Este miércoles, la defensa de Manuel Monsalve, exsubsecretario del Gobierno, solicitó la inhabilitación del juez Ponciano Sallés durante la audiencia de cautela de garantía llevada a cabo en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. El abogado Cristian Arias, representante de Monsalve, argumentó que el magistrado ya se había pronunciado sobre la legalidad de la incautación de un cuarto celular que actualmente está bajo custodia del tribunal, lo que a su juicio compromete la imparcialidad del proceso. Ante esto, Arias comenzó su intervención con una respetuosa pero firme petición:Solicitamos la inhabilidad del magistrado, mencionando que la incautación del dispositivo ha sido objeto de controversia, ya que el Ministerio Público decidió no realizar peritajes sobre el celular. La defensa había cuestionado previamente la legalidad de esta acción. Asimismo, el abogado señaló que la discusión se centra en dos puntos clave: la legalidad de la orden de incautación y la posibilidad de que el celular contenga pruebas relevantes según la ley. Sin embargo, según Arias, el juez Sallés ya se había pronunciado sobre la legalidad de la orden, lo que a su entender “anula la posibilidad de volver a debatir este aspecto”, y planteó que esto podría ser una causal para que el juez se inhabilite en el caso.
Este miércoles, la defensa de Manuel Monsalve, exsubsecretario del Gobierno, solicitó la inhabilitación del juez Ponciano Sallés durante la audiencia de cautela de garantía llevada a cabo en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. El abogado Cristian Arias, representante de Monsalve, argumentó que el magistrado ya se había pronunciado sobre la legalidad de la incautación de un cuarto celular que actualmente está bajo custodia del tribunal, lo que a su juicio compromete la imparcialidad del proceso. Ante esto, Arias comenzó su intervención con una respetuosa pero firme petición:Solicitamos la inhabilidad del magistrado, mencionando que la incautación del dispositivo ha sido objeto de controversia, ya que el Ministerio Público decidió no realizar peritajes sobre el celular. La defensa había cuestionado previamente la legalidad de esta acción. Asimismo, el abogado señaló que la discusión se centra en dos puntos clave: la legalidad de la orden de incautación y la posibilidad de que el celular contenga pruebas relevantes según la ley. Sin embargo, según Arias, el juez Sallés ya se había pronunciado sobre la legalidad de la orden, lo que a su entender “anula la posibilidad de volver a debatir este aspecto”, y planteó que esto podría ser una causal para que el juez se inhabilite en el caso.
