El ministro de Energía, Diego Pardow, anunció este miércoles en el Congreso Nacional una indicación al proyecto de ley de subsidio eléctrico para implementar un ambicioso plan de instalación de paneles solares en Chile. La iniciativa, respaldada por la bancada de diputados y diputadas del PPD e Independientes, busca utilizar los excedentes de recaudación del subsidio eléctrico para financiar más de 100 mil soluciones de generación solar en los próximos tres años. En un punto de prensa, Pardow destacó el apoyo parlamentario y señaló que la propuesta tiene como objetivo ofrecer una solución definitiva al acceso a electricidad para sectores de clase media, de manera fiscalmente responsable.Este programa permitirá ampliar la cobertura de techos solares, un anhelo desde el inicio de este Gobierno, afirmó el ministro. Ante esto, la indicación al proyecto de ley contempla el uso del remanente de los recursos destinados al subsidio eléctrico, creando ventanillas de postulación tanto individuales como municipales. La Agencia de Sostenibilidad Energética será la encargada de ejecutar el programa, que beneficiará a miles de familias a lo largo de Chile. Cristián Tapia, representante de la Bancada PPD-Independientes en la Comisión de Minería y Energía, valoró la iniciativa, señalando que es un paso clave hacia una política energética sostenible. Invertir en techos solares es la mejor opción para reducir los altos costos de generación de energía fósil y aliviar a las familias de todo el país, sostuvo. Finalmente, la discusión del proyecto de ley de subsidio eléctrico comenzará la próxima semana, donde se espera avanzar en la implementación de esta medida orientada a fomentar la energía solar residencial en todo Chile.
Este martes la comisión mixta del Congreso despachó el informe final que propone la creación y establece los lineamientos del Ministerio de Seguridad Pública, motivo por el cual ahora debe revisado y evaluado tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado, último requisito antes de convertirse en ley. La nueva cartera de Estado coordinará un Sistema de Seguridad que permitirá alinear a las distintas instituciones y organismos en torno a una Estrategia de Seguridad. Ello estará conformado por entidades como Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, Gendarmería, la Agencia Nacional de Inteligencia, ministerios sectoriales con competencias en seguridad pública o prevención del delito, los gobiernos regionales, municipios o el Ministerio Público, entre otros. Por su parte, en regiones el nuevo ministerio tendrá equipos con dedicación exclusiva a las tareas de seguridad, mediante Secretarías Regionales Ministeriales y Departamentos Provinciales de Seguridad Pública. Referente al tema, la ministra del Interior, Carolina Tohá señaló que “ estamos poniendo fin con esto a 18 años de espera. El primer proyecto que se presentó en esta materia data del año 2006 y a pesar de que transversalmente ha existido siempre la idea de que es una buena iniciativa, nunca se habían logrado los acuerdos para hacerlo posible”. En esa línea, la jefa de gabinete indicó que “el nuevo ministerio significará tener un Estado más fuerte, con más atribuciones y más moderno para combatir la violencia y el crimen organizado y para proteger a las personas que habitan nuestro país”. De igual forma puntualizó que ''el proyecto ha tenido muchos cambios, muchas incorporaciones y especialmente ha asumido los nuevos desafíos que ha empezado a enfrentar el país seguridad'', concluyó. Finalmente, cabe subrayar que una de las determinaciones clave fue la eliminación de la facultad del futuro subsecretario de solicitar informes de inteligencia, potestad que quedará reservada exclusivamente para el titular del Ministerio.Este ajuste surge luego de que se dieran a conocer una seria de gestiones irregulares que habría hecho el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, durante la investigación en su contra por violación y agresión sexual, las que han generado inquietud en el Congreso sobre las potestades que deberían otorgarse a las nuevas autoridades en el marco de la Ley de Inteligencia.
El ministro de Energía, Diego Pardow, anunció este miércoles en el Congreso Nacional una indicación al proyecto de ley de subsidio eléctrico para implementar un ambicioso plan de instalación de paneles solares en Chile. La iniciativa, respaldada por la bancada de diputados y diputadas del PPD e Independientes, busca utilizar los excedentes de recaudación del subsidio eléctrico para financiar más de 100 mil soluciones de generación solar en los próximos tres años. En un punto de prensa, Pardow destacó el apoyo parlamentario y señaló que la propuesta tiene como objetivo ofrecer una solución definitiva al acceso a electricidad para sectores de clase media, de manera fiscalmente responsable.Este programa permitirá ampliar la cobertura de techos solares, un anhelo desde el inicio de este Gobierno, afirmó el ministro. Ante esto, la indicación al proyecto de ley contempla el uso del remanente de los recursos destinados al subsidio eléctrico, creando ventanillas de postulación tanto individuales como municipales. La Agencia de Sostenibilidad Energética será la encargada de ejecutar el programa, que beneficiará a miles de familias a lo largo de Chile. Cristián Tapia, representante de la Bancada PPD-Independientes en la Comisión de Minería y Energía, valoró la iniciativa, señalando que es un paso clave hacia una política energética sostenible. Invertir en techos solares es la mejor opción para reducir los altos costos de generación de energía fósil y aliviar a las familias de todo el país, sostuvo. Finalmente, la discusión del proyecto de ley de subsidio eléctrico comenzará la próxima semana, donde se espera avanzar en la implementación de esta medida orientada a fomentar la energía solar residencial en todo Chile.
Este martes la comisión mixta del Congreso despachó el informe final que propone la creación y establece los lineamientos del Ministerio de Seguridad Pública, motivo por el cual ahora debe revisado y evaluado tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado, último requisito antes de convertirse en ley. La nueva cartera de Estado coordinará un Sistema de Seguridad que permitirá alinear a las distintas instituciones y organismos en torno a una Estrategia de Seguridad. Ello estará conformado por entidades como Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, Gendarmería, la Agencia Nacional de Inteligencia, ministerios sectoriales con competencias en seguridad pública o prevención del delito, los gobiernos regionales, municipios o el Ministerio Público, entre otros. Por su parte, en regiones el nuevo ministerio tendrá equipos con dedicación exclusiva a las tareas de seguridad, mediante Secretarías Regionales Ministeriales y Departamentos Provinciales de Seguridad Pública. Referente al tema, la ministra del Interior, Carolina Tohá señaló que “ estamos poniendo fin con esto a 18 años de espera. El primer proyecto que se presentó en esta materia data del año 2006 y a pesar de que transversalmente ha existido siempre la idea de que es una buena iniciativa, nunca se habían logrado los acuerdos para hacerlo posible”. En esa línea, la jefa de gabinete indicó que “el nuevo ministerio significará tener un Estado más fuerte, con más atribuciones y más moderno para combatir la violencia y el crimen organizado y para proteger a las personas que habitan nuestro país”. De igual forma puntualizó que ''el proyecto ha tenido muchos cambios, muchas incorporaciones y especialmente ha asumido los nuevos desafíos que ha empezado a enfrentar el país seguridad'', concluyó. Finalmente, cabe subrayar que una de las determinaciones clave fue la eliminación de la facultad del futuro subsecretario de solicitar informes de inteligencia, potestad que quedará reservada exclusivamente para el titular del Ministerio.Este ajuste surge luego de que se dieran a conocer una seria de gestiones irregulares que habría hecho el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, durante la investigación en su contra por violación y agresión sexual, las que han generado inquietud en el Congreso sobre las potestades que deberían otorgarse a las nuevas autoridades en el marco de la Ley de Inteligencia.
