Un requerimiento de contienda de competencias ante el Tribunal Constitucional a raíz del fallo por el proyecto minero portuario, Dominga, presentó el gobierno según informó hoy la ministra vocera (s), Aisén Etcheverry. Cabe destacar que el Tribunal Ambiental de Antofagasta acogió la reclamación presentada por Andes Iron SpA en contra de la resolución dictada por el Comité de Ministros el 18 de enero de 2023, que calificó desfavorablemente el proyecto Dominga, ubicado en la comuna de La Higuera en la Región de Coquimbo. De tal manera, la instancia medioambiental declaró la nulidad de esta resolución. Al respecto, Etcheverry explicó que esta acción lo que busca es clarificar cuáles son los ámbitos de competencia, entendiendo desde el Ejecutivo que el fallo invade atribuciones que son privativas del Comité de Ministros y por tanto es el Tribunal Constitucional quien tiene que definir cuál es la interpretación correcta respecto de las atribuciones del Comité de Ministros en esta materia. Ahondando en ese punto, la portavoz del Ejecutivo indicó que lo que se plantea en el requerimiento es una contienda de competencias, es el nombre técnico para definir qué organismo tiene qué competencias. De acuerdo a la interpretación que hace el Ejecutivo, el fallo estaría invadiendo competencias que son atribuciones exclusivas del Comité de Ministros y, por lo tanto, el Tribunal Constitucional es el organismo competente para establecer esa interpretación de manera definitiva y a eso responde el requerimiento, recalcó.
Un dictamen “bastante contundente”. Así definió el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) donde declaró la responsabilidad internacional de Chile por la violación a los derechos a la vida, a la integridad personal y de la niñez, en perjuicio de diez adolescentes, de entre 13 y 17 años, fallecidos en el incendio del 21 de octubre de 2007 en el Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado Tiempo de Crecer del Servicio Nacional de Menores (Sename) de Puerto Montt. El fallo además, responsabilizó a Chile por la lesión al derecho a la integridad personal de los familiares de los menores fallecidos en el siniestro originado luego que un grupo de internos prendiera fuego a sus colchones en protesta por malos tratos. Asimismo, determinó la responsabilidad estatal por la vulneración de distintos derechos de 271 jóvenes que estuvieron alojados, en distintos periodos entre 2006 y 2009, en los centros Lihuén, Antuhué, San Bernardo y Tiempo De Crecer. Bajo ese escenario, Muñoz destacó que el Estado ha adoptado medidas reconocidas por la propia sentencia. La sentencia es obligatoria para Chile al estar integrados en el sistema interamericano. El gobierno debe revisar e implementar las medidas dentro del plazo establecido. Muñoz aseguró que se han realizado políticas para reformar el Sename desde gobiernos anteriores hasta ahora. Destacando un tema estructural pendiente desde hace tiempo que requiere seguir avanzando. Hay varias cosas que se están implementando sin prejuicio del cual ciertamente quedan brechas que nosotros tenemos que ir cerrando, señaló Muñoz. La mayor importancia del gobierno estaría en seguir implementando un nuevo modelo intervención. Con ello recordó que el Sename dejará definitivamente su funcionamiento en 2026. Este tema es importante y como Estado nos concentraremos ahora en identificar qué nos está diciendo la Corte para cumplirlo eficazmente,
Un requerimiento de contienda de competencias ante el Tribunal Constitucional a raíz del fallo por el proyecto minero portuario, Dominga, presentó el gobierno según informó hoy la ministra vocera (s), Aisén Etcheverry. Cabe destacar que el Tribunal Ambiental de Antofagasta acogió la reclamación presentada por Andes Iron SpA en contra de la resolución dictada por el Comité de Ministros el 18 de enero de 2023, que calificó desfavorablemente el proyecto Dominga, ubicado en la comuna de La Higuera en la Región de Coquimbo. De tal manera, la instancia medioambiental declaró la nulidad de esta resolución. Al respecto, Etcheverry explicó que esta acción lo que busca es clarificar cuáles son los ámbitos de competencia, entendiendo desde el Ejecutivo que el fallo invade atribuciones que son privativas del Comité de Ministros y por tanto es el Tribunal Constitucional quien tiene que definir cuál es la interpretación correcta respecto de las atribuciones del Comité de Ministros en esta materia. Ahondando en ese punto, la portavoz del Ejecutivo indicó que lo que se plantea en el requerimiento es una contienda de competencias, es el nombre técnico para definir qué organismo tiene qué competencias. De acuerdo a la interpretación que hace el Ejecutivo, el fallo estaría invadiendo competencias que son atribuciones exclusivas del Comité de Ministros y, por lo tanto, el Tribunal Constitucional es el organismo competente para establecer esa interpretación de manera definitiva y a eso responde el requerimiento, recalcó.
Un dictamen “bastante contundente”. Así definió el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) donde declaró la responsabilidad internacional de Chile por la violación a los derechos a la vida, a la integridad personal y de la niñez, en perjuicio de diez adolescentes, de entre 13 y 17 años, fallecidos en el incendio del 21 de octubre de 2007 en el Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado Tiempo de Crecer del Servicio Nacional de Menores (Sename) de Puerto Montt. El fallo además, responsabilizó a Chile por la lesión al derecho a la integridad personal de los familiares de los menores fallecidos en el siniestro originado luego que un grupo de internos prendiera fuego a sus colchones en protesta por malos tratos. Asimismo, determinó la responsabilidad estatal por la vulneración de distintos derechos de 271 jóvenes que estuvieron alojados, en distintos periodos entre 2006 y 2009, en los centros Lihuén, Antuhué, San Bernardo y Tiempo De Crecer. Bajo ese escenario, Muñoz destacó que el Estado ha adoptado medidas reconocidas por la propia sentencia. La sentencia es obligatoria para Chile al estar integrados en el sistema interamericano. El gobierno debe revisar e implementar las medidas dentro del plazo establecido. Muñoz aseguró que se han realizado políticas para reformar el Sename desde gobiernos anteriores hasta ahora. Destacando un tema estructural pendiente desde hace tiempo que requiere seguir avanzando. Hay varias cosas que se están implementando sin prejuicio del cual ciertamente quedan brechas que nosotros tenemos que ir cerrando, señaló Muñoz. La mayor importancia del gobierno estaría en seguir implementando un nuevo modelo intervención. Con ello recordó que el Sename dejará definitivamente su funcionamiento en 2026. Este tema es importante y como Estado nos concentraremos ahora en identificar qué nos está diciendo la Corte para cumplirlo eficazmente,