Contraloría absuelve a Carolina Tohá de daños al patrimonio municipal

La Contraloría General emitió resoluciones definitivas que respaldaron la decisión de liberar a la exministra del Interior de cualquier sanción económica. Este viernes se dio a conocer que Carolina Tohá, exministra del Interior y actual candidata presidencial del PPD, fue exonerada por la Contraloría General de la República en dos juicios de cuentas relacionados con su gestión como alcaldesa de Santiago (2012-2016).

En ambos casos, la Fiscalía de la Contraloría intentó vincularla con la responsabilidad civil por daños al patrimonio municipal, pero no logró fundamentar sus acusaciones.

El Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia emitió resoluciones definitivas que respaldaron la decisión de liberar a Tohá de cualquier sanción económica, según dio a conocer un reportaje de Radio Biobío.

El primer caso corresponde al pago de $195.944.361 en multas e intereses derivados del retraso en el pago de cotizaciones previsionales y salud.

El tribunal, sin embargo, exoneró a Tohá al señalar que la demora fue ocasionada por la huelga de profesores, que duró 57 días en 2015, la cual redujo significativamente los recursos disponibles para el municipio.

En ese sentido, la instancia judicial descartó que existiera responsabilidad civil en este caso, confirmando que la autoridad municipal no podía disponer de fondos que no había recibido.

En el segundo juicio, el Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia abordó el uso irregular de recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP).

La investigación reveló compras y contrataciones sin respaldo adecuado, incluidas tecnologías como pendrives, proyectores y computadoras, para establecimientos educativos que no formaban parte de la subvención.

A pesar de que la Fiscalía incluyó a Tohá entre los responsables, el tribunal desestimó las acusaciones en su contra, considerando que la exalcaldesa había ejercido el control jerárquico adecuadamente.

No obstante, el tribunal dictó condenas para siete funcionarios municipales quienes fueron responsables del mal uso fondos públicos y deberán pagar más $15 millones por gastos improcedentes y pagos sin respaldo.