El sistema carcelario de la región se encuentra en un punto crítico, marcado por un preocupante colapso evidenciado en el hacinamiento, la diversificación del perfil de los internos y funcionarios de Gendarmería sobrepasados por la situación. Un claro indicador de esta crisis es el incremento exponencial de la población extranjera recluida en los penales regionales. Según cifras proporcionadas por Gendarmería, al cierre de marzo del presente año, se contabilizaban 1.300 internos de otras nacionalidades en la región, cifra que representa el 39,7% del total de la población carcelaria. Al comparar este dato con abril de 2023, cuando se registraban 804 internos extranjeros, se observa un aumento del 61,69% en tan solo dos años. Ante esto, la nacionalidad predominante entre los reclusos extranjeros es la boliviana, con 543 personas registradas. Le siguen los ciudadanos colombianos, con 400 internos, y en tercer lugar se ubican los venezolanos, con 262. Este último grupo ha experimentado el crecimiento más significativo, pasando de 110 internos hace dos años a los 262 actuales, lo que implica un aumento del 138,18%. Finalmente, ante este escenario, el gremio de funcionarios de Gendarmería ha alzado la voz, denunciando la insuficiencia de recursos tanto humanos como económicos para hacer frente a esta creciente crisis. La falta de personal y la limitada inversión dificultan la gestión del hacinamiento y la atención de las necesidades específicas de esta nueva composición de la población carcelaria.
Durante este lunes, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, deslizó que el Gobierno está evaluando la implementación de uniformes obligatorios en los recintos de máxima seguridad como parte de una nueva medida. Lo anterior, sería una medida similar a lo habitualmente utilizado en otros continentes, específicamente Europa o Estados Unidos, en el caso de Norteamérica, como directriz destinada a mantener el orden dentro de los recintos penitenciarios. En conversación con Radio Universo, el secretario de Estado, señaló que nosotros no tenemos uniforme, pero estamos estudiando la posibilidad. En esa línea, explicó que se ha descartado esta medida para todos los reos del país por cuestiones de costo. Dijo que “nos costaría aproximadamente $10 mil millones y siempre hay que priorizar”, acotó la autoridad. Además, puntualizó que debido al tamaño reducido de los recintos de máxima seguridad de Chile, “sería posible y estamos estudiando evaluando los costos y las distintas alternativas respecto a implementar uniformes en máxima seguridad”. Por otra parte, el titular de Justicia precisó que la medida contribuiría en mejorar los controles ya que permitiría que los reos no ingresen absolutamente nada garantizando un mayor orden y seguridad dentro del recinto penitenciario. “Cada vez que ingresan cosas en nuestro sistema penitenciario siempre se corre algún riesgo. Aunque uno lo revise bien aunque uno lo pase por distintos filtros siempre se corre algún riesgo porque está la posibilidad de ingresar cosas. Si hay prohibición de ingresar nada es mucho más sencillo y se mejora el control”, argumentó el ministro. Finalmente se resaltó que la experiencia en otros países respalda esta iniciativa donde Gajardo señaló: “estamos evaluando a medida que vimos funciona en Colombia funciona en Brasil. Para máxima seguridad el costo es menor”.
El sistema carcelario de la región se encuentra en un punto crítico, marcado por un preocupante colapso evidenciado en el hacinamiento, la diversificación del perfil de los internos y funcionarios de Gendarmería sobrepasados por la situación. Un claro indicador de esta crisis es el incremento exponencial de la población extranjera recluida en los penales regionales. Según cifras proporcionadas por Gendarmería, al cierre de marzo del presente año, se contabilizaban 1.300 internos de otras nacionalidades en la región, cifra que representa el 39,7% del total de la población carcelaria. Al comparar este dato con abril de 2023, cuando se registraban 804 internos extranjeros, se observa un aumento del 61,69% en tan solo dos años. Ante esto, la nacionalidad predominante entre los reclusos extranjeros es la boliviana, con 543 personas registradas. Le siguen los ciudadanos colombianos, con 400 internos, y en tercer lugar se ubican los venezolanos, con 262. Este último grupo ha experimentado el crecimiento más significativo, pasando de 110 internos hace dos años a los 262 actuales, lo que implica un aumento del 138,18%. Finalmente, ante este escenario, el gremio de funcionarios de Gendarmería ha alzado la voz, denunciando la insuficiencia de recursos tanto humanos como económicos para hacer frente a esta creciente crisis. La falta de personal y la limitada inversión dificultan la gestión del hacinamiento y la atención de las necesidades específicas de esta nueva composición de la población carcelaria.
Durante este lunes, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, deslizó que el Gobierno está evaluando la implementación de uniformes obligatorios en los recintos de máxima seguridad como parte de una nueva medida. Lo anterior, sería una medida similar a lo habitualmente utilizado en otros continentes, específicamente Europa o Estados Unidos, en el caso de Norteamérica, como directriz destinada a mantener el orden dentro de los recintos penitenciarios. En conversación con Radio Universo, el secretario de Estado, señaló que nosotros no tenemos uniforme, pero estamos estudiando la posibilidad. En esa línea, explicó que se ha descartado esta medida para todos los reos del país por cuestiones de costo. Dijo que “nos costaría aproximadamente $10 mil millones y siempre hay que priorizar”, acotó la autoridad. Además, puntualizó que debido al tamaño reducido de los recintos de máxima seguridad de Chile, “sería posible y estamos estudiando evaluando los costos y las distintas alternativas respecto a implementar uniformes en máxima seguridad”. Por otra parte, el titular de Justicia precisó que la medida contribuiría en mejorar los controles ya que permitiría que los reos no ingresen absolutamente nada garantizando un mayor orden y seguridad dentro del recinto penitenciario. “Cada vez que ingresan cosas en nuestro sistema penitenciario siempre se corre algún riesgo. Aunque uno lo revise bien aunque uno lo pase por distintos filtros siempre se corre algún riesgo porque está la posibilidad de ingresar cosas. Si hay prohibición de ingresar nada es mucho más sencillo y se mejora el control”, argumentó el ministro. Finalmente se resaltó que la experiencia en otros países respalda esta iniciativa donde Gajardo señaló: “estamos evaluando a medida que vimos funciona en Colombia funciona en Brasil. Para máxima seguridad el costo es menor”.
