Durante la última jornada, el Presidente Gabriel Boric presentó 12 indicaciones con el objetivo de corregir la reforma electoral, la cual establece una multa a los electores que no ejerzan su voto. A lo menos cuatro de estas medidas apuntan a restringir el derecho al sufragio de los extranjeros. De acuerdo a lo señalado por La Tercera, dicha iniciativa del Gobierno, coordinada por Álvaro Elizalde, ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), busca exceptuar de la multa a los inmigrantes que se encuentren incorporados en el Padrón Electoral del Extranjero, o sea, chilenos o ciudadanos de otros países que estén habilitados para inscribirse y sufragar en el exterior. En la otra vereda, se postula que los extranjeros sólo puedan ejercer el derecho a sufragio en las elecciones municipales y en los plebiscitos comunales. Asimismo, otra de las medidas expuestas es que los ciudadanos foráneos deban presentar un certificado de antecedentes penales del país de origen para ser incluidos en el padrón electoral chileno. Este certificado no podrá tener una antigüedad superior a 30 días corridos y deberá ser presentado ante el Servicio Electoral entre los 170 y 140 días anteriores a la elección o plebiscito. Pese a todo lo anterior, debido al receso legislativo del Congreso durante el mes de febrero, la revisión de los puntos se postergó para marzo y la encargada de verificar dichas indicaciones será la Comisión de Gobierno del Senado, presidida por parlamentario de RN, Manuel José Ossandón.
A través de una investigación realizada por la Fiscalía Local de Calama en conjunto con la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones de Chile, se logró establecer una asociación delictiva que cometía ilícitos de Tráfico de Migrantes. Ante esto, siete sujetos de nacionalidad boliviana ejecutaban delitos de Tráfico de Migrantes desde abril de 2024, con el fin de lucrar y facilitar la entrada ilegal al país desde el paso de la frontera de Chile con Bolivia, por un sector cercano a hito cajón en la comuna de San Pedro de Atacama. Asimismo, los individuos coordinaban con sujetos de Bolivia que se encargaban de trasladar a las víctimas en vehículos hasta la frontera con Chile y posteriormente traspasarlos ilegalmente por pasos no habilitados, donde otra persona de la organización esperaba la llegada y los transportaba hasta las ciudades de San Pedro de Atacama o Calama. Dado lo anterior, las víctimas debían pagar montos que oscilaban entre $80.000 y $150.000 pesos por traslado, sin realizar el control migratorio correspondiente. Finalmente, los imputados fueron formalizados por Ilícitos Asociación Delictiva y Tráfico De Migrantes (reiterado), donde el Juzgado De Garantía De Calama decreto La Medida Cautelar De Prisión Preventiva Por Peligro Para La Seguridad De La Sociedad fijando un plazo De Investigación De 150 Días.
Durante la jornada del pasado miércoles, el Juzgado de Familia Antofagasta suscribió el protocolo de derivación y coordinación para obtener un permiso migratorio con fines humanitarios para niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes y/o apátridas en cuidados alternativos. El permiso tiene la finalidad de agilizar la tramitación de identificación de los NNA y establecer plazos más acotados para que el tribunal pueda determinar la identidad fundante de la solicitud de regulación migratoria. La vocera del Juzgado de Familia, Mae Valdebenito, se refirió a la firma del protocolo y señaló que durante el último año se han registrado casos en que ha sido casi imposible identificar a los niños, niñas y adolescentes, especialmente apátridas o provenientes de Venezuela. Eduardo Contreras, director regional del Servicio de Migraciones, destacó que este es un protocolo pionero a nivel nacional debido a la iniciativa existente en el tribunal de familia y por la realidad regional que viven. Destacó también que esta región cuenta con una alta cantidad de personas migrantes, especialmente niños bajo cuidado especializado. Este protocolo permite mediante una resolución judicial dar fe de la identidad de los niños, niñas y adolescentes que carecen de documentos oficiales para así iniciar el trámite correspondiente para obtener visas. En la firma del documento estuvieron presentes el juez presidente (s) del Juzgado de Familia Antofagasta, Paul Contreras; la directora del Servicio Protección Especializado, Francisca Olivares; el director regional del Servicio Migraciones Eduardo Contreras; y la directora del programa Mi Abogado Loreto Puentes.
Durante la jornada de este viernes, el Gobierno firmó un protocolo para agilizar las expulsiones administrativas de inmigrantes que estén ligados a algún delito en el país, en el marco de la Ley de Migraciones. El documento en cuestión fue suscrito por el ministro subrogante del Interior, Luis Cordero, junto con los organismos de la Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería y el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig). Concretamente, la iniciativa especifica ajustes a la Ley de Migraciones para llevar un proceso de expulsión más eficaz, con tiempos más acotados y de manera más regular. Asimismo, considera adecuaciones legales para permitir las expulsiones, incorpora más tecnología y considera un aumento de dotación en los equipos del Sermig. Entre los avances, se destacó la implementación de herramientas tecnológicas para las policías, que ahora tienen acceso directo a la situación migratoria de las personas controladas, particularmente aquellas con decretos de expulsión vigentes. Asimismo, se priorizarán las expulsiones de personas vinculadas a organizaciones criminales, alineando este esfuerzo con las políticas de combate al crimen organizado. Cordero recalcó que esta iniciativa tiene como objetivo estandarizar y hacer más eficientes los procedimientos, reduciendo plazos y mejorando la interoperabilidad entre las instituciones involucradas. “Este protocolo uniforma la información, los tiempos y los flujos de comunicación, lo que permite que las expulsiones se desarrollen de manera más regular y eficaz, sostuvo. Cabe recordar que desde el inicio del actual Gobierno se han notificado más 6.000 nuevos decretos de expulsión, sumándose a los 24.000 existentes al inicio del período. Hasta la fecha se han concretado más 1.000 Estamos trabajando con ambas policías para hacer una evaluación policial
Fue este jueves, que el apodadozar de la frontera del Presidente electo Donald Trump, Tom Homan, anunció que el próximo Gobierno de Estados Unidos repondrá la detención de familias migrantes a partir del 20 de enero cuando lleguen a la Casa Blanca. En entrevista con The Washington Post, la futura autoridad explicó que los adultos con hijos menores serán detenidos en instalaciones temporales, como carpas o tiendas de campaña, similares a las utilizadas en olas migratorias previas. De igual forma, aseveró que el estatus de los menores nacidos en Estados Unidos, quienes tienen nacionalidad estadounidense, no será un factor a considerar en el proceso. “El problema es el siguiente: usted sabía que estaba en el país de manera ilegal y decidió tener un hijo. Así que fue usted quien puso a su familia en esa posición”, declaró. Según Homan, las familias detenidas deberán decidir si desean ser deportadas juntas a sus países de origen o si prefieren dejar a los menores en Estados Unidos. En concreto, esto representa un regreso a las políticas más estrictas aplicadas durante el primer mandato de Trump, cuando Homan dirigió el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y fue clave en la implementación de la controvertida política de separación de familias migrantes. “Vamos a tener que construir instalaciones para familias. El número de camas que necesitaremos dependerá de lo que indiquen los datos”, complementó. Con todo, el magnate prometió durante la pasada campaña electoral la deportación de millones de migrantes indocumentados.
Durante la última jornada, el Presidente Gabriel Boric presentó 12 indicaciones con el objetivo de corregir la reforma electoral, la cual establece una multa a los electores que no ejerzan su voto. A lo menos cuatro de estas medidas apuntan a restringir el derecho al sufragio de los extranjeros. De acuerdo a lo señalado por La Tercera, dicha iniciativa del Gobierno, coordinada por Álvaro Elizalde, ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), busca exceptuar de la multa a los inmigrantes que se encuentren incorporados en el Padrón Electoral del Extranjero, o sea, chilenos o ciudadanos de otros países que estén habilitados para inscribirse y sufragar en el exterior. En la otra vereda, se postula que los extranjeros sólo puedan ejercer el derecho a sufragio en las elecciones municipales y en los plebiscitos comunales. Asimismo, otra de las medidas expuestas es que los ciudadanos foráneos deban presentar un certificado de antecedentes penales del país de origen para ser incluidos en el padrón electoral chileno. Este certificado no podrá tener una antigüedad superior a 30 días corridos y deberá ser presentado ante el Servicio Electoral entre los 170 y 140 días anteriores a la elección o plebiscito. Pese a todo lo anterior, debido al receso legislativo del Congreso durante el mes de febrero, la revisión de los puntos se postergó para marzo y la encargada de verificar dichas indicaciones será la Comisión de Gobierno del Senado, presidida por parlamentario de RN, Manuel José Ossandón.
A través de una investigación realizada por la Fiscalía Local de Calama en conjunto con la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones de Chile, se logró establecer una asociación delictiva que cometía ilícitos de Tráfico de Migrantes. Ante esto, siete sujetos de nacionalidad boliviana ejecutaban delitos de Tráfico de Migrantes desde abril de 2024, con el fin de lucrar y facilitar la entrada ilegal al país desde el paso de la frontera de Chile con Bolivia, por un sector cercano a hito cajón en la comuna de San Pedro de Atacama. Asimismo, los individuos coordinaban con sujetos de Bolivia que se encargaban de trasladar a las víctimas en vehículos hasta la frontera con Chile y posteriormente traspasarlos ilegalmente por pasos no habilitados, donde otra persona de la organización esperaba la llegada y los transportaba hasta las ciudades de San Pedro de Atacama o Calama. Dado lo anterior, las víctimas debían pagar montos que oscilaban entre $80.000 y $150.000 pesos por traslado, sin realizar el control migratorio correspondiente. Finalmente, los imputados fueron formalizados por Ilícitos Asociación Delictiva y Tráfico De Migrantes (reiterado), donde el Juzgado De Garantía De Calama decreto La Medida Cautelar De Prisión Preventiva Por Peligro Para La Seguridad De La Sociedad fijando un plazo De Investigación De 150 Días.
Durante la jornada del pasado miércoles, el Juzgado de Familia Antofagasta suscribió el protocolo de derivación y coordinación para obtener un permiso migratorio con fines humanitarios para niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes y/o apátridas en cuidados alternativos. El permiso tiene la finalidad de agilizar la tramitación de identificación de los NNA y establecer plazos más acotados para que el tribunal pueda determinar la identidad fundante de la solicitud de regulación migratoria. La vocera del Juzgado de Familia, Mae Valdebenito, se refirió a la firma del protocolo y señaló que durante el último año se han registrado casos en que ha sido casi imposible identificar a los niños, niñas y adolescentes, especialmente apátridas o provenientes de Venezuela. Eduardo Contreras, director regional del Servicio de Migraciones, destacó que este es un protocolo pionero a nivel nacional debido a la iniciativa existente en el tribunal de familia y por la realidad regional que viven. Destacó también que esta región cuenta con una alta cantidad de personas migrantes, especialmente niños bajo cuidado especializado. Este protocolo permite mediante una resolución judicial dar fe de la identidad de los niños, niñas y adolescentes que carecen de documentos oficiales para así iniciar el trámite correspondiente para obtener visas. En la firma del documento estuvieron presentes el juez presidente (s) del Juzgado de Familia Antofagasta, Paul Contreras; la directora del Servicio Protección Especializado, Francisca Olivares; el director regional del Servicio Migraciones Eduardo Contreras; y la directora del programa Mi Abogado Loreto Puentes.
Durante la jornada de este viernes, el Gobierno firmó un protocolo para agilizar las expulsiones administrativas de inmigrantes que estén ligados a algún delito en el país, en el marco de la Ley de Migraciones. El documento en cuestión fue suscrito por el ministro subrogante del Interior, Luis Cordero, junto con los organismos de la Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería y el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig). Concretamente, la iniciativa especifica ajustes a la Ley de Migraciones para llevar un proceso de expulsión más eficaz, con tiempos más acotados y de manera más regular. Asimismo, considera adecuaciones legales para permitir las expulsiones, incorpora más tecnología y considera un aumento de dotación en los equipos del Sermig. Entre los avances, se destacó la implementación de herramientas tecnológicas para las policías, que ahora tienen acceso directo a la situación migratoria de las personas controladas, particularmente aquellas con decretos de expulsión vigentes. Asimismo, se priorizarán las expulsiones de personas vinculadas a organizaciones criminales, alineando este esfuerzo con las políticas de combate al crimen organizado. Cordero recalcó que esta iniciativa tiene como objetivo estandarizar y hacer más eficientes los procedimientos, reduciendo plazos y mejorando la interoperabilidad entre las instituciones involucradas. “Este protocolo uniforma la información, los tiempos y los flujos de comunicación, lo que permite que las expulsiones se desarrollen de manera más regular y eficaz, sostuvo. Cabe recordar que desde el inicio del actual Gobierno se han notificado más 6.000 nuevos decretos de expulsión, sumándose a los 24.000 existentes al inicio del período. Hasta la fecha se han concretado más 1.000 Estamos trabajando con ambas policías para hacer una evaluación policial
Fue este jueves, que el apodadozar de la frontera del Presidente electo Donald Trump, Tom Homan, anunció que el próximo Gobierno de Estados Unidos repondrá la detención de familias migrantes a partir del 20 de enero cuando lleguen a la Casa Blanca. En entrevista con The Washington Post, la futura autoridad explicó que los adultos con hijos menores serán detenidos en instalaciones temporales, como carpas o tiendas de campaña, similares a las utilizadas en olas migratorias previas. De igual forma, aseveró que el estatus de los menores nacidos en Estados Unidos, quienes tienen nacionalidad estadounidense, no será un factor a considerar en el proceso. “El problema es el siguiente: usted sabía que estaba en el país de manera ilegal y decidió tener un hijo. Así que fue usted quien puso a su familia en esa posición”, declaró. Según Homan, las familias detenidas deberán decidir si desean ser deportadas juntas a sus países de origen o si prefieren dejar a los menores en Estados Unidos. En concreto, esto representa un regreso a las políticas más estrictas aplicadas durante el primer mandato de Trump, cuando Homan dirigió el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y fue clave en la implementación de la controvertida política de separación de familias migrantes. “Vamos a tener que construir instalaciones para familias. El número de camas que necesitaremos dependerá de lo que indiquen los datos”, complementó. Con todo, el magnate prometió durante la pasada campaña electoral la deportación de millones de migrantes indocumentados.
