La permanencia de 23 de los 28 imputados en el caso Brinks en la Cárcel de Rancagua es motivo de alerta para Gendarmería, que advirtió sobre elalto riesgo de que estos investigados, quienes presuntamente conforman una asociación criminal, pudieran tomar control de los módulos de reclusión. La advertencia fue emitida luego de que la Fiscalía Regional solicitara al Juzgado de Garantía de Rancagua el traslado de los detenidos a otros recintos penitenciarios del país, petición que fue rechazada por el tribunal local. Ante esto, Carlos Fuentes, fiscal jefe regional de Análisis Criminal, expresó su preocupación por el riesgo que implica la presencia de los imputados en el penal.El riesgo es bastante alto. Gendarmería está tratando de resguardar no solo a los internos de la causa, sino que también al resto de los reclusos y la seguridad del recinto, afirmó. Según el persecutor, la naturaleza de la organización criminal podría derivar en una toma de control de los módulos, generando un estado depaz interna en el penal que facilitaría el tráfico de sustancias y el riesgo de corrupción de funcionarios. Por otro lado, María Paz Aguilera, abogada defensora de cinco de los imputados, argumentó que el arraigo familiar de sus representados justifica su permanencia en Rancagua.Nuestros representados tienen sus redes familiares en esta región, y el régimen penitenciario establece la importancia de que estén cerca de sus familias, destacó Aguilera, quien también mencionó el impacto que el traslado tendría en los hijos de los detenidos. Asimismo, la defensa cuestionó además la falta de fundamentación en la solicitud de la Fiscalía, señalando que el tribunal consideró insuficiente la evidencia presentada para autorizar el traslado. En este contexto, se ha solicitado una audiencia para debatir la competencia del tribunal de Rancagua en este caso, la cual se realizará el próximo 28 de noviembre. La Fiscalía, en tanto, sostiene que el robo a la empresa Brinks, del cual se han recuperado solo 200 millones de los cerca de 12 mil millones de pesos sustraídos, fue planificado desde el interior de la Cárcel de Rancagua. Entre los imputados se encuentran también cinco carabineros, quienes actualmente cumplen prisión preventiva en un anexo en la Subcomisaría Pudahuel Norte, en la Región Metropolitana.
La Corte de Apelaciones de Rancagua ratificó este jueves la medida cautelar de prisión preventiva contra el exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy Muñoz, imputado por el Ministerio Público por malversación de caudales públicos, fraude al fisco, lavado de activos, delitos tributarios y cohecho agravado reiterado. Los delitos habrían sido cometidos entre los años 2021 y 2023, según la investigación del Ministerio Público. En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa del exalcalde, y mantuvo la resolución del Juzgado de Garantía de Rancagua, al considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación. La defensa de Godoy argumentó que el exalcalde ya ha prestado declaración ante el Ministerio Público y ha reconocido su participación en algunos de los hechos que se le imputan. Sin embargo, la Corte determinó que esta circunstancia no es suficiente para modificar la medida cautelar. De este modo, Juan Ramón Godoy deberá seguir cumpliendo la prisión preventiva en el recinto penitenciario de Rancagua, mientras dure la investigación.
La empresa Brinks, especializada en transportes de valor, ha revelado la cifra exacta del botín sustraído durante el violento asalto ocurrido en su sucursal de Rancagua el pasado 16 de agosto. El monto total supera los 11 mil millones de pesos, precisando que la suma robada asciende a $11.465.818.468 pesos chilenos, según lo detallado en la querella presentada contra los involucrados. El asalto, que fue calificado como cinematográfico, involucró a un grupo de entre 25 a 30 personas, resultando en la detención de 20 individuos que actualmente se encuentran en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación. Pese a los esfuerzos de las autoridades, aún no se ha recuperado el dinero sustraído, que inicialmente se estimó en 12 mil millones de pesos. De acuerdo con información proporcionada por La Tercera, la querella presentada por Brinks también incluye detalles sobre la presunta participación de dos extrabajadores de la empresa, el guardia Óscar Orellana y la cajera Ximena Fuentes, quienes han sido acusados de robo con violencia e intimidación, apropiación indebida, violencia o intimidación en las personas y asociación ilícita criminal. Además, se les imputa el delito de revelación de secretos comerciales. La querella destaca que Orellana y Fuentes habrían colaborado con la organización criminal, como lo demuestra una fotografía que los muestra en una reunión con la banda dos días antes del atraco. La participación de la cajera se describe como sospechosa, ya que al salir a fumar con dos compañeras y una supervisora de operaciones, los delincuentes coincidieron con ellas y procedieron a intimidarlas. En cuanto al guardia, se señala que permitió el acceso a los asaltantes al abrir cuatro puertas desde su puesto de trabajo, facilitando su ingreso a la sala de proceso.
Este miércoles, el Juzgado de Garantía de Rancagua determinó que los 18 detenidos por el millonario robo a la empresa de valores Brinks, ocurrido el pasado 16 de agosto en la Región de O'Higgins, quedarán en prisión preventiva durante los próximos ocho meses, plazo fijado para la investigación. El robo, llevado a cabo con una planificación sofisticada, incluyó la quema de vehículos en puntos estratégicos de la ciudad para distraer a las autoridades. La jueza de Garantía argumentó que, considerando la cantidad de delitos investigados, la gravedad de estos, el número de implicados y las penas asignadas, la prisión preventiva es una medida necesaria y proporcional para garantizar la seguridad pública. Además, se destacó que 12 de los 18 imputados tienen condenas anteriores. El fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, sostuvo que la medida cautelar es esencial y está respaldada por la evidencia recopilada en la investigación. Cubillos también indicó que el Ministerio Público está investigando la posible existencia de funcionarios de Carabineros involucrados en el robo y que se están explorando todas las hipótesis sobre el paradero del dinero robado. La prisión preventiva de los imputados busca garantizar que no interfieran con la investigación y evitar riesgos para la seguridad de la sociedad. La investigación sigue en curso para identificar a todos los posibles partícipes del delito y recuperar los fondos sustraídos.
Este martes, la Policía de Investigaciones (PDI) reconoció en un comunicado que contaba con información previa sobre el robo de más de $12 mil millones ocurrido el 16 de agosto en la sucursal Brinks de Rancagua, en la Región de O'Higgins. Según el comunicado, durante labores de campo, un oficial recibió datos sobre un posible asalto que podría afectar a una empresa de valores en la zona. Sin embargo, el robo se llevó a cabo antes de que se pudiera verificar la información. La PDI reiteró su compromiso con los principios y valores que guían a su personal, asegurando que se aplicarán las sanciones más severas en caso de confirmarse alguna falta en la gestión de la información. Además, la institución informó que ya ha entregado al Ministerio Público todos los antecedentes recopilados para apoyar la investigación en curso. Este mismo día, se realizó la audiencia de formalización de los 18 detenidos por el asalto a la sucursal Brinks. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva de los imputados, quienes enfrentan cargos por robo con intimidación en calidad de autores y en grado consumado, asociación criminal, porte ilegal de armas prohibidas, siete delitos de incendio, porte de elementos incendiarios y 19 delitos de receptación.
La permanencia de 23 de los 28 imputados en el caso Brinks en la Cárcel de Rancagua es motivo de alerta para Gendarmería, que advirtió sobre elalto riesgo de que estos investigados, quienes presuntamente conforman una asociación criminal, pudieran tomar control de los módulos de reclusión. La advertencia fue emitida luego de que la Fiscalía Regional solicitara al Juzgado de Garantía de Rancagua el traslado de los detenidos a otros recintos penitenciarios del país, petición que fue rechazada por el tribunal local. Ante esto, Carlos Fuentes, fiscal jefe regional de Análisis Criminal, expresó su preocupación por el riesgo que implica la presencia de los imputados en el penal.El riesgo es bastante alto. Gendarmería está tratando de resguardar no solo a los internos de la causa, sino que también al resto de los reclusos y la seguridad del recinto, afirmó. Según el persecutor, la naturaleza de la organización criminal podría derivar en una toma de control de los módulos, generando un estado depaz interna en el penal que facilitaría el tráfico de sustancias y el riesgo de corrupción de funcionarios. Por otro lado, María Paz Aguilera, abogada defensora de cinco de los imputados, argumentó que el arraigo familiar de sus representados justifica su permanencia en Rancagua.Nuestros representados tienen sus redes familiares en esta región, y el régimen penitenciario establece la importancia de que estén cerca de sus familias, destacó Aguilera, quien también mencionó el impacto que el traslado tendría en los hijos de los detenidos. Asimismo, la defensa cuestionó además la falta de fundamentación en la solicitud de la Fiscalía, señalando que el tribunal consideró insuficiente la evidencia presentada para autorizar el traslado. En este contexto, se ha solicitado una audiencia para debatir la competencia del tribunal de Rancagua en este caso, la cual se realizará el próximo 28 de noviembre. La Fiscalía, en tanto, sostiene que el robo a la empresa Brinks, del cual se han recuperado solo 200 millones de los cerca de 12 mil millones de pesos sustraídos, fue planificado desde el interior de la Cárcel de Rancagua. Entre los imputados se encuentran también cinco carabineros, quienes actualmente cumplen prisión preventiva en un anexo en la Subcomisaría Pudahuel Norte, en la Región Metropolitana.
La Corte de Apelaciones de Rancagua ratificó este jueves la medida cautelar de prisión preventiva contra el exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy Muñoz, imputado por el Ministerio Público por malversación de caudales públicos, fraude al fisco, lavado de activos, delitos tributarios y cohecho agravado reiterado. Los delitos habrían sido cometidos entre los años 2021 y 2023, según la investigación del Ministerio Público. En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa del exalcalde, y mantuvo la resolución del Juzgado de Garantía de Rancagua, al considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación. La defensa de Godoy argumentó que el exalcalde ya ha prestado declaración ante el Ministerio Público y ha reconocido su participación en algunos de los hechos que se le imputan. Sin embargo, la Corte determinó que esta circunstancia no es suficiente para modificar la medida cautelar. De este modo, Juan Ramón Godoy deberá seguir cumpliendo la prisión preventiva en el recinto penitenciario de Rancagua, mientras dure la investigación.
La empresa Brinks, especializada en transportes de valor, ha revelado la cifra exacta del botín sustraído durante el violento asalto ocurrido en su sucursal de Rancagua el pasado 16 de agosto. El monto total supera los 11 mil millones de pesos, precisando que la suma robada asciende a $11.465.818.468 pesos chilenos, según lo detallado en la querella presentada contra los involucrados. El asalto, que fue calificado como cinematográfico, involucró a un grupo de entre 25 a 30 personas, resultando en la detención de 20 individuos que actualmente se encuentran en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación. Pese a los esfuerzos de las autoridades, aún no se ha recuperado el dinero sustraído, que inicialmente se estimó en 12 mil millones de pesos. De acuerdo con información proporcionada por La Tercera, la querella presentada por Brinks también incluye detalles sobre la presunta participación de dos extrabajadores de la empresa, el guardia Óscar Orellana y la cajera Ximena Fuentes, quienes han sido acusados de robo con violencia e intimidación, apropiación indebida, violencia o intimidación en las personas y asociación ilícita criminal. Además, se les imputa el delito de revelación de secretos comerciales. La querella destaca que Orellana y Fuentes habrían colaborado con la organización criminal, como lo demuestra una fotografía que los muestra en una reunión con la banda dos días antes del atraco. La participación de la cajera se describe como sospechosa, ya que al salir a fumar con dos compañeras y una supervisora de operaciones, los delincuentes coincidieron con ellas y procedieron a intimidarlas. En cuanto al guardia, se señala que permitió el acceso a los asaltantes al abrir cuatro puertas desde su puesto de trabajo, facilitando su ingreso a la sala de proceso.
Este miércoles, el Juzgado de Garantía de Rancagua determinó que los 18 detenidos por el millonario robo a la empresa de valores Brinks, ocurrido el pasado 16 de agosto en la Región de O'Higgins, quedarán en prisión preventiva durante los próximos ocho meses, plazo fijado para la investigación. El robo, llevado a cabo con una planificación sofisticada, incluyó la quema de vehículos en puntos estratégicos de la ciudad para distraer a las autoridades. La jueza de Garantía argumentó que, considerando la cantidad de delitos investigados, la gravedad de estos, el número de implicados y las penas asignadas, la prisión preventiva es una medida necesaria y proporcional para garantizar la seguridad pública. Además, se destacó que 12 de los 18 imputados tienen condenas anteriores. El fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, sostuvo que la medida cautelar es esencial y está respaldada por la evidencia recopilada en la investigación. Cubillos también indicó que el Ministerio Público está investigando la posible existencia de funcionarios de Carabineros involucrados en el robo y que se están explorando todas las hipótesis sobre el paradero del dinero robado. La prisión preventiva de los imputados busca garantizar que no interfieran con la investigación y evitar riesgos para la seguridad de la sociedad. La investigación sigue en curso para identificar a todos los posibles partícipes del delito y recuperar los fondos sustraídos.
Este martes, la Policía de Investigaciones (PDI) reconoció en un comunicado que contaba con información previa sobre el robo de más de $12 mil millones ocurrido el 16 de agosto en la sucursal Brinks de Rancagua, en la Región de O'Higgins. Según el comunicado, durante labores de campo, un oficial recibió datos sobre un posible asalto que podría afectar a una empresa de valores en la zona. Sin embargo, el robo se llevó a cabo antes de que se pudiera verificar la información. La PDI reiteró su compromiso con los principios y valores que guían a su personal, asegurando que se aplicarán las sanciones más severas en caso de confirmarse alguna falta en la gestión de la información. Además, la institución informó que ya ha entregado al Ministerio Público todos los antecedentes recopilados para apoyar la investigación en curso. Este mismo día, se realizó la audiencia de formalización de los 18 detenidos por el asalto a la sucursal Brinks. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva de los imputados, quienes enfrentan cargos por robo con intimidación en calidad de autores y en grado consumado, asociación criminal, porte ilegal de armas prohibidas, siete delitos de incendio, porte de elementos incendiarios y 19 delitos de receptación.
