A pocas horas de haber sido reelecto como alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo fue detenido la mañana de este lunes por Carabineros tras una denuncia por violencia intrafamiliar. El arresto se llevó a cabo alrededor de las 06:00 horas, cuando los funcionarios de la Segunda Comisaría de Chillán llegaron al lugar tras recibir un llamado de emergencia. Según la policía, Del Pozo se encontraba en estado de ebriedad durante su aprehensión, que ocurrió después de las celebraciones por su triunfo en las elecciones. Los antecedentes del caso han sido entregados al Ministerio Público, que se encargará de las diligencias correspondientes. Se espera que durante la jornada se realice la audiencia de control de detención. La víctima del incidente, cuya identidad no ha sido revelada, fue diagnosticada con lesiones de carácter leve. Este suceso ha causado un gran revuelo en la comunidad de Chillán Viejo, donde el alcalde recién había obtenido 10.288 votos, equivalentes al 52,64% de los sufragios, consolidando su liderazgo en la comuna desde que asumió el cargo en 2021.
El Tribunal Electoral Regional (TER) ha desestimado la solicitud de la defensa del alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, para anular la prueba testimonial en el juicio que enfrenta por abandono de deberes. La defensa argumentaba que la notificación para acceder a la audiencia, programada para el 24 de septiembre, no se realizó con el tiempo suficiente, lo que supuestamente vulneró las garantías procesales de Velásquez. Según los antecedentes, el tribunal había fijado la fecha de la audiencia el 16 de septiembre, pero el enlace para conectarse fue enviado solo una hora antes, a las 08:00 horas del mismo día. La defensa alegó que esto contravenía el plazo mínimo de tres horas estipulado para las notificaciones. Sin embargo, el TER determinó que no hubo un perjuicio significativo que justificara la anulación de la audiencia. El tribunal señaló que la defensa había tenido conocimiento de la fecha y hora de la diligencia con una semana de anticipación y que los abogados del alcalde asistieron a una audiencia previa, lo que indicaba su conocimiento del proceso. En su fallo, el tribunal subrayó que, a pesar de que la notificación del enlace no cumplió con el tiempo estipulado, ello no fue suficiente para invalidar la audiencia, ya que los abogados debieron haber revisado oportunamente sus correos electrónicos como parte de sus responsabilidades procesales. El tribunal también hizo énfasis en que la confianza en el procedimiento establecido por el tribunal no podía ser desconocida.Asumimos sobre la base de la confianza depositada en las normas del procedimiento fijas por el tribunal de VSI, que la testifical no se llevaría a cabo; por cuanto sí sabía el incidentista que a las 9:00 horas habría una audiencia de prueba de testigos , por lo que por lo menos debió haber revisado con prolijidad su correo electrónico, cuestión que no hizo porque como el mismo lo señaló en su escrito fue suficiente revisarlo una vez , lo que no encuentra sustento para poder determinar que existió efectivamente un perjuicio , detalla el fallo. Con esta resolución, el TER concluyó que no hubo vulneración de las garantías constitucionales ni un perjuicio procesal irreparable en el caso del alcalde Velásquez, quien continúa enfrentando el juicio por abandono de deberes.
En una audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Linares, la magistrada Evelyn Pérez Jaña determinó imponer la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a los involucrados para el alcalde de Linares y vicepresidente de Renovación Nacional, Mario Meza. Esto en el contexto de una investigación por delitos reiterados de fraude al fisco relacionados con la adquisición de insumos durante la pandemia del Covid-19. Ante esto, los delitos imputados al edil están vinculados con la compra de cloro, test de detección de coronavirus, mascarillas y cajas de mercadería, con un monto defraudado que asciende a más de $195 millones de pesos. Por otro lado, para Jhon Sancho, jefe de la Dirección de Desarrollo Comunal, se decretó prisión preventiva en el centro penitenciario de Parral, mientras se evalúa un posible traslado al anexo Capitán Yáber. La fiscal Carola D'Agostini, quien lleva adelante la investigación, se mostró conforme con la decisión del tribunal respecto a Sancho, pero anunció que apelarán a la medida cautelar impuesta al alcalde Meza.Hemos acreditado su participación en cuatro delitos, aunque el tribunal solo reconoció uno. La pena sigue siendo de al menos cinco años, por lo que presentaremos un recurso de apelación, señaló. Finalmente, el alcalde y otras 13 personas, entre comerciantes y funcionarios municipales, han sido formalizadas y se les impusieron diversas medidas cautelares. El plazo para la investigación se fijó en seis meses.
Un proceso judicial ha captado la atención de la comunidad de Linares, dado el impacto potencial en la administración pública y la confianza de los ciudadanos. El alcalde Mario Meza, junto al director de Dideco, Jhon Sancho, y otros siete funcionarios y exfuncionarios municipales, han sido formalizados por su presunta responsabilidad en el delito de fraude al fisco reiterado, sumando un total de 14 personas involucradas. La investigación revela que se llevaron a cabo contratos irregulares con ciertas empresas para la adquisición de artículos de aseo, transporte y alimentos, favoreciendo a algunas con grandes sumas de dinero. Un informe de la Contraloría General de la República indica que se pagaron montos excesivos en la compra de cloro y kits de test rápido de COVID-19. En concreto, se desembolsaron $32.130.000 por 6.000 bidones de cloro, lo que representa un sobreprecio del 76% en comparación con el precio de mercado. Además, la adquisición de 3.000 kits de test rápido por $64.260.000 mostró un sobreprecio del 76,7%. El alcalde Meza, quien presentó su renuncia al cargo este jueves 26 de septiembre para postularse a un tercer mandato en las elecciones del 26 y 27 de octubre, ha manifestado su descontento con el proceso judicial, calificándolo de ataque político y denunciando el uso de la institucionalidad con fines partidistas. Finalmente, este caso ha generado gran expectación en Linares, no solo por la relevancia de los involucrados, sino también por el posible impacto en la administración pública local y la confianza ciudadana.
El Tribunal Electoral Regional (TER) de Antofagasta se encuentra en medio de un proceso de remoción que involucra al alcalde Jonathan Velásquez Ramírez, quien enfrenta serias acusaciones por faltas a la probidad administrativa y abandono de deberes. Las audiencias, realizadas el 23 y 24 de septiembre, han visto la presentación de más de veinte testigos, algunos considerados cruciales para el caso. La situación se complica para Velásquez, quien busca su reelección en las próximas elecciones. De ser hallado culpable, podría enfrentar no solo la destitución de su cargo, sino también una inhabilitación de cinco años para ocupar cualquier puesto público. Las denuncias fueron formuladas por siete de los diez concejales de la ciudad y abarcan diversas irregularidades, incluyendo: Ilegalidades en el cierre del ex vertedero “La Chimba”. Modificaciones no aprobadas al contrato de transporte de residuos. Uso indebido de servicios legales municipales. Abuso en la contratación de servicios directos. Favores personales que vulneran principios de probidad. Pendientes en sumarios internos. Irregularidades en la administración de concesiones marítimas. Una de las pruebas más relevantes son las más de 700 páginas de conversaciones en WhatsApp, conocidas como los Plan 9 Papers, que revelan intercambios entre Velásquez y su equipo sobre decisiones que afectarían la transparencia de su gestión. Durante la jornada del lunes, la defensa del alcalde presentó a varios testigos, incluidos su jefe de gabinete, Diego Yáñez, y el asesor jurídico Felipe Guzmán. Sin embargo, la ausencia del ex asesor jurídico Marcelo Pizarro generó especulaciones sobre el proceso. En contraste, el martes se escucharon las declaraciones de testigos de la parte denunciante, como Cecilia Aqueveque, directora de Control, el director de El Diario de Antofagasta, Cristian Reyes, y la concejala Paz Fuica. Este juicio podría extenderse más allá del actual mandato de Velásquez, quien podría enfrentar serias consecuencias si es reelecto. La comunidad de Antofagasta observa con atención el desenlace de un caso que podría significar un cambio en el panorama político local, recordando situaciones similares como la de la ex alcaldesa Karen Rojo.
A pocas horas de haber sido reelecto como alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo fue detenido la mañana de este lunes por Carabineros tras una denuncia por violencia intrafamiliar. El arresto se llevó a cabo alrededor de las 06:00 horas, cuando los funcionarios de la Segunda Comisaría de Chillán llegaron al lugar tras recibir un llamado de emergencia. Según la policía, Del Pozo se encontraba en estado de ebriedad durante su aprehensión, que ocurrió después de las celebraciones por su triunfo en las elecciones. Los antecedentes del caso han sido entregados al Ministerio Público, que se encargará de las diligencias correspondientes. Se espera que durante la jornada se realice la audiencia de control de detención. La víctima del incidente, cuya identidad no ha sido revelada, fue diagnosticada con lesiones de carácter leve. Este suceso ha causado un gran revuelo en la comunidad de Chillán Viejo, donde el alcalde recién había obtenido 10.288 votos, equivalentes al 52,64% de los sufragios, consolidando su liderazgo en la comuna desde que asumió el cargo en 2021.
El Tribunal Electoral Regional (TER) ha desestimado la solicitud de la defensa del alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, para anular la prueba testimonial en el juicio que enfrenta por abandono de deberes. La defensa argumentaba que la notificación para acceder a la audiencia, programada para el 24 de septiembre, no se realizó con el tiempo suficiente, lo que supuestamente vulneró las garantías procesales de Velásquez. Según los antecedentes, el tribunal había fijado la fecha de la audiencia el 16 de septiembre, pero el enlace para conectarse fue enviado solo una hora antes, a las 08:00 horas del mismo día. La defensa alegó que esto contravenía el plazo mínimo de tres horas estipulado para las notificaciones. Sin embargo, el TER determinó que no hubo un perjuicio significativo que justificara la anulación de la audiencia. El tribunal señaló que la defensa había tenido conocimiento de la fecha y hora de la diligencia con una semana de anticipación y que los abogados del alcalde asistieron a una audiencia previa, lo que indicaba su conocimiento del proceso. En su fallo, el tribunal subrayó que, a pesar de que la notificación del enlace no cumplió con el tiempo estipulado, ello no fue suficiente para invalidar la audiencia, ya que los abogados debieron haber revisado oportunamente sus correos electrónicos como parte de sus responsabilidades procesales. El tribunal también hizo énfasis en que la confianza en el procedimiento establecido por el tribunal no podía ser desconocida.Asumimos sobre la base de la confianza depositada en las normas del procedimiento fijas por el tribunal de VSI, que la testifical no se llevaría a cabo; por cuanto sí sabía el incidentista que a las 9:00 horas habría una audiencia de prueba de testigos , por lo que por lo menos debió haber revisado con prolijidad su correo electrónico, cuestión que no hizo porque como el mismo lo señaló en su escrito fue suficiente revisarlo una vez , lo que no encuentra sustento para poder determinar que existió efectivamente un perjuicio , detalla el fallo. Con esta resolución, el TER concluyó que no hubo vulneración de las garantías constitucionales ni un perjuicio procesal irreparable en el caso del alcalde Velásquez, quien continúa enfrentando el juicio por abandono de deberes.
En una audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Linares, la magistrada Evelyn Pérez Jaña determinó imponer la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a los involucrados para el alcalde de Linares y vicepresidente de Renovación Nacional, Mario Meza. Esto en el contexto de una investigación por delitos reiterados de fraude al fisco relacionados con la adquisición de insumos durante la pandemia del Covid-19. Ante esto, los delitos imputados al edil están vinculados con la compra de cloro, test de detección de coronavirus, mascarillas y cajas de mercadería, con un monto defraudado que asciende a más de $195 millones de pesos. Por otro lado, para Jhon Sancho, jefe de la Dirección de Desarrollo Comunal, se decretó prisión preventiva en el centro penitenciario de Parral, mientras se evalúa un posible traslado al anexo Capitán Yáber. La fiscal Carola D'Agostini, quien lleva adelante la investigación, se mostró conforme con la decisión del tribunal respecto a Sancho, pero anunció que apelarán a la medida cautelar impuesta al alcalde Meza.Hemos acreditado su participación en cuatro delitos, aunque el tribunal solo reconoció uno. La pena sigue siendo de al menos cinco años, por lo que presentaremos un recurso de apelación, señaló. Finalmente, el alcalde y otras 13 personas, entre comerciantes y funcionarios municipales, han sido formalizadas y se les impusieron diversas medidas cautelares. El plazo para la investigación se fijó en seis meses.
Un proceso judicial ha captado la atención de la comunidad de Linares, dado el impacto potencial en la administración pública y la confianza de los ciudadanos. El alcalde Mario Meza, junto al director de Dideco, Jhon Sancho, y otros siete funcionarios y exfuncionarios municipales, han sido formalizados por su presunta responsabilidad en el delito de fraude al fisco reiterado, sumando un total de 14 personas involucradas. La investigación revela que se llevaron a cabo contratos irregulares con ciertas empresas para la adquisición de artículos de aseo, transporte y alimentos, favoreciendo a algunas con grandes sumas de dinero. Un informe de la Contraloría General de la República indica que se pagaron montos excesivos en la compra de cloro y kits de test rápido de COVID-19. En concreto, se desembolsaron $32.130.000 por 6.000 bidones de cloro, lo que representa un sobreprecio del 76% en comparación con el precio de mercado. Además, la adquisición de 3.000 kits de test rápido por $64.260.000 mostró un sobreprecio del 76,7%. El alcalde Meza, quien presentó su renuncia al cargo este jueves 26 de septiembre para postularse a un tercer mandato en las elecciones del 26 y 27 de octubre, ha manifestado su descontento con el proceso judicial, calificándolo de ataque político y denunciando el uso de la institucionalidad con fines partidistas. Finalmente, este caso ha generado gran expectación en Linares, no solo por la relevancia de los involucrados, sino también por el posible impacto en la administración pública local y la confianza ciudadana.
El Tribunal Electoral Regional (TER) de Antofagasta se encuentra en medio de un proceso de remoción que involucra al alcalde Jonathan Velásquez Ramírez, quien enfrenta serias acusaciones por faltas a la probidad administrativa y abandono de deberes. Las audiencias, realizadas el 23 y 24 de septiembre, han visto la presentación de más de veinte testigos, algunos considerados cruciales para el caso. La situación se complica para Velásquez, quien busca su reelección en las próximas elecciones. De ser hallado culpable, podría enfrentar no solo la destitución de su cargo, sino también una inhabilitación de cinco años para ocupar cualquier puesto público. Las denuncias fueron formuladas por siete de los diez concejales de la ciudad y abarcan diversas irregularidades, incluyendo: Ilegalidades en el cierre del ex vertedero “La Chimba”. Modificaciones no aprobadas al contrato de transporte de residuos. Uso indebido de servicios legales municipales. Abuso en la contratación de servicios directos. Favores personales que vulneran principios de probidad. Pendientes en sumarios internos. Irregularidades en la administración de concesiones marítimas. Una de las pruebas más relevantes son las más de 700 páginas de conversaciones en WhatsApp, conocidas como los Plan 9 Papers, que revelan intercambios entre Velásquez y su equipo sobre decisiones que afectarían la transparencia de su gestión. Durante la jornada del lunes, la defensa del alcalde presentó a varios testigos, incluidos su jefe de gabinete, Diego Yáñez, y el asesor jurídico Felipe Guzmán. Sin embargo, la ausencia del ex asesor jurídico Marcelo Pizarro generó especulaciones sobre el proceso. En contraste, el martes se escucharon las declaraciones de testigos de la parte denunciante, como Cecilia Aqueveque, directora de Control, el director de El Diario de Antofagasta, Cristian Reyes, y la concejala Paz Fuica. Este juicio podría extenderse más allá del actual mandato de Velásquez, quien podría enfrentar serias consecuencias si es reelecto. La comunidad de Antofagasta observa con atención el desenlace de un caso que podría significar un cambio en el panorama político local, recordando situaciones similares como la de la ex alcaldesa Karen Rojo.
