En medio de las especulaciones sobre un inminente cambio de gabinete, el gobierno reafirmó su “total y absoluto respaldo” a la ministra del Interior, Carolina Tohá, para continuar liderando la cartera en medio de los desafíos de seguridad que enfrenta el país. La portavoz del Ejecutivo, Camila Vallejo, enfatizó la confianza del Presidente Gabriel Boric en Tohá, señalando que su gestión es clave para coordinar esfuerzos con las policías, el Ministerio Público y otras instituciones en la lucha contra la inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico en los barrios. Lo que yo puedo reafirmar es algo que ha dicho el Presidente de la República, que nuestra ministra del Interior y el equipo de gobierno cuentan con total y absoluto respaldo para las tareas que el mismo Presidente ha encomendado en torno a trabajar por la principal preocupación de los chilenos y chilenas, que es la agenda de seguridad, indicó Vallejo. Este apoyo explícito a Tohá surge en un contexto de cuestionamientos y críticas debido a su papel en el caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, lo que ha generado dudas sobre su continuidad en el ministerio. Sin embargo, Vallejo recalcó que el Ministerio del Interior debe estar “plenamente operativo y funcionando” para enfrentar los problemas de seguridad que afectan a la ciudadanía. Además, la vocera hizo una dura crítica al enfoque que ha tomado el debate sobre este caso, señalando que se ha centrado en la responsabilidad de Tohá y su par de la Mujer, Antonia Orellana, en lugar de atender a la protección de las víctimas.Es impresionante cómo ante la denuncia de violación contra un exsubsecretario termina siendo el foco de atención y de responsabilidad dos ministras mujeres, afirmó Vallejo, subrayando que el verdadero enfoque debería estar en el apoyo a las víctimas y en asegurar que la justicia actúe con rigurosidad y a tiempo. Finalmente, el gobierno, de esta manera, busca cerrar filas en torno a Tohá en la antesala de posibles ajustes ministeriales, reafirmando su compromiso con la agenda de seguridad y la lucha contra el crimen organizado.
El Gobierno chileno ingresó anoche un ambicioso proyecto de reforma al sistema privado de salud a través de la Cámara de Diputados, en el marco de la discusión de la ley corta. La iniciativa, que se centra en la eliminación de las preexistencias, va más allá al proponer la creación de unPlan Común de Salud que unificará los planes ofrecidos por las Isapres, garantizando que todos los afiliados paguen una tarifa plana, sin distinciones por riesgos individuales. Ante esto, la actual tabla de factores, que permite a las Isapres ajustar las tarifas según el perfil de riesgo de cada afiliado, se mantendrá solo para quienes decidan no migrar al nuevo plan. Sin embargo, todos los nuevos contratos deberán ajustarse a la nueva normativa. Esta reforma buscagarantizar igualdad de condiciones para todos los afiliados, asegurando que las prestaciones incluyan los beneficios actualmente cubiertos por Fonasa y las Garantías Explícitas en Salud (GES), así como cobertura para enfermedades catastróficas (CAEC) y atención de urgencias. Asimismo, el proyecto también destaca la necesidad de eliminar la declaración de preexistencias, que ha sido utilizada como un mecanismo restrictivo por parte de las Isapres, limitando el acceso de los afiliados y su movilidad entre instituciones. De esta manera, se prohibirá que las Isapres restrinjan la afiliación basándose en condiciones de salud preexistentes. Ahora bien, para mitigar los riesgos financieros que podrían enfrentar las Isapres al admitir a personas con altos costos de salud, el proyecto establece la obligación de contratar reaseguros. La implementación de estos cambios será gradual, con un período de adaptación de hasta doce meses, permitiendo a los actuales afiliados mantener sus planes, mientras que todos los nuevos deberán optar por el Plan Común de Salud. Finalmente, la transición estará supervisada por el Gobierno, que busca asegurar una mejor calidad de atención y acceso a la salud para la población, especialmente para las personas mayores y los enfermos crónicos.
El expresidente boliviano Evo Morales lanzó el pasado lunes un ultimátum al actual jefe de Estado, Luis Arce, exigiendo que realice cambios inmediatos en su gabinete. Durante el cierre de una marcha que duró siete días y recorrió 189 kilómetros hasta llegar a La Paz, Morales denunció que varios ministros son corruptos y vinculados al narcotráfico. Si Lucho quiere seguir gobernando, primero, en 24 horas, que cambie a ministros narcos, a ministros corruptos, a ministros drogos y racistas, afirmó el exmandatario frente a una multitud de seguidores. La movilización, que Morales lidera desde hace una semana, se originó como una protesta contra la gestión del gobierno en temas económicos y sociales. El exaliado de Arce en el partido Movimiento al Socialismo (MAS) también acusó al presidente de traicionar los principios del partido, al señalar:Defender a los humildes es un delito para un gobierno corrupto. Entre las demandas de Morales también figura la urgente resolución de la escasez de combustible en el país.Tienen 24 horas para resolver el tema del combustible. Si no lo hacen, las movilizaciones continuarán, advirtió. En respuesta, el presidente Arce, en un mensaje televisado, rechazó las amenazas y afirmó que no permitirá que el país se divida por un conflicto de poder. No le daré el gusto de una guerra civil, sentenció Arce, quien además acusó a Morales de buscar desestabilizar al gobierno con fines político-electorales. Hasta el momento, los enfrentamientos entre manifestantes de ambos bandos han dejado 34 heridos en una semana de movilizaciones. Con las elecciones presidenciales programadas para 2025, la relación entre Morales y Arce, antiguos compañeros de lucha, parece haber llegado a un punto crítico que podría tener consecuencias en la estabilidad política de Bolivia.
En una sesión de la comisión de Salud del Senado, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, confirmó que el gobierno pondrá suma urgencia al proyecto de ley de eutanasia y cuidados paliativos, el cual ha permanecido en discusión en la Cámara Alta durante los últimos tres años. Aguilera destacó que esta iniciativa ha sido priorizada por el Presidente Gabriel Boric, quien la incluyó en su agenda legislativa durante la Cuenta Pública de junio de 2024. A pesar de que el Mandatario no había especificado una fecha para su discusión, la ministra indicó que el proyecto podría ser ingresado a la comisión en el transcurso de esta semana. La eutanasia efectivamente se le va a dar suma urgencia esta semana, afirmó Aguilera, enfatizando que, junto a esta iniciativa, se discutirá también la ley integral de salud mental. Además, la ministra subrayó que en el Ministerio de Salud existen tres grandes prioridades legislativas: los tiempos de espera en atención médica, la salud mental, y las reformas necesarias a raíz de las sentencias de la Corte Suprema, como la ley corta de isapres. Finalmente, el impulso a la discusión de la eutanasia se produce tras una carta de Susana Moreira, una mujer con distrofia muscular que solicitó al Presidente una muerte asistida. En esto tenemos un gran tema pendiente, declaró Boric, quien instó al Congreso a no evadir el debate sobre las necesidades de quienes padecen enfermedades terminales e incurables.
En medio de las tensiones políticas, la ministra vocera Camila Vallejo ofreció una aclaración sobre las diferencias entre el Gobierno y el Partido Comunista (PC) respecto a la situación en Venezuela. Mientras Lautaro Carmona, timonel del PC, ha sostenido que el régimen de Nicolás Maduro “no es dictadura”, el Presidente Gabriel Boric ha calificado el gobierno venezolano como “una dictadura que falsea elecciones”. Vallejo explicó en Radio Duna que, a pesar de las diferencias en la calificación del régimen venezolano, “en política hay diferencias que dividen y otras que conviven” . La ministra subrayó que esta diferencia es una de las que el Gobierno ha manejado con éxito a lo largo del tiempo. A pesar de las posturas divergentes, Vallejo destacó la coincidencia en la demanda de transparencia en el proceso electoral en Venezuela. “Todos, incluyendo el Partido Comunista, han insistido en que el resultado electoral no puede ser validado sin la entrega de todas las actas” , indicó. La ministra también valoró que el PC haya mantenido una postura coherente sobre la necesidad de transparencia, alineándose con la posición del Gobierno y otros países de América Latina. Además, resaltó que el Presidente Boric y el canciller han llamado a una solución política pacífica para la crisis en Venezuela. En cuanto a su propia posición, Vallejo reafirmó su apoyo a las declaraciones del Presidente y del canciller, señalando que no hay espacio para interpretaciones personales en la política exterior. “Estamos totalmente alineados con la posición del Presidente y del Canciller ,” concluyó la ministra.
En medio de las especulaciones sobre un inminente cambio de gabinete, el gobierno reafirmó su “total y absoluto respaldo” a la ministra del Interior, Carolina Tohá, para continuar liderando la cartera en medio de los desafíos de seguridad que enfrenta el país. La portavoz del Ejecutivo, Camila Vallejo, enfatizó la confianza del Presidente Gabriel Boric en Tohá, señalando que su gestión es clave para coordinar esfuerzos con las policías, el Ministerio Público y otras instituciones en la lucha contra la inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico en los barrios. Lo que yo puedo reafirmar es algo que ha dicho el Presidente de la República, que nuestra ministra del Interior y el equipo de gobierno cuentan con total y absoluto respaldo para las tareas que el mismo Presidente ha encomendado en torno a trabajar por la principal preocupación de los chilenos y chilenas, que es la agenda de seguridad, indicó Vallejo. Este apoyo explícito a Tohá surge en un contexto de cuestionamientos y críticas debido a su papel en el caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, lo que ha generado dudas sobre su continuidad en el ministerio. Sin embargo, Vallejo recalcó que el Ministerio del Interior debe estar “plenamente operativo y funcionando” para enfrentar los problemas de seguridad que afectan a la ciudadanía. Además, la vocera hizo una dura crítica al enfoque que ha tomado el debate sobre este caso, señalando que se ha centrado en la responsabilidad de Tohá y su par de la Mujer, Antonia Orellana, en lugar de atender a la protección de las víctimas.Es impresionante cómo ante la denuncia de violación contra un exsubsecretario termina siendo el foco de atención y de responsabilidad dos ministras mujeres, afirmó Vallejo, subrayando que el verdadero enfoque debería estar en el apoyo a las víctimas y en asegurar que la justicia actúe con rigurosidad y a tiempo. Finalmente, el gobierno, de esta manera, busca cerrar filas en torno a Tohá en la antesala de posibles ajustes ministeriales, reafirmando su compromiso con la agenda de seguridad y la lucha contra el crimen organizado.
El Gobierno chileno ingresó anoche un ambicioso proyecto de reforma al sistema privado de salud a través de la Cámara de Diputados, en el marco de la discusión de la ley corta. La iniciativa, que se centra en la eliminación de las preexistencias, va más allá al proponer la creación de unPlan Común de Salud que unificará los planes ofrecidos por las Isapres, garantizando que todos los afiliados paguen una tarifa plana, sin distinciones por riesgos individuales. Ante esto, la actual tabla de factores, que permite a las Isapres ajustar las tarifas según el perfil de riesgo de cada afiliado, se mantendrá solo para quienes decidan no migrar al nuevo plan. Sin embargo, todos los nuevos contratos deberán ajustarse a la nueva normativa. Esta reforma buscagarantizar igualdad de condiciones para todos los afiliados, asegurando que las prestaciones incluyan los beneficios actualmente cubiertos por Fonasa y las Garantías Explícitas en Salud (GES), así como cobertura para enfermedades catastróficas (CAEC) y atención de urgencias. Asimismo, el proyecto también destaca la necesidad de eliminar la declaración de preexistencias, que ha sido utilizada como un mecanismo restrictivo por parte de las Isapres, limitando el acceso de los afiliados y su movilidad entre instituciones. De esta manera, se prohibirá que las Isapres restrinjan la afiliación basándose en condiciones de salud preexistentes. Ahora bien, para mitigar los riesgos financieros que podrían enfrentar las Isapres al admitir a personas con altos costos de salud, el proyecto establece la obligación de contratar reaseguros. La implementación de estos cambios será gradual, con un período de adaptación de hasta doce meses, permitiendo a los actuales afiliados mantener sus planes, mientras que todos los nuevos deberán optar por el Plan Común de Salud. Finalmente, la transición estará supervisada por el Gobierno, que busca asegurar una mejor calidad de atención y acceso a la salud para la población, especialmente para las personas mayores y los enfermos crónicos.
El expresidente boliviano Evo Morales lanzó el pasado lunes un ultimátum al actual jefe de Estado, Luis Arce, exigiendo que realice cambios inmediatos en su gabinete. Durante el cierre de una marcha que duró siete días y recorrió 189 kilómetros hasta llegar a La Paz, Morales denunció que varios ministros son corruptos y vinculados al narcotráfico. Si Lucho quiere seguir gobernando, primero, en 24 horas, que cambie a ministros narcos, a ministros corruptos, a ministros drogos y racistas, afirmó el exmandatario frente a una multitud de seguidores. La movilización, que Morales lidera desde hace una semana, se originó como una protesta contra la gestión del gobierno en temas económicos y sociales. El exaliado de Arce en el partido Movimiento al Socialismo (MAS) también acusó al presidente de traicionar los principios del partido, al señalar:Defender a los humildes es un delito para un gobierno corrupto. Entre las demandas de Morales también figura la urgente resolución de la escasez de combustible en el país.Tienen 24 horas para resolver el tema del combustible. Si no lo hacen, las movilizaciones continuarán, advirtió. En respuesta, el presidente Arce, en un mensaje televisado, rechazó las amenazas y afirmó que no permitirá que el país se divida por un conflicto de poder. No le daré el gusto de una guerra civil, sentenció Arce, quien además acusó a Morales de buscar desestabilizar al gobierno con fines político-electorales. Hasta el momento, los enfrentamientos entre manifestantes de ambos bandos han dejado 34 heridos en una semana de movilizaciones. Con las elecciones presidenciales programadas para 2025, la relación entre Morales y Arce, antiguos compañeros de lucha, parece haber llegado a un punto crítico que podría tener consecuencias en la estabilidad política de Bolivia.
En una sesión de la comisión de Salud del Senado, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, confirmó que el gobierno pondrá suma urgencia al proyecto de ley de eutanasia y cuidados paliativos, el cual ha permanecido en discusión en la Cámara Alta durante los últimos tres años. Aguilera destacó que esta iniciativa ha sido priorizada por el Presidente Gabriel Boric, quien la incluyó en su agenda legislativa durante la Cuenta Pública de junio de 2024. A pesar de que el Mandatario no había especificado una fecha para su discusión, la ministra indicó que el proyecto podría ser ingresado a la comisión en el transcurso de esta semana. La eutanasia efectivamente se le va a dar suma urgencia esta semana, afirmó Aguilera, enfatizando que, junto a esta iniciativa, se discutirá también la ley integral de salud mental. Además, la ministra subrayó que en el Ministerio de Salud existen tres grandes prioridades legislativas: los tiempos de espera en atención médica, la salud mental, y las reformas necesarias a raíz de las sentencias de la Corte Suprema, como la ley corta de isapres. Finalmente, el impulso a la discusión de la eutanasia se produce tras una carta de Susana Moreira, una mujer con distrofia muscular que solicitó al Presidente una muerte asistida. En esto tenemos un gran tema pendiente, declaró Boric, quien instó al Congreso a no evadir el debate sobre las necesidades de quienes padecen enfermedades terminales e incurables.
En medio de las tensiones políticas, la ministra vocera Camila Vallejo ofreció una aclaración sobre las diferencias entre el Gobierno y el Partido Comunista (PC) respecto a la situación en Venezuela. Mientras Lautaro Carmona, timonel del PC, ha sostenido que el régimen de Nicolás Maduro “no es dictadura”, el Presidente Gabriel Boric ha calificado el gobierno venezolano como “una dictadura que falsea elecciones”. Vallejo explicó en Radio Duna que, a pesar de las diferencias en la calificación del régimen venezolano, “en política hay diferencias que dividen y otras que conviven” . La ministra subrayó que esta diferencia es una de las que el Gobierno ha manejado con éxito a lo largo del tiempo. A pesar de las posturas divergentes, Vallejo destacó la coincidencia en la demanda de transparencia en el proceso electoral en Venezuela. “Todos, incluyendo el Partido Comunista, han insistido en que el resultado electoral no puede ser validado sin la entrega de todas las actas” , indicó. La ministra también valoró que el PC haya mantenido una postura coherente sobre la necesidad de transparencia, alineándose con la posición del Gobierno y otros países de América Latina. Además, resaltó que el Presidente Boric y el canciller han llamado a una solución política pacífica para la crisis en Venezuela. En cuanto a su propia posición, Vallejo reafirmó su apoyo a las declaraciones del Presidente y del canciller, señalando que no hay espacio para interpretaciones personales en la política exterior. “Estamos totalmente alineados con la posición del Presidente y del Canciller ,” concluyó la ministra.
