Este viernes, el director del Servicio de Migraciones (Sermig), Luis Eduardo Thayer, se refirió a la posibilidad de nuevas olas migrantes debido a las recientes tomas de posesión de Nicolás Maduro y Donald Trump en Venezuela y Estados Unidos, respectivamente. En ese sentido, señaló que “Chile no incentivará nuevos flujos migratorios” ni “cambiará su política migratoria fronteriza por una crisis en algún país de la región” [...] primero hay que integrar a quienes ya están en el país y resolver las tensiones que se puedan dar o los problemas de integración y regularidad”, manifestó la autoridad. Cabe consignar que desde el organismo calculan que los ingresos irregulares al país cayeron cerca del 37% en 2024 en comparación con el año 2023, y un 48% con respecto a 2022. Además, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el 6,6 % de la población extranjera residente en Chile se encuentra en situación irregular. Por otra parte, tras ser consultado por el eventual arribo de una gran cantidad de ciudadanos foráneos, el timonel puntualizó que pese a que es prematuro hablar de una nueva ola migratoria, el Gobierno seguirá aumentando el control fronterizo y reduciendo el ingreso irregular, acotó. Sobre esto, Thayer señaló que tener personas en situación irregular es un problema para la seguridad del país, para la integración y para la convivencia. La migración, que en los últimos años ha aumentado de forma exponencial en Chile, se ha convertido, según todas las encuestas, en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Hay una cierta resistencia en la sociedad, aseveró el mandamás de Sermig. Buscamos prevenir los conflictos entre nacionales y extranjeros y que si se dan los gobiernos locales tengan herramientas para abordarlos, concluyó Thayer.
La jornada de este martes - tras casi un año después de su ingreso- la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad el proyecto que modifica la Ley de Migración y Extranjería, que ahora seguirá su trámite legislativo en el Senado. Tras la reposición de la urgencia por parte del Gobierno, la iniciativa avanzó en su trámite con 142 votos a favor, a excepción de algunas indicaciones o artículos. Cabe destacar que entre las principales propuestas está el ampliar las causales de expulsión de personas extranjeras que hayan cometido delitos; revocar permisos de residencia a quienes cometen faltas reiteradas a la convivencia; y aumentar los requisitos para obtener la nacionalidad chilena. Asimismo, consigna la revocación de permisos de residencia a quienes cometen faltas reiteradas que atentan contra la convivencia, como riñas, ruidos molestos o venta ambulante. Lo anterior, en su conjunto, no sólo modifica sino que endurece las penas relativas a la concreción de ilícitos. Así, un gran número de parlamentarios valoraron la decisión apelando a que el proyecto va en busca de mayor orden y seguridad para el país. El diputado por Atacama Renzo Trisotti (Republicanos) sostuvo que, mediante este proyecto, se termina ese romanticismo y voluntarismo de algunos sectores de izquierda que establecía, sin limitaciones, el derecho a migrar o que 'nadie es ilegal'. Por su parte, desde la bancada RN, puntualizaron en el derecho de los chilenos por sobre los extranjeros en acceso a la educación y salud. En ese sentido, destacaron que “el Estado garantizará el acceso a la enseñanza preescolar, básica y media a los extranjeros menores de edad establecidos en Chile, en las mismas condiciones que los nacionales”. En tanto, desde el oficialismo enfatizaron en la visación del trámite. Carolina Tello, diputada del Frente Amplio (FA) dijo que el proyecto va en la línea de “atender una necesidad de la ciudadanía, que tiene que ver con mejorar los procedimientos migratorios. Abordar algunas problemáticas que hoy no están cubiertas, y eso me parece relevante”. Por último, el diputado por Antofagasta Jaime Araya (ind-PPD) resaltó que la norma también tipifica como delito el traslado de migrantes en situación irregular, de modo que termina con el negocio de aquellos que lucran con este fenómeno.Se acaba la posibilidad de transportar migrantes irregulares por la frontera. Muchas veces, en la región que yo represento, se cobran 200 mil o 150 mil pesos por cerca de 50 kilómetros de recorrido que hay entre la frontera y San Pedro de Atacama. Por lo tanto, se le acaba el negocio a los que lucran con la migración irregular, valoró. Con todo, la Comisión de Gobierno de la Cámara pondrá en tabla este miércoles un proyecto que regula los centros de internación de extranjeros con orden de expulsión, que complementaría la propuesta aprobada hoy por la Sala.
Este viernes, el director del Servicio de Migraciones (Sermig), Luis Eduardo Thayer, se refirió a la posibilidad de nuevas olas migrantes debido a las recientes tomas de posesión de Nicolás Maduro y Donald Trump en Venezuela y Estados Unidos, respectivamente. En ese sentido, señaló que “Chile no incentivará nuevos flujos migratorios” ni “cambiará su política migratoria fronteriza por una crisis en algún país de la región” [...] primero hay que integrar a quienes ya están en el país y resolver las tensiones que se puedan dar o los problemas de integración y regularidad”, manifestó la autoridad. Cabe consignar que desde el organismo calculan que los ingresos irregulares al país cayeron cerca del 37% en 2024 en comparación con el año 2023, y un 48% con respecto a 2022. Además, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el 6,6 % de la población extranjera residente en Chile se encuentra en situación irregular. Por otra parte, tras ser consultado por el eventual arribo de una gran cantidad de ciudadanos foráneos, el timonel puntualizó que pese a que es prematuro hablar de una nueva ola migratoria, el Gobierno seguirá aumentando el control fronterizo y reduciendo el ingreso irregular, acotó. Sobre esto, Thayer señaló que tener personas en situación irregular es un problema para la seguridad del país, para la integración y para la convivencia. La migración, que en los últimos años ha aumentado de forma exponencial en Chile, se ha convertido, según todas las encuestas, en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Hay una cierta resistencia en la sociedad, aseveró el mandamás de Sermig. Buscamos prevenir los conflictos entre nacionales y extranjeros y que si se dan los gobiernos locales tengan herramientas para abordarlos, concluyó Thayer.
La jornada de este martes - tras casi un año después de su ingreso- la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad el proyecto que modifica la Ley de Migración y Extranjería, que ahora seguirá su trámite legislativo en el Senado. Tras la reposición de la urgencia por parte del Gobierno, la iniciativa avanzó en su trámite con 142 votos a favor, a excepción de algunas indicaciones o artículos. Cabe destacar que entre las principales propuestas está el ampliar las causales de expulsión de personas extranjeras que hayan cometido delitos; revocar permisos de residencia a quienes cometen faltas reiteradas a la convivencia; y aumentar los requisitos para obtener la nacionalidad chilena. Asimismo, consigna la revocación de permisos de residencia a quienes cometen faltas reiteradas que atentan contra la convivencia, como riñas, ruidos molestos o venta ambulante. Lo anterior, en su conjunto, no sólo modifica sino que endurece las penas relativas a la concreción de ilícitos. Así, un gran número de parlamentarios valoraron la decisión apelando a que el proyecto va en busca de mayor orden y seguridad para el país. El diputado por Atacama Renzo Trisotti (Republicanos) sostuvo que, mediante este proyecto, se termina ese romanticismo y voluntarismo de algunos sectores de izquierda que establecía, sin limitaciones, el derecho a migrar o que 'nadie es ilegal'. Por su parte, desde la bancada RN, puntualizaron en el derecho de los chilenos por sobre los extranjeros en acceso a la educación y salud. En ese sentido, destacaron que “el Estado garantizará el acceso a la enseñanza preescolar, básica y media a los extranjeros menores de edad establecidos en Chile, en las mismas condiciones que los nacionales”. En tanto, desde el oficialismo enfatizaron en la visación del trámite. Carolina Tello, diputada del Frente Amplio (FA) dijo que el proyecto va en la línea de “atender una necesidad de la ciudadanía, que tiene que ver con mejorar los procedimientos migratorios. Abordar algunas problemáticas que hoy no están cubiertas, y eso me parece relevante”. Por último, el diputado por Antofagasta Jaime Araya (ind-PPD) resaltó que la norma también tipifica como delito el traslado de migrantes en situación irregular, de modo que termina con el negocio de aquellos que lucran con este fenómeno.Se acaba la posibilidad de transportar migrantes irregulares por la frontera. Muchas veces, en la región que yo represento, se cobran 200 mil o 150 mil pesos por cerca de 50 kilómetros de recorrido que hay entre la frontera y San Pedro de Atacama. Por lo tanto, se le acaba el negocio a los que lucran con la migración irregular, valoró. Con todo, la Comisión de Gobierno de la Cámara pondrá en tabla este miércoles un proyecto que regula los centros de internación de extranjeros con orden de expulsión, que complementaría la propuesta aprobada hoy por la Sala.
