En una entrevista concedida a Radio Duna esta mañana, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, abordó el recurso de protección presentado por el abogado Mario Vargas para impedir que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) acceda al registro de la mensajería de WhatsApp del teléfono móvil del abogado Luis Hermosilla. Cordero destacó que el Ministerio Público está realizando esa indagación y entiende muy bien que es el teléfono del abogado, que por lo tanto pueden existir comunicaciones sujetas a secreto profesional, pero también es cierto que el secreto profesional no cubre los delitos. El abogado Luis Hermosilla se encuentra bajo investigación por la Fiscalía Metropolitana Oriente por el delito de soborno en una investigación calificada como secreta por el Ministerio Público. Esto luego de que se diera a conocer un audio en el que se mencionaban posibles sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero. En el transcurso de las pericias realizadas al teléfono del reconocido penalista, se descubrió que el exgeneral director de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, había filtrado información a Hermosilla sobre diversas causas. Muñoz fue formalizado y quedó en prisión preventiva. De acuerdo con información proporcionada por La Tercera, las conversaciones entre Hermosilla y el exjefe de la PDI representan solo el 0,02% del contenido encontrado en los chats del abogado, que en total suman 777 mil páginas de conversaciones. En cuanto al recurso de protección interpuesto por Mario Varga s, el ministro Cordero expresó su desconcierto al señalar: Yo no logro entender muy bien , salvo una extremada prevención por parte del abogado que interpuso el recurso de protección y además incorporar un mecanismo de control judicial que el sistema legal no tiene en esta etapa. Cordero recordó que e l funcionamiento del sistema de enjuiciamiento criminal supone que el Ministerio Público debe hacer copia de los antecedentes que pudiera existir en la carpeta de investigación al Consejo de Defensa del Estado, si hay antecedentes que puedan comprometer el patrimonio público o respecto de los cuales puedan existir delitos. No es una comunicación pura y simple . Fue algo que sucedió en el caso del exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz. Es decir, cuando el Ministerio Público detecta que hay transferencia de información que está sujeta a secreto, el consejo accede a esa información que es la que permite sustentar la querella porque es un delito funcionario la violación de secreto. El titular de Justicia había manifestado anteriormente en una entrevista con radio Infinita que el celular de Luis Hermosilla puede ser una caja Pandora. Ante la acción legal emprendida por Mario Vargas, el ministro Cordero manifestó su desconcierto al no comprender cuál es la amenaza en concreto que justifique el recurso de protección.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, respaldó enfáticamente la labor del Ministerio Público como ente persecutor en el caso de la solicitud de formalización contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por presuntos delitos de corrupción. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte, encabezada por la fiscal Giovanna Herrera, solicitó formalizar cargos contra Jadue por cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa, tras una investigación que se prolongó por dos años desde 2022. La pesquisa se centra en presuntas irregularidades relacionadas con la compra y venta de insumos para combatir el Covid-19 por parte de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), liderada por Jadue. Ante esta situación, el alcalde de Recoleta expresó su desconcierto, señalando que la formalización coincide con un año electoral y subrayando su confianza en su inocencia. En respuesta a los cuestionamientos del alcalde Jadue, el ministro Cordero reiteró la autonomía del Ministerio Público y destacó su histórico rigor en sus actuaciones. Asimismo, subrayó la importancia del funcionamiento independiente de las instituciones en un sistema democrático. Respecto alcriterio Tohá, que establece la separación del cargo de funcionarios públicos formalizados, el ministro enfatizó la necesidad de salvaguardar la gestión pública y aseguró que el Gobierno mantiene una postura clara al respecto. Por otro lado, destacó las diferentes dimensiones de los delitos funcionarios, señalando que es una situación recurrente en las municipalidades chilenas. Por su parte, la bancada de Renovación Nacional manifestó su preocupación por el posible impacto del criterio Tohá en la destitución de funcionarios, especialmente en cargos de alta relevancia como el general director de Carabineros. En una carta dirigida al presidente Gabriel Boric, expresaron la importancia de resguardar el principio de probidad en la función pública sin menoscabar los derechos fundamentales como la presunción de inocencia. Los diputados de RN enfatizaron la necesidad de aplicar cualquier criterio de destitución de manera uniforme y sin excepciones, reconociendo las particularidades de ciertos cargos. Además, subrayaron que la formalización judicial debe ser compatible con la presunción de inocencia y expresaron dudas sobre cómo este criterio afectará los procesos en la Contraloría General de la República. Hacemos presente lo anterior ya que, no solamente tenemos plena certeza de que el general Yáñez ha sido objeto de una persecución penal abusiva (…) sino porque además, independiente de nuestra interpretación de los hechos, lo cierto es que el marco constitucional colisiona frontalmente con el “criterio Tohá” tratándose del General Director de Carabineros , señalaron Asimismo, enfatizaron que utilizarán todas las herramientas para exigir que se respete el estatus especial que goza el general director de Carabineros y su derecho a la presunción de inocencia, una en la cual confiamos plenamente .
El Ministro de Justicia, Luis Cordero, expresó su preocupación ante lo que calificó como malas prácticas en el proceso de nombramiento de autoridades, tras la revelación de nuevos antecedentes relacionados con el abogado Luis Hermosilla. En un reciente reportaje publicado por Ciper, se detallan conversaciones de WhatsApp investigadas por la Fiscalía donde se sugiere la intervención del abogado Hermosilla en nombramientos de ministros tanto en la Corte de Apelaciones como en la Corte Suprema. Específicamente, se señalan gestiones del abogado para facilitar la llegada de Jean Pierre Matus a la Corte Suprema y de Antonio Ulloa a la Corte de Apelaciones de Santiago en 2021. El Ministro Cordero, tras la Cuenta Pública de la Contraloría General de la República, enfatizó en la necesidad de mantener políticas de integridad, señalando que ninguna reforma legal puede salvaguardar la integridad cuando esta se ve afectada. No necesitamos escándalos para avanzar en esto, porque con los escándalos previos ya hemos hecho modificaciones y siguen produciéndose malas prácticas, expresó el Ministro Cordero, haciendo hincapié en la importancia de cambios culturales y conductuales en el sistema. Cordero también destacó las estrictas reglas de vinculación con jueces en ejercicio establecidas en el Código de Ética del Colegio de Abogados, aunque advirtió que estas situaciones deben ser observadas atentamente. El Ministro subrayó que las reformas legales por sí solas no son suficientes y que se requiere un cambio en la política, la integridad y las relaciones en el proceso de nombramiento, especialmente en la profesión legal. Puede haber reformas orgánicas, pero si no hay un cambio en la política, en la integridad, en las relaciones en que se vinculan los procesos de nombramiento, todas las reformas pueden terminar siendo igualmente limitadas, agregó. Finalmente, Cordero resaltó los avances realizados por la Corte Suprema en materia de integridad y anticipó que estos nuevos acontecimientos podrían impulsar a la Corte a insistir en la importancia de estos asuntos.
La noche de este domingo, el ministro de Justicia, Luis Cordero, emitió declaraciones relevantes en relación con la próxima formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. En una entrevista concedida a CNN Chile en el programa Tolerancia Cero, el titular de la cartera señaló que espera que la máxima autoridad de la institución uniformada considere presentar su renuncia. Aunque la continuidad del general Yáñez en el cargo recae en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, vinculado administrativamente a través de la Subsecretaría de la misma cartera, el ministro Cordero destacó que el gobierno ha señalado y en particular lo que yo he dicho (…) es que también es un acto de responsabilidad de la autoridad que está involucrada el tomar una decisión que proteja a su institución , explicó. En este sentido, hizo hincapié en que yo esperaría que el director general evaluara su renuncia antes de la fecha de formalización programada para el próximo 7 de mayo. Es importante recordar que Yáñez se encuentra bajo investigación del Ministerio Público por el presunto delito de omisión de apremios ilegítimos ocurridos durante el estallido social en 2019. Las declaraciones de Cordero hacen eco de lo ocurrido recientemente con el exdirector general de la PDI, Sergio Muñoz, tras el escándalo por la entrega de información secreta al abogado Luis Hermosilla. Muñoz será formalizado por violación de secreto en la investigación que lleva adelante la Fiscalía por el denominado “Caso Audio”. En este contexto, el secretario de Estado subrayó que el Gobierno participó en promover la renuncia del exdirector de la PDI.
En una entrevista concedida a Radio Duna esta mañana, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, abordó el recurso de protección presentado por el abogado Mario Vargas para impedir que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) acceda al registro de la mensajería de WhatsApp del teléfono móvil del abogado Luis Hermosilla. Cordero destacó que el Ministerio Público está realizando esa indagación y entiende muy bien que es el teléfono del abogado, que por lo tanto pueden existir comunicaciones sujetas a secreto profesional, pero también es cierto que el secreto profesional no cubre los delitos. El abogado Luis Hermosilla se encuentra bajo investigación por la Fiscalía Metropolitana Oriente por el delito de soborno en una investigación calificada como secreta por el Ministerio Público. Esto luego de que se diera a conocer un audio en el que se mencionaban posibles sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero. En el transcurso de las pericias realizadas al teléfono del reconocido penalista, se descubrió que el exgeneral director de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, había filtrado información a Hermosilla sobre diversas causas. Muñoz fue formalizado y quedó en prisión preventiva. De acuerdo con información proporcionada por La Tercera, las conversaciones entre Hermosilla y el exjefe de la PDI representan solo el 0,02% del contenido encontrado en los chats del abogado, que en total suman 777 mil páginas de conversaciones. En cuanto al recurso de protección interpuesto por Mario Varga s, el ministro Cordero expresó su desconcierto al señalar: Yo no logro entender muy bien , salvo una extremada prevención por parte del abogado que interpuso el recurso de protección y además incorporar un mecanismo de control judicial que el sistema legal no tiene en esta etapa. Cordero recordó que e l funcionamiento del sistema de enjuiciamiento criminal supone que el Ministerio Público debe hacer copia de los antecedentes que pudiera existir en la carpeta de investigación al Consejo de Defensa del Estado, si hay antecedentes que puedan comprometer el patrimonio público o respecto de los cuales puedan existir delitos. No es una comunicación pura y simple . Fue algo que sucedió en el caso del exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz. Es decir, cuando el Ministerio Público detecta que hay transferencia de información que está sujeta a secreto, el consejo accede a esa información que es la que permite sustentar la querella porque es un delito funcionario la violación de secreto. El titular de Justicia había manifestado anteriormente en una entrevista con radio Infinita que el celular de Luis Hermosilla puede ser una caja Pandora. Ante la acción legal emprendida por Mario Vargas, el ministro Cordero manifestó su desconcierto al no comprender cuál es la amenaza en concreto que justifique el recurso de protección.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, respaldó enfáticamente la labor del Ministerio Público como ente persecutor en el caso de la solicitud de formalización contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por presuntos delitos de corrupción. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte, encabezada por la fiscal Giovanna Herrera, solicitó formalizar cargos contra Jadue por cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa, tras una investigación que se prolongó por dos años desde 2022. La pesquisa se centra en presuntas irregularidades relacionadas con la compra y venta de insumos para combatir el Covid-19 por parte de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), liderada por Jadue. Ante esta situación, el alcalde de Recoleta expresó su desconcierto, señalando que la formalización coincide con un año electoral y subrayando su confianza en su inocencia. En respuesta a los cuestionamientos del alcalde Jadue, el ministro Cordero reiteró la autonomía del Ministerio Público y destacó su histórico rigor en sus actuaciones. Asimismo, subrayó la importancia del funcionamiento independiente de las instituciones en un sistema democrático. Respecto alcriterio Tohá, que establece la separación del cargo de funcionarios públicos formalizados, el ministro enfatizó la necesidad de salvaguardar la gestión pública y aseguró que el Gobierno mantiene una postura clara al respecto. Por otro lado, destacó las diferentes dimensiones de los delitos funcionarios, señalando que es una situación recurrente en las municipalidades chilenas. Por su parte, la bancada de Renovación Nacional manifestó su preocupación por el posible impacto del criterio Tohá en la destitución de funcionarios, especialmente en cargos de alta relevancia como el general director de Carabineros. En una carta dirigida al presidente Gabriel Boric, expresaron la importancia de resguardar el principio de probidad en la función pública sin menoscabar los derechos fundamentales como la presunción de inocencia. Los diputados de RN enfatizaron la necesidad de aplicar cualquier criterio de destitución de manera uniforme y sin excepciones, reconociendo las particularidades de ciertos cargos. Además, subrayaron que la formalización judicial debe ser compatible con la presunción de inocencia y expresaron dudas sobre cómo este criterio afectará los procesos en la Contraloría General de la República. Hacemos presente lo anterior ya que, no solamente tenemos plena certeza de que el general Yáñez ha sido objeto de una persecución penal abusiva (…) sino porque además, independiente de nuestra interpretación de los hechos, lo cierto es que el marco constitucional colisiona frontalmente con el “criterio Tohá” tratándose del General Director de Carabineros , señalaron Asimismo, enfatizaron que utilizarán todas las herramientas para exigir que se respete el estatus especial que goza el general director de Carabineros y su derecho a la presunción de inocencia, una en la cual confiamos plenamente .
El Ministro de Justicia, Luis Cordero, expresó su preocupación ante lo que calificó como malas prácticas en el proceso de nombramiento de autoridades, tras la revelación de nuevos antecedentes relacionados con el abogado Luis Hermosilla. En un reciente reportaje publicado por Ciper, se detallan conversaciones de WhatsApp investigadas por la Fiscalía donde se sugiere la intervención del abogado Hermosilla en nombramientos de ministros tanto en la Corte de Apelaciones como en la Corte Suprema. Específicamente, se señalan gestiones del abogado para facilitar la llegada de Jean Pierre Matus a la Corte Suprema y de Antonio Ulloa a la Corte de Apelaciones de Santiago en 2021. El Ministro Cordero, tras la Cuenta Pública de la Contraloría General de la República, enfatizó en la necesidad de mantener políticas de integridad, señalando que ninguna reforma legal puede salvaguardar la integridad cuando esta se ve afectada. No necesitamos escándalos para avanzar en esto, porque con los escándalos previos ya hemos hecho modificaciones y siguen produciéndose malas prácticas, expresó el Ministro Cordero, haciendo hincapié en la importancia de cambios culturales y conductuales en el sistema. Cordero también destacó las estrictas reglas de vinculación con jueces en ejercicio establecidas en el Código de Ética del Colegio de Abogados, aunque advirtió que estas situaciones deben ser observadas atentamente. El Ministro subrayó que las reformas legales por sí solas no son suficientes y que se requiere un cambio en la política, la integridad y las relaciones en el proceso de nombramiento, especialmente en la profesión legal. Puede haber reformas orgánicas, pero si no hay un cambio en la política, en la integridad, en las relaciones en que se vinculan los procesos de nombramiento, todas las reformas pueden terminar siendo igualmente limitadas, agregó. Finalmente, Cordero resaltó los avances realizados por la Corte Suprema en materia de integridad y anticipó que estos nuevos acontecimientos podrían impulsar a la Corte a insistir en la importancia de estos asuntos.
La noche de este domingo, el ministro de Justicia, Luis Cordero, emitió declaraciones relevantes en relación con la próxima formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. En una entrevista concedida a CNN Chile en el programa Tolerancia Cero, el titular de la cartera señaló que espera que la máxima autoridad de la institución uniformada considere presentar su renuncia. Aunque la continuidad del general Yáñez en el cargo recae en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, vinculado administrativamente a través de la Subsecretaría de la misma cartera, el ministro Cordero destacó que el gobierno ha señalado y en particular lo que yo he dicho (…) es que también es un acto de responsabilidad de la autoridad que está involucrada el tomar una decisión que proteja a su institución , explicó. En este sentido, hizo hincapié en que yo esperaría que el director general evaluara su renuncia antes de la fecha de formalización programada para el próximo 7 de mayo. Es importante recordar que Yáñez se encuentra bajo investigación del Ministerio Público por el presunto delito de omisión de apremios ilegítimos ocurridos durante el estallido social en 2019. Las declaraciones de Cordero hacen eco de lo ocurrido recientemente con el exdirector general de la PDI, Sergio Muñoz, tras el escándalo por la entrega de información secreta al abogado Luis Hermosilla. Muñoz será formalizado por violación de secreto en la investigación que lleva adelante la Fiscalía por el denominado “Caso Audio”. En este contexto, el secretario de Estado subrayó que el Gobierno participó en promover la renuncia del exdirector de la PDI.
