Fue durante la jornada de este jueves que la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu y el destituido ministro de Defensa, Yoav Gallant, por los presuntos ''crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza, desde al menos el 8 de octubre de 2023 hasta al menos el 24 de mayo de 2024''. Asimismo, La Corte de La Haya instruyó la aprehensión del jefe del ala militar de Hamás, Mohamed Diab al Masri, conocido como “Abú Deif”, después de que otros dirigentes islamistas, entre ellos Yahya Sinwar e Ismail Haniye, hayan perdido la vida en los últimos meses en operaciones israelíes.La fiscalía de la CPI había solicitado el detención de todos ellos el pasado mes de mayo, motivo por el cual los crímenes investigados irán en las fechas anteriormente señaladas. Por otra parte, el decreto impide al Jefe de Estado israelí viajar a los 124 países que forman parte del Estatuto de Roma. Esta medida coloca al líder en una posición similar a la del Presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien también enfrenta una orden de arresto por crímenes de guerra relacionados con la guerra de Ucrania. Con todo, el Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, ha recordado que la orden es vinculante para todos los Estados miembro de la UE, ya que los 27 países han ratificado dicho tratado. No es una decisión política, es una decisión de un tribunal de justicia internacional, y las decisiones de los tribunales tienen que respetarse e implementarse, fustigó. Así, Netanyahu técnicamente podría seguir viajando siempre y cuando no pisase uno de los 124 países que integran la Corte Penal Internacional. Desde los atentados del 7 de octubre, el líder israelí solo ha viajado en dos ocasiones al extranjero, en ambos casos a EEUU: en julio para una visita oficial y en septiembre con motivo de la principal sesión de la Asamblea General de la ONU.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta decidió hoy modificar las medidas cautelares impuestas a Kelly Johanna Betancourt Acosta, quien es investigada por los delitos de fraude al fisco y lavado de activos en el contexto de convenios entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y la Fundación Cultural TomArte. En un fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal, compuesta por la ministra Virginia Soublette Miranda, la fiscal judicial María Teresa Quiroz Alvarado y el abogado (i) Álvaro Tello Núñez, revocó la resolución del Juzgado de Garantía que mantenía a Betancourt en prisión preventiva desde hace más de seis meses.Constituyendo la privación de libertad total una medida cautelar excepcional , cuya imposición se justifica cuando las demás sean insuficientes para asegurar los fines de la persecución penal, la restricción de libertad decidida, aparece hoy como desproporcionada a la luz del tiempo que ha permanecido sujeta a la referida cautelar, esto es, más de seis meses , pudiendo la medida en cuestión ser sustituida por una de menor intensidad, sostiene el fallo. La corte argumentó que la medida de prisión preventiva era desproporcionada y que podría ser sustituida por medidas menos severas, como el arresto domiciliario total y el arraigo nacional. En consecuencia, se resolvió que Betancourt quedará bajo estas nuevas restricciones, con la finalidad de asegurar los fines de la persecución penal. Betancourt Acosta, en su calidad de representante legal de la Fundación Cultural TomArte, es acusada de haber concertado con Carlos Contreras Gutiérrez, entonces seremi del Minvu, para obtener asignaciones de fondos públicos destinados a la ejecución de obras en asentamientos precarios en al menos siete campamentos de Antofagasta. Los convenios firmados en septiembre de 2022 implicaron la transferencia de $456.000.000, los cuales fueron utilizados para pagar honorarios a la imputada, así como para el arriendo de inmuebles y transferencias a cuentas personales de personas asociadas a la fundación.
La Tercera Sala del Juzgado de Garantía de Antofagasta ha decidido imponer la medida cautelar de arraigo nacional a dos imputadas por los delitos de fraude al fisco reiterado en el marco de la arista de la Fundación Fibra, en el contexto del conocido Caso Convenios. La resolución se produjo tras una tercera audiencia solicitada por la Fiscalía local, que buscaba discutir las condiciones que regían para las representantes de la Fundación Movimiento Fibra, L.C. M. y M. D. O., quienes se encontraban bajo arresto domiciliario total desde mediados de septiembre. La investigación se remonta a septiembre de 2022, cuando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) firmó tres convenios con la Fundación Fibra por un total de $430 millones para desarrollar obras básicas en tres campamentos de Antofagasta: Camino al Futuro, Vista Hermosa y 18 de Septiembre. Según la Fiscalía, la fundación no contaba con la experiencia, capacidad técnica ni financiera necesarias para llevar a cabo las obras de habitabilidad primaria. Ante las controversias surgidas por estos convenios, el Minvu tomó la decisión de poner fin anticipado a los contratos y exigió la devolución de los recursos otorgados.
Fue durante la jornada de este jueves que la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu y el destituido ministro de Defensa, Yoav Gallant, por los presuntos ''crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza, desde al menos el 8 de octubre de 2023 hasta al menos el 24 de mayo de 2024''. Asimismo, La Corte de La Haya instruyó la aprehensión del jefe del ala militar de Hamás, Mohamed Diab al Masri, conocido como “Abú Deif”, después de que otros dirigentes islamistas, entre ellos Yahya Sinwar e Ismail Haniye, hayan perdido la vida en los últimos meses en operaciones israelíes.La fiscalía de la CPI había solicitado el detención de todos ellos el pasado mes de mayo, motivo por el cual los crímenes investigados irán en las fechas anteriormente señaladas. Por otra parte, el decreto impide al Jefe de Estado israelí viajar a los 124 países que forman parte del Estatuto de Roma. Esta medida coloca al líder en una posición similar a la del Presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien también enfrenta una orden de arresto por crímenes de guerra relacionados con la guerra de Ucrania. Con todo, el Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, ha recordado que la orden es vinculante para todos los Estados miembro de la UE, ya que los 27 países han ratificado dicho tratado. No es una decisión política, es una decisión de un tribunal de justicia internacional, y las decisiones de los tribunales tienen que respetarse e implementarse, fustigó. Así, Netanyahu técnicamente podría seguir viajando siempre y cuando no pisase uno de los 124 países que integran la Corte Penal Internacional. Desde los atentados del 7 de octubre, el líder israelí solo ha viajado en dos ocasiones al extranjero, en ambos casos a EEUU: en julio para una visita oficial y en septiembre con motivo de la principal sesión de la Asamblea General de la ONU.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta decidió hoy modificar las medidas cautelares impuestas a Kelly Johanna Betancourt Acosta, quien es investigada por los delitos de fraude al fisco y lavado de activos en el contexto de convenios entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y la Fundación Cultural TomArte. En un fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal, compuesta por la ministra Virginia Soublette Miranda, la fiscal judicial María Teresa Quiroz Alvarado y el abogado (i) Álvaro Tello Núñez, revocó la resolución del Juzgado de Garantía que mantenía a Betancourt en prisión preventiva desde hace más de seis meses.Constituyendo la privación de libertad total una medida cautelar excepcional , cuya imposición se justifica cuando las demás sean insuficientes para asegurar los fines de la persecución penal, la restricción de libertad decidida, aparece hoy como desproporcionada a la luz del tiempo que ha permanecido sujeta a la referida cautelar, esto es, más de seis meses , pudiendo la medida en cuestión ser sustituida por una de menor intensidad, sostiene el fallo. La corte argumentó que la medida de prisión preventiva era desproporcionada y que podría ser sustituida por medidas menos severas, como el arresto domiciliario total y el arraigo nacional. En consecuencia, se resolvió que Betancourt quedará bajo estas nuevas restricciones, con la finalidad de asegurar los fines de la persecución penal. Betancourt Acosta, en su calidad de representante legal de la Fundación Cultural TomArte, es acusada de haber concertado con Carlos Contreras Gutiérrez, entonces seremi del Minvu, para obtener asignaciones de fondos públicos destinados a la ejecución de obras en asentamientos precarios en al menos siete campamentos de Antofagasta. Los convenios firmados en septiembre de 2022 implicaron la transferencia de $456.000.000, los cuales fueron utilizados para pagar honorarios a la imputada, así como para el arriendo de inmuebles y transferencias a cuentas personales de personas asociadas a la fundación.
La Tercera Sala del Juzgado de Garantía de Antofagasta ha decidido imponer la medida cautelar de arraigo nacional a dos imputadas por los delitos de fraude al fisco reiterado en el marco de la arista de la Fundación Fibra, en el contexto del conocido Caso Convenios. La resolución se produjo tras una tercera audiencia solicitada por la Fiscalía local, que buscaba discutir las condiciones que regían para las representantes de la Fundación Movimiento Fibra, L.C. M. y M. D. O., quienes se encontraban bajo arresto domiciliario total desde mediados de septiembre. La investigación se remonta a septiembre de 2022, cuando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) firmó tres convenios con la Fundación Fibra por un total de $430 millones para desarrollar obras básicas en tres campamentos de Antofagasta: Camino al Futuro, Vista Hermosa y 18 de Septiembre. Según la Fiscalía, la fundación no contaba con la experiencia, capacidad técnica ni financiera necesarias para llevar a cabo las obras de habitabilidad primaria. Ante las controversias surgidas por estos convenios, el Minvu tomó la decisión de poner fin anticipado a los contratos y exigió la devolución de los recursos otorgados.
