La Fiscalía Regional de Antofagasta ha abierto una investigación penal, de oficio, tras la filtración de conversaciones contenidas en la carpeta investigativa del caso Democracia Viva, un hecho que ha reavivado la polémica en torno a la diputada Catalina Pérez (FA). Las filtraciones, que incluyen chats de WhatsApp, sugieren que la parlamentaria habría tenido conocimiento de los convenios entre su ex pareja Daniel Andrade y el exseremi Carlos Contreras, mucho antes de que dicha información fuera revelada por los medios. Mediante una declaración pública, el Ministerio Público confirmó la apertura de la investigación: “La Fiscalía Regional de Antofagasta dispuso, de oficio, la apertura de una investigación penal debido a la divulgación en distintos medios de comunicación nacional, de antecedentes relacionados con la investigación que se lleva adelante en la denominada arista Democracia Viva del Caso Convenios” , indicaron. La indagatoria será dirigida por el fiscal adjunto Eduardo Ríos Briones, quien tendrá la responsabilidad de determinar el origen de las filtraciones y, si es necesario, presentar acciones legales contra los responsables de violar la reserva de la carpeta investigativa. Este nuevo giro en el caso mantiene en el centro de la controversia tanto a la diputada como a las autoridades involucradas, generando un nuevo capítulo en una investigación que sigue siendo de gran interés público.
La preocupación por la posible utilización de puertos chilenos por parte de organizaciones criminales para el tráfico de drogas y armas ha llevado al Ministerio Público a adoptar medidas preventivas. En los últimos cinco años, se han iniciado 17 investigaciones sobre delitos en puertos y áreas marítimas de la macrozona norte, lo que, aunque no es una cifra alarmante, plantea desafíos significativos debido a la complejidad de los crímenes involucrados. El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, ha designado al Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, para liderar la persecución de estos delitos en los puertos desde Antofagasta hasta Coquimbo. Este equipo multidisciplinario incluirá a policías, la Armada, Aduanas y personal especializado del Ministerio Público, abarcando un litoral de aproximadamente mil kilómetros con 12 puertos formales y numerosas caletas. Castro Bekios ha señalado que existen evidencias que sugieren la posibilidad de que se estén llevando a cabo actividades criminales en los puertos chilenos. La gran cantidad de mercancías que transitan por estos terminales, combinada con los escasos controles en algunas áreas, facilita que las cargas sean manipuladas durante el transporte. Las embarcaciones que llegan frecuentemente desde puertos colombianos y peruanos son de especial interés, ya que estas rutas son aprovechadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico. Las organizaciones criminales están en constante búsqueda de rutas para sacar su mercancía ilícita a sus mercados finales y en ese contexto no podemos pasar por alto que los puertos chilenos, y en particular los del norte, podrían ser parte de una ruta internacional para el abastecimiento de mercados como el europeo, que es un gran consumidor del clorhidrato de cocaína que se produce en Sudamérica. Ese es un elemento que no sólo surge de nuestros análisis, sino que también de numerosos informes y alertas internacionales , afirmó Castro Bekios, enfatizando la gravedad de la situación. El fiscal también destacó casos en los que se han encontrado embarcaciones modificadas para el transporte de armas y drogas, además de hallazgos sospechosos en contenedores. La actividad constante de naves que transportan combustible para el sector minero y energético, a menudo bajo controles laxos, representa otra área de riesgo. Además, la existencia de cientos de caletas en el norte del país presenta oportunidades para el tráfico de mercancías, eludiendo los controles que se enfocan mayormente en las rutas terrestres. La situación se torna aún más crítica con la inminente implementación del Corredor Bioceánico Capricornio, que conectará Chile con Brasil, Paraguay y Argentina, facilitando el comercio pero también atrayendo fenómenos criminales complejos.Esto, que es una buena noticia para Chile y en especial para el norte por la actividad económica y comercial que generará , es también un tema para el cual debemos prepararnos, porque nos pondrá en contacto con fenómenos criminales muy complejos que actualmente existen en esas zonas y hará que nuestros puertos sean aún más atractivos para organizaciones que buscan rutas rápidas y económicas para llegar a Europa u otros mercados, incluso más lejanos, como Asia o Australia, advirtió Castro Bekios. En relación al trabajo que realizará tras su designación a cargo de las investigaciones desde Antofagasta a Coquimbo, el fiscal explicó que la primera actividad será conformar los equipos e iniciar las coordinaciones con las distintas instituciones que contribuirán a la tarea. Afortunadamente -precisó - esta labor ya se encuentra avanzada, por lo que el inicio del trabajo será inmediato.
La Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja (SACFI) en conjunto con la Brigada de Robos de la PDI en Antofagasta, formalizó a 30 personas acusadas de formar parte de una red dedicada a la apropiación fraudulenta de vehículos en varias regiones del país. La investigación reveló que los implicados realizaban denuncias falsas por robo de automóviles y luego, usando documentos falsificados, se presentaban en las comisarías para recuperarlos, “gemelearlos” y venderlos a terceros. En caso de no lograr la recuperación a través de las policías, los miembros de la organización se hacían pasar por carabineros para intimidar a los propietarios y obtener los vehículos. Esta semana se formalizó a dos nuevos implicados en el caso: uno de ellos detenido en San Antonio, acusado de asociación ilícita, falsificación y obstrucción a la justicia, mientras que el segundo fue detenido en Llolleo y enfrentará cargos adicionales por posesión ilegal de municiones. Ambos quedaron en prisión preventiva, elevando a 17 el total de detenidos bajo esta medida cautelar. Investigación Compleja El Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, explicó que el trabajo coordinado con la PDI ha permitido reunir evidencias cruciales para determinar el rol específico de cada miembro dentro de esta red delictiva. “ Se trata de una investigación extremadamente compleja, donde es necesario establecer con exactitud la participación que tuvo cada imputado y junto con eso analizar un cúmulo importante de información que se fue generando antes, durante y con posterioridad a las detenciones. Recordemos que esta es una asociación delictiva que operaba en distintas regiones del país, integrada por decenas de personas, en roles distintos, lo que complejiza mucho más el proceso” , señaló. El persecutor también recordó el modus operandi utilizado por la banda, señalando que este tipo de fraude no era conocido en Chile y que la organización contaba con la capacidad de falsificar documentación para sustentar su operación delictiva. Se sustentaba básicamente en la capacidad que tenía de la organización para suministrarse distinta documentación falsificada, aspecto que también debe ser objeto de una profunda investigación , explicó. Lucha Contra el Crimen Organizado Castro Bekios agregó que este tipo de investigaciones van en la línea de perseguir el crimen organizado en todas sus dimensiones, y destacó los desafíos de estas operaciones. “El crimen organizado, como estructura compleja, con líderes, miembros especializados y redes de apoyo, tiene diversas manifestaciones delictivas y entre ellas están el fraude, falsificación, robo y en general sustracción de bienes valiosos, como son los vehículos. Por otra parte, observamos los peligros que existen en la relación estrecha entre el crimen organizado y distintas actividades ilícitas. Basta pensar, por ejemplo, en la protección y colaboración que requieren estas organizaciones para poder actuar y que se traduce en el pago de sobornos para evitar detenciones o alertar de la existencia de investigaciones” , sostuvo. El Juzgado de Garantía otorgó 120 días iniciales para la investigación, período en el cual la Fiscalía continuará desarrollando diligencias para identificar y detener a otros posibles integrantes de la red. Los formalizados enfrentan cargos por asociación ilícita, falsificación de documentos públicos, obstrucción a la investigación, receptación de vehículos, estafa, cohecho y extorsión, entre otros.
La Fiscalía de Coquimbo ha tomado la decisión de despedir a dos trabajadoras por su ingreso no autorizado a la causa relacionada con el presunto delito de violación del ex subsecretario de Interior, Manuel Monsalve. Se alega que estas mujeres formaron parte del grupo que accedió a la carpeta investigativa durante la semana pasada. Según información proporcionada por el diario La Región, ambas trabajadoras pertenecían a la Fiscalía Regional de Coquimbo, con una de ellas vinculada a la Unidad de Focos. Además de ser desvinculadas, se iniciará un proceso penal en su contra, dado que la causa es de carácter reservado y la Policía de Investigaciones (PDI) tiene restringido su acceso. El ingreso no autorizado fue descubierto gracias al sistema implementado por el fiscal Ángel Valencia, que permitió rastrear a quienes accedieron al material con precisión. La carpeta investigativa contiene testimonios e informes del Servicio Médico Legal, y su contenido está sujeto a confidencialidad debido a la naturaleza del delito. Asimismo, se espera que la Fiscalía identifique a otros funcionarios implicados en la situación, ya que hay indicios de que detalles de la investigación fueron filtrados a terceros tras su publicación en la prensa.
La Fiscalía Centro Norte ha comenzado las indagatorias para esclarecer las circunstancias de la explosión ocurrida en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), que dejó a 35 alumnos lesionados, cinco de ellos en estado crítico debido a severas quemaduras. El incidente tuvo lugar en un baño del establecimiento y fue causado por la detonación de una bomba molotov. La fiscal María Cañas, a cargo de la investigación, se ha comunicado con la rectora del INBA para recabar información sobre la estructura de las autoridades y el personal que se encontraba en el lugar. Cañas indicó que se han encontrado vestigios de artefactos explosivos en otras áreas del colegio, lo que sugiere la posibilidad de que estos hubieran sido lanzados desde el exterior. Ante esto, la fiscal también abordó la inquietud sobre cómo los estudiantes lograron ingresar al colegio con estos dispositivos incendiarios.Es parte de la investigación determinar si los alumnos ingresan con estos elementos, si los ocultan en el recinto, si los profesores están al tanto o si sienten temor de reportar lo que ocurre, explicó. Asimismo, Cañas expresó su preocupación por el ambiente en el que se desenvuelven los docentes, señalando que muchos de ellos han manifestado sentirse amedrentados al hablar sobre los problemas en el colegio por temor a represalias.Han pasado cuatro años de situaciones similares, incluso antes de la pandemia. Debemos indagar en todas estas cuestiones, añadió. Finalmente, la fiscal calificó el incidente como una tragedia, una desgracia y algo inaceptable , enfatizando la necesidad de establecer responsabilidades penales en este caso. La comunidad educativa y las familias de los estudiantes esperan respuestas claras y justicia tras este lamentable suceso.
La Fiscalía Regional de Antofagasta ha abierto una investigación penal, de oficio, tras la filtración de conversaciones contenidas en la carpeta investigativa del caso Democracia Viva, un hecho que ha reavivado la polémica en torno a la diputada Catalina Pérez (FA). Las filtraciones, que incluyen chats de WhatsApp, sugieren que la parlamentaria habría tenido conocimiento de los convenios entre su ex pareja Daniel Andrade y el exseremi Carlos Contreras, mucho antes de que dicha información fuera revelada por los medios. Mediante una declaración pública, el Ministerio Público confirmó la apertura de la investigación: “La Fiscalía Regional de Antofagasta dispuso, de oficio, la apertura de una investigación penal debido a la divulgación en distintos medios de comunicación nacional, de antecedentes relacionados con la investigación que se lleva adelante en la denominada arista Democracia Viva del Caso Convenios” , indicaron. La indagatoria será dirigida por el fiscal adjunto Eduardo Ríos Briones, quien tendrá la responsabilidad de determinar el origen de las filtraciones y, si es necesario, presentar acciones legales contra los responsables de violar la reserva de la carpeta investigativa. Este nuevo giro en el caso mantiene en el centro de la controversia tanto a la diputada como a las autoridades involucradas, generando un nuevo capítulo en una investigación que sigue siendo de gran interés público.
La preocupación por la posible utilización de puertos chilenos por parte de organizaciones criminales para el tráfico de drogas y armas ha llevado al Ministerio Público a adoptar medidas preventivas. En los últimos cinco años, se han iniciado 17 investigaciones sobre delitos en puertos y áreas marítimas de la macrozona norte, lo que, aunque no es una cifra alarmante, plantea desafíos significativos debido a la complejidad de los crímenes involucrados. El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, ha designado al Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, para liderar la persecución de estos delitos en los puertos desde Antofagasta hasta Coquimbo. Este equipo multidisciplinario incluirá a policías, la Armada, Aduanas y personal especializado del Ministerio Público, abarcando un litoral de aproximadamente mil kilómetros con 12 puertos formales y numerosas caletas. Castro Bekios ha señalado que existen evidencias que sugieren la posibilidad de que se estén llevando a cabo actividades criminales en los puertos chilenos. La gran cantidad de mercancías que transitan por estos terminales, combinada con los escasos controles en algunas áreas, facilita que las cargas sean manipuladas durante el transporte. Las embarcaciones que llegan frecuentemente desde puertos colombianos y peruanos son de especial interés, ya que estas rutas son aprovechadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico. Las organizaciones criminales están en constante búsqueda de rutas para sacar su mercancía ilícita a sus mercados finales y en ese contexto no podemos pasar por alto que los puertos chilenos, y en particular los del norte, podrían ser parte de una ruta internacional para el abastecimiento de mercados como el europeo, que es un gran consumidor del clorhidrato de cocaína que se produce en Sudamérica. Ese es un elemento que no sólo surge de nuestros análisis, sino que también de numerosos informes y alertas internacionales , afirmó Castro Bekios, enfatizando la gravedad de la situación. El fiscal también destacó casos en los que se han encontrado embarcaciones modificadas para el transporte de armas y drogas, además de hallazgos sospechosos en contenedores. La actividad constante de naves que transportan combustible para el sector minero y energético, a menudo bajo controles laxos, representa otra área de riesgo. Además, la existencia de cientos de caletas en el norte del país presenta oportunidades para el tráfico de mercancías, eludiendo los controles que se enfocan mayormente en las rutas terrestres. La situación se torna aún más crítica con la inminente implementación del Corredor Bioceánico Capricornio, que conectará Chile con Brasil, Paraguay y Argentina, facilitando el comercio pero también atrayendo fenómenos criminales complejos.Esto, que es una buena noticia para Chile y en especial para el norte por la actividad económica y comercial que generará , es también un tema para el cual debemos prepararnos, porque nos pondrá en contacto con fenómenos criminales muy complejos que actualmente existen en esas zonas y hará que nuestros puertos sean aún más atractivos para organizaciones que buscan rutas rápidas y económicas para llegar a Europa u otros mercados, incluso más lejanos, como Asia o Australia, advirtió Castro Bekios. En relación al trabajo que realizará tras su designación a cargo de las investigaciones desde Antofagasta a Coquimbo, el fiscal explicó que la primera actividad será conformar los equipos e iniciar las coordinaciones con las distintas instituciones que contribuirán a la tarea. Afortunadamente -precisó - esta labor ya se encuentra avanzada, por lo que el inicio del trabajo será inmediato.
La Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja (SACFI) en conjunto con la Brigada de Robos de la PDI en Antofagasta, formalizó a 30 personas acusadas de formar parte de una red dedicada a la apropiación fraudulenta de vehículos en varias regiones del país. La investigación reveló que los implicados realizaban denuncias falsas por robo de automóviles y luego, usando documentos falsificados, se presentaban en las comisarías para recuperarlos, “gemelearlos” y venderlos a terceros. En caso de no lograr la recuperación a través de las policías, los miembros de la organización se hacían pasar por carabineros para intimidar a los propietarios y obtener los vehículos. Esta semana se formalizó a dos nuevos implicados en el caso: uno de ellos detenido en San Antonio, acusado de asociación ilícita, falsificación y obstrucción a la justicia, mientras que el segundo fue detenido en Llolleo y enfrentará cargos adicionales por posesión ilegal de municiones. Ambos quedaron en prisión preventiva, elevando a 17 el total de detenidos bajo esta medida cautelar. Investigación Compleja El Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, explicó que el trabajo coordinado con la PDI ha permitido reunir evidencias cruciales para determinar el rol específico de cada miembro dentro de esta red delictiva. “ Se trata de una investigación extremadamente compleja, donde es necesario establecer con exactitud la participación que tuvo cada imputado y junto con eso analizar un cúmulo importante de información que se fue generando antes, durante y con posterioridad a las detenciones. Recordemos que esta es una asociación delictiva que operaba en distintas regiones del país, integrada por decenas de personas, en roles distintos, lo que complejiza mucho más el proceso” , señaló. El persecutor también recordó el modus operandi utilizado por la banda, señalando que este tipo de fraude no era conocido en Chile y que la organización contaba con la capacidad de falsificar documentación para sustentar su operación delictiva. Se sustentaba básicamente en la capacidad que tenía de la organización para suministrarse distinta documentación falsificada, aspecto que también debe ser objeto de una profunda investigación , explicó. Lucha Contra el Crimen Organizado Castro Bekios agregó que este tipo de investigaciones van en la línea de perseguir el crimen organizado en todas sus dimensiones, y destacó los desafíos de estas operaciones. “El crimen organizado, como estructura compleja, con líderes, miembros especializados y redes de apoyo, tiene diversas manifestaciones delictivas y entre ellas están el fraude, falsificación, robo y en general sustracción de bienes valiosos, como son los vehículos. Por otra parte, observamos los peligros que existen en la relación estrecha entre el crimen organizado y distintas actividades ilícitas. Basta pensar, por ejemplo, en la protección y colaboración que requieren estas organizaciones para poder actuar y que se traduce en el pago de sobornos para evitar detenciones o alertar de la existencia de investigaciones” , sostuvo. El Juzgado de Garantía otorgó 120 días iniciales para la investigación, período en el cual la Fiscalía continuará desarrollando diligencias para identificar y detener a otros posibles integrantes de la red. Los formalizados enfrentan cargos por asociación ilícita, falsificación de documentos públicos, obstrucción a la investigación, receptación de vehículos, estafa, cohecho y extorsión, entre otros.
La Fiscalía de Coquimbo ha tomado la decisión de despedir a dos trabajadoras por su ingreso no autorizado a la causa relacionada con el presunto delito de violación del ex subsecretario de Interior, Manuel Monsalve. Se alega que estas mujeres formaron parte del grupo que accedió a la carpeta investigativa durante la semana pasada. Según información proporcionada por el diario La Región, ambas trabajadoras pertenecían a la Fiscalía Regional de Coquimbo, con una de ellas vinculada a la Unidad de Focos. Además de ser desvinculadas, se iniciará un proceso penal en su contra, dado que la causa es de carácter reservado y la Policía de Investigaciones (PDI) tiene restringido su acceso. El ingreso no autorizado fue descubierto gracias al sistema implementado por el fiscal Ángel Valencia, que permitió rastrear a quienes accedieron al material con precisión. La carpeta investigativa contiene testimonios e informes del Servicio Médico Legal, y su contenido está sujeto a confidencialidad debido a la naturaleza del delito. Asimismo, se espera que la Fiscalía identifique a otros funcionarios implicados en la situación, ya que hay indicios de que detalles de la investigación fueron filtrados a terceros tras su publicación en la prensa.
La Fiscalía Centro Norte ha comenzado las indagatorias para esclarecer las circunstancias de la explosión ocurrida en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), que dejó a 35 alumnos lesionados, cinco de ellos en estado crítico debido a severas quemaduras. El incidente tuvo lugar en un baño del establecimiento y fue causado por la detonación de una bomba molotov. La fiscal María Cañas, a cargo de la investigación, se ha comunicado con la rectora del INBA para recabar información sobre la estructura de las autoridades y el personal que se encontraba en el lugar. Cañas indicó que se han encontrado vestigios de artefactos explosivos en otras áreas del colegio, lo que sugiere la posibilidad de que estos hubieran sido lanzados desde el exterior. Ante esto, la fiscal también abordó la inquietud sobre cómo los estudiantes lograron ingresar al colegio con estos dispositivos incendiarios.Es parte de la investigación determinar si los alumnos ingresan con estos elementos, si los ocultan en el recinto, si los profesores están al tanto o si sienten temor de reportar lo que ocurre, explicó. Asimismo, Cañas expresó su preocupación por el ambiente en el que se desenvuelven los docentes, señalando que muchos de ellos han manifestado sentirse amedrentados al hablar sobre los problemas en el colegio por temor a represalias.Han pasado cuatro años de situaciones similares, incluso antes de la pandemia. Debemos indagar en todas estas cuestiones, añadió. Finalmente, la fiscal calificó el incidente como una tragedia, una desgracia y algo inaceptable , enfatizando la necesidad de establecer responsabilidades penales en este caso. La comunidad educativa y las familias de los estudiantes esperan respuestas claras y justicia tras este lamentable suceso.
