La Fiscalía de Calama ha formalizado cargos por secuestro contra un ciudadano chileno y un colombiano, ambos detenidos esta semana tras una operación conjunta entre el Equipo ECOH de la Fiscalía y la Brigada de Robos (Biro) de la Policía de Investigaciones (PDI). La formalización también incluyó cargos de microtráfico de drogas para uno de los detenidos. De acuerdo con la información proporcionada en la audiencia, los hechos se remontan al 19 de agosto, cuando la víctima, acompañada de una mujer, fue llevada a una vivienda en la comuna de Calama. Allí, ambos imputados la mantuvieron contra su voluntad, amenazándola debido a una presunta deuda económica. Para forzar el pago de la deuda, los secuestradores obligaron a la víctima a comunicarse con familiares y amigos a través de WhatsApp, solicitando dinero. Además, tomaron fotos de la víctima con su propio teléfono móvil, las cuales enviaron a las personas contactadas para hacer la amenaza más creíble y urgente. La víctima permaneció retenida durante aproximadamente nueve horas, hasta que los secuestradores recibieron el dinero y finalmente la liberaron. Ante la denuncia recibida, se activó rápidamente el trabajo del Equipo ECOH y la Biro, quienes lograron reunir la evidencia necesaria para obtener las órdenes de detención. Estas órdenes fueron ejecutadas esta semana por Carabineros y la PDI. Durante el allanamiento del domicilio de uno de los detenidos, las autoridades encontraron envoltorios de cocaína y marihuana, así como elementos utilizados para la dosificación de drogas. Como resultado, el detenido enfrentará también cargos por microtráfico. Dada la gravedad de los delitos, el Juzgado de Garantía de Calama ha decretado prisión preventiva para ambos imputados, considerando el riesgo que representan para la seguridad de la sociedad y de la víctima. El plazo para la investigación se ha fijado en 120 días.
La Fiscalía de Antofagasta ha formalizado hoy una investigación contra Carlos Contreras Gutiérrez, ex Secretario Regional Ministerial (seremi) de Vivienda y Urbanismo, por su presunta participación en tres delitos de fraude al fisco. La acusación se centra en convenios suscritos en septiembre de 2022 con la Fundación Educación, Arte y Cultura Movimiento Fibra para la ejecución de obras de habitabilidad primaria en diversos campamentos de la ciudad. La investigación, que marca la tercera fase del denominado Caso Convenios, se suma a las ya judicializadas aristas Democracia Viva y TomArte, las cuales recientemente fueron consolidadas en una única causa. Los convenios cuestionados, firmados por Contreras entre el 20 y 22 de septiembre de 2022, abarcan proyectos en los campamentos Camino al Futuro, Vista Hermosa y 18 de Septiembre, con montos de $150 millones, $200 millones y $80 millones, respectivamente. En la audiencia, el fiscal jefe Cristian Aguilar Aranela detalló que Contreras actuó en grave contravención a sus deberes al seleccionar y reasignar proyectos a Movimiento Fibra, una fundación que no cumplía con los requisitos necesarios para recibir los fondos. Aguilar expuso que el ex seremi no solo proporcionó datos de contacto de la fundación favorecida sino que también realizó asignaciones sin justificación y sin seguir los procedimientos adecuados. El fiscal destacó que las resoluciones que aprobaron los convenios carecen de motivación sobre la selección directa de la fundación en lugar de una licitación pública y no justifican la elección de Movimiento Fibra. Además, se señaló que Contreras no garantizó el cumplimiento de los convenios mediante documentos de respaldo, como vale vista o pólizas de seguro, que aseguraran el uso adecuado de los fondos. Con todas las conductas ya descritas , además de la infracción grave a los deberes de su cargo de seremi Minvu de la Región de Antofagasta, el imputado Carlos Contreras vulneró los principios de probidad administrativa y de imparcialidad en materia administrativa, en tanto observó un desempeño deshonesto y desleal en un cargo , con preeminencia en intereses particulares y no actuó con objetividad en la suscripción y aprobación de los tres convenios suscritos por su servicio , resumió Aguilar. Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó al Juzgado de Garantía de Antofagasta la prisión preventiva del imputado por peligro para la seguridad de la sociedad, solicitud que fue concedida. Cabe recordar que Contreras ya estaba bajo esta medida cautelar por la arista TomArte del caso. El Juzgado de Garantía ha establecido un plazo de investigación de 45 días para continuar con el proceso.
Para contextualizar, la tarde del pasado martes un sujeto apuñaló a un hombre al interior de la Universidad de Antofagasta, aparentemente por deudas financieras. Ante esto, la Fiscalía de Antofagasta realizó la investigación correspondiente formalizando al imputado por lesiones menos graves y amenazas. Asimismo, según información de la audiencia realizada este miércoles, el día 20 de agosto, la víctima se encontraba al interior de un baño del gimnasio de la universidad, siendo atacado por el imputado con una manopla con cuchillo provocándole tres heridas en el parietal derecho, excoriaciones en la región cervical derecha y una herida punzante en la escápula derecha. Así también, el imputado habría amenazado a la víctima para posteriormente huir del lugar. Finalmente, por petición del Ministerio Público el imputado quedó con la medida cautelar de arraigo nacional y prohibición absoluta de acercarse a la víctima mientras dure la investigación fijado en 90 días.
La Fiscalía de Antofagasta ha formalizado cargos contra un adolescente por los delitos de amenazas y maltrato corporal relevante a una persona con discapacidad, tras un violento ataque ocurrido el 30 de julio. La víctima, un estudiante de 15 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) grado dos, sufrió una serie de lesiones en su rostro debido a la agresión. El ataque se llevó a cabo a las afueras del Liceo Industrial de Antofagasta, donde la víctima está inscrita en el programa PIE (Programa de Integración Escolar). Según los antecedentes proporcionados por el Ministerio Público, el agresor, también menor de edad, había amenazado a la víctima y a sus amigos el día anterior, el 29 de julio, acusándolos de ser “sapos” y prometiendo golpearlos. Como medida cautelar, el imputado ha recibido una orden de prohibición absoluta de acercarse a la víctima o contactar con ella. Además, se ha establecido un plazo de 70 días para la investigación del caso. La Fiscalía también ha decidido abrir una investigación adicional para determinar si hubo una omisión de denuncia por parte de quienes conocían las amenazas previas y no las reportaron. Para proteger a la víctima y a su familia, se han implementado medidas de protección, garantizando su seguridad durante el proceso judicial.
La Fiscalía de Calama ha formalizado cargos por secuestro contra un ciudadano chileno y un colombiano, ambos detenidos esta semana tras una operación conjunta entre el Equipo ECOH de la Fiscalía y la Brigada de Robos (Biro) de la Policía de Investigaciones (PDI). La formalización también incluyó cargos de microtráfico de drogas para uno de los detenidos. De acuerdo con la información proporcionada en la audiencia, los hechos se remontan al 19 de agosto, cuando la víctima, acompañada de una mujer, fue llevada a una vivienda en la comuna de Calama. Allí, ambos imputados la mantuvieron contra su voluntad, amenazándola debido a una presunta deuda económica. Para forzar el pago de la deuda, los secuestradores obligaron a la víctima a comunicarse con familiares y amigos a través de WhatsApp, solicitando dinero. Además, tomaron fotos de la víctima con su propio teléfono móvil, las cuales enviaron a las personas contactadas para hacer la amenaza más creíble y urgente. La víctima permaneció retenida durante aproximadamente nueve horas, hasta que los secuestradores recibieron el dinero y finalmente la liberaron. Ante la denuncia recibida, se activó rápidamente el trabajo del Equipo ECOH y la Biro, quienes lograron reunir la evidencia necesaria para obtener las órdenes de detención. Estas órdenes fueron ejecutadas esta semana por Carabineros y la PDI. Durante el allanamiento del domicilio de uno de los detenidos, las autoridades encontraron envoltorios de cocaína y marihuana, así como elementos utilizados para la dosificación de drogas. Como resultado, el detenido enfrentará también cargos por microtráfico. Dada la gravedad de los delitos, el Juzgado de Garantía de Calama ha decretado prisión preventiva para ambos imputados, considerando el riesgo que representan para la seguridad de la sociedad y de la víctima. El plazo para la investigación se ha fijado en 120 días.
La Fiscalía de Antofagasta ha formalizado hoy una investigación contra Carlos Contreras Gutiérrez, ex Secretario Regional Ministerial (seremi) de Vivienda y Urbanismo, por su presunta participación en tres delitos de fraude al fisco. La acusación se centra en convenios suscritos en septiembre de 2022 con la Fundación Educación, Arte y Cultura Movimiento Fibra para la ejecución de obras de habitabilidad primaria en diversos campamentos de la ciudad. La investigación, que marca la tercera fase del denominado Caso Convenios, se suma a las ya judicializadas aristas Democracia Viva y TomArte, las cuales recientemente fueron consolidadas en una única causa. Los convenios cuestionados, firmados por Contreras entre el 20 y 22 de septiembre de 2022, abarcan proyectos en los campamentos Camino al Futuro, Vista Hermosa y 18 de Septiembre, con montos de $150 millones, $200 millones y $80 millones, respectivamente. En la audiencia, el fiscal jefe Cristian Aguilar Aranela detalló que Contreras actuó en grave contravención a sus deberes al seleccionar y reasignar proyectos a Movimiento Fibra, una fundación que no cumplía con los requisitos necesarios para recibir los fondos. Aguilar expuso que el ex seremi no solo proporcionó datos de contacto de la fundación favorecida sino que también realizó asignaciones sin justificación y sin seguir los procedimientos adecuados. El fiscal destacó que las resoluciones que aprobaron los convenios carecen de motivación sobre la selección directa de la fundación en lugar de una licitación pública y no justifican la elección de Movimiento Fibra. Además, se señaló que Contreras no garantizó el cumplimiento de los convenios mediante documentos de respaldo, como vale vista o pólizas de seguro, que aseguraran el uso adecuado de los fondos. Con todas las conductas ya descritas , además de la infracción grave a los deberes de su cargo de seremi Minvu de la Región de Antofagasta, el imputado Carlos Contreras vulneró los principios de probidad administrativa y de imparcialidad en materia administrativa, en tanto observó un desempeño deshonesto y desleal en un cargo , con preeminencia en intereses particulares y no actuó con objetividad en la suscripción y aprobación de los tres convenios suscritos por su servicio , resumió Aguilar. Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó al Juzgado de Garantía de Antofagasta la prisión preventiva del imputado por peligro para la seguridad de la sociedad, solicitud que fue concedida. Cabe recordar que Contreras ya estaba bajo esta medida cautelar por la arista TomArte del caso. El Juzgado de Garantía ha establecido un plazo de investigación de 45 días para continuar con el proceso.
Para contextualizar, la tarde del pasado martes un sujeto apuñaló a un hombre al interior de la Universidad de Antofagasta, aparentemente por deudas financieras. Ante esto, la Fiscalía de Antofagasta realizó la investigación correspondiente formalizando al imputado por lesiones menos graves y amenazas. Asimismo, según información de la audiencia realizada este miércoles, el día 20 de agosto, la víctima se encontraba al interior de un baño del gimnasio de la universidad, siendo atacado por el imputado con una manopla con cuchillo provocándole tres heridas en el parietal derecho, excoriaciones en la región cervical derecha y una herida punzante en la escápula derecha. Así también, el imputado habría amenazado a la víctima para posteriormente huir del lugar. Finalmente, por petición del Ministerio Público el imputado quedó con la medida cautelar de arraigo nacional y prohibición absoluta de acercarse a la víctima mientras dure la investigación fijado en 90 días.
La Fiscalía de Antofagasta ha formalizado cargos contra un adolescente por los delitos de amenazas y maltrato corporal relevante a una persona con discapacidad, tras un violento ataque ocurrido el 30 de julio. La víctima, un estudiante de 15 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) grado dos, sufrió una serie de lesiones en su rostro debido a la agresión. El ataque se llevó a cabo a las afueras del Liceo Industrial de Antofagasta, donde la víctima está inscrita en el programa PIE (Programa de Integración Escolar). Según los antecedentes proporcionados por el Ministerio Público, el agresor, también menor de edad, había amenazado a la víctima y a sus amigos el día anterior, el 29 de julio, acusándolos de ser “sapos” y prometiendo golpearlos. Como medida cautelar, el imputado ha recibido una orden de prohibición absoluta de acercarse a la víctima o contactar con ella. Además, se ha establecido un plazo de 70 días para la investigación del caso. La Fiscalía también ha decidido abrir una investigación adicional para determinar si hubo una omisión de denuncia por parte de quienes conocían las amenazas previas y no las reportaron. Para proteger a la víctima y a su familia, se han implementado medidas de protección, garantizando su seguridad durante el proceso judicial.
