En medio de la discusión de la Ley de Presupuestos 2025, el Senado ratificó la aplicación del test de drogas para la figura del Presidente de la República y su gabinete de ministros y subsecretarios, de forma semestral. Cabe recordar que tras la aprobación de la Cámara, desde La Moneda propusieron suprimir dicha medida como parte del Presupuesto, no obstante el Senado votó contra la idea del Ejecutivo y, por ahora, el test de drogas continuará vigente. La votación fue de 27 votos en contra, 12 a favor y 2 abstenciones. La indicación fue impulsada por el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, quien destacó la importancia de que las autoridades se sometan a estos exámenes. Así como los diputados ya realizamos estos exámenes desde hace algún tiempo, no vemos razón para que el Presidente de la República, junto a sus ministros y subsecretarios, no deban también hacerlo, señaló el legislador. Desde el Gobierno, aunque no le cerraron la puerta a la aplicabilidad de los procedimientos, advirtieron que a través de la Ley de Presupuesto no es la forma más idónea. En esa misma línea, las reacciones no tardaron en llegar. Fue el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, explicó que no tenemos objeciones respecto de la necesidad de mejorar y perfeccionar nuestra legislación, pero creemos que esto debe hacerse a través de una normativa permanente, y no mediante la ley de presupuestos, que solo tiene vigencia por un año y donde, mediante una glosa, no se regulan todos los aspectos necesarios para que una normativa de esta naturaleza tenga sentido, sostuvo. De igual forma por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, recalcó que la iniciativa sobre el test de drogas no tenía mayor relación con la Ley de Propuesto y además, hizo reserva de constitucionalidad, por lo que podría acudir al Tribunal Constitucional.
En una extensa jornada, la Sala del Senado aprobó la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, destituyéndolo de su cargo y sancionándolo con una inhabilitación de cinco años para ejercer cualquier función pública. El proceso comenzó pasadas las 10:00 horas, con un debate marcado por los cruces políticos entre oficialismo y oposición. Cada senador contó con un máximo de 10 minutos para justificar su votación respecto a los dos capítulos que componían el libelo, los cuales fueron aprobados en su totalidad. El foco del debate estuvo en las intenciones políticas detrás de la acusación, dado que también se vinculaba a la exministra Ángela Vivanco, pese a que sus situaciones no guardaban relación directa. Esto generó tensión entre las bancadas, especialmente desde el sector progresista, que acusó a la derecha de buscar un empate político. El magistrado Muñoz fue acusado por irregularidades en un caso inmobiliario relacionado con la empresa Fundamenta, donde su hija, la jueza Graciela Muñoz, habría sido favorecida. Además, se le imputó haber permitido que su hija realizara teletrabajo desde Italia durante la pandemia, lo que estaba prohibido. Con 25 votos a favor, luego de que la senadora Paulina Núñez (RN) presentara un permiso constitucional que redujo el quorum, la acusación fue aprobada. La votación generó expectación, especialmente entre independientes y sectores de centro, cuya posición era incierta hasta el último momento. Tras la aprobación, Muñoz, quien ya se encontraba suspendido de sus funciones, queda oficialmente destituido y no podrá ejercer ningún cargo público, ya sea por elección popular o designación, durante los próximos cinco años.
El Senado de la República se prepara para votar en dos jornadas la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y la exministra Ángela Vivanco. La votación se llevará a cabo el martes 15 de octubre, comenzando con Muñoz, seguido de Vivanco. En esta primera sesión, el secretario general del Senado, Raúl Guzmán, presentará la relación de hechos, seguido por la intervención de una comisión de tres parlamentarios que expondrá los argumentos de la parte acusadora. Ante esto, el miércoles 16 de octubre se procederá de igual manera, permitiendo a las defensas de ambos acusados presentar sus argumentos. La acusación deberá ser aprobada por mayoría absoluta para avanzar. Este proceso legislativo podría extenderse, dependiendo de la decisión que se tome respecto a otras acusaciones en curso, incluido el caso del exministro Jean Pierre Matus. Asimismo, el presidente del Senado, José García Ruminot, anunció que el proceso se inicia tras recibir el oficio correspondiente de la Cámara de Diputados, lo que establece un plazo de 30 días hábiles para que el Senado se pronuncie. Durante este tiempo, se seguirán procedimientos específicos para garantizar el derecho a la defensa y el debate entre las partes involucradas. Finalmente, la sesión del martes comenzará a las 10:00 horas, y se espera que sea un evento crucial para el futuro judicial de los acusados, así como para el funcionamiento del Senado en el contexto actual.
La reciente publicación de La Segunda ha desatado una ola de críticas en el Congreso, al informar que 35 funcionarios del Senado reciben sueldos que oscilan entre $10 millones y $17 millones brutos. Esta situación ha generado preocupación, especialmente porque las cifras superan el límite establecido para el Presidente de la República por la comisión que fija los altos sueldos del Estado. Ante esto, los senadores, de diferentes sectores políticos, han comenzado a plantear sus inquietudes. El senador José Miguel Insulza (PS) exigió claridad sobre la legitimidad de estas remuneraciones y la situación de los trámites para regularizarlas. En respuesta a estas preocupaciones, el presidente del Senado, José García Ruminot, enfatizó quelas remuneraciones percibidas con fondos públicos deben ser proporcionales a la responsabilidad del cargo, con una contraprestación efectiva y verificable, además de estar debidamente publicadas, como lo establece la ley. Finalmente, la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, ha asegurado que se llevará a cabo una revisión exhaustiva de estos altos sueldos para garantizar la transparencia y la equidad en el uso de los recursos públicos. La situación plantea un debate necesario sobre la ética y la responsabilidad en la administración pública.
En medio de la discusión de la Ley de Presupuestos 2025, el Senado ratificó la aplicación del test de drogas para la figura del Presidente de la República y su gabinete de ministros y subsecretarios, de forma semestral. Cabe recordar que tras la aprobación de la Cámara, desde La Moneda propusieron suprimir dicha medida como parte del Presupuesto, no obstante el Senado votó contra la idea del Ejecutivo y, por ahora, el test de drogas continuará vigente. La votación fue de 27 votos en contra, 12 a favor y 2 abstenciones. La indicación fue impulsada por el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, quien destacó la importancia de que las autoridades se sometan a estos exámenes. Así como los diputados ya realizamos estos exámenes desde hace algún tiempo, no vemos razón para que el Presidente de la República, junto a sus ministros y subsecretarios, no deban también hacerlo, señaló el legislador. Desde el Gobierno, aunque no le cerraron la puerta a la aplicabilidad de los procedimientos, advirtieron que a través de la Ley de Presupuesto no es la forma más idónea. En esa misma línea, las reacciones no tardaron en llegar. Fue el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, explicó que no tenemos objeciones respecto de la necesidad de mejorar y perfeccionar nuestra legislación, pero creemos que esto debe hacerse a través de una normativa permanente, y no mediante la ley de presupuestos, que solo tiene vigencia por un año y donde, mediante una glosa, no se regulan todos los aspectos necesarios para que una normativa de esta naturaleza tenga sentido, sostuvo. De igual forma por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, recalcó que la iniciativa sobre el test de drogas no tenía mayor relación con la Ley de Propuesto y además, hizo reserva de constitucionalidad, por lo que podría acudir al Tribunal Constitucional.
En una extensa jornada, la Sala del Senado aprobó la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, destituyéndolo de su cargo y sancionándolo con una inhabilitación de cinco años para ejercer cualquier función pública. El proceso comenzó pasadas las 10:00 horas, con un debate marcado por los cruces políticos entre oficialismo y oposición. Cada senador contó con un máximo de 10 minutos para justificar su votación respecto a los dos capítulos que componían el libelo, los cuales fueron aprobados en su totalidad. El foco del debate estuvo en las intenciones políticas detrás de la acusación, dado que también se vinculaba a la exministra Ángela Vivanco, pese a que sus situaciones no guardaban relación directa. Esto generó tensión entre las bancadas, especialmente desde el sector progresista, que acusó a la derecha de buscar un empate político. El magistrado Muñoz fue acusado por irregularidades en un caso inmobiliario relacionado con la empresa Fundamenta, donde su hija, la jueza Graciela Muñoz, habría sido favorecida. Además, se le imputó haber permitido que su hija realizara teletrabajo desde Italia durante la pandemia, lo que estaba prohibido. Con 25 votos a favor, luego de que la senadora Paulina Núñez (RN) presentara un permiso constitucional que redujo el quorum, la acusación fue aprobada. La votación generó expectación, especialmente entre independientes y sectores de centro, cuya posición era incierta hasta el último momento. Tras la aprobación, Muñoz, quien ya se encontraba suspendido de sus funciones, queda oficialmente destituido y no podrá ejercer ningún cargo público, ya sea por elección popular o designación, durante los próximos cinco años.
El Senado de la República se prepara para votar en dos jornadas la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y la exministra Ángela Vivanco. La votación se llevará a cabo el martes 15 de octubre, comenzando con Muñoz, seguido de Vivanco. En esta primera sesión, el secretario general del Senado, Raúl Guzmán, presentará la relación de hechos, seguido por la intervención de una comisión de tres parlamentarios que expondrá los argumentos de la parte acusadora. Ante esto, el miércoles 16 de octubre se procederá de igual manera, permitiendo a las defensas de ambos acusados presentar sus argumentos. La acusación deberá ser aprobada por mayoría absoluta para avanzar. Este proceso legislativo podría extenderse, dependiendo de la decisión que se tome respecto a otras acusaciones en curso, incluido el caso del exministro Jean Pierre Matus. Asimismo, el presidente del Senado, José García Ruminot, anunció que el proceso se inicia tras recibir el oficio correspondiente de la Cámara de Diputados, lo que establece un plazo de 30 días hábiles para que el Senado se pronuncie. Durante este tiempo, se seguirán procedimientos específicos para garantizar el derecho a la defensa y el debate entre las partes involucradas. Finalmente, la sesión del martes comenzará a las 10:00 horas, y se espera que sea un evento crucial para el futuro judicial de los acusados, así como para el funcionamiento del Senado en el contexto actual.
La reciente publicación de La Segunda ha desatado una ola de críticas en el Congreso, al informar que 35 funcionarios del Senado reciben sueldos que oscilan entre $10 millones y $17 millones brutos. Esta situación ha generado preocupación, especialmente porque las cifras superan el límite establecido para el Presidente de la República por la comisión que fija los altos sueldos del Estado. Ante esto, los senadores, de diferentes sectores políticos, han comenzado a plantear sus inquietudes. El senador José Miguel Insulza (PS) exigió claridad sobre la legitimidad de estas remuneraciones y la situación de los trámites para regularizarlas. En respuesta a estas preocupaciones, el presidente del Senado, José García Ruminot, enfatizó quelas remuneraciones percibidas con fondos públicos deben ser proporcionales a la responsabilidad del cargo, con una contraprestación efectiva y verificable, además de estar debidamente publicadas, como lo establece la ley. Finalmente, la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, ha asegurado que se llevará a cabo una revisión exhaustiva de estos altos sueldos para garantizar la transparencia y la equidad en el uso de los recursos públicos. La situación plantea un debate necesario sobre la ética y la responsabilidad en la administración pública.
