Antofagasta ha sido recientemente destacada como una de las comunas con mayor riesgo potencial al delito en Chile, según el Índice de Vulnerabilidad Socio-Delictual publicado por La Tercera. Este índice, que evalúa diversos factores como la incidencia de delitos graves, indicadores socioeconómicos, ingresos municipales y la cantidad de infractores de la Ley NNA, posiciona a Antofagasta como una de las más afectadas junto a otras comunas prominentes en la Región Metropolitana, Valparaíso y Arica. En respuesta a esta preocupante situación, el gobierno del presidente Gabriel Boric ha decidido intensificar sus esfuerzos para mejorar la seguridad. En 2024, se destinarán $9.582 millones a los municipios para el desarrollo de proyectos de seguridad, lo que representa el 74% del total de los fondos asignados a esta causa, que asciende a M$16.216.593. La Subsecretaría de Prevención del Delito, bajo la dirección de Eduardo Vergara, será la encargada de la distribución de estos recursos, basándose en el mencionado índice de vulnerabilidad. Para agilizar la entrega de estos fondos, el gobierno ha implementado el Sistema Nacional de Seguridad Municipal, anunciado en 2023. Esta medida busca eliminar la concursabilidad, facilitando así el acceso a los recursos para los municipios con los índices de vulnerabilidad más altos. El objetivo es asegurar que estos municipios reciban el apoyo necesario de manera más eficiente y oportuna. Además de Antofagasta, las comunas de Santiago, Puente Alto, Valparaíso, Maipú, San Bernardo, Arica, Viña del Mar, La Florida y Recoleta también figuran entre las más vulnerable s. Estas comunas enfrentan una alta incidencia de delitos graves, adversos indicadores socioeconómicos, bajos ingresos municipales y una significativa cantidad de infractores juveniles. Se estima que los 40 municipios más vulnerables recibirán este año un total de $4.000 millones, distribuidos equitativamente con $100 millones para cada uno. Estos fondos estarán destinados a financiar capacitaciones, innovación y transferencias necesarias para mejorar la seguridad en estas áreas. Además, el resto de las comunas del país también se beneficiarán de recursos para apoyar sus propios proyectos de seguridad.
Antofagasta ha sido recientemente destacada como una de las comunas con mayor riesgo potencial al delito en Chile, según el Índice de Vulnerabilidad Socio-Delictual publicado por La Tercera. Este índice, que evalúa diversos factores como la incidencia de delitos graves, indicadores socioeconómicos, ingresos municipales y la cantidad de infractores de la Ley NNA, posiciona a Antofagasta como una de las más afectadas junto a otras comunas prominentes en la Región Metropolitana, Valparaíso y Arica. En respuesta a esta preocupante situación, el gobierno del presidente Gabriel Boric ha decidido intensificar sus esfuerzos para mejorar la seguridad. En 2024, se destinarán $9.582 millones a los municipios para el desarrollo de proyectos de seguridad, lo que representa el 74% del total de los fondos asignados a esta causa, que asciende a M$16.216.593. La Subsecretaría de Prevención del Delito, bajo la dirección de Eduardo Vergara, será la encargada de la distribución de estos recursos, basándose en el mencionado índice de vulnerabilidad. Para agilizar la entrega de estos fondos, el gobierno ha implementado el Sistema Nacional de Seguridad Municipal, anunciado en 2023. Esta medida busca eliminar la concursabilidad, facilitando así el acceso a los recursos para los municipios con los índices de vulnerabilidad más altos. El objetivo es asegurar que estos municipios reciban el apoyo necesario de manera más eficiente y oportuna. Además de Antofagasta, las comunas de Santiago, Puente Alto, Valparaíso, Maipú, San Bernardo, Arica, Viña del Mar, La Florida y Recoleta también figuran entre las más vulnerable s. Estas comunas enfrentan una alta incidencia de delitos graves, adversos indicadores socioeconómicos, bajos ingresos municipales y una significativa cantidad de infractores juveniles. Se estima que los 40 municipios más vulnerables recibirán este año un total de $4.000 millones, distribuidos equitativamente con $100 millones para cada uno. Estos fondos estarán destinados a financiar capacitaciones, innovación y transferencias necesarias para mejorar la seguridad en estas áreas. Además, el resto de las comunas del país también se beneficiarán de recursos para apoyar sus propios proyectos de seguridad.