En un informe impactante, el programa de investigación Hasta Cuándo de Mega ha revelado que al menos 13 alcaldes en Chile han sido acusados o condenados por delitos sexuales en los últimos años. Entre estos, cuatro buscan desafiar las acusaciones y asegurar su reelección en las próximas elecciones municipales del 27 de octubre. Alcaldes en la Mira Jonathan Velásquez (Antofagasta) : El actual alcalde de Antofagasta enfrenta una demanda bajo la Ley Karin por acoso laboral y sexual. La denuncia presentada por una funcionaria municipal está respaldada por mensajes de texto, regalos y viajes que, según la acusación, fueron enviados por Velásquez en contextos inapropiados. A pesar de la investigación en curso, Velásquez persiste en su candidatura para un nuevo mandato. Roberto Quintana (Laja, Región del Biobío) : Quintana, quien busca la reelección en Laja, fue condenado por acoso sexual. La condena se basa en un video en el que el alcalde besa y abraza a una funcionaria municipal contra su voluntad. A pesar de defender sus actos como un gesto de “galantería”, Quintana fue sentenciado a 40 días de presidio y una multa de 5 UTM. La víctima ha apelado, buscando una sentencia que considere el acto como abuso sexual. Javier Guiñez (San Pedro de la Paz, Región del Biobío) : Guiñez enfrenta una denuncia por acoso sexual de una exfuncionaria municipal. La denuncia está respaldada por mensajes de WhatsApp que, según la acusadora, demuestran una relación inapropiada y un acoso laboral continuo, con serios daños emocionales. A pesar de estas graves acusaciones, Guiñez continúa en funciones y busca la reelección. Javier Jaramillo (Victoria, Región de La Araucanía) : Jaramillo ha sido formalizado por varios delitos sexuales, incluyendo abuso sexual calificado y violación, cometidos entre 2016 y 2019. Las denuncias provienen de dos mujeres, funcionarias municipales, que aseguran haber sido abusadas por el alcalde. Aunque la fiscalía solicitó prisión preventiva, el tribunal impuso medidas cautelares menos estrictas. A pesar de esto, Jaramillo también busca la reelección. Estos casos subrayan la necesidad urgente de un escrutinio más riguroso para los candidatos a cargos públicos, especialmente en situaciones que involucran acusaciones graves de acoso y abuso sexual.
La instalación de ramadas que se encuentran cerca del Humedal La Chimba no ha quedado exento de inconvenientes y en esta oportunidad existe un contrato de arriendo por parte de la Municipalidad de Antofagasta que autoriza la instalación. Ante esto, según información del Diario de Antofagasta, el contrato fue firmado entre el alcalde Jonathan Velásquez Ramírez, la Agrupación de Ramaderos y Comerciantes del Norte y la Asociación de Ramaderos Unificada de Antofagasta quien es liderada por Yasna Collao y Luis Vera. Asimismo, en el documento se establece un arriendo de dos lotes por $2 millones de pesos que suman un poco más de 18.204 metros cuadrados costando $110 pesos por metro. El decreto fue firmado por el alcalde el 21 de agosto. Finalmente, la comunidad y los grupos ambientalistas siguen exigiendo explicaciones y medidas para asegurar la protección del humedal.
En un informe impactante, el programa de investigación Hasta Cuándo de Mega ha revelado que al menos 13 alcaldes en Chile han sido acusados o condenados por delitos sexuales en los últimos años. Entre estos, cuatro buscan desafiar las acusaciones y asegurar su reelección en las próximas elecciones municipales del 27 de octubre. Alcaldes en la Mira Jonathan Velásquez (Antofagasta) : El actual alcalde de Antofagasta enfrenta una demanda bajo la Ley Karin por acoso laboral y sexual. La denuncia presentada por una funcionaria municipal está respaldada por mensajes de texto, regalos y viajes que, según la acusación, fueron enviados por Velásquez en contextos inapropiados. A pesar de la investigación en curso, Velásquez persiste en su candidatura para un nuevo mandato. Roberto Quintana (Laja, Región del Biobío) : Quintana, quien busca la reelección en Laja, fue condenado por acoso sexual. La condena se basa en un video en el que el alcalde besa y abraza a una funcionaria municipal contra su voluntad. A pesar de defender sus actos como un gesto de “galantería”, Quintana fue sentenciado a 40 días de presidio y una multa de 5 UTM. La víctima ha apelado, buscando una sentencia que considere el acto como abuso sexual. Javier Guiñez (San Pedro de la Paz, Región del Biobío) : Guiñez enfrenta una denuncia por acoso sexual de una exfuncionaria municipal. La denuncia está respaldada por mensajes de WhatsApp que, según la acusadora, demuestran una relación inapropiada y un acoso laboral continuo, con serios daños emocionales. A pesar de estas graves acusaciones, Guiñez continúa en funciones y busca la reelección. Javier Jaramillo (Victoria, Región de La Araucanía) : Jaramillo ha sido formalizado por varios delitos sexuales, incluyendo abuso sexual calificado y violación, cometidos entre 2016 y 2019. Las denuncias provienen de dos mujeres, funcionarias municipales, que aseguran haber sido abusadas por el alcalde. Aunque la fiscalía solicitó prisión preventiva, el tribunal impuso medidas cautelares menos estrictas. A pesar de esto, Jaramillo también busca la reelección. Estos casos subrayan la necesidad urgente de un escrutinio más riguroso para los candidatos a cargos públicos, especialmente en situaciones que involucran acusaciones graves de acoso y abuso sexual.
La instalación de ramadas que se encuentran cerca del Humedal La Chimba no ha quedado exento de inconvenientes y en esta oportunidad existe un contrato de arriendo por parte de la Municipalidad de Antofagasta que autoriza la instalación. Ante esto, según información del Diario de Antofagasta, el contrato fue firmado entre el alcalde Jonathan Velásquez Ramírez, la Agrupación de Ramaderos y Comerciantes del Norte y la Asociación de Ramaderos Unificada de Antofagasta quien es liderada por Yasna Collao y Luis Vera. Asimismo, en el documento se establece un arriendo de dos lotes por $2 millones de pesos que suman un poco más de 18.204 metros cuadrados costando $110 pesos por metro. El decreto fue firmado por el alcalde el 21 de agosto. Finalmente, la comunidad y los grupos ambientalistas siguen exigiendo explicaciones y medidas para asegurar la protección del humedal.