El Partido Socialista de Chile, a través del abogado Gabriel Ignacio Osorio Vargas, solicitó la anulación ante el Tribunal Electoral Regional de Antofagasta, de la elección municipal en Sierra Gorda. La petición, alega que el proceso electoral estuvo marcado por irregularidades que habrían comprometido la transparencia de los resultados y la libre expresión de la voluntad ciudadana. Según lo informado por el medio Timeline, el escrito detalla presuntas prácticas ilegales, entre las que se incluye el traslado de votantes (acarreo) y la entrega de incentivos económicos, tales como pagos de 50.000 pesos y cajas de alimentos, para promover el voto por ciertos candidatos. A estas denuncias se suman videos que circulan en redes sociales mostrando la llegada de vehículos con personas que, presuntamente, no eran residentes habituales de Sierra Gorda, pero que acudieron a emitir su voto. Estos antecedentes agregan un nuevo nivel de complejidad a las acusaciones y ponen en entredicho la legitimidad del proceso electoral en dicha comuna. La denuncia también incluye evidencias como declaraciones juradas y capturas de pantalla que demostrarían una organización logística para trasladar electores en taxis hasta los centros de votación, donde incluso se les habría orientado sobre a quién votar. Días antes, la senadora Paulina Núñez (RN), se refirió a las acusaciones en torno a la alcaldesa electa de Sierra Gorda, comentando que fue la única que pudo acarrear. Además, mencionó acusaciones similares dirigidas al candidato Diego Fernández, quien, según afirma, habría facilitado cambios de domicilio de personas allegadas a su entorno con el fin de fortalecer su candidatura en la comuna.
El Partido Socialista de Chile, a través del abogado Gabriel Ignacio Osorio Vargas, solicitó la anulación ante el Tribunal Electoral Regional de Antofagasta, de la elección municipal en Sierra Gorda. La petición, alega que el proceso electoral estuvo marcado por irregularidades que habrían comprometido la transparencia de los resultados y la libre expresión de la voluntad ciudadana. Según lo informado por el medio Timeline, el escrito detalla presuntas prácticas ilegales, entre las que se incluye el traslado de votantes (acarreo) y la entrega de incentivos económicos, tales como pagos de 50.000 pesos y cajas de alimentos, para promover el voto por ciertos candidatos. A estas denuncias se suman videos que circulan en redes sociales mostrando la llegada de vehículos con personas que, presuntamente, no eran residentes habituales de Sierra Gorda, pero que acudieron a emitir su voto. Estos antecedentes agregan un nuevo nivel de complejidad a las acusaciones y ponen en entredicho la legitimidad del proceso electoral en dicha comuna. La denuncia también incluye evidencias como declaraciones juradas y capturas de pantalla que demostrarían una organización logística para trasladar electores en taxis hasta los centros de votación, donde incluso se les habría orientado sobre a quién votar. Días antes, la senadora Paulina Núñez (RN), se refirió a las acusaciones en torno a la alcaldesa electa de Sierra Gorda, comentando que fue la única que pudo acarrear. Además, mencionó acusaciones similares dirigidas al candidato Diego Fernández, quien, según afirma, habría facilitado cambios de domicilio de personas allegadas a su entorno con el fin de fortalecer su candidatura en la comuna.