A partir del 1 de septiembre de 2024, entra en vigor la nueva Ley de Delitos Económicos, una normativa que establece nuevas exigencias de cumplimiento para todas las empresas, independientemente de su tamaño o sector. La ley busca combatir con mayor eficacia los delitos económicos, imponiendo sanciones que van desde multas significativas hasta la disolución de la empresa, prohibiciones para contratar con entidades estatales y graves impactos reputacionales. En este contexto, la transformación digital y la implementación de tecnologías innovadoras, como el blockchain, se presentan como herramientas esenciales para que tanto grandes compañías como pequeñas y medianas empresas (Pymes) puedan adaptarse y cumplir con la normativa de manera eficiente. Las empresas deberán contar con modelos de prevención de delitos más robustos, donde la automatización de los controles se convierte en una necesidad fundamental. Ante esto, CompliSafe®, una plataforma especializada en cumplimiento normativo, ofrece soluciones tokenizadas para ayudar a las empresas a identificar, analizar, monitorear y mitigar al 100% sus riesgos penales y corporativos. “La nueva Ley de Delitos Económicos exigirá contar con modelos de prevención de delitos más robustos, en los que la automatización de los controles será absolutamente necesaria”, explica Camila Rivera, ejecutiva de CompliSafe®. “Nuestra herramienta digitaliza y encripta los procesos de cumplimiento, garantizando una gestión diligente ante cualquier auditoría o revisión judicial, mediante el uso de tecnología blockchain”, añade. Asimismo, la plataforma cuenta con más de 18 productos o módulos, incluyendo Compliance, Debida Diligencia, Canal de Denuncias, Blanqueo de Capitales y ESG, permitiendo a sus clientes estar especializados y reforzados en cada área de necesidad con un alto rigor. Así también, con más de 400 cuentas corporativas y 120.000 usuarios en casi treinta países, CompliSafe® se presenta como una solución intuitiva y flexible que puede integrarse fácilmente con sistemas de prevención de delitos ya existentes o implementar nuevos desde cero. Finalmente, la nueva Ley de Delitos Económicos marca un antes y un después en el ámbito de la responsabilidad empresarial, empujando a las compañías hacia una mayor transparencia y diligencia en sus operaciones.
Los delitos cometidos por el individuo fueron realizados en la ciudad de Calama, entre diciembre de 2021 y abril de 2023. Ante esto, la investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Calama junto con la Brigada Investigadora del Ciber Crimen Metropolitana de la PDI en el denominado Operación Orión II. Asimismo, el sujeto de nacionalidad chilena, de 27 años fue condenado a presidio perpetuo simple como autor de los delitos de violación impropia reiterada a tres víctimas menores de 14 años y los delitos de almacenamiento, distribución y producción de material pornográfico infantil. Así también, en el 2023 el Centro Nacional para Niños Perdidos y Explotados recolectó una serie de información de servicios digitales que indicaban a un usuario específico que almacenó y distribuyó en distintas plataformas, material con contenido sexual infantil. De esta manera, la Fiscalía de Calama logró dar con las direcciones IP utilizadas y llegar al domicilio del imputado, donde incautaron diversos dispositivos electrónicos con un total de 4.694 archivos de imágenes y 352 archivos de video con contenido sexual infantil. Dichos registros establecieron que las víctimas eran menores de edad que ocasionalmente quedaban al cuidado de la madre del imputado. Ahora bien, el fiscal Marcelo Bravo Valenzuela quien dirigió la investigación señaló quese pudieron recuperar miles de imágenes y videos que acreditaban los delitos de almacenamiento y distribución de material pornográfico infantil, como también un video producido por el imputado, lo que configura producción de material pornográfico infantil. A partir de esta evidencia, la investigación también acreditó que el imputado cometió delitos reiterados de violación impropia en contra de víctimas menores de edad. Finalmente, junto a la pena de presidio perpetuo simple, el tribunal impuso al condenado inhabilitación absoluta para cargos, oficios públicos y derechos políticos y la sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes a cumplir la pena.
El Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, dispuso de oficio una investigación para verificar si existían hechos que pudieran revestir el delito. Ante esto, las investigaciones estarán a cargo de los fiscales jefes de Antofagasta y Calama, Cristian Aguilar Aranela y Eduardo Peña Martínez quienes trabajarán en conjunto con equipos de la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja (FACC). Para contextualizar, los medios de comunicación han revelado información sobre un extraordinario incremento en el padrón electoral en las comunas de Sierra Gorda y Ollagüe. Cabe mencionar que, la Ley 18.700 Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios establece en su artículo 150 que, en cualquier elección popular, primaria o definitiva, solicitare votos por paga, dádiva o promesa de dinero u otra recompensa o cohechare en cualquier forma a un elector, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio, multa de 10 a 50 Unidades Tributarias Mensuales y la inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de cargos y oficios públicos. Finalmente, la Ley 18.556 “Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral”, en su artículo 54, N° 2, sanciona con pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de diez a cien Unidades Tributarias Mensuales, al que al declarar o actualizar domicilio electoral o la acreditación del avecindamiento, proporcione datos falsos o un domicilio electoral diferente de los permitidos en el artículo 10 de la misma norma.
A partir del 1 de septiembre de 2024, entra en vigor la nueva Ley de Delitos Económicos, una normativa que establece nuevas exigencias de cumplimiento para todas las empresas, independientemente de su tamaño o sector. La ley busca combatir con mayor eficacia los delitos económicos, imponiendo sanciones que van desde multas significativas hasta la disolución de la empresa, prohibiciones para contratar con entidades estatales y graves impactos reputacionales. En este contexto, la transformación digital y la implementación de tecnologías innovadoras, como el blockchain, se presentan como herramientas esenciales para que tanto grandes compañías como pequeñas y medianas empresas (Pymes) puedan adaptarse y cumplir con la normativa de manera eficiente. Las empresas deberán contar con modelos de prevención de delitos más robustos, donde la automatización de los controles se convierte en una necesidad fundamental. Ante esto, CompliSafe®, una plataforma especializada en cumplimiento normativo, ofrece soluciones tokenizadas para ayudar a las empresas a identificar, analizar, monitorear y mitigar al 100% sus riesgos penales y corporativos. “La nueva Ley de Delitos Económicos exigirá contar con modelos de prevención de delitos más robustos, en los que la automatización de los controles será absolutamente necesaria”, explica Camila Rivera, ejecutiva de CompliSafe®. “Nuestra herramienta digitaliza y encripta los procesos de cumplimiento, garantizando una gestión diligente ante cualquier auditoría o revisión judicial, mediante el uso de tecnología blockchain”, añade. Asimismo, la plataforma cuenta con más de 18 productos o módulos, incluyendo Compliance, Debida Diligencia, Canal de Denuncias, Blanqueo de Capitales y ESG, permitiendo a sus clientes estar especializados y reforzados en cada área de necesidad con un alto rigor. Así también, con más de 400 cuentas corporativas y 120.000 usuarios en casi treinta países, CompliSafe® se presenta como una solución intuitiva y flexible que puede integrarse fácilmente con sistemas de prevención de delitos ya existentes o implementar nuevos desde cero. Finalmente, la nueva Ley de Delitos Económicos marca un antes y un después en el ámbito de la responsabilidad empresarial, empujando a las compañías hacia una mayor transparencia y diligencia en sus operaciones.
Los delitos cometidos por el individuo fueron realizados en la ciudad de Calama, entre diciembre de 2021 y abril de 2023. Ante esto, la investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Calama junto con la Brigada Investigadora del Ciber Crimen Metropolitana de la PDI en el denominado Operación Orión II. Asimismo, el sujeto de nacionalidad chilena, de 27 años fue condenado a presidio perpetuo simple como autor de los delitos de violación impropia reiterada a tres víctimas menores de 14 años y los delitos de almacenamiento, distribución y producción de material pornográfico infantil. Así también, en el 2023 el Centro Nacional para Niños Perdidos y Explotados recolectó una serie de información de servicios digitales que indicaban a un usuario específico que almacenó y distribuyó en distintas plataformas, material con contenido sexual infantil. De esta manera, la Fiscalía de Calama logró dar con las direcciones IP utilizadas y llegar al domicilio del imputado, donde incautaron diversos dispositivos electrónicos con un total de 4.694 archivos de imágenes y 352 archivos de video con contenido sexual infantil. Dichos registros establecieron que las víctimas eran menores de edad que ocasionalmente quedaban al cuidado de la madre del imputado. Ahora bien, el fiscal Marcelo Bravo Valenzuela quien dirigió la investigación señaló quese pudieron recuperar miles de imágenes y videos que acreditaban los delitos de almacenamiento y distribución de material pornográfico infantil, como también un video producido por el imputado, lo que configura producción de material pornográfico infantil. A partir de esta evidencia, la investigación también acreditó que el imputado cometió delitos reiterados de violación impropia en contra de víctimas menores de edad. Finalmente, junto a la pena de presidio perpetuo simple, el tribunal impuso al condenado inhabilitación absoluta para cargos, oficios públicos y derechos políticos y la sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes a cumplir la pena.
El Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, dispuso de oficio una investigación para verificar si existían hechos que pudieran revestir el delito. Ante esto, las investigaciones estarán a cargo de los fiscales jefes de Antofagasta y Calama, Cristian Aguilar Aranela y Eduardo Peña Martínez quienes trabajarán en conjunto con equipos de la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja (FACC). Para contextualizar, los medios de comunicación han revelado información sobre un extraordinario incremento en el padrón electoral en las comunas de Sierra Gorda y Ollagüe. Cabe mencionar que, la Ley 18.700 Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios establece en su artículo 150 que, en cualquier elección popular, primaria o definitiva, solicitare votos por paga, dádiva o promesa de dinero u otra recompensa o cohechare en cualquier forma a un elector, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio, multa de 10 a 50 Unidades Tributarias Mensuales y la inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de cargos y oficios públicos. Finalmente, la Ley 18.556 “Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral”, en su artículo 54, N° 2, sanciona con pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de diez a cien Unidades Tributarias Mensuales, al que al declarar o actualizar domicilio electoral o la acreditación del avecindamiento, proporcione datos falsos o un domicilio electoral diferente de los permitidos en el artículo 10 de la misma norma.
