La abogada Ana María Watkins ha interpuesto un recurso de protección contra 99 diputados en un intento de anular la acusación constitucional que llevó a la destitución del exministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. La acusación, que se fundamenta en un presunto notable abandono de deberes, fue aprobada por el Senado, impidiendo que Muñoz ocupe cargos públicos durante los próximos cinco años. Ante esto, la controversia se origina en el caso “Fundamenta”, donde se investiga la posible entrega de información privilegiada sobre un fallo judicial a su hija, Graciel Muñoz, jueza del Duodécimo Juzgado de Garantía de Santiago. La abogada sostiene que la acusación es arbitraria e ilegal, vulnerando garantías constitucionales y pidiendo que se restablezca el estado anterior a su presentación. Finalmente, Watkins solicita también la emisión de una orden de no innovar para mantener la situación en el mismo estado mientras se tramita el recurso, y exige que se condene en costas a quienes interpusieron la acusación. Este conflicto legal subraya las tensiones en el ámbito político y judicial del país, y pone de relieve la relevancia de los mecanismos de control y fiscalización en la función pública. El recurso se interpuso en contra de los siguientes diputados/as: Eric Aedo, Yovana Ahumada, Jorge Alessandri, René Alinco, Cristián Araya, Jaime Araya, Mónica Arce, Roberto Arroyo, Danisa Astudillo, Chiara Barchiesi, Miguel Ángel Becker, Juan Carlos Beltrán, Gustavo Benavente, Bernardo Berger, Alejandro Bernales, Carlos Bianchi, Sergio Bobadilla, Fernando Bórquez, Marta Bravo, Miguel Ángel Calisto, Karol Cariola, Álvaro Carter, José Miguel Castro, Andrés Celis, Daniella Cicardini, Sofía Cid, Juan Antonio Coloma, Sara Concha, María Luisa Cordero, Eduardo Cornejo, Gonzalo de la Carrera, Catalina del Real, Viviana Delgado, Felipe Donoso, Eduardo Durán, Jorge Durán, Camila Flores, Juan Manuel Fuenzalida, Mauro González, Jorge Guzmán, Marcos Ilabaca, Juan Eduardo Irarrazával, Andrés Jouannet, Harry Jürgensen, Johannes Kaiser, Crisian Labbé, Tomás Lagomarsino, Joaquín Lavín, Henry Leal, Enrique Lee, Daniel Lilayu, Andrés Longton, Luis Malla, Daniel Manouchehri, Cristóbal Martínez, Carolina Marzán, Christian Matheson, Karen Medina, Cosme Mellado, Miguel Mellado, José Carlos Meza, Helia Molina, Carla Morales, Cristian Moreira, Benjamín Moreno, Francesca Muñoz, Camila Musante, María Gloria Naveillán, Erika Olivera, Ximena Ossandón, Rubén Oyarzo, Joanna Pérez, Marlene Pérez, Guillermo Ramírez, Marcia Raphael, Jorge Rathgeb, Hugo Rey, Gaspar Rivas, Agustín Romero, Leonidas Romero, Natalia Romero, Jorge Saffirio, Luis Fernando Sánchez, Marisela Santibáñez, Frank Sauerbaum, Diego Schalper, Stephan Schubert, Alexis Sepúlveda, Raúl Soto, Marco Antonio Sulantay, Cristian Tapia, Hotuiti Teao, Renzo Trisotti, Héctor Ulloa, Francisco Undurraga, Cristóbal Urruticoechea, Sebastián Videla, Gastón Von Mühlenbrock y Flor Weisse.
En una reciente reunión del Pleno en el Palacio de Tribunales, la vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, se refirió a la destitución de los exministros Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, quienes fueron inhabilitados para ejercer funciones públicas tras la aprobación de acusaciones constitucionales en el Senado. Melo destacó que, a pesar de los acontecimientos aislados, el Poder Judicial continúa su labor con integridad. “Reconocemos la independencia entre los poderes del Estado y respetamos la decisión adoptada por el Senado, ya que no nos corresponde calificarla”, declaró Melo. Al respecto del informe en la comisión de Ética contra Muñoz, informó que el Tribunal Pleno decidió archivar los antecedentes dado que el exministro ya no forma parte del Poder Judicial. Ante esto, Melo hizo hincapié en la profesionalidad del Poder Judicial, afirmando que “no es justo catalogar a todo un sistema como corrupto por acciones aisladas”. Además, recalcó que las decisiones tomadas por el tribunal pueden no satisfacer a todos, pero esto no implica la existencia de corrupción o malos manejos. “Este Poder Judicial es muy profesional, y es injusto que se nos catalogue de esa manera”, concluyó. Finalmente, con esta declaración, la Corte Suprema busca reafirmar su compromiso con la ética y la independencia, en medio de un contexto político y judicial complejo.
Este martes, el Senado se prepara para votar la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, tras la aprobación del libelo en la Cámara de Diputadas y Diputados. La acción fue impulsada por el conglomerado Chile Vamos, y también incluyó a la exmagistrada Ángela Vivanco, aunque el foco se ha concentrado en Muñoz. Ante esto, el fundamento principal de la acusación es un notable abandono de deberes, vinculado a un episodio que involucra a su hija, Graciel Muñoz Tapia, jueza del 12° Juzgado de Garantía de Santiago. Según la denuncia, la jueza desistió de participar en un negocio inmobiliario luego de ser alertada por su padre, quien conocía una causa judicial relacionada que fue resuelta por la Corte Suprema. Asimismo, de ser aprobada la acusación, Sergio Muñoz sería destituido de su cargo y quedaría inhabilitado para ejercer cualquier función pública por un período de cinco años, un escenario que marcaría un hito en la historia judicial del país. Finalmente, la votación se realizará sin el quórum completo, faltarán dos senadoras: Loreto Carvajal, actualmente en Suiza junto a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y Paulina Núñez, quien se encuentra en postnatal hasta finales de octubre. Esto reduce el quórum para la votación, lo que podría influir en el resultado.
Este martes a las 10 de la mañana, el Congreso se enfocará en las acusaciones constitucionales contra tres magistrados de la Corte Suprema. Mientras la Cámara de Diputados votará la cuestión previa y el fondo del libelo presentado contra Jean Pierre Matus, el Senado debatirá las acusaciones que podrían inhabilitar a Sergio Muñoz y Ángela Vivanco por cinco años. Ante esto, la Cámara Baja decidirá si la acusación contra Matus avanza al Senado, mientras que en la Cámara Alta votarán por separado cada capítulo de las acusaciones contra Muñoz y Vivanco. Según lo anunciado por el vicepresidente del Senado, Matías Walker, los debates se llevarán a cabo en sesiones separadas y cada caso será presentado individualmente. Se hará una relación separada por parte del secretario, seguido por la formalización de los diputados acusadores, la defensa de los magistrados a través de sus abogados, la réplica y la dúplica, detalló Walker. El proceso se extenderá hasta total despacho de los casos, comenzando con el de Muñoz en la mañana y el de Vivanco en la tarde.
El Senado de la República se prepara para votar en dos jornadas la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y la exministra Ángela Vivanco. La votación se llevará a cabo el martes 15 de octubre, comenzando con Muñoz, seguido de Vivanco. En esta primera sesión, el secretario general del Senado, Raúl Guzmán, presentará la relación de hechos, seguido por la intervención de una comisión de tres parlamentarios que expondrá los argumentos de la parte acusadora. Ante esto, el miércoles 16 de octubre se procederá de igual manera, permitiendo a las defensas de ambos acusados presentar sus argumentos. La acusación deberá ser aprobada por mayoría absoluta para avanzar. Este proceso legislativo podría extenderse, dependiendo de la decisión que se tome respecto a otras acusaciones en curso, incluido el caso del exministro Jean Pierre Matus. Asimismo, el presidente del Senado, José García Ruminot, anunció que el proceso se inicia tras recibir el oficio correspondiente de la Cámara de Diputados, lo que establece un plazo de 30 días hábiles para que el Senado se pronuncie. Durante este tiempo, se seguirán procedimientos específicos para garantizar el derecho a la defensa y el debate entre las partes involucradas. Finalmente, la sesión del martes comenzará a las 10:00 horas, y se espera que sea un evento crucial para el futuro judicial de los acusados, así como para el funcionamiento del Senado en el contexto actual.
La abogada Ana María Watkins ha interpuesto un recurso de protección contra 99 diputados en un intento de anular la acusación constitucional que llevó a la destitución del exministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. La acusación, que se fundamenta en un presunto notable abandono de deberes, fue aprobada por el Senado, impidiendo que Muñoz ocupe cargos públicos durante los próximos cinco años. Ante esto, la controversia se origina en el caso “Fundamenta”, donde se investiga la posible entrega de información privilegiada sobre un fallo judicial a su hija, Graciel Muñoz, jueza del Duodécimo Juzgado de Garantía de Santiago. La abogada sostiene que la acusación es arbitraria e ilegal, vulnerando garantías constitucionales y pidiendo que se restablezca el estado anterior a su presentación. Finalmente, Watkins solicita también la emisión de una orden de no innovar para mantener la situación en el mismo estado mientras se tramita el recurso, y exige que se condene en costas a quienes interpusieron la acusación. Este conflicto legal subraya las tensiones en el ámbito político y judicial del país, y pone de relieve la relevancia de los mecanismos de control y fiscalización en la función pública. El recurso se interpuso en contra de los siguientes diputados/as: Eric Aedo, Yovana Ahumada, Jorge Alessandri, René Alinco, Cristián Araya, Jaime Araya, Mónica Arce, Roberto Arroyo, Danisa Astudillo, Chiara Barchiesi, Miguel Ángel Becker, Juan Carlos Beltrán, Gustavo Benavente, Bernardo Berger, Alejandro Bernales, Carlos Bianchi, Sergio Bobadilla, Fernando Bórquez, Marta Bravo, Miguel Ángel Calisto, Karol Cariola, Álvaro Carter, José Miguel Castro, Andrés Celis, Daniella Cicardini, Sofía Cid, Juan Antonio Coloma, Sara Concha, María Luisa Cordero, Eduardo Cornejo, Gonzalo de la Carrera, Catalina del Real, Viviana Delgado, Felipe Donoso, Eduardo Durán, Jorge Durán, Camila Flores, Juan Manuel Fuenzalida, Mauro González, Jorge Guzmán, Marcos Ilabaca, Juan Eduardo Irarrazával, Andrés Jouannet, Harry Jürgensen, Johannes Kaiser, Crisian Labbé, Tomás Lagomarsino, Joaquín Lavín, Henry Leal, Enrique Lee, Daniel Lilayu, Andrés Longton, Luis Malla, Daniel Manouchehri, Cristóbal Martínez, Carolina Marzán, Christian Matheson, Karen Medina, Cosme Mellado, Miguel Mellado, José Carlos Meza, Helia Molina, Carla Morales, Cristian Moreira, Benjamín Moreno, Francesca Muñoz, Camila Musante, María Gloria Naveillán, Erika Olivera, Ximena Ossandón, Rubén Oyarzo, Joanna Pérez, Marlene Pérez, Guillermo Ramírez, Marcia Raphael, Jorge Rathgeb, Hugo Rey, Gaspar Rivas, Agustín Romero, Leonidas Romero, Natalia Romero, Jorge Saffirio, Luis Fernando Sánchez, Marisela Santibáñez, Frank Sauerbaum, Diego Schalper, Stephan Schubert, Alexis Sepúlveda, Raúl Soto, Marco Antonio Sulantay, Cristian Tapia, Hotuiti Teao, Renzo Trisotti, Héctor Ulloa, Francisco Undurraga, Cristóbal Urruticoechea, Sebastián Videla, Gastón Von Mühlenbrock y Flor Weisse.
En una reciente reunión del Pleno en el Palacio de Tribunales, la vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, se refirió a la destitución de los exministros Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, quienes fueron inhabilitados para ejercer funciones públicas tras la aprobación de acusaciones constitucionales en el Senado. Melo destacó que, a pesar de los acontecimientos aislados, el Poder Judicial continúa su labor con integridad. “Reconocemos la independencia entre los poderes del Estado y respetamos la decisión adoptada por el Senado, ya que no nos corresponde calificarla”, declaró Melo. Al respecto del informe en la comisión de Ética contra Muñoz, informó que el Tribunal Pleno decidió archivar los antecedentes dado que el exministro ya no forma parte del Poder Judicial. Ante esto, Melo hizo hincapié en la profesionalidad del Poder Judicial, afirmando que “no es justo catalogar a todo un sistema como corrupto por acciones aisladas”. Además, recalcó que las decisiones tomadas por el tribunal pueden no satisfacer a todos, pero esto no implica la existencia de corrupción o malos manejos. “Este Poder Judicial es muy profesional, y es injusto que se nos catalogue de esa manera”, concluyó. Finalmente, con esta declaración, la Corte Suprema busca reafirmar su compromiso con la ética y la independencia, en medio de un contexto político y judicial complejo.
Este martes, el Senado se prepara para votar la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, tras la aprobación del libelo en la Cámara de Diputadas y Diputados. La acción fue impulsada por el conglomerado Chile Vamos, y también incluyó a la exmagistrada Ángela Vivanco, aunque el foco se ha concentrado en Muñoz. Ante esto, el fundamento principal de la acusación es un notable abandono de deberes, vinculado a un episodio que involucra a su hija, Graciel Muñoz Tapia, jueza del 12° Juzgado de Garantía de Santiago. Según la denuncia, la jueza desistió de participar en un negocio inmobiliario luego de ser alertada por su padre, quien conocía una causa judicial relacionada que fue resuelta por la Corte Suprema. Asimismo, de ser aprobada la acusación, Sergio Muñoz sería destituido de su cargo y quedaría inhabilitado para ejercer cualquier función pública por un período de cinco años, un escenario que marcaría un hito en la historia judicial del país. Finalmente, la votación se realizará sin el quórum completo, faltarán dos senadoras: Loreto Carvajal, actualmente en Suiza junto a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y Paulina Núñez, quien se encuentra en postnatal hasta finales de octubre. Esto reduce el quórum para la votación, lo que podría influir en el resultado.
Este martes a las 10 de la mañana, el Congreso se enfocará en las acusaciones constitucionales contra tres magistrados de la Corte Suprema. Mientras la Cámara de Diputados votará la cuestión previa y el fondo del libelo presentado contra Jean Pierre Matus, el Senado debatirá las acusaciones que podrían inhabilitar a Sergio Muñoz y Ángela Vivanco por cinco años. Ante esto, la Cámara Baja decidirá si la acusación contra Matus avanza al Senado, mientras que en la Cámara Alta votarán por separado cada capítulo de las acusaciones contra Muñoz y Vivanco. Según lo anunciado por el vicepresidente del Senado, Matías Walker, los debates se llevarán a cabo en sesiones separadas y cada caso será presentado individualmente. Se hará una relación separada por parte del secretario, seguido por la formalización de los diputados acusadores, la defensa de los magistrados a través de sus abogados, la réplica y la dúplica, detalló Walker. El proceso se extenderá hasta total despacho de los casos, comenzando con el de Muñoz en la mañana y el de Vivanco en la tarde.
El Senado de la República se prepara para votar en dos jornadas la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y la exministra Ángela Vivanco. La votación se llevará a cabo el martes 15 de octubre, comenzando con Muñoz, seguido de Vivanco. En esta primera sesión, el secretario general del Senado, Raúl Guzmán, presentará la relación de hechos, seguido por la intervención de una comisión de tres parlamentarios que expondrá los argumentos de la parte acusadora. Ante esto, el miércoles 16 de octubre se procederá de igual manera, permitiendo a las defensas de ambos acusados presentar sus argumentos. La acusación deberá ser aprobada por mayoría absoluta para avanzar. Este proceso legislativo podría extenderse, dependiendo de la decisión que se tome respecto a otras acusaciones en curso, incluido el caso del exministro Jean Pierre Matus. Asimismo, el presidente del Senado, José García Ruminot, anunció que el proceso se inicia tras recibir el oficio correspondiente de la Cámara de Diputados, lo que establece un plazo de 30 días hábiles para que el Senado se pronuncie. Durante este tiempo, se seguirán procedimientos específicos para garantizar el derecho a la defensa y el debate entre las partes involucradas. Finalmente, la sesión del martes comenzará a las 10:00 horas, y se espera que sea un evento crucial para el futuro judicial de los acusados, así como para el funcionamiento del Senado en el contexto actual.