En el marco de los operativos de registro y allanamiento preventivos que se realizan periódicamente en las unidades penales del país, el personal de Gendarmería del Centro de Detención Preventiva de Calama descubrió una ventana que había sido intencionalmente dañada, lo que puso en alerta al personal sobre un posible intento de vulneración de la seguridad interna. Como medida inmediata, se evacuó el módulo afectado, donde se encontraban 12 internos. De estos, seis fueron trasladados a otro recinto penal debido a su presunta participación en el intento de evasión. La acción fue parte de un esfuerzo más amplio de control y prevención de incidentes graves al interior de la unidad. Ante esto, tras realizar una exhaustiva revisión en todas las dependencias del recinto, los funcionarios lograron incautar diversos elementos prohibidos, incluyendo nueve teléfonos móviles y seis armas blancas de fabricación artesanal, que eran potencialmente peligrosos para la seguridad de los internos y del personal. Finalmente, los antecedentes de lo sucedido fueron entregados al Ministerio Público, mientras que la Dirección Regional de Antofagasta instruyó una investigación interna sobre el caso. Se destacó la pronta y eficaz intervención del personal penitenciario, que permitió evitar lo que podría haber sido un intento de evasión, dada la ubicación estratégica del hallazgo.
Este martes, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, salió al paso y abordó la inusitada -y con todo, polémica- situación ocurrida en el Centro Penitenciario Biobío, en Concepción, luego de que Gendarmería encontrara a un reo decapitado dentro de su celda. El hecho, suscitado en el Módulo 42, fue calificado por las autoridades como un caso inedito en el sistema penitenciario chileno. Según un comunicado de la Dirección Regional de Gendarmería del Bío Bío, en el lugar se halló una biblia, escritos satánicos, sangre en las paredes con la inscripción “ 666 ”, el cadáver sobre la cama y su cabeza a un costado mirando hacia la puerta; todo en directa relación a un posible ritual satánico. En este contexto, el titular de la cartera explicó las medidas investigativas y administrativas que se están implementando para esclarecer los hechos y mejorar las falencias detectadas. “El día de ayer dispusimos varias medidas inmediatas. El subsecretario de Justicia y el director nacional de Gendarmería se trasladaron al penal, donde se inició un sumario administrativo para esclarecer los hechos. Esta investigación se llevará a cabo con la mayor celeridad posible para determinar las motivaciones del agresor y evaluar la necesidad de nuevas acciones”, señaló desde La Moneda. De igual forma, agregó que se reforzarán los turnos nocturnos dentro de Gendarmería para evitar situaciones similares, destacando que la decisión de agilizar el sumario fue tomada para esclarecer rápidamente los hechos. Al ser consultado sobre posibles medidas adicionales, el personero de Gobierno indicó que éstas se evaluarán en el camino. “Este es un hecho grave y sin precedentes en el sistema penitenciario chileno. A pesar de que la cárcel no presenta sobrepoblación, se deben reforzar las medidas para que esto no vuelva a ocurrir en ningún penal del país”, enfatizó el secretario de Estado. En nuestro país no ocurre lo que ocurre en otros países de la región, fustigó Gajardo. Eso lo hemos visto muy recientemente en varios países donde quienes administran los establecimientos penitenciarios son los propios internos. Como último punto, Gajardo refrendó que “cuando recibimos Gendarmería existía sólo un vehículo parcialmente blindado para traslados de alto riesgo; ahora contamos con una flota completa”. También resaltó que anteriormente no existía un sistema de inhibición telefónica celular en las cárceles; actualmente está implementado en el 20% de la población penal con meta del 50% para próximo año. Cabe resaltar que el recluso acusado por esta grave situación fue identificado como Diego Valdés,de 41 años. Para él fue solicitada atención médica correspondiente: psicólogo y psiquiatra para recibir tratamiento médico adecuado a su estado mental, confirmó María Cristina Melgarejo, coordinadora dela defensoría pública penitenciaria.
En el marco de los operativos de registro y allanamiento preventivos que se realizan periódicamente en las unidades penales del país, el personal de Gendarmería del Centro de Detención Preventiva de Calama descubrió una ventana que había sido intencionalmente dañada, lo que puso en alerta al personal sobre un posible intento de vulneración de la seguridad interna. Como medida inmediata, se evacuó el módulo afectado, donde se encontraban 12 internos. De estos, seis fueron trasladados a otro recinto penal debido a su presunta participación en el intento de evasión. La acción fue parte de un esfuerzo más amplio de control y prevención de incidentes graves al interior de la unidad. Ante esto, tras realizar una exhaustiva revisión en todas las dependencias del recinto, los funcionarios lograron incautar diversos elementos prohibidos, incluyendo nueve teléfonos móviles y seis armas blancas de fabricación artesanal, que eran potencialmente peligrosos para la seguridad de los internos y del personal. Finalmente, los antecedentes de lo sucedido fueron entregados al Ministerio Público, mientras que la Dirección Regional de Antofagasta instruyó una investigación interna sobre el caso. Se destacó la pronta y eficaz intervención del personal penitenciario, que permitió evitar lo que podría haber sido un intento de evasión, dada la ubicación estratégica del hallazgo.
Este martes, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, salió al paso y abordó la inusitada -y con todo, polémica- situación ocurrida en el Centro Penitenciario Biobío, en Concepción, luego de que Gendarmería encontrara a un reo decapitado dentro de su celda. El hecho, suscitado en el Módulo 42, fue calificado por las autoridades como un caso inedito en el sistema penitenciario chileno. Según un comunicado de la Dirección Regional de Gendarmería del Bío Bío, en el lugar se halló una biblia, escritos satánicos, sangre en las paredes con la inscripción “ 666 ”, el cadáver sobre la cama y su cabeza a un costado mirando hacia la puerta; todo en directa relación a un posible ritual satánico. En este contexto, el titular de la cartera explicó las medidas investigativas y administrativas que se están implementando para esclarecer los hechos y mejorar las falencias detectadas. “El día de ayer dispusimos varias medidas inmediatas. El subsecretario de Justicia y el director nacional de Gendarmería se trasladaron al penal, donde se inició un sumario administrativo para esclarecer los hechos. Esta investigación se llevará a cabo con la mayor celeridad posible para determinar las motivaciones del agresor y evaluar la necesidad de nuevas acciones”, señaló desde La Moneda. De igual forma, agregó que se reforzarán los turnos nocturnos dentro de Gendarmería para evitar situaciones similares, destacando que la decisión de agilizar el sumario fue tomada para esclarecer rápidamente los hechos. Al ser consultado sobre posibles medidas adicionales, el personero de Gobierno indicó que éstas se evaluarán en el camino. “Este es un hecho grave y sin precedentes en el sistema penitenciario chileno. A pesar de que la cárcel no presenta sobrepoblación, se deben reforzar las medidas para que esto no vuelva a ocurrir en ningún penal del país”, enfatizó el secretario de Estado. En nuestro país no ocurre lo que ocurre en otros países de la región, fustigó Gajardo. Eso lo hemos visto muy recientemente en varios países donde quienes administran los establecimientos penitenciarios son los propios internos. Como último punto, Gajardo refrendó que “cuando recibimos Gendarmería existía sólo un vehículo parcialmente blindado para traslados de alto riesgo; ahora contamos con una flota completa”. También resaltó que anteriormente no existía un sistema de inhibición telefónica celular en las cárceles; actualmente está implementado en el 20% de la población penal con meta del 50% para próximo año. Cabe resaltar que el recluso acusado por esta grave situación fue identificado como Diego Valdés,de 41 años. Para él fue solicitada atención médica correspondiente: psicólogo y psiquiatra para recibir tratamiento médico adecuado a su estado mental, confirmó María Cristina Melgarejo, coordinadora dela defensoría pública penitenciaria.
