La controversia en torno al suspendido proyecto de US$1.400 millones de Colbún sigue generando reacciones. Esta vez, la Asociación de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (Anfusea) criticó duramente la decisión de la directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán, de solicitar la renuncia de Ramón Guajardo, el director regional de Antofagasta. En un comunicado, la Anfusea advirtió que esta decisión podría interpretarse como una respuesta a presiones políticas o empresariales, algo que contraviene los principios fundamentales que debe defender el SEA. La asociación enfatizó que el trabajo y los procesos de evaluación en todo el país son reconocidos por su transparencia y rigor, llevados a cabo por profesionales con vocación de servicio público, ajenos a cualquier tipo de presión política. Las críticas también alcanzaron al Gobierno, en particular al ministro de Hacienda, Mario Marcel, cuyos comentarios fueron rechazados por los funcionarios del SEA. Según Anfusea, dichas declaraciones ponen en duda el trabajo del Servicio y de todos sus funcionarios, utilizando argumentos infundados sobre las razones que llevaron al proyecto a ser excluido del proceso por Término Anticipado, demostrando un desconocimiento de la institucionalidad ambiental y cediendo a presiones externas. En defensa de Guajardo, la asociación destacó su liderazgo, profesionalismo y calidad humana, subrayando que su gestión ha sido intachable y su compromiso con la excelencia en los procesos de evaluación ha sido reconocido tanto en los ámbitos público, privado como social.
La controversia en torno al suspendido proyecto de US$1.400 millones de Colbún sigue generando reacciones. Esta vez, la Asociación de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (Anfusea) criticó duramente la decisión de la directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán, de solicitar la renuncia de Ramón Guajardo, el director regional de Antofagasta. En un comunicado, la Anfusea advirtió que esta decisión podría interpretarse como una respuesta a presiones políticas o empresariales, algo que contraviene los principios fundamentales que debe defender el SEA. La asociación enfatizó que el trabajo y los procesos de evaluación en todo el país son reconocidos por su transparencia y rigor, llevados a cabo por profesionales con vocación de servicio público, ajenos a cualquier tipo de presión política. Las críticas también alcanzaron al Gobierno, en particular al ministro de Hacienda, Mario Marcel, cuyos comentarios fueron rechazados por los funcionarios del SEA. Según Anfusea, dichas declaraciones ponen en duda el trabajo del Servicio y de todos sus funcionarios, utilizando argumentos infundados sobre las razones que llevaron al proyecto a ser excluido del proceso por Término Anticipado, demostrando un desconocimiento de la institucionalidad ambiental y cediendo a presiones externas. En defensa de Guajardo, la asociación destacó su liderazgo, profesionalismo y calidad humana, subrayando que su gestión ha sido intachable y su compromiso con la excelencia en los procesos de evaluación ha sido reconocido tanto en los ámbitos público, privado como social.
