La Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja (SACFI) en conjunto con la Brigada de Robos de la PDI en Antofagasta, formalizó a 30 personas acusadas de formar parte de una red dedicada a la apropiación fraudulenta de vehículos en varias regiones del país. La investigación reveló que los implicados realizaban denuncias falsas por robo de automóviles y luego, usando documentos falsificados, se presentaban en las comisarías para recuperarlos, “gemelearlos” y venderlos a terceros. En caso de no lograr la recuperación a través de las policías, los miembros de la organización se hacían pasar por carabineros para intimidar a los propietarios y obtener los vehículos. Esta semana se formalizó a dos nuevos implicados en el caso: uno de ellos detenido en San Antonio, acusado de asociación ilícita, falsificación y obstrucción a la justicia, mientras que el segundo fue detenido en Llolleo y enfrentará cargos adicionales por posesión ilegal de municiones. Ambos quedaron en prisión preventiva, elevando a 17 el total de detenidos bajo esta medida cautelar. Investigación Compleja El Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, explicó que el trabajo coordinado con la PDI ha permitido reunir evidencias cruciales para determinar el rol específico de cada miembro dentro de esta red delictiva. “ Se trata de una investigación extremadamente compleja, donde es necesario establecer con exactitud la participación que tuvo cada imputado y junto con eso analizar un cúmulo importante de información que se fue generando antes, durante y con posterioridad a las detenciones. Recordemos que esta es una asociación delictiva que operaba en distintas regiones del país, integrada por decenas de personas, en roles distintos, lo que complejiza mucho más el proceso” , señaló. El persecutor también recordó el modus operandi utilizado por la banda, señalando que este tipo de fraude no era conocido en Chile y que la organización contaba con la capacidad de falsificar documentación para sustentar su operación delictiva. Se sustentaba básicamente en la capacidad que tenía de la organización para suministrarse distinta documentación falsificada, aspecto que también debe ser objeto de una profunda investigación , explicó. Lucha Contra el Crimen Organizado Castro Bekios agregó que este tipo de investigaciones van en la línea de perseguir el crimen organizado en todas sus dimensiones, y destacó los desafíos de estas operaciones. “El crimen organizado, como estructura compleja, con líderes, miembros especializados y redes de apoyo, tiene diversas manifestaciones delictivas y entre ellas están el fraude, falsificación, robo y en general sustracción de bienes valiosos, como son los vehículos. Por otra parte, observamos los peligros que existen en la relación estrecha entre el crimen organizado y distintas actividades ilícitas. Basta pensar, por ejemplo, en la protección y colaboración que requieren estas organizaciones para poder actuar y que se traduce en el pago de sobornos para evitar detenciones o alertar de la existencia de investigaciones” , sostuvo. El Juzgado de Garantía otorgó 120 días iniciales para la investigación, período en el cual la Fiscalía continuará desarrollando diligencias para identificar y detener a otros posibles integrantes de la red. Los formalizados enfrentan cargos por asociación ilícita, falsificación de documentos públicos, obstrucción a la investigación, receptación de vehículos, estafa, cohecho y extorsión, entre otros.
La Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja (SACFI) en conjunto con la Brigada de Robos de la PDI en Antofagasta, formalizó a 30 personas acusadas de formar parte de una red dedicada a la apropiación fraudulenta de vehículos en varias regiones del país. La investigación reveló que los implicados realizaban denuncias falsas por robo de automóviles y luego, usando documentos falsificados, se presentaban en las comisarías para recuperarlos, “gemelearlos” y venderlos a terceros. En caso de no lograr la recuperación a través de las policías, los miembros de la organización se hacían pasar por carabineros para intimidar a los propietarios y obtener los vehículos. Esta semana se formalizó a dos nuevos implicados en el caso: uno de ellos detenido en San Antonio, acusado de asociación ilícita, falsificación y obstrucción a la justicia, mientras que el segundo fue detenido en Llolleo y enfrentará cargos adicionales por posesión ilegal de municiones. Ambos quedaron en prisión preventiva, elevando a 17 el total de detenidos bajo esta medida cautelar. Investigación Compleja El Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, explicó que el trabajo coordinado con la PDI ha permitido reunir evidencias cruciales para determinar el rol específico de cada miembro dentro de esta red delictiva. “ Se trata de una investigación extremadamente compleja, donde es necesario establecer con exactitud la participación que tuvo cada imputado y junto con eso analizar un cúmulo importante de información que se fue generando antes, durante y con posterioridad a las detenciones. Recordemos que esta es una asociación delictiva que operaba en distintas regiones del país, integrada por decenas de personas, en roles distintos, lo que complejiza mucho más el proceso” , señaló. El persecutor también recordó el modus operandi utilizado por la banda, señalando que este tipo de fraude no era conocido en Chile y que la organización contaba con la capacidad de falsificar documentación para sustentar su operación delictiva. Se sustentaba básicamente en la capacidad que tenía de la organización para suministrarse distinta documentación falsificada, aspecto que también debe ser objeto de una profunda investigación , explicó. Lucha Contra el Crimen Organizado Castro Bekios agregó que este tipo de investigaciones van en la línea de perseguir el crimen organizado en todas sus dimensiones, y destacó los desafíos de estas operaciones. “El crimen organizado, como estructura compleja, con líderes, miembros especializados y redes de apoyo, tiene diversas manifestaciones delictivas y entre ellas están el fraude, falsificación, robo y en general sustracción de bienes valiosos, como son los vehículos. Por otra parte, observamos los peligros que existen en la relación estrecha entre el crimen organizado y distintas actividades ilícitas. Basta pensar, por ejemplo, en la protección y colaboración que requieren estas organizaciones para poder actuar y que se traduce en el pago de sobornos para evitar detenciones o alertar de la existencia de investigaciones” , sostuvo. El Juzgado de Garantía otorgó 120 días iniciales para la investigación, período en el cual la Fiscalía continuará desarrollando diligencias para identificar y detener a otros posibles integrantes de la red. Los formalizados enfrentan cargos por asociación ilícita, falsificación de documentos públicos, obstrucción a la investigación, receptación de vehículos, estafa, cohecho y extorsión, entre otros.
