La Contraloría General de la República (CGR) ha dado a conocer su informe final N° 247 de 2024, que pone de manifiesto irregularidades significativas en los acuerdos entre la Fundación Daya y 13 municipalidades del país. El análisis, que abarca convenios firmados entre enero de 2015 y diciembre de 2023, revela problemas serios en la ejecución delPrograma de uso compasivo de aceite de cannabis destinado a pacientes oncológicos, con epilepsia y otras patologías con dolor crónico. El informe señala que el total de recursos destinados al programa ascendió a $423.426.000, de los cuales se transfirieron $359.025.625 a la Fundación Daya. Sin embargo, se identificaron graves irregularidades que afectan la legalidad y eficacia del proyecto. Uno de los hallazgos clave es que el laboratorio encargado de la producción del aceite de cannabis carecía de la autorización del Instituto de Salud Pública (ISP) durante la mayor parte del periodo del proyecto, cuestionando así la legalidad del proceso. Adicionalmente, las dosis producidas no fueron suficientes para cumplir con los acuerdos establecidos, perjudicando a los pacientes que necesitaban el tratamiento. El informe de la CGR revela que las municipalidades de Antofagasta, Calama, Calera de Tango, Chillán, Copiapó, Graneros, Parral, Peñalolén, Puerto Natales, Quilicura, Quilpué, Quinta Normal y Tocopilla, que participaron en el proyecto, enfrentaron diversas problemáticas. En particular: Nueve de las 13 municipalidades no recibieron el fitofármaco acordado. Dos municipalidades recibieron solo una parte de las dosis comprometidas. Municipalidades afectadas no exigieron el cumplimiento íntegro de los convenios ni solicitaron la restitución de los recursos transferidos, ni tomaron acciones judiciales. Además, la Contraloría constató deficiencias en la rendición de cuentas por parte de algunos gobiernos locales. Se observaron casos de inexistencia y duplicidad de rendiciones en Puerto Natales, Tocopilla, Parral y Graneros, aceptación de rendiciones por montos superiores a los transferidos en Calama, Copiapó, Peñalolén, Quinta Normal y Graneros, y falta de revisión de rendiciones en Calera de Tango, Calama, Copiapó, Graneros y Parral. También se detectó que el ISP no otorgó nuevas autorizaciones para la fabricación del fitofármaco ni concedió el registro sanitario, lo que afectó la disponibilidad de dosis para el tratamiento de los 2.300 pacientes previstos por el acuerdo. En respuesta a estos hallazgos, la Contraloría ha decidido iniciar un sumario para determinar las posibles responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados. Asimismo, los resultados de la investigación serán remitidos al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para las acciones legales correspondientes.
Desde el penal femenino de Antofagasta, Kelly Betancourt, directora de la Fundación TomArte, ha emitido una carta abierta en la que rompe el silencio tras cuatro meses de prisión preventiva. En un documento de cuatro hojas enviado por correo electrónico este lunes, Betancourt entrega su versión de los hechos en el marco de la investigación del denominadoCaso Convenios. La carta, escrita a mano y escaneada para su difusión, representa la primera comunicación pública de Betancourt desde su detención. En el texto, la acusada ofrece detalles sobre su perspectiva del caso que la ha mantenido privada de libertad durante varios meses. Carta de Kelly Betancourt: Transcurrido un tiempo razonable y a pesar de que en este proceso he colaborado a todo momento, declarando y renunciado a mi derecho a guardar silencio en la investigación en curso por el caso convenios, quiero señalar y compartir un par de reflexiones que hago desde el penal femenino de Antofagasta. Primero que todo, desde el año 2017, junto a un grupo de diferentes personas, desarrollamos un trabajo comunitario enfocado en la integración y reparación del tejido social. De esta forma, Tomarte nacía desde la necesidad e ilusión de aportar al territorio. Desde la auto gestión, mantuvimos un trabajo colaborativo en la región que nos llevó a recibir variados reconocimientos ante la metodología basada en la participación ciudadana. Cabe señalar que la experiencia de trabajar a través de la fundación Un techo para Chile, nos impulsó a avanzar en la obtención de una personalidad jurídica que en un futuro terminaría en la creación de la fundación Tomarte. Una vez constituidos y con motivo de generar recursos para el trabajo como Fundación, recibí un llamado de Paula Orellana, actual Consejera Regional por Revolución Democrática, para contarme que su pareja, ejercía como Seremi de Vivienda y urbanismo. En ese momento me consulta si contaba con personalidad jurídica, ya que Carlos Contreras, buscaba instituciones para hacerse cargo de algunos proyectos en el área de asentamientos precarios. Inmediatamente y dada a la pertinencia de nuestra fundación para tales trabajos, decidí escribirle a Contreras para postular a dichos proyectos. Transcurrido un tiempo de mucha gestión administrativa para la adjudicación de los fondos, una vez que estos habían sido aprobados, recibo nuevamente un llamado por parte de Paula Orellana. En esta ocasión, era para ofrecer a la fundación Marchantes quienes, bajo su parecer, contaban con experiencia en la administración de fondos públicos, para que se hicieran cargo del área financiera de los proyectos. Demás está decir que en aquel momento la mayoría de las personas que eran parte de Marchantes, militaban en el mismo partido que la consejera regional. Ante dicho ofrecimiento, decidimos rechazar lo propuesto por Orellana y continuar con los proyectos bajo nuestra propia administración. Ya que no queríamos vernos vinculados con un partido político o gobierno determinado, eso nunca fue de nuestro interés. Todo lo demás, es de público conocimiento o materia de investigación, por la cual me encuentro cumpliendo prisión preventiva en el penal femenino de Antofagasta. Con esto, no busco victimizarme, una consideración especial o trato diferenciado por la experiencia que me ha tocado vivir. Solo, reflexionar sobre qué hubiese pasado si nuestro trabajo se hubiese mantenido desde la autogestión y no desde la institucionalización, que hoy y frente al estallido del caso convenios, mantiene en la misma precarización a cientos de familias que pertenecen a campamentos en Antofagasta. Quebrando de manera irreparable, un trabajo de años realizado en dichos territorios, para que gente de partidos políticos busquen solo el provecho personal, velando por nada más que sus propios intereses. Por mi parte, llevo 4 meses en prisión preventiva, en un proceso en el que he colaborado desde el principio y de forma voluntaria ante el Ministerio Público, entregando esta misma información desde el inicio, sin más objetivo de que se aclare la verdad. La duda que me cabe, es que transcurrido casi un año desde mi declaración voluntaria que es parte de esta misma investigación, a partir de las presumiblemente segundas intenciones de quienes nos invitaron a ser parte de esta red de mentiras, es que: ¿hay otro tipo de justicia para quienes militan en partidos políticos? Lamento plantear esto último, pero es difícil pensar distinto bajo la situación en la que me encuentro, mientras quienes nos invitaron a ser parte de esto, cumplen arresto domiciliario o simplemente pueden libremente repostular a un cargo público sin mayor problema.
La Contraloría General de la República (CGR) ha dado a conocer su informe final N° 247 de 2024, que pone de manifiesto irregularidades significativas en los acuerdos entre la Fundación Daya y 13 municipalidades del país. El análisis, que abarca convenios firmados entre enero de 2015 y diciembre de 2023, revela problemas serios en la ejecución delPrograma de uso compasivo de aceite de cannabis destinado a pacientes oncológicos, con epilepsia y otras patologías con dolor crónico. El informe señala que el total de recursos destinados al programa ascendió a $423.426.000, de los cuales se transfirieron $359.025.625 a la Fundación Daya. Sin embargo, se identificaron graves irregularidades que afectan la legalidad y eficacia del proyecto. Uno de los hallazgos clave es que el laboratorio encargado de la producción del aceite de cannabis carecía de la autorización del Instituto de Salud Pública (ISP) durante la mayor parte del periodo del proyecto, cuestionando así la legalidad del proceso. Adicionalmente, las dosis producidas no fueron suficientes para cumplir con los acuerdos establecidos, perjudicando a los pacientes que necesitaban el tratamiento. El informe de la CGR revela que las municipalidades de Antofagasta, Calama, Calera de Tango, Chillán, Copiapó, Graneros, Parral, Peñalolén, Puerto Natales, Quilicura, Quilpué, Quinta Normal y Tocopilla, que participaron en el proyecto, enfrentaron diversas problemáticas. En particular: Nueve de las 13 municipalidades no recibieron el fitofármaco acordado. Dos municipalidades recibieron solo una parte de las dosis comprometidas. Municipalidades afectadas no exigieron el cumplimiento íntegro de los convenios ni solicitaron la restitución de los recursos transferidos, ni tomaron acciones judiciales. Además, la Contraloría constató deficiencias en la rendición de cuentas por parte de algunos gobiernos locales. Se observaron casos de inexistencia y duplicidad de rendiciones en Puerto Natales, Tocopilla, Parral y Graneros, aceptación de rendiciones por montos superiores a los transferidos en Calama, Copiapó, Peñalolén, Quinta Normal y Graneros, y falta de revisión de rendiciones en Calera de Tango, Calama, Copiapó, Graneros y Parral. También se detectó que el ISP no otorgó nuevas autorizaciones para la fabricación del fitofármaco ni concedió el registro sanitario, lo que afectó la disponibilidad de dosis para el tratamiento de los 2.300 pacientes previstos por el acuerdo. En respuesta a estos hallazgos, la Contraloría ha decidido iniciar un sumario para determinar las posibles responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados. Asimismo, los resultados de la investigación serán remitidos al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para las acciones legales correspondientes.
Desde el penal femenino de Antofagasta, Kelly Betancourt, directora de la Fundación TomArte, ha emitido una carta abierta en la que rompe el silencio tras cuatro meses de prisión preventiva. En un documento de cuatro hojas enviado por correo electrónico este lunes, Betancourt entrega su versión de los hechos en el marco de la investigación del denominadoCaso Convenios. La carta, escrita a mano y escaneada para su difusión, representa la primera comunicación pública de Betancourt desde su detención. En el texto, la acusada ofrece detalles sobre su perspectiva del caso que la ha mantenido privada de libertad durante varios meses. Carta de Kelly Betancourt: Transcurrido un tiempo razonable y a pesar de que en este proceso he colaborado a todo momento, declarando y renunciado a mi derecho a guardar silencio en la investigación en curso por el caso convenios, quiero señalar y compartir un par de reflexiones que hago desde el penal femenino de Antofagasta. Primero que todo, desde el año 2017, junto a un grupo de diferentes personas, desarrollamos un trabajo comunitario enfocado en la integración y reparación del tejido social. De esta forma, Tomarte nacía desde la necesidad e ilusión de aportar al territorio. Desde la auto gestión, mantuvimos un trabajo colaborativo en la región que nos llevó a recibir variados reconocimientos ante la metodología basada en la participación ciudadana. Cabe señalar que la experiencia de trabajar a través de la fundación Un techo para Chile, nos impulsó a avanzar en la obtención de una personalidad jurídica que en un futuro terminaría en la creación de la fundación Tomarte. Una vez constituidos y con motivo de generar recursos para el trabajo como Fundación, recibí un llamado de Paula Orellana, actual Consejera Regional por Revolución Democrática, para contarme que su pareja, ejercía como Seremi de Vivienda y urbanismo. En ese momento me consulta si contaba con personalidad jurídica, ya que Carlos Contreras, buscaba instituciones para hacerse cargo de algunos proyectos en el área de asentamientos precarios. Inmediatamente y dada a la pertinencia de nuestra fundación para tales trabajos, decidí escribirle a Contreras para postular a dichos proyectos. Transcurrido un tiempo de mucha gestión administrativa para la adjudicación de los fondos, una vez que estos habían sido aprobados, recibo nuevamente un llamado por parte de Paula Orellana. En esta ocasión, era para ofrecer a la fundación Marchantes quienes, bajo su parecer, contaban con experiencia en la administración de fondos públicos, para que se hicieran cargo del área financiera de los proyectos. Demás está decir que en aquel momento la mayoría de las personas que eran parte de Marchantes, militaban en el mismo partido que la consejera regional. Ante dicho ofrecimiento, decidimos rechazar lo propuesto por Orellana y continuar con los proyectos bajo nuestra propia administración. Ya que no queríamos vernos vinculados con un partido político o gobierno determinado, eso nunca fue de nuestro interés. Todo lo demás, es de público conocimiento o materia de investigación, por la cual me encuentro cumpliendo prisión preventiva en el penal femenino de Antofagasta. Con esto, no busco victimizarme, una consideración especial o trato diferenciado por la experiencia que me ha tocado vivir. Solo, reflexionar sobre qué hubiese pasado si nuestro trabajo se hubiese mantenido desde la autogestión y no desde la institucionalización, que hoy y frente al estallido del caso convenios, mantiene en la misma precarización a cientos de familias que pertenecen a campamentos en Antofagasta. Quebrando de manera irreparable, un trabajo de años realizado en dichos territorios, para que gente de partidos políticos busquen solo el provecho personal, velando por nada más que sus propios intereses. Por mi parte, llevo 4 meses en prisión preventiva, en un proceso en el que he colaborado desde el principio y de forma voluntaria ante el Ministerio Público, entregando esta misma información desde el inicio, sin más objetivo de que se aclare la verdad. La duda que me cabe, es que transcurrido casi un año desde mi declaración voluntaria que es parte de esta misma investigación, a partir de las presumiblemente segundas intenciones de quienes nos invitaron a ser parte de esta red de mentiras, es que: ¿hay otro tipo de justicia para quienes militan en partidos políticos? Lamento plantear esto último, pero es difícil pensar distinto bajo la situación en la que me encuentro, mientras quienes nos invitaron a ser parte de esto, cumplen arresto domiciliario o simplemente pueden libremente repostular a un cargo público sin mayor problema.
