El Frente Amplio confirmó la renuncia de la diputada Catalina Pérez, ocurrida el pasado 15 de noviembre, tras la divulgación de nuevos antecedentes sobre los cuestionados convenios entre la fundación Democracia Viva y el Serviu de Antofagasta. Estas nuevas filtraciones incluyen conversaciones entre Pérez y su expareja Daniel Andrade, fundador de Democracia Viva, que reavivaron las dudas sobre el grado de conocimiento que tenía la diputada respecto a las irregularidades asociadas a estos traspasos. Según señala La Tercera, la decisión de Pérez se concretó justo antes de que expirara el plazo de la “ley antidíscolos”, que permite a políticos postular a cargos públicos como independientes. Según Andrés Couble, secretario general del Frente Amplio, el partido aceptó su renuncia entendiendo que militar en una organización política es una decisión personal. Asimismo, reiteró la importancia de que la justicia esclarezca los hechos y determine responsabilidades en el caso. En cuanto a los procesos internos, Couble señaló que, tras la renuncia de Pérez, los tribunales del partido ya no tienen jurisdicción para investigar denuncias o aplicar sanciones en su contra. Los nuevos antecedentes incluyen un informe de la PDI que sugiere que Pérez habría tenido conocimiento de los convenios desde julio de 2022. Según las transcripciones, Andrade le comentó en una ocasión que “parece que pueden salir las lucas” tras una conversación con Carlos Contreras, exjefe de gabinete de la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Este dato contradice las declaraciones iniciales de Pérez, quien afirmó desconocer los convenios. La polémica en torno a Catalina Pérez continúa generando cuestionamientos sobre la transparencia y la integridad en el manejo de recursos públicos, mientras el Frente Amplio busca distanciarse de las implicancias legales y éticas del caso.
El Frente Amplio confirmó la renuncia de la diputada Catalina Pérez, ocurrida el pasado 15 de noviembre, tras la divulgación de nuevos antecedentes sobre los cuestionados convenios entre la fundación Democracia Viva y el Serviu de Antofagasta. Estas nuevas filtraciones incluyen conversaciones entre Pérez y su expareja Daniel Andrade, fundador de Democracia Viva, que reavivaron las dudas sobre el grado de conocimiento que tenía la diputada respecto a las irregularidades asociadas a estos traspasos. Según señala La Tercera, la decisión de Pérez se concretó justo antes de que expirara el plazo de la “ley antidíscolos”, que permite a políticos postular a cargos públicos como independientes. Según Andrés Couble, secretario general del Frente Amplio, el partido aceptó su renuncia entendiendo que militar en una organización política es una decisión personal. Asimismo, reiteró la importancia de que la justicia esclarezca los hechos y determine responsabilidades en el caso. En cuanto a los procesos internos, Couble señaló que, tras la renuncia de Pérez, los tribunales del partido ya no tienen jurisdicción para investigar denuncias o aplicar sanciones en su contra. Los nuevos antecedentes incluyen un informe de la PDI que sugiere que Pérez habría tenido conocimiento de los convenios desde julio de 2022. Según las transcripciones, Andrade le comentó en una ocasión que “parece que pueden salir las lucas” tras una conversación con Carlos Contreras, exjefe de gabinete de la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Este dato contradice las declaraciones iniciales de Pérez, quien afirmó desconocer los convenios. La polémica en torno a Catalina Pérez continúa generando cuestionamientos sobre la transparencia y la integridad en el manejo de recursos públicos, mientras el Frente Amplio busca distanciarse de las implicancias legales y éticas del caso.
