El fiscal Patricio Cooper Monti, a cargo desde 2024 de la arista ProCultura en el caso Convenios, ultima formalizaciones clave en una indagación que ha sido cuestionada por su ritmo más pausado en comparación con otras ramas del caso. La investigación, que se mantiene bajo reserva hasta el 2 de abril, busca esclarecer posibles irregularidades en el uso de fondos públicos destinados a la fundación ProCultura, creada en 2010 por el psiquiatra Alberto Larraín. Según La Segunda, Cooper optó por la confidencialidad como estrategia para garantizar el éxito de la causa. Con un equipo de nueve personas, trabaja en los detalles de las formalizaciones previstas para marzo, las cuales podrían generar repercusiones políticas en el oficialismo debido a la relevancia de algunos implicados. Esta línea del caso cobró mayor importancia tras un informe del fiscal Carlos Palma, apartado del proceso tras la filtración de audios. El documento expuso un alza significativa en los fondos asignados a ProCultura, que pasaron de $316 millones en 2021 a más de $3.280 millones en 2022, coincidiendo con la llegada de Gabriel Boric a la presidencia. Asimismo, seis gobernadores regionales han sido identificados como figuras clave en la investigación, lo que podría derivar en eventuales imputaciones. Entre ellos destacan Claudio Orrego (Región Metropolitana), Ricardo Díaz (Antofagasta), Rodrigo Mundaca (Valparaíso), Óscar Crisóstomo (Ñuble), Jorge Flies (Magallanes) y Rodrigo Díaz (Biobío), quien no se presentó a la reelección. Llas formalizaciones programadas para marzo podrían marcar un punto de inflexión en el caso Convenios, aumentando su impacto político, especialmente dentro del oficialismo.
El fiscal Patricio Cooper Monti, a cargo desde 2024 de la arista ProCultura en el caso Convenios, ultima formalizaciones clave en una indagación que ha sido cuestionada por su ritmo más pausado en comparación con otras ramas del caso. La investigación, que se mantiene bajo reserva hasta el 2 de abril, busca esclarecer posibles irregularidades en el uso de fondos públicos destinados a la fundación ProCultura, creada en 2010 por el psiquiatra Alberto Larraín. Según La Segunda, Cooper optó por la confidencialidad como estrategia para garantizar el éxito de la causa. Con un equipo de nueve personas, trabaja en los detalles de las formalizaciones previstas para marzo, las cuales podrían generar repercusiones políticas en el oficialismo debido a la relevancia de algunos implicados. Esta línea del caso cobró mayor importancia tras un informe del fiscal Carlos Palma, apartado del proceso tras la filtración de audios. El documento expuso un alza significativa en los fondos asignados a ProCultura, que pasaron de $316 millones en 2021 a más de $3.280 millones en 2022, coincidiendo con la llegada de Gabriel Boric a la presidencia. Asimismo, seis gobernadores regionales han sido identificados como figuras clave en la investigación, lo que podría derivar en eventuales imputaciones. Entre ellos destacan Claudio Orrego (Región Metropolitana), Ricardo Díaz (Antofagasta), Rodrigo Mundaca (Valparaíso), Óscar Crisóstomo (Ñuble), Jorge Flies (Magallanes) y Rodrigo Díaz (Biobío), quien no se presentó a la reelección. Llas formalizaciones programadas para marzo podrían marcar un punto de inflexión en el caso Convenios, aumentando su impacto político, especialmente dentro del oficialismo.
La Cámara de Diputados aprobó de manera unánime la creación de una comisión especial investigadora para examinar los actos del Gobierno relacionados con los convenios y programas de la Fundación ProCultura, ejecutados con fondos públicos desde 2019. Esta decisión surge tras un peritaje de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI), que identificó cinco abonos realizados por la ex primera dama, Irina Karamanos, a la fundación. Ante esto, la diputada Ximena Ossandón, jefa de la bancada de Renovación Nacional y principal impulsora de la iniciativa, subrayó la relevancia de investigar a fondo este caso, señalando que las cifras involucradas podrían implicar millonarias pérdidas para el Fisco. “Las fundadas sospechas de que se habrían desviado recursos públicos para el financiamiento irregular de campañas políticas afectan la credibilidad del sistema político y deben ser abordadas sin colores partidistas”, afirmó Ossandón. Finalmente, la diputada criticó la falta de urgencia por parte de la Fiscalía en el manejo de esta causa, evidenciando meses de inacción a pesar de la gravedad de los hechos y de las cuantiosas cifras involucradas. “Queremos llegar al final de esta investigación y despejar cualquier duda que afecte incluso al Presidente de la República”, concluyó, enfatizando la necesidad de una pronta resolución.
En el marco de la investigación del caso Convenios, la Fiscalía regional de Coquimbo ha llevado a cabo una serie de allanamientos en 14 domicilios, de los cuales 12 se encuentran en la Región Metropolitana y dos en el Biobío. Entre las propiedades registradas se encuentran las de Alberto Larraín, cofundador de la Fundación Procultura, y María Constanza Gómez, su representante legal. Ante esto, las acciones que se llevaron a cabo esta semana, involucraron entradas y registros en diversas comunas, incluyendo Colina, Lo Barnechea, Vitacura, y Santiago Centro, así como en Concepción. Además de los allanamientos, la Fiscalía ha tomado declaración a funcionarios de la fundación y a otros personeros públicos. Durante los registros, se incautaron dispositivos electrónicos como CPUs, notebooks y teléfonos celulares, junto con documentación relevante para la investigación. Las autoridades también lograron acceder a bases de datos de correos electrónicos y nubes informáticas vinculadas a la fundación. Finalmente, el caso está siendo dirigido por el fiscal regional Patricio Cooper, quien fue asignado el 26 de junio. Recientemente, la causa ha cobrado notoriedad debido a la implicación de Irina Karamanos, ex primera dama, quien presuntamente realizó transferencias a la fundación. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer los vínculos y posibles irregularidades en el uso de fondos públicos.
El fiscal Patricio Cooper Monti, a cargo desde 2024 de la arista ProCultura en el caso Convenios, ultima formalizaciones clave en una indagación que ha sido cuestionada por su ritmo más pausado en comparación con otras ramas del caso. La investigación, que se mantiene bajo reserva hasta el 2 de abril, busca esclarecer posibles irregularidades en el uso de fondos públicos destinados a la fundación ProCultura, creada en 2010 por el psiquiatra Alberto Larraín. Según La Segunda, Cooper optó por la confidencialidad como estrategia para garantizar el éxito de la causa. Con un equipo de nueve personas, trabaja en los detalles de las formalizaciones previstas para marzo, las cuales podrían generar repercusiones políticas en el oficialismo debido a la relevancia de algunos implicados. Esta línea del caso cobró mayor importancia tras un informe del fiscal Carlos Palma, apartado del proceso tras la filtración de audios. El documento expuso un alza significativa en los fondos asignados a ProCultura, que pasaron de $316 millones en 2021 a más de $3.280 millones en 2022, coincidiendo con la llegada de Gabriel Boric a la presidencia. Asimismo, seis gobernadores regionales han sido identificados como figuras clave en la investigación, lo que podría derivar en eventuales imputaciones. Entre ellos destacan Claudio Orrego (Región Metropolitana), Ricardo Díaz (Antofagasta), Rodrigo Mundaca (Valparaíso), Óscar Crisóstomo (Ñuble), Jorge Flies (Magallanes) y Rodrigo Díaz (Biobío), quien no se presentó a la reelección. Llas formalizaciones programadas para marzo podrían marcar un punto de inflexión en el caso Convenios, aumentando su impacto político, especialmente dentro del oficialismo.
El fiscal Patricio Cooper Monti, a cargo desde 2024 de la arista ProCultura en el caso Convenios, ultima formalizaciones clave en una indagación que ha sido cuestionada por su ritmo más pausado en comparación con otras ramas del caso. La investigación, que se mantiene bajo reserva hasta el 2 de abril, busca esclarecer posibles irregularidades en el uso de fondos públicos destinados a la fundación ProCultura, creada en 2010 por el psiquiatra Alberto Larraín. Según La Segunda, Cooper optó por la confidencialidad como estrategia para garantizar el éxito de la causa. Con un equipo de nueve personas, trabaja en los detalles de las formalizaciones previstas para marzo, las cuales podrían generar repercusiones políticas en el oficialismo debido a la relevancia de algunos implicados. Esta línea del caso cobró mayor importancia tras un informe del fiscal Carlos Palma, apartado del proceso tras la filtración de audios. El documento expuso un alza significativa en los fondos asignados a ProCultura, que pasaron de $316 millones en 2021 a más de $3.280 millones en 2022, coincidiendo con la llegada de Gabriel Boric a la presidencia. Asimismo, seis gobernadores regionales han sido identificados como figuras clave en la investigación, lo que podría derivar en eventuales imputaciones. Entre ellos destacan Claudio Orrego (Región Metropolitana), Ricardo Díaz (Antofagasta), Rodrigo Mundaca (Valparaíso), Óscar Crisóstomo (Ñuble), Jorge Flies (Magallanes) y Rodrigo Díaz (Biobío), quien no se presentó a la reelección. Llas formalizaciones programadas para marzo podrían marcar un punto de inflexión en el caso Convenios, aumentando su impacto político, especialmente dentro del oficialismo.
La Cámara de Diputados aprobó de manera unánime la creación de una comisión especial investigadora para examinar los actos del Gobierno relacionados con los convenios y programas de la Fundación ProCultura, ejecutados con fondos públicos desde 2019. Esta decisión surge tras un peritaje de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI), que identificó cinco abonos realizados por la ex primera dama, Irina Karamanos, a la fundación. Ante esto, la diputada Ximena Ossandón, jefa de la bancada de Renovación Nacional y principal impulsora de la iniciativa, subrayó la relevancia de investigar a fondo este caso, señalando que las cifras involucradas podrían implicar millonarias pérdidas para el Fisco. “Las fundadas sospechas de que se habrían desviado recursos públicos para el financiamiento irregular de campañas políticas afectan la credibilidad del sistema político y deben ser abordadas sin colores partidistas”, afirmó Ossandón. Finalmente, la diputada criticó la falta de urgencia por parte de la Fiscalía en el manejo de esta causa, evidenciando meses de inacción a pesar de la gravedad de los hechos y de las cuantiosas cifras involucradas. “Queremos llegar al final de esta investigación y despejar cualquier duda que afecte incluso al Presidente de la República”, concluyó, enfatizando la necesidad de una pronta resolución.
En el marco de la investigación del caso Convenios, la Fiscalía regional de Coquimbo ha llevado a cabo una serie de allanamientos en 14 domicilios, de los cuales 12 se encuentran en la Región Metropolitana y dos en el Biobío. Entre las propiedades registradas se encuentran las de Alberto Larraín, cofundador de la Fundación Procultura, y María Constanza Gómez, su representante legal. Ante esto, las acciones que se llevaron a cabo esta semana, involucraron entradas y registros en diversas comunas, incluyendo Colina, Lo Barnechea, Vitacura, y Santiago Centro, así como en Concepción. Además de los allanamientos, la Fiscalía ha tomado declaración a funcionarios de la fundación y a otros personeros públicos. Durante los registros, se incautaron dispositivos electrónicos como CPUs, notebooks y teléfonos celulares, junto con documentación relevante para la investigación. Las autoridades también lograron acceder a bases de datos de correos electrónicos y nubes informáticas vinculadas a la fundación. Finalmente, el caso está siendo dirigido por el fiscal regional Patricio Cooper, quien fue asignado el 26 de junio. Recientemente, la causa ha cobrado notoriedad debido a la implicación de Irina Karamanos, ex primera dama, quien presuntamente realizó transferencias a la fundación. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer los vínculos y posibles irregularidades en el uso de fondos públicos.