Este martes, el 7.º Juzgado de Garantía de Santiago dictó prisión preventiva para el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por los delitos de abuso sexual, violación y violación tentada. En medio del litigio y para determinar su decisión, el juez Mario Cayu l se amparó en la Convención Belem do Pará, decretando la cautelar para el otrora personero de Gobierno, puesto que es considerado un peligro para la seguridad de la sociedad. ¿Qué dice este tratado internacional? En 1994, en la ciudad brasileña de Belém do Pará, tuvo lugar un acuerdo pionero en formalizar la definición de la violencia contra las mujeres como una violación de sus derechos humanos. El documento suscrito a nivel interamericano, señala expresamente que “la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”. En ese sentido, la Convención entiende por violencia contra la mujer “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. De acuerdo a lo referido en el artículo 4, “toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado“, así como al “reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos“, profundiza. Con todo, el texto precisa que entre los derechos que poseen las mujeres se encuentran el de que “se respete su vida; su integridad física, psíquica y moral; su libertad y seguridad personales; la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; la igualdad de protección ante la ley y de la ley, y a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos”, entre otros. Para concluir, conforme a lo que indicaron desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el acuerdo en cuestión ha dado pauta para “la adopción de leyes y políticas de prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres en los Estados Parte de la Convención”.
Este miércoles, las diputadas de Chile Vamos, Camila Flores (RN), Paula Labra (RN) y Flor Weisse (UDI) antepusieron una querella criminal en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve por el delito de secuestro agravado y Carolina Tohá, ministra del Interior, por obstrucción a la justicia, infracción a la Ley de Inteligencia y omisión de denuncia. Específicamente, las congresistas busca que se investiguen las responsabilidades penales y administrativas por hechos de extrema gravedad que “afectan la credibilidad” de las instituciones públicas. Ello, en el marco del denominado Caso Monsalve. En la acción judicial, las parlamentarias aseveran que los antecedentes conocidos “revisten de gravedad y deben ser investigadas exhaustivamente, porque infringen no solo normas de la Ley de Inteligencia, sino que constituyen actos que pueden haber modificado pruebas”. Siguiendo esa línea, Camila Flores indicó que solicitan que se configure el delito de secuestro agravado contra el ''exzar de la Seguridad'', “porque ha sido retenida una víctima y el producto de esa retención, precisamente, ha existido una presunción de delito de violación que se está investigando”, subrayó. En tanto, Paula Labra comentó que la querella criminal surgió luego que constaran “que hubo un pacto de silencio” entre las autoridades de Gobierno. “Estamos hablando de un exsubsecretario del Interior, una persona poderosa que utilizó sus redes propias del cargo para encubrir el caso. Por eso, con firme convicción, hemos tomado la decisión de querellarnos por secuestro agravado, porque la víctima fue retenida contra su voluntad. Monsalve debe pagar por todos sus actos, por justicia y honor a la víctima”, fustigó. De acuerdo a Flor Weisse, los hechos que se han conocido dan cuenta de un “circo romano, donde se ha hecho un guión, una trama por parte de La Moneda”. “En esta querella se suma la omisión de denuncia, toda vez que la ministra del Interior también tenía la obligación, como cualquier funcionario público, de poner y denunciar los hechos de los cuales tomó conocimiento de manera inmediata”, profundizó. Sumado a lo anterior, el texto detalla que Tohá habría mantenido comunicaciones con Monsalve en momentos críticos del proceso, lo que podría haber interferido en la calidad reservada de la investigación. Con todo, en base a lo expuesto en el documento, se deberá determinar si “este llamado realizado por la ministra Tohá a Monsalve, antes de realizarse el allanamiento, fue la alerta suficiente para que el querellado procediera al cambio del chip de su teléfono celular, constituyendo un hecho relevante en la investigación del delito de obstrucción a la investigación”.
El suboficial mayor de Gendarmería y dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), César Guzmán, expresó su preocupación por el traslado de Manuel Monsalve a la cárcel de Rancagua, donde, según el dirigente, existen serios riesgos de seguridad para el exsubsecretario del Interior. Monsalve, quien enfrenta acusaciones por abuso sexual, violación y violación tentativa en contra de una funcionaria del Gobierno, fue derivado al módulo 86 de este recinto, destinado a imputados primerizos por delitos sexuales. Ante esto, Guzmán detalló que el módulo, que alberga alrededor de 70 reclusos, incluye a algunos internos vinculados al crimen organizado, además de figuras de relevancia como el exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy. El dirigente denunció deficiencias en la mantención de la cárcel, a cargo de la empresa Siges, y señaló que recientemente se produjo un evento de fuga, donde un recluso logró escapar tras abrir su celda con una cuchara, lo que subraya la vulnerabilidad de la instalación. Cuando nos hablan de la cárcel de Rancagua como una prisión de alta seguridad, debemos recordar que la semana pasada fuimos vulnerados por una cuchara, afirmó Guzmán. Además, destacó que, debido a la presencia de internos vinculados al crimen organizado, Monsalve podría estar en peligro.No tenemos el personal adecuado para custodiarlo de forma directa, señaló, y enfatizó la carencia de recursos humanos para brindar una seguridad efectiva. Finalmente, el dirigente reiteró sus críticas hacia las condiciones del centro penitenciario, advirtiendo que cualquier intento de agresión contra Monsalve sería difícil de prevenir sin el personal necesario para ofrecer protección personalizada.
Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior, fue trasladado al Complejo Penitenciario de Rancagua para cumplir prisión preventiva, luego de ser formalizado por los delitos de abuso sexual, violación y violación tentada. La medida fue decretada por el juez Mario Cayul, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, quien lo consideró un peligro para la sociedad. Desde Gendarmería confirmaron su ingreso a las 01:25 horas al módulo 86, destinado a imputados primerizos acusados de delitos sexuales. Este sector alberga alrededor de 70 reclusos, incluyendo a exfuncionarios policiales y militares, así como al exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, con quien Monsalve compartirá celda. Ante esto, la defensa del exsubsecretario anunció la presentación de un recurso de apelación para revertir la medida cautelar. Confiamos en que esta situación podrá cambiar en instancias superiores, afirmó su abogado, Lino Disi. Mientras tanto, Monsalve deberá permanecer en reclusión durante los cuatro meses fijados para la investigación. La formalización se centró exclusivamente en los delitos sexuales, sin incluir aún las indagatorias relacionadas con la Ley de Inteligencia.
En el contexto de la promulgación de la ley que regula los funerales de alto riesgo, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la prisión preventiva decretada para el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, tras una extensa audiencia de formalización por la denuncia de violación en su contra. El fiscal Xavier Armendáriz aseguró queel tribunal ha dado por acreditado los estándares de esta etapa (...) los delitos y la participación del imputado, al justificar la medida cautelar. Al respecto, Boric afirmó:En Chile quienes cometen delitos son juzgados con imparcialidad y tienen que afrontar todas las consecuencias previstas en la ley, sin importar quiénes sean o el cargo que hayan ostentado . Reiteró quenadie está sobre la ley y calificó la decisión judicial comocorrecta. Finalmente, el mandatario enfatizó que la colaboración institucional debe centrarse en proteger a las víctimas, no a los delincuentes.El Estado de derecho y la justicia son atributos fundamentales de nuestro país. Debemos proteger estas instituciones, aunque cueste, porque son más permanentes que nosotros y garantizan un Chile desarrollado, concluyó.
Este martes, el 7.º Juzgado de Garantía de Santiago dictó prisión preventiva para el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por los delitos de abuso sexual, violación y violación tentada. En medio del litigio y para determinar su decisión, el juez Mario Cayu l se amparó en la Convención Belem do Pará, decretando la cautelar para el otrora personero de Gobierno, puesto que es considerado un peligro para la seguridad de la sociedad. ¿Qué dice este tratado internacional? En 1994, en la ciudad brasileña de Belém do Pará, tuvo lugar un acuerdo pionero en formalizar la definición de la violencia contra las mujeres como una violación de sus derechos humanos. El documento suscrito a nivel interamericano, señala expresamente que “la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”. En ese sentido, la Convención entiende por violencia contra la mujer “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. De acuerdo a lo referido en el artículo 4, “toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado“, así como al “reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos“, profundiza. Con todo, el texto precisa que entre los derechos que poseen las mujeres se encuentran el de que “se respete su vida; su integridad física, psíquica y moral; su libertad y seguridad personales; la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; la igualdad de protección ante la ley y de la ley, y a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos”, entre otros. Para concluir, conforme a lo que indicaron desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el acuerdo en cuestión ha dado pauta para “la adopción de leyes y políticas de prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres en los Estados Parte de la Convención”.
Este miércoles, las diputadas de Chile Vamos, Camila Flores (RN), Paula Labra (RN) y Flor Weisse (UDI) antepusieron una querella criminal en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve por el delito de secuestro agravado y Carolina Tohá, ministra del Interior, por obstrucción a la justicia, infracción a la Ley de Inteligencia y omisión de denuncia. Específicamente, las congresistas busca que se investiguen las responsabilidades penales y administrativas por hechos de extrema gravedad que “afectan la credibilidad” de las instituciones públicas. Ello, en el marco del denominado Caso Monsalve. En la acción judicial, las parlamentarias aseveran que los antecedentes conocidos “revisten de gravedad y deben ser investigadas exhaustivamente, porque infringen no solo normas de la Ley de Inteligencia, sino que constituyen actos que pueden haber modificado pruebas”. Siguiendo esa línea, Camila Flores indicó que solicitan que se configure el delito de secuestro agravado contra el ''exzar de la Seguridad'', “porque ha sido retenida una víctima y el producto de esa retención, precisamente, ha existido una presunción de delito de violación que se está investigando”, subrayó. En tanto, Paula Labra comentó que la querella criminal surgió luego que constaran “que hubo un pacto de silencio” entre las autoridades de Gobierno. “Estamos hablando de un exsubsecretario del Interior, una persona poderosa que utilizó sus redes propias del cargo para encubrir el caso. Por eso, con firme convicción, hemos tomado la decisión de querellarnos por secuestro agravado, porque la víctima fue retenida contra su voluntad. Monsalve debe pagar por todos sus actos, por justicia y honor a la víctima”, fustigó. De acuerdo a Flor Weisse, los hechos que se han conocido dan cuenta de un “circo romano, donde se ha hecho un guión, una trama por parte de La Moneda”. “En esta querella se suma la omisión de denuncia, toda vez que la ministra del Interior también tenía la obligación, como cualquier funcionario público, de poner y denunciar los hechos de los cuales tomó conocimiento de manera inmediata”, profundizó. Sumado a lo anterior, el texto detalla que Tohá habría mantenido comunicaciones con Monsalve en momentos críticos del proceso, lo que podría haber interferido en la calidad reservada de la investigación. Con todo, en base a lo expuesto en el documento, se deberá determinar si “este llamado realizado por la ministra Tohá a Monsalve, antes de realizarse el allanamiento, fue la alerta suficiente para que el querellado procediera al cambio del chip de su teléfono celular, constituyendo un hecho relevante en la investigación del delito de obstrucción a la investigación”.
El suboficial mayor de Gendarmería y dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), César Guzmán, expresó su preocupación por el traslado de Manuel Monsalve a la cárcel de Rancagua, donde, según el dirigente, existen serios riesgos de seguridad para el exsubsecretario del Interior. Monsalve, quien enfrenta acusaciones por abuso sexual, violación y violación tentativa en contra de una funcionaria del Gobierno, fue derivado al módulo 86 de este recinto, destinado a imputados primerizos por delitos sexuales. Ante esto, Guzmán detalló que el módulo, que alberga alrededor de 70 reclusos, incluye a algunos internos vinculados al crimen organizado, además de figuras de relevancia como el exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy. El dirigente denunció deficiencias en la mantención de la cárcel, a cargo de la empresa Siges, y señaló que recientemente se produjo un evento de fuga, donde un recluso logró escapar tras abrir su celda con una cuchara, lo que subraya la vulnerabilidad de la instalación. Cuando nos hablan de la cárcel de Rancagua como una prisión de alta seguridad, debemos recordar que la semana pasada fuimos vulnerados por una cuchara, afirmó Guzmán. Además, destacó que, debido a la presencia de internos vinculados al crimen organizado, Monsalve podría estar en peligro.No tenemos el personal adecuado para custodiarlo de forma directa, señaló, y enfatizó la carencia de recursos humanos para brindar una seguridad efectiva. Finalmente, el dirigente reiteró sus críticas hacia las condiciones del centro penitenciario, advirtiendo que cualquier intento de agresión contra Monsalve sería difícil de prevenir sin el personal necesario para ofrecer protección personalizada.
Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior, fue trasladado al Complejo Penitenciario de Rancagua para cumplir prisión preventiva, luego de ser formalizado por los delitos de abuso sexual, violación y violación tentada. La medida fue decretada por el juez Mario Cayul, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, quien lo consideró un peligro para la sociedad. Desde Gendarmería confirmaron su ingreso a las 01:25 horas al módulo 86, destinado a imputados primerizos acusados de delitos sexuales. Este sector alberga alrededor de 70 reclusos, incluyendo a exfuncionarios policiales y militares, así como al exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, con quien Monsalve compartirá celda. Ante esto, la defensa del exsubsecretario anunció la presentación de un recurso de apelación para revertir la medida cautelar. Confiamos en que esta situación podrá cambiar en instancias superiores, afirmó su abogado, Lino Disi. Mientras tanto, Monsalve deberá permanecer en reclusión durante los cuatro meses fijados para la investigación. La formalización se centró exclusivamente en los delitos sexuales, sin incluir aún las indagatorias relacionadas con la Ley de Inteligencia.
En el contexto de la promulgación de la ley que regula los funerales de alto riesgo, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la prisión preventiva decretada para el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, tras una extensa audiencia de formalización por la denuncia de violación en su contra. El fiscal Xavier Armendáriz aseguró queel tribunal ha dado por acreditado los estándares de esta etapa (...) los delitos y la participación del imputado, al justificar la medida cautelar. Al respecto, Boric afirmó:En Chile quienes cometen delitos son juzgados con imparcialidad y tienen que afrontar todas las consecuencias previstas en la ley, sin importar quiénes sean o el cargo que hayan ostentado . Reiteró quenadie está sobre la ley y calificó la decisión judicial comocorrecta. Finalmente, el mandatario enfatizó que la colaboración institucional debe centrarse en proteger a las víctimas, no a los delincuentes.El Estado de derecho y la justicia son atributos fundamentales de nuestro país. Debemos proteger estas instituciones, aunque cueste, porque son más permanentes que nosotros y garantizan un Chile desarrollado, concluyó.
