Este jueves, el Juzgado de Garantía de Rancagua, en la región de O'Higgins, dictó prisión preventiva para cinco excarabineros detenidos por su presunta participación en el millonario robo a la sucursal de Brinks, ocurrido el pasado 16 de agosto. Los acusados, que incluyen a tres cabos primero, un cabo segundo y un carabinero raso, se unen a un grupo de 28 imputados que ya enfrentan esta severa medida. Ante esto, durante la audiencia de formalización, el fiscal jefe de Análisis Criminal, Carlos Fuentes, expuso que los cinco detenidos recibieron un pago adelantado de $300 mil como incentivo para colaborar en el robo. Si bien no participaron directamente en el atraco, su papel fue crucial en la planificación y la distracción de las fuerzas policiales. Dan información, se preparan, miden los tiempos de reacción y cooperan en situaciones específicas, afirmó Fuentes, quien subrayó que sin su intervención, el robo no se habría ejecutado con el mismo éxito. Además, uno de los cabos fue formalizado anteriormente por un intento de robo a las bodegas de Prosegur en Rancagua, donde se descubrió un túnel de 15 metros que apuntaba hacia la bóveda. Finalmente, la comunidad se encuentra consternada por la implicación de miembros de Carabineros en este delito, que pone en tela de juicio la confianza en las fuerzas de seguridad. Las investigaciones continúan para esclarecer todos los detalles de este escandaloso caso.
Este jueves al mediodía, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se pronunciará sobre las medidas cautelares para los generales en retiro de Carabineros, Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, quienes han sido formalizados en el caso “Alto Mando”. Los imputados enfrentan una variedad de posibles sanciones, que van desde arraigo nacional y firma quincenal hasta la prisión preventiva, según lo solicitado por la parte acusadora. Ante esto, el debate sobre estas medidas concluyó ayer, con la presentación de argumentos por parte de la defensa, que insiste en la inocencia de Yáñez y sus compañeros. Nicolás Oxman, abogado de Yáñez, enfatizó que su cliente actuó dentro de los parámetros establecidos, asegurando que nunca hubo omisión en sus acciones y que se implementaron los protocolos necesarios para garantizar la protección de los derechos humanos. Asimismo, el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, rebatió esta defensa, subrayando que, aunque se llevaron a cabo algunas acciones, estas no fueron suficientes para evitar los apremios ilegítimos que se les imputan. Asimismo, Marisol García, abogada querellante, destacó que, aunque ha disminuido el número de casos con fallos judiciales, esto no impide la imputación de los altos mandos de Carabineros. Finalmente, la espera culminará este jueves, cuando el juez Cristian Sánchez determine el futuro judicial de los generales Yáñez, Rozas y Olate, y si enfrentarán medidas restrictivas en su proceso.
Este jueves, el Juzgado de Garantía de Rancagua, en la región de O'Higgins, dictó prisión preventiva para cinco excarabineros detenidos por su presunta participación en el millonario robo a la sucursal de Brinks, ocurrido el pasado 16 de agosto. Los acusados, que incluyen a tres cabos primero, un cabo segundo y un carabinero raso, se unen a un grupo de 28 imputados que ya enfrentan esta severa medida. Ante esto, durante la audiencia de formalización, el fiscal jefe de Análisis Criminal, Carlos Fuentes, expuso que los cinco detenidos recibieron un pago adelantado de $300 mil como incentivo para colaborar en el robo. Si bien no participaron directamente en el atraco, su papel fue crucial en la planificación y la distracción de las fuerzas policiales. Dan información, se preparan, miden los tiempos de reacción y cooperan en situaciones específicas, afirmó Fuentes, quien subrayó que sin su intervención, el robo no se habría ejecutado con el mismo éxito. Además, uno de los cabos fue formalizado anteriormente por un intento de robo a las bodegas de Prosegur en Rancagua, donde se descubrió un túnel de 15 metros que apuntaba hacia la bóveda. Finalmente, la comunidad se encuentra consternada por la implicación de miembros de Carabineros en este delito, que pone en tela de juicio la confianza en las fuerzas de seguridad. Las investigaciones continúan para esclarecer todos los detalles de este escandaloso caso.
Este jueves al mediodía, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se pronunciará sobre las medidas cautelares para los generales en retiro de Carabineros, Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, quienes han sido formalizados en el caso “Alto Mando”. Los imputados enfrentan una variedad de posibles sanciones, que van desde arraigo nacional y firma quincenal hasta la prisión preventiva, según lo solicitado por la parte acusadora. Ante esto, el debate sobre estas medidas concluyó ayer, con la presentación de argumentos por parte de la defensa, que insiste en la inocencia de Yáñez y sus compañeros. Nicolás Oxman, abogado de Yáñez, enfatizó que su cliente actuó dentro de los parámetros establecidos, asegurando que nunca hubo omisión en sus acciones y que se implementaron los protocolos necesarios para garantizar la protección de los derechos humanos. Asimismo, el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, rebatió esta defensa, subrayando que, aunque se llevaron a cabo algunas acciones, estas no fueron suficientes para evitar los apremios ilegítimos que se les imputan. Asimismo, Marisol García, abogada querellante, destacó que, aunque ha disminuido el número de casos con fallos judiciales, esto no impide la imputación de los altos mandos de Carabineros. Finalmente, la espera culminará este jueves, cuando el juez Cristian Sánchez determine el futuro judicial de los generales Yáñez, Rozas y Olate, y si enfrentarán medidas restrictivas en su proceso.
