El sistema carcelario de la región se encuentra en un punto crítico, marcado por un preocupante colapso evidenciado en el hacinamiento, la diversificación del perfil de los internos y funcionarios de Gendarmería sobrepasados por la situación. Un claro indicador de esta crisis es el incremento exponencial de la población extranjera recluida en los penales regionales.
Según cifras proporcionadas por Gendarmería, al cierre de marzo del presente año, se contabilizaban 1.300 internos de otras nacionalidades en la región, cifra que representa el 39,7% del total de la población carcelaria. Al comparar este dato con abril de 2023, cuando se registraban 804 internos extranjeros, se observa un aumento del 61,69% en tan solo dos años.
Ante esto, la nacionalidad predominante entre los reclusos extranjeros es la boliviana, con 543 personas registradas. Le siguen los ciudadanos colombianos, con 400 internos, y en tercer lugar se ubican los venezolanos, con 262. Este último grupo ha experimentado el crecimiento más significativo, pasando de 110 internos hace dos años a los 262 actuales, lo que implica un aumento del 138,18%.
Finalmente, ante este escenario, el gremio de funcionarios de Gendarmería ha alzado la voz, denunciando la insuficiencia de recursos tanto humanos como económicos para hacer frente a esta creciente crisis. La falta de personal y la limitada inversión dificultan la gestión del hacinamiento y la atención de las necesidades específicas de esta nueva composición de la población carcelaria.