El caso que ha sacudido al país, el denominado Caso Democracia Viva, ha dado un nuevo giro con la revelación de un informe de la Policía de Investigaciones (PDI). En este documento, se detallan conversaciones entre la diputada Catalina Pérez y su entonces pareja, Daniel Andrade, quien es uno de los principales imputados por el escándalo de corrupción. Según el informe al cual tuvo acceso La Segunda, en un mensaje del 29 de julio de 2022, Andrade le comunicó a Pérez sobre una reunión con el entonces Seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, actualmente en prisión preventiva. Me llamó Carlos y parece que hoy pueden salir las lucas , escribió Andrade, aunque no se menciona si hubo respuesta de la diputada. En otro intercambio de mensajes de septiembre de 2022, Pérez coordina con Andrade para que ella lo pase a buscar en una hora determinada, mientras él le menciona que la reunión con Contreras ha sido reprogramada. “Carlos me corrió la reunión para las 17.00” , le informa Andrade, destacando la importancia del convenio con Contreras. Este tipo de diálogos resalta el papel de la Fundación Democracia Viva en la gestión de convenios con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, entidad que le otorgó 370 millones de pesos a la fundación de Andrade, a pesar de que esta no tenía experiencia en proyectos similares. Este hecho desencadenó el Caso Convenios, que ha puesto en evidencia varias irregularidades y casos de corrupción dentro de distintas instituciones del Estado. Finalmente, recordar que Carlos Contreras, quien fuera cercano asesor de Pérez, se encuentra en prisión preventiva, mientras que Daniel Andrade estuvo en la misma situación, pero actualmente se encuentra con arresto domiciliario. Catalina Pérez, por su parte, sigue siendo investigada por la PDI y ha declarado como imputada en el caso.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta ha decidido extender el plazo de investigación en el caso Democracia Viva (DV), que inicialmente debía cerrarse este pasado martes. La nueva fecha límite para la investigación será el 14 de octubre, momento en el cual se iniciará la fase de preparación para el juicio oral. La decisión del tribunal responde a una solicitud de la Fiscalía para ampliar el período de investigación en 48 días adicionales. El fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, justificó esta solicitud al indicar que aún quedan diligencias por realizar, incluyendo tareas a cargo de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de Antofagasta y el laboratorio de criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI). Durante la audiencia en la que se discutió la ampliación, también se anunció la fusión de las causas relacionadas con Democracia Viva y la Fundación Cultural TomArte en una sola investigación. Esta consolidación permitirá un manejo más integrado de ambos casos, que involucran presuntas irregularidades financieras vinculadas al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). El caso Democracia Viva surgió en 2022 con el denominado Caso Convenios, en el que se investiga un supuesto fraude al fisco en relación con tres convenios entre la organización y el Minvu por un total de $426 millones. Entre los formalizados se encuentran el fundador de DV, Daniel Andrade, y la concejal de Antofagasta, Paz Fuica, quienes permanecen bajo arresto domiciliario. Por su parte, la investigación de la Fundación Cultural TomArte examina cuatro convenios con el Minvu, resultando en la formalización de Carlos Contreras por cuatro delitos de fraude al fisco, y la gestora cultural Kelly Betancourt, quien enfrenta cargos por lavado de activos y se encuentra en prisión preventiva. Ambas causas, ahora unificadas, continuarán bajo investigación hasta mediados de octubre, cuando se dará paso a la siguiente etapa judicial.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta llevó a cabo una audiencia de reformalización para unificar las causas relacionadas con el Caso Democracia Viva, tras la solicitud de la Fiscalía de amalgamar los procesos judiciales de los principales involucrados. En esta instancia judicial, Paz Fuica, Daniel Andrade y Carlos Contreras fueron nuevamente formalizados este jueves por delitos de fraude al fisco, específicamente en la arista conocida como Caso Convenios, vinculada a la Fundación Democracia Viva. La iniciativa de consolidar las causas surgió debido a que los imputados habían sido formalizados previamente en audiencias separadas, lo que hacía necesario unificar y establecer una perspectiva común sobre su participación, según indicó el Ministerio Público. Durante la audiencia, el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, proporcionó detalles adicionales y aclaraciones sobre los hechos que ya habían sido comunicados a los tres imputados en el curso de esta investigación. Asimismo, el fiscal regional, Juan Castro Bekios, destacó que esta reformalización busca establecer una estructura fáctica común a los antecedentes. La audiencia transcurrió sin mayores contratiempos ni controversias por parte de los intervinientes presentes, según concluyó el fiscal Castro. El plazo de investigación se ha fijado hasta el 27 de agosto, con la posibilidad de ser ampliado mediante solicitud al Tribunal en caso necesario.
El caso que ha sacudido al país, el denominado Caso Democracia Viva, ha dado un nuevo giro con la revelación de un informe de la Policía de Investigaciones (PDI). En este documento, se detallan conversaciones entre la diputada Catalina Pérez y su entonces pareja, Daniel Andrade, quien es uno de los principales imputados por el escándalo de corrupción. Según el informe al cual tuvo acceso La Segunda, en un mensaje del 29 de julio de 2022, Andrade le comunicó a Pérez sobre una reunión con el entonces Seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, actualmente en prisión preventiva. Me llamó Carlos y parece que hoy pueden salir las lucas , escribió Andrade, aunque no se menciona si hubo respuesta de la diputada. En otro intercambio de mensajes de septiembre de 2022, Pérez coordina con Andrade para que ella lo pase a buscar en una hora determinada, mientras él le menciona que la reunión con Contreras ha sido reprogramada. “Carlos me corrió la reunión para las 17.00” , le informa Andrade, destacando la importancia del convenio con Contreras. Este tipo de diálogos resalta el papel de la Fundación Democracia Viva en la gestión de convenios con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, entidad que le otorgó 370 millones de pesos a la fundación de Andrade, a pesar de que esta no tenía experiencia en proyectos similares. Este hecho desencadenó el Caso Convenios, que ha puesto en evidencia varias irregularidades y casos de corrupción dentro de distintas instituciones del Estado. Finalmente, recordar que Carlos Contreras, quien fuera cercano asesor de Pérez, se encuentra en prisión preventiva, mientras que Daniel Andrade estuvo en la misma situación, pero actualmente se encuentra con arresto domiciliario. Catalina Pérez, por su parte, sigue siendo investigada por la PDI y ha declarado como imputada en el caso.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta ha decidido extender el plazo de investigación en el caso Democracia Viva (DV), que inicialmente debía cerrarse este pasado martes. La nueva fecha límite para la investigación será el 14 de octubre, momento en el cual se iniciará la fase de preparación para el juicio oral. La decisión del tribunal responde a una solicitud de la Fiscalía para ampliar el período de investigación en 48 días adicionales. El fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, justificó esta solicitud al indicar que aún quedan diligencias por realizar, incluyendo tareas a cargo de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de Antofagasta y el laboratorio de criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI). Durante la audiencia en la que se discutió la ampliación, también se anunció la fusión de las causas relacionadas con Democracia Viva y la Fundación Cultural TomArte en una sola investigación. Esta consolidación permitirá un manejo más integrado de ambos casos, que involucran presuntas irregularidades financieras vinculadas al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). El caso Democracia Viva surgió en 2022 con el denominado Caso Convenios, en el que se investiga un supuesto fraude al fisco en relación con tres convenios entre la organización y el Minvu por un total de $426 millones. Entre los formalizados se encuentran el fundador de DV, Daniel Andrade, y la concejal de Antofagasta, Paz Fuica, quienes permanecen bajo arresto domiciliario. Por su parte, la investigación de la Fundación Cultural TomArte examina cuatro convenios con el Minvu, resultando en la formalización de Carlos Contreras por cuatro delitos de fraude al fisco, y la gestora cultural Kelly Betancourt, quien enfrenta cargos por lavado de activos y se encuentra en prisión preventiva. Ambas causas, ahora unificadas, continuarán bajo investigación hasta mediados de octubre, cuando se dará paso a la siguiente etapa judicial.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta llevó a cabo una audiencia de reformalización para unificar las causas relacionadas con el Caso Democracia Viva, tras la solicitud de la Fiscalía de amalgamar los procesos judiciales de los principales involucrados. En esta instancia judicial, Paz Fuica, Daniel Andrade y Carlos Contreras fueron nuevamente formalizados este jueves por delitos de fraude al fisco, específicamente en la arista conocida como Caso Convenios, vinculada a la Fundación Democracia Viva. La iniciativa de consolidar las causas surgió debido a que los imputados habían sido formalizados previamente en audiencias separadas, lo que hacía necesario unificar y establecer una perspectiva común sobre su participación, según indicó el Ministerio Público. Durante la audiencia, el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, proporcionó detalles adicionales y aclaraciones sobre los hechos que ya habían sido comunicados a los tres imputados en el curso de esta investigación. Asimismo, el fiscal regional, Juan Castro Bekios, destacó que esta reformalización busca establecer una estructura fáctica común a los antecedentes. La audiencia transcurrió sin mayores contratiempos ni controversias por parte de los intervinientes presentes, según concluyó el fiscal Castro. El plazo de investigación se ha fijado hasta el 27 de agosto, con la posibilidad de ser ampliado mediante solicitud al Tribunal en caso necesario.
