente Gabriel Boric, reafirmó que las acciones de su equipo legal en torno a la denuncia presentada en contra del mandatario fueron completamente transparentes y ajustadas a derecho. Ante esto, la investigación en curso se origina en una acusación de una mujer que señala que Boric habría divulgado imágenes íntimas de ella, obtenidas hace una década mientras ambos realizaban su práctica en la Corporación de Asistencia Judicial. Por su parte, la defensa de Boric sostiene que la denunciante lo acosaba, presentando como prueba una serie de correos electrónicos. Asimismo, en un punto de prensa realizado este miércoles, Valenzuela aclaró detalles sobre una diligencia voluntaria llevada a cabo el día anterior, donde Boric entregó correos electrónicos relacionados con el caso. Según el abogado, esta acción fue coordinada con la Fiscalía de Magallanes como parte de un esfuerzo por esclarecer los hechos. “ La diligencia fue completamente voluntaria, coordinada con la Fiscalía y realizada con prontitud, como muestra de esta actitud de esclarecimiento que hemos impreso a la defensa”, señaló Valenzuela. Sin embargo, las preguntas se centraron en cómo los abogados de Boric accedieron a la denuncia antes de que la Fiscalía contactara formalmente a la defensa. Valenzuela explicó que el colega Miguel Schürmann, quien también representa al presidente, utilizó métodos legales y públicos para obtener información relevante. “El procedimiento que se utilizó para detectar la existencia de la denuncia es legítimo y totalmente transparente”, afirmó. Agregó que el acceso a causas judiciales mediante RUT es una práctica permitida para abogados. Finalmente, pese a estas declaraciones, persisten interrogantes sobre una posible filtración desde el Ministerio Público, tema sobre el cual Valenzuela evitó pronunciarse directamente. Por ahora, la causa original permanece en reserva mientras avanzan las investigaciones.
