La Fiscalía Metropolitana Oriente ha centrado su atención en el diputado Joaquín Lavín León, esposo de la exalcaldesa Cathy Barriga, tras el allanamiento de su oficina en el Congreso y su vivienda en Peñaflor el pasado 29 de octubre. La investigación busca determinar si el parlamentario estuvo involucrado en un esquema de malversación de fondos públicos, similar a los delitos que la fiscalía le imputa a Barriga. Según la fiscal Constanza Encina, si las pruebas recabadas durante los allanamientos —que incluyen análisis de documentos y registros— confirman que se utilizaron fondos públicos de manera indebida, solicitarán el desafuero de Lavín y su formalización ante los tribunales. Ante esto, el diputado es investigado por su presunta implicación en la rendición de facturas falsas, relacionadas con gastos de la municipalidad de Maipú, por un monto de aproximadamente $17 millones. Además, se le investiga por delitos de lavado de activos, fraude al fisco y falsificación de instrumentos públicos. Asimismo, la fiscal Encina explicó que, en el caso de Barriga, la exalcaldesa utilizó mecanismos de defraudación, como la rebaja indebida de certificados de disponibilidad presupuestaria, para justificar gastos y desviar fondos municipales. En particular, se cuestiona el uso de recursos destinados a la educación pública para fines políticos y promocionales, que habrían favorecido su imagen pública a expensas de los ciudadanos. Finalmente, el caso sigue en desarrollo y, de encontrarse evidencias suficientes, podría llevar a la formalización de nuevos imputados, incluyendo al propio Lavín, lo que implicaría su desafuero como parlamentario para poder enfrentar los cargos judiciales.
La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a cinco personas acusadas de participar en un fraude informático y lavado de activos que afectó a BancoEstado por un monto superior a los $6 mil millones. Entre los detenidos se encuentran tres exfuncionarios de la entidad, quienes habrían utilizado su acceso y conocimiento del sistema bancario para realizar transferencias indebidas. Ante esto, según el prefecto Marcelo Romero, jefe de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) Metropolitana, la investigación comenzó en agosto tras una denuncia presentada por BancoEstado.La empresa detectó falencias en el sistema de transferencia de cuentas rezagadas, en las cuales se acumulaban fondos que no eran revisados permanentemente, detalló el detective. Asimismo, los hechos ocurrieron entre 2021 y mediados de 2023, periodo en el cual los imputados realizaron transferencias por un total de $6.170.000.000 a dos personas sin relación con acreencias en el banco. La PDI también incautó parte del patrimonio de los implicados, incluyendo cuatro vehículos de alta gama. Finalmente, la Fiscalía Centro Norte continuará investigando los hechos para determinar el destino del dinero y la posible implicación de otros involucrados.
Un proceso judicial ha captado la atención de la comunidad de Linares, dado el impacto potencial en la administración pública y la confianza de los ciudadanos. El alcalde Mario Meza, junto al director de Dideco, Jhon Sancho, y otros siete funcionarios y exfuncionarios municipales, han sido formalizados por su presunta responsabilidad en el delito de fraude al fisco reiterado, sumando un total de 14 personas involucradas. La investigación revela que se llevaron a cabo contratos irregulares con ciertas empresas para la adquisición de artículos de aseo, transporte y alimentos, favoreciendo a algunas con grandes sumas de dinero. Un informe de la Contraloría General de la República indica que se pagaron montos excesivos en la compra de cloro y kits de test rápido de COVID-19. En concreto, se desembolsaron $32.130.000 por 6.000 bidones de cloro, lo que representa un sobreprecio del 76% en comparación con el precio de mercado. Además, la adquisición de 3.000 kits de test rápido por $64.260.000 mostró un sobreprecio del 76,7%. El alcalde Meza, quien presentó su renuncia al cargo este jueves 26 de septiembre para postularse a un tercer mandato en las elecciones del 26 y 27 de octubre, ha manifestado su descontento con el proceso judicial, calificándolo de ataque político y denunciando el uso de la institucionalidad con fines partidistas. Finalmente, este caso ha generado gran expectación en Linares, no solo por la relevancia de los involucrados, sino también por el posible impacto en la administración pública local y la confianza ciudadana.
La Fiscalía Metropolitana Oriente ha centrado su atención en el diputado Joaquín Lavín León, esposo de la exalcaldesa Cathy Barriga, tras el allanamiento de su oficina en el Congreso y su vivienda en Peñaflor el pasado 29 de octubre. La investigación busca determinar si el parlamentario estuvo involucrado en un esquema de malversación de fondos públicos, similar a los delitos que la fiscalía le imputa a Barriga. Según la fiscal Constanza Encina, si las pruebas recabadas durante los allanamientos —que incluyen análisis de documentos y registros— confirman que se utilizaron fondos públicos de manera indebida, solicitarán el desafuero de Lavín y su formalización ante los tribunales. Ante esto, el diputado es investigado por su presunta implicación en la rendición de facturas falsas, relacionadas con gastos de la municipalidad de Maipú, por un monto de aproximadamente $17 millones. Además, se le investiga por delitos de lavado de activos, fraude al fisco y falsificación de instrumentos públicos. Asimismo, la fiscal Encina explicó que, en el caso de Barriga, la exalcaldesa utilizó mecanismos de defraudación, como la rebaja indebida de certificados de disponibilidad presupuestaria, para justificar gastos y desviar fondos municipales. En particular, se cuestiona el uso de recursos destinados a la educación pública para fines políticos y promocionales, que habrían favorecido su imagen pública a expensas de los ciudadanos. Finalmente, el caso sigue en desarrollo y, de encontrarse evidencias suficientes, podría llevar a la formalización de nuevos imputados, incluyendo al propio Lavín, lo que implicaría su desafuero como parlamentario para poder enfrentar los cargos judiciales.
La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a cinco personas acusadas de participar en un fraude informático y lavado de activos que afectó a BancoEstado por un monto superior a los $6 mil millones. Entre los detenidos se encuentran tres exfuncionarios de la entidad, quienes habrían utilizado su acceso y conocimiento del sistema bancario para realizar transferencias indebidas. Ante esto, según el prefecto Marcelo Romero, jefe de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) Metropolitana, la investigación comenzó en agosto tras una denuncia presentada por BancoEstado.La empresa detectó falencias en el sistema de transferencia de cuentas rezagadas, en las cuales se acumulaban fondos que no eran revisados permanentemente, detalló el detective. Asimismo, los hechos ocurrieron entre 2021 y mediados de 2023, periodo en el cual los imputados realizaron transferencias por un total de $6.170.000.000 a dos personas sin relación con acreencias en el banco. La PDI también incautó parte del patrimonio de los implicados, incluyendo cuatro vehículos de alta gama. Finalmente, la Fiscalía Centro Norte continuará investigando los hechos para determinar el destino del dinero y la posible implicación de otros involucrados.
Un proceso judicial ha captado la atención de la comunidad de Linares, dado el impacto potencial en la administración pública y la confianza de los ciudadanos. El alcalde Mario Meza, junto al director de Dideco, Jhon Sancho, y otros siete funcionarios y exfuncionarios municipales, han sido formalizados por su presunta responsabilidad en el delito de fraude al fisco reiterado, sumando un total de 14 personas involucradas. La investigación revela que se llevaron a cabo contratos irregulares con ciertas empresas para la adquisición de artículos de aseo, transporte y alimentos, favoreciendo a algunas con grandes sumas de dinero. Un informe de la Contraloría General de la República indica que se pagaron montos excesivos en la compra de cloro y kits de test rápido de COVID-19. En concreto, se desembolsaron $32.130.000 por 6.000 bidones de cloro, lo que representa un sobreprecio del 76% en comparación con el precio de mercado. Además, la adquisición de 3.000 kits de test rápido por $64.260.000 mostró un sobreprecio del 76,7%. El alcalde Meza, quien presentó su renuncia al cargo este jueves 26 de septiembre para postularse a un tercer mandato en las elecciones del 26 y 27 de octubre, ha manifestado su descontento con el proceso judicial, calificándolo de ataque político y denunciando el uso de la institucionalidad con fines partidistas. Finalmente, este caso ha generado gran expectación en Linares, no solo por la relevancia de los involucrados, sino también por el posible impacto en la administración pública local y la confianza ciudadana.
