Fue durante la jornada de este jueves, que el Gobierno presentó los prefijos únicos para identificar llamadas no deseadas, como ofertas comerciales no solicitadas, así como también llamados fraudulentos que podrían vulnerar la seguridad digital de las personas. En concreto, la medida fue impulsada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través del titular de la cartera, Juan Carlos Muñoz, en el marco de la Agenda de Seguridad Digital del Ejecutivo. Con los prefijos 809 y 600 las personas podrán distinguir llamadas de comercio, estafas o spam, según se anunció esta mañana. La normativa fija un plazo de seis meses para la implementación de esta numeración por parte de las empresas de telefonía móvil en todo el territorio nacional. Tras ese plazo, quedará prohibido realizar comunicaciones automatizadas y/o masivas utilizando cualquier otro tipo de numeración diferente a la definida. Según el ministro Muñoz, los usuarios podrán identificar de inmediato si una llamada es comercial o sospechosa, lo que disminuirá la tasa de respuesta a contactos no deseados. En tanto, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao destacó que esta medida permitirá a la ciudadanía reconocer más sencillamente si una llamada proviene de una empresa legítima o un posible intento de estafa. Se verán con el prefijo 600 las llamadas comerciales autorizadas y/o solicitadas por el usuario. Tendrán el prefijo 809 todas las llamadas que entreguen información automatizada y/o masiva que no han sido solicitadas ni autorizadas por el usuario del dispositivo móvil.
Este martes 11 de marzo, en el contexto del cumplimiento de tres años del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, una nueva versión del estudio denominado Del dicho al hecho de la consultora Ciudadanía Inteligente reveló que la actual administración ha completado un 38% de las promesas de su programa, avanzando un 7% durante 2024. En total, el Gobierno de Boric realizó 216 promesas, de las cuales se han cumplido 45, mientras que otras representan un progreso de entre 40% a 90%, y 105 no han tenido avances. En primer lugar, destaca el área de Infancia y Juventud con cinco promesas, tres completas, una en proceso y una sin progreso, lo que representa un 74% de avances. En esta materia, el Presidente Boric concretó el fondo estatal para el pago de pensiones alimenticias, la Ley Integral contra la Violencia a la Niñez y el fin al Sename. Luego le siguen las áreas de Minería (67%), Seguridad Ciudadana (60%), Trabajo y Previsión Social (48%), y Justicia y Derechos Humanos (48%). Destacando medidas como el royalty a la gran minería del cobre o la creación del Ministerio de Seguridad. Por otro lado, las áreas con menor avance siguen siendo Cultura, Democracia, Defensa y Pueblos Indígenas con un 0% en sus respectivas promesas. Sondeo también comparó desempeño con exmandatarios. Por ejemplo: al tercer año del segundo gobierno Sebastián Piñera cumplimiento fue del 37% (de256promesaslegislativas), mientras Michelle Bachelet alcanzó 47% (de172promesaslegislativas).
En medio de los requerimientos del alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), para frenar la ampliación de la cárcel Santiago 1, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, aseguró que el proceso sigue avanzando y fijó un plazo para el inicio de las obras. En conversación con 24 Horas, Gajardo explicó que para ampliar el recinto penitenciario utilizamos la ley que es la 21.636, que nos permite descongelar los planes reguladores; se hizo la solicitud fundada al Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Vivienda respondió diciendo que efectivamente se cumplían los requisitos de la ley, nos permitió descongelar y hemos comenzado los trámites para la licitación y la ampliación de Santiago 1. En este contexto, anunció que la licitación va a estar ya vigente, esperamos adjudicarla dentro del primer semestre para que comience la ampliación durante este año. Es decir, el proceso va, subrayó el secretario de Estado. Asimismo, se refirió a la decisión de la Corte Suprema de declarar inadmisible el recurso de protección presentado por el alcalde de Santiago. Al respecto, precisó: El alcalde interpuso un recurso de protección, el recurso fue declarado inadmisible tanto por la Corte Apelaciones como por La Corte Suprema. Fuente: Emol
Fue durante horas de la presente jornada de miércoles, que el ministro de Economía, Nicolás Grau, abordó la polémica suscitada a raíz del traspaso de fondos desde la Corporación de Fomento (Corfo) al Ministerio de Hacienda durante 2023 y 2024 y que alcanzó un monto de $3.4 billones de pesos. Según reveló The Clinic, la propia cartera de Hacienda fue la encargada de elevar una solicitud que concluyó en la cesión de la multimillonaria cifra. Parte de estos fondos provino de excedentes generados por la explotación del litio, mientras que US$1.500 millones correspondieron a la liquidación de activos financieros de la corporación. Ante el escenario descrito, a través de un punto de prensa ofrecido en el Palacio de La Moneda, el secretario de Estado defendió estas operaciones y descartó irregularidades, por lo que calificó esta controversia como bastante artificial. Además, según él, esto no significó un deterioro en el patrimonio del organismo. El titular de Economía, por otra parte, aseguró que los recursos traspasados se utilizaron para cumplir con el presupuesto nacional y desestimó las acusaciones de mal manejo fiscal. Quienes han señalado que por ejemplo en 2023, a propósito de esto, se habían gastado más recursos que señaló, eso no tiene ningún asidero, sino que es probablemente desinformación o mala intención, aseveró la autoridad de Gobierno. Bajo este contexto, Grau explicó que hubo ingresos extraordinarios por concepto del litio, y yo estoy seguro que las personas que están viendo y saben que el país tiene una serie de urgencias sociales, urgencias en materia de salud y también urgencias en materia productiva, es razonable que esos recursos se utilicen,
Durante la última jornada, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) descartó extender nuevamente el plazo para renovar licencias de conducir, argumentando que esto sólo postergaría el problema y afectaría la seguridad vial. Cabe resaltar que en las últimas semanas, usuarios han reportado dificultades en varios municipios del país para tramitar las renovaciones de sus carnés de conducción. Las prórrogas otorgadas por el gobierno durante la pandemia han generado una alta demanda en municipalidades, donde ha habido esperas de hasta tres meses para poder realizar el trámite, además de cupos agotados en minutos. Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), criticó que los municipios no fueron incluidos en las discusiones sobre las prórrogas, pese a que “debieron implementar estas medidas”. Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), Luz Infante, explicó que “extender nuevamente la vigencia de las licencias no solamente supone estirar el problema, sino que además obviar los esfuerzos que ya han realizado muchas municipalidades”. Asimismo, precisó que no renovar licencias a tiempo “podría suponer un problema para la seguridad vial”. Finalmente, se señaló que el Gobierno está implementando gradualmente la licencia de conducir digital para agilizar los trámites y mejorar la comunicación con las municipalidades. Además, según datos del INE, en 2023 hubo un 10% menos de solicitudes de nuevas licencias respecto a 2022, lo que podría reducir la presión sobre las casas consistoriales.
Fue durante la jornada de este jueves, que el Gobierno presentó los prefijos únicos para identificar llamadas no deseadas, como ofertas comerciales no solicitadas, así como también llamados fraudulentos que podrían vulnerar la seguridad digital de las personas. En concreto, la medida fue impulsada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través del titular de la cartera, Juan Carlos Muñoz, en el marco de la Agenda de Seguridad Digital del Ejecutivo. Con los prefijos 809 y 600 las personas podrán distinguir llamadas de comercio, estafas o spam, según se anunció esta mañana. La normativa fija un plazo de seis meses para la implementación de esta numeración por parte de las empresas de telefonía móvil en todo el territorio nacional. Tras ese plazo, quedará prohibido realizar comunicaciones automatizadas y/o masivas utilizando cualquier otro tipo de numeración diferente a la definida. Según el ministro Muñoz, los usuarios podrán identificar de inmediato si una llamada es comercial o sospechosa, lo que disminuirá la tasa de respuesta a contactos no deseados. En tanto, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao destacó que esta medida permitirá a la ciudadanía reconocer más sencillamente si una llamada proviene de una empresa legítima o un posible intento de estafa. Se verán con el prefijo 600 las llamadas comerciales autorizadas y/o solicitadas por el usuario. Tendrán el prefijo 809 todas las llamadas que entreguen información automatizada y/o masiva que no han sido solicitadas ni autorizadas por el usuario del dispositivo móvil.
Este martes 11 de marzo, en el contexto del cumplimiento de tres años del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, una nueva versión del estudio denominado Del dicho al hecho de la consultora Ciudadanía Inteligente reveló que la actual administración ha completado un 38% de las promesas de su programa, avanzando un 7% durante 2024. En total, el Gobierno de Boric realizó 216 promesas, de las cuales se han cumplido 45, mientras que otras representan un progreso de entre 40% a 90%, y 105 no han tenido avances. En primer lugar, destaca el área de Infancia y Juventud con cinco promesas, tres completas, una en proceso y una sin progreso, lo que representa un 74% de avances. En esta materia, el Presidente Boric concretó el fondo estatal para el pago de pensiones alimenticias, la Ley Integral contra la Violencia a la Niñez y el fin al Sename. Luego le siguen las áreas de Minería (67%), Seguridad Ciudadana (60%), Trabajo y Previsión Social (48%), y Justicia y Derechos Humanos (48%). Destacando medidas como el royalty a la gran minería del cobre o la creación del Ministerio de Seguridad. Por otro lado, las áreas con menor avance siguen siendo Cultura, Democracia, Defensa y Pueblos Indígenas con un 0% en sus respectivas promesas. Sondeo también comparó desempeño con exmandatarios. Por ejemplo: al tercer año del segundo gobierno Sebastián Piñera cumplimiento fue del 37% (de256promesaslegislativas), mientras Michelle Bachelet alcanzó 47% (de172promesaslegislativas).
En medio de los requerimientos del alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), para frenar la ampliación de la cárcel Santiago 1, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, aseguró que el proceso sigue avanzando y fijó un plazo para el inicio de las obras. En conversación con 24 Horas, Gajardo explicó que para ampliar el recinto penitenciario utilizamos la ley que es la 21.636, que nos permite descongelar los planes reguladores; se hizo la solicitud fundada al Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Vivienda respondió diciendo que efectivamente se cumplían los requisitos de la ley, nos permitió descongelar y hemos comenzado los trámites para la licitación y la ampliación de Santiago 1. En este contexto, anunció que la licitación va a estar ya vigente, esperamos adjudicarla dentro del primer semestre para que comience la ampliación durante este año. Es decir, el proceso va, subrayó el secretario de Estado. Asimismo, se refirió a la decisión de la Corte Suprema de declarar inadmisible el recurso de protección presentado por el alcalde de Santiago. Al respecto, precisó: El alcalde interpuso un recurso de protección, el recurso fue declarado inadmisible tanto por la Corte Apelaciones como por La Corte Suprema. Fuente: Emol
Fue durante horas de la presente jornada de miércoles, que el ministro de Economía, Nicolás Grau, abordó la polémica suscitada a raíz del traspaso de fondos desde la Corporación de Fomento (Corfo) al Ministerio de Hacienda durante 2023 y 2024 y que alcanzó un monto de $3.4 billones de pesos. Según reveló The Clinic, la propia cartera de Hacienda fue la encargada de elevar una solicitud que concluyó en la cesión de la multimillonaria cifra. Parte de estos fondos provino de excedentes generados por la explotación del litio, mientras que US$1.500 millones correspondieron a la liquidación de activos financieros de la corporación. Ante el escenario descrito, a través de un punto de prensa ofrecido en el Palacio de La Moneda, el secretario de Estado defendió estas operaciones y descartó irregularidades, por lo que calificó esta controversia como bastante artificial. Además, según él, esto no significó un deterioro en el patrimonio del organismo. El titular de Economía, por otra parte, aseguró que los recursos traspasados se utilizaron para cumplir con el presupuesto nacional y desestimó las acusaciones de mal manejo fiscal. Quienes han señalado que por ejemplo en 2023, a propósito de esto, se habían gastado más recursos que señaló, eso no tiene ningún asidero, sino que es probablemente desinformación o mala intención, aseveró la autoridad de Gobierno. Bajo este contexto, Grau explicó que hubo ingresos extraordinarios por concepto del litio, y yo estoy seguro que las personas que están viendo y saben que el país tiene una serie de urgencias sociales, urgencias en materia de salud y también urgencias en materia productiva, es razonable que esos recursos se utilicen,
Durante la última jornada, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) descartó extender nuevamente el plazo para renovar licencias de conducir, argumentando que esto sólo postergaría el problema y afectaría la seguridad vial. Cabe resaltar que en las últimas semanas, usuarios han reportado dificultades en varios municipios del país para tramitar las renovaciones de sus carnés de conducción. Las prórrogas otorgadas por el gobierno durante la pandemia han generado una alta demanda en municipalidades, donde ha habido esperas de hasta tres meses para poder realizar el trámite, además de cupos agotados en minutos. Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), criticó que los municipios no fueron incluidos en las discusiones sobre las prórrogas, pese a que “debieron implementar estas medidas”. Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), Luz Infante, explicó que “extender nuevamente la vigencia de las licencias no solamente supone estirar el problema, sino que además obviar los esfuerzos que ya han realizado muchas municipalidades”. Asimismo, precisó que no renovar licencias a tiempo “podría suponer un problema para la seguridad vial”. Finalmente, se señaló que el Gobierno está implementando gradualmente la licencia de conducir digital para agilizar los trámites y mejorar la comunicación con las municipalidades. Además, según datos del INE, en 2023 hubo un 10% menos de solicitudes de nuevas licencias respecto a 2022, lo que podría reducir la presión sobre las casas consistoriales.
